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domingo, 15 de junio de 2025

El fin de la impunidad… @dealgunamanera...

 El fin de la impunidad…


Supremos. Dibujo: Pablo Temes.

Con la Corte firme en su decisión, Cristina Kirchner enfrenta una condena ineludible tras 17 años de maniobras judiciales.

© Escrito por el Doctor Nelson Castro el domingo 15/06/2025 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

El desarrollo de los hechos y su cronología fueron inexorables. Cuando el 4 de junio la Corte Suprema rechazó la recusación que los abogados de Cristina Fernández de Kirchner habían presentado contra el Dr. Ricardo Lorenzetti en la CFP 5048/2016 sobre incidente de recurso extraordinario, la expresidenta supo que su suerte estaba echada. De acuerdo con la presentación de los letrados del 5 de mayo, se había invocado como razón una alegada falta de imparcialidad del ministro del alto tribunal. Los fundamentos de tal reclamo fueron sus fallos en disidencia con los otros dos miembros del cuerpo, algunas declaraciones públicas en televisión y una denuncia de la senadora Anabel Fernández Sagasti ante el Senado de la Nación. Tales comportamientos de Lorenzetti –esgrimía el pedido de recusación– violarían los parámetros de imparcialidad de los magistrados que establecen los principios de Bangalore relativos a la independencia de la Justicia y en el caso “Llerena” del año 2005, en que la Corte sostuvo que la jueza que había participado durante la instrucción de la causa no podía ser la misma que intervenía en la etapa de juicio, ya que ello violaba el principio de imparcialidad.

La respuesta del alto tribunal fue contundente: primero consideró que el planteo había sido presentado fuera de término y estaba falto de las necesarias fundamentaciones jurídicas y, después, sostuvo que la mayoría de los hechos mencionados ya habían sido conocidos antes de la presentación del recurso extraordinario del 13 de febrero, momento en que no se habían planteado.

La autodefinida “abogada exitosa” –tal como lo expresara el 12 de septiembre de 2012 durante su exposición en la Kennedy School of Government ante estudiantes de la Universidad de Harvard– vio venir todo esto con antelación. Por eso –rápida de reflejos– se dio cuenta de que lo único que la podía salvar de ir presa era tener fueros. Por eso decidió hacer la entrevista en el programa de Gustavo Sylvestre en C5N en la que, de forma absolutamente personal y unilateral, hizo el anuncio del lanzamiento de su candidatura a diputada provincial por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, hecho verdaderamente insólito porque los diputados no se eligen por circunscripciones.

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Los tres miembros de la Corte se vieron así ante un verdadero reto de la historia: repetir la lamentable conducta que el alto cuerpo adoptó de no tratar la condena del expresidente Carlos Menem, al que, de esa manera, le garantizó impunidad o la de actuar con responsabilidad y celeridad ante una causa que ya llevaba 17 años desde que fue impulsada por las entonces diputadas Elisa Carrió y Mariana Zuvic.

A esa celeridad llevaba, además, el hecho sucedido el 29 de mayo, día en que la Corte dejó firme la condena a diez años de prisión contra el empresario Lázaro Báez y contra sus hijos varones por el delito de lavado de dinero en la causa conocida como “La ruta del dinero K”, en la que se comprobó que Báez blanqueó fondos por alrededor de 60 millones de dólares provenientes del delito de evasión al fisco. A ese veredicto, para el cual debieron incorporarse a la Corte los conjueces Mario Lozano, de la Cámara Federal de General Roca, y Luis Ramón González, de la Cámara Federal de Corrientes, que sumaron sus respectivos votos a los de los ministros Horacio Rosatti Y Ricardo Lorenzetti –Carlos Rosenkranz votó en disidencia–, se llegó en tan solo diez días.

La contundencia de las pruebas y la mala calidad técnica de los abogados defensores de la expresidenta no dejaban lugar a dudas sobre cuál sería el fallo de la Corte: dejar firme la condena. Llegados a este punto, no hay que olvidar algo sumamente importante: de haber estado vivo, Néstor Kirchner también habría sido condenado.

Terminó así un largo período de 17 años en los que, con chicanas y presiones sobre jueces y fiscales, CFK buscó frenar el trabajo de la Justicia. Lo intentó de una y mil maneras. En 2013 ordenó elaborar aquel proyecto de reforma judicial, un mamotreto presentado con el pomposo nombre de Ley de Democratización de la Justicia, la mayoría de cuyos artículos fueron declarados inconstitucionales por la Corte. Presionó e intentó descalificar a cada uno de los jueces y fiscales de la causa, esgrimiendo –entre otras cosas– cercanía de algunos de ellos a Mauricio Macri. Lo curioso es que el fiscal del caso, Diego Luciani, fue nombrado en septiembre de 2013; los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, en septiembre de 2011, y André Basso, en septiembre de 2015. Es decir, todos fueron nombrados por la hoy condenada Cristina Fernández de Kirchner durante sus dos mandatos, previa aprobación de sus pliegos por el Senado, de mayoría peronista kirchnerista.

Las espasmódicas reacciones del peronismo en estas horas posteriores marcan su declive. Más allá de lo que pueda pasar en la marcha convocada para acompañarla a los tribunales de la avenida Comodoro Py, en caso de que se mantenga firme la decisión del juez Gorini –que es quien debe instrumentar la ejecución de la pena– de que ese trámite inevitablemente se deba realizar allí y no en el domicilio de la condenada, el tiempo electoral obligará al PJ a dedicarse a armar sus listas de candidatos y definir su estrategia. Y, más allá de esta puesta en escena, son muchos los dirigentes peronistas que están ya hartos de CFK, quien, luego de denostar durante años al Partido Justicialista, se apropió de él con un único objetivo ligado a sus intereses personales: en este caso, la búsqueda de impunidad.

Cuando pase todo este tiempo de efervescencia, CFK tomará verdadera dimensión de los alcances de la condena que, además, conlleva una pena económica monumental, como monumental fue la corrupción pergeñada y practicada durante los años del kirchnerato.

A la Justicia le llevó diecisiete años arribar a un fallo definitivo sobre uno de los hechos de corrupción más bochornosos sucedidos en la historia del país. A lo largo de esos años hubo protagonistas que aportaron evidencias claves para dar sustento a las denuncias de esta causa.

Aquí es donde aparece el rol fundamental del periodismo honesto. Corresponde por lo tanto destacar el protagonismo de Luis Majul con su libro El dueño y el de Jorge Lanata y su equipo de PPT, cuyos aportes fueron importantísimos para hacer conocer a la opinión pública cada uno de los detalles de las distintas maniobras urdidas por la expresidenta durante sus dos mandatos, en los que persiguió a periodistas y medios críticos en su afán de establecer un régimen autoritario y permanecer indefinidamente en el poder.

El periodismo honesto es un instrumento esencial para hacer a las sociedades más plurales y transparentes.





lunes, 10 de marzo de 2025

La vida te da sorpresas... @dealgunamanera...

 La vida te da sorpresas...


Juez Lijo. Dibujo: Pablo Temes.

El voto de García-Mansilla en el Máximo Tribunal indigestó al Gobierno. Las lecciones que ha dejado la historia. 

© Escrito por el Doctor Nelson Castro el domingo 09/03/2025 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


Hay un concepto que debe quedar bien en claro: en una República en la que rigen plenamente las instituciones, no es posible que haya jueces nombrados en comisión, es decir, designados por fuera de los mecanismos ordinarios que establece la Constitución Nacional. Por lo tanto, ni Manuel García-Mansilla ni Ariel Lijo deberían llegar a sus cargos tras la aplicación de un artículo de excepcionalidad. Esa excepcionalidad es la que hoy en día le permite al Dr. García-Mansilla ser nada menos que ministro de la Corte Suprema. Mientras tanto, la postulación del Dr. Lijo luce, al momento de escribir esta columna, absolutamente vidriosa.  

Cebado en el ejercicio del poder, el Gobierno vino asegurando que el jueves, Lijo juraría como miembro del Alto Tribunal. Daba por descontado que, después de la escandalosa y sorprendente convalidación del pedido de licencia extraordinaria sin goce de sueldo del juez ante “la inestabilidad de su cargo” otorgada por parte de la Cámara de Casación, lo de la Corte sería un simple trámite de convalidación. Pero, “la vida te da sorpresas, sorpresas te la vida”: el jueves en su sesión de acuerdo la Corte rechazó el pedido por mayoría y en fallo dividido. Tres ministros votaron por la negativa: Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Manuel García-Mansilla. El voto a favor de concedérsela fue de Ricardo Lorenzetti. La gran sorpresa –absolutamente indigesta para el Gobierno– fue el voto negativo de García-Mansilla. Desde los rincones del poder libertario esperaban que, al menos, se abstuviera.   
 

A esta altura del partido el Presidente no debería insistir con Lijo y Lijo, en un acto de aprecio de su propia dignidad, debería declinar su candidatura ante tanto desgaste y manoseo. El prestigio es un valor que hace a la función de un juez y, mucho más, cuando se trata de un ministro de la Corte Suprema.

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Otro enfrentamiento desafortunado: la pelea mezquina e infantil entre Jorge Macri y Patricia Bullrich.

En la historia institucional de la Argentina hubo dos casos relevantes en los que el Presidente tuvo un gesto clave destinado a asegurar la independencia y, por ende, el prestigio de la Corte. Uno de ellos fue el caso de Bartolomé Mitre quien, el 16 de octubre de 1862 –es decir, cuatro días después de asumir la presidencia de la Nación, se dirigió al Senado para solicitarle el correspondiente acuerdo a fin de nombrar a los integrantes de la Suprema Corte. Consciente del delicado momento institucional que se vivía por entonces, la Cámara Alta prestó su acuerdo en 24 horas, por lo cual los postulados por Mitre fueron confirmados con una particularidad: entre los propuestos por Mitre estaba su acérrimo adversario, Valentín Alsina –quien fue nombrado presidente de la Corte– lo que aseguraba la independencia absoluta del Alto Tribunal. Con ese gesto, el entonces presidente le dejó a la sociedad un mensaje muy claro y contundente: la función de la Corte es resguardar los valores de la República y no los intereses de los hombres y las mujeres que forman parte de un gobierno.   

Quien buscó emular a Mitre fue Raúl Ricardo Alfonsín quien, no bien electo presidente el 30 de octubre de 1983–, con la misma intención de asegurar la independencia del Poder Judicial, le ofreció el cargo de presidente de la Corte a quien había sido su adversario en las elecciones, el Dr. Italo Argentino Luder quien, lamentablemente no comprendió la dimensión política de aquel gesto enorme, y no aceptó. ¡Qué lejos ha quedado todo aquello! Las lecciones que ha dejado la historia deberían ser el faro que sirve de guía a los nuevos funcionarios para sostener la institucionalidad –y su propia honorabilidad–, pero en una clase política desprestigiada sumida en la lucha por el poder esto resulta cada vez más difícil. Sobran ejemplos. Veamos pues, algunos de ellos.

Bahía Blanca: las tareas de coordinación entre rivales políticos no solo son posibles sino prioritarias.

La semana pasada tratamos en esta columna la disputa entre el Presidente Milei y el gobernador de la Provincia Axel Kicillof por la tremenda situación de inseguridad que atraviesa el Conurbano. Esta semana dejó un enfrentamiento similar igualmente incomprensible y desafortunado. Se trata de la pelea mezquina e infantil entre el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich que escaló en las últimas horas hasta involucrar al propio Mauricio (Macri) líder del PRO.

El motivo no es otro que el traslado de presos de las comisarías porteñas –absolutamente colapsadas– al Servicio Penitenciario Federal. Las fugas de presos en la Ciudad son el telón de fondo que pone en riesgo la seguridad y la vida de todos los porteños. Ni Macri ni Bullrich han estado a la altura de las circunstancias y han convertido a los vecinos de la Ciudad en los rehenes de la pelea electoral, entre el PRO y La Libertad Avanza. La disputa por el control político del territorio porteño es lo único que los desvela. El problema, que tuvo su origen en tiempos de la intervención del Servicio Penitenciario por la exjueza y fundadora de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima María Laura Garrigós de Rebori, ha ido escalando y llevado al extremo en la actualidad por funcionarios que supieron convivir durante años bajo el ala del partido amarillo. Los actos públicos y la red social X han servido como canal para declaraciones desmedidas y acusaciones cruzadas. Sin embargo, el 12 de diciembre de 2024, hace tan solo tres meses atrás, el Gobierno porteño y el Ministerio de Seguridad habían firmado un “Acta de entendimiento para la transferencia de las competencias del Servicio Penitenciario” expresando compromisos recíprocos orientados a transferir competencias del Servicio Penitenciario Federal a la Ciudad. ¿En qué quedó dicho acuerdo? Hasta ahora, en la nada. La pirotecnia verbal de las disputas políticas prevaleció otra vez.

La emergencia climática que desató la tragedia en la ciudad de Bahía Blanca, es una muestra de que las tareas de coordinación entre rivales políticos no sólo son posibles sino prioritarias. La clase dirigente argentina debería ponerse los pantalones largos y alcanzar la madurez de una vez por todas sin olvidar que la ciudadanía los votó para resolver sus problemas en lugar de hacer papelones propios de los egos de un teatro de revista.





domingo, 8 de enero de 2023

Obsesiones… @dealgunamaneraok...

 Obsesiones…

Manotearla al córner. El “Dibu” Lorenzetti. Dibujo: Pablo Temes.

Alberto F sigue la agenda que quiere imponer Cristina.

© Escrito por Nelson Castro el sábado 07/01/2023 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

Las obsesiones de Cristina Fernández de Kirchner son las que hoy en día marcan la agenda del Gobierno. Así como en sus dos mandatos como presidenta, la hoy vicepresidenta tuvo en el centro de sus caprichos a los medios en general y a Clarín en particular, ese lugar es ocupado hoy por la Justicia. La condena contra CFK en la causa Vialidad y el fallo de la Corte Suprema ordenando la devolución a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los fondos suprimidos en septiembre de 2020 –y otorgados a Axel Kicillof– fueron los disparadores de esta ofensiva alocada del Gobierno contra la Corte.

Lo lamentable, pero no sorprendente, es que el presidente Alberto Fernández se ha sumado a esa iniciativa disparatada y nociva para su propia administración. Es difícil entender el pensamiento del primer mandatario que sabe que, por más vueltas que le busque, el juicio político contra los cuatro ministros de la Corte no prosperará porque el oficialismo no cuenta en el Congreso con los votos suficientes para hacerlo avanzar.

Tampoco es fácil de comprender que, a pesar del desprecio que CFK le profesa en público y en privado, intente seguir complaciéndola a costa de someter su propia persona al ridículo. “Sabemos que no tenemos los votos pero intentaremos destruir la imagen pública de los integrantes de la Corte. Lo que pretendemos es ensuciarlos a más no poder”, señala una voz kirchnerista con brutal sinceridad.

Todo es historia. Nada de esto es nuevo en la historia del peronismo. Durante su primera presidencia, el general Juan Domingo Perón ordenó enjuiciar a todos los integrantes de la Corte por haber convalidado los golpes militares de 1930 y 1943. La sentencia, dictada el 30 de abril de 1947, determinó la remoción de todos los ministros del cuerpo, con excepción del Dr. Juan Repetto, que renunció previo al juicio. Lo curioso es que el mismo Perón había participado de esos dos golpes de Estado.

Se complica el ‘vamos viendo’

En 1990, el entonces presidente Carlos Menem decretó el aumento del número de miembros de la Corte de cinco a nueve, nombrando para los nuevos cargos a jueces adictos. El 14 de junio de 2003, el ex presidente Néstor Kirchner anunció la sustanciación del juicio político a cinco de los nueve miembros del máximo tribunal. Julio Nazareno, Guillermo López, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O´Connor y Antonio Boggiano. Los tres primeros renunciaron y los dos restantes fueron finalmente destituidos.

En 2006, la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner propuso la reducción del número de integrantes del Consejo de la Magistratura, que pasó de tener 20 a 13 miembros. Ello significó un mayor peso en el cuerpo de los representantes políticos que, en virtud de la mayoría que tenía le dio al kirchnerismo un enorme poder para designar jueces afines y remover a quienes no lo eran.

En 2021 –quince años después de sancionada– esa reforma fue finalmente declarada inconstitucional por la Corte Suprema. En 2013, CFK impulsó la llamada “Democratización de la Justicia”, proyecto que fue aprobado por el Congreso y declarado inconstitucional por la Corte.

Y para completar este resumen de los intentos del kirchnerismo de anular la independencia judicial y obtener la suma del poder público, hay que recordar el desplazamiento del procurador general de Santa Cruz, Eduardo Sosa –hombre de gran valor y apego a la ley en tierra kirchnerista–, que había comenzado a investigar los actos de corrupción cometidos por Néstor Kirchner cuando se desempeñó como gobernador. Alberto Fernández había prometido oponerse a estas maniobras claramente anti republicanas del kirchnerismo. Hoy vemos que eso era mentira. Una más para su colección.

Sin sorpresas 

Pedidos e internas. Desde el oficialismo se esfuerzan por demostrar que el pedido de juicio político a la Corte será ordenado y con total apego a las normas. Fue un pedido directo de Alberto F, según confesó públicamente Germán Martínez, el jefe de bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados: “Nos pidió ser muy argumentativos, fundamentar todo, darle mucha seriedad institucional al proceso y tratar de que sea un espacio con muchos argumentos y pocas chicanas”.

Tampoco quieren ni pueden darle a la filtración ilegal de los chats que involucran al ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, el lugar que les gustaría. Hay que cuidar las apariencias pero la intromisión de un poder sobre el otro, bien gracias.

Dentro de Juntos por el Cambio la defensa del ministro fue bastante tibia. Hay quienes creen dentro de la coalición opositora que el kirchnerismo continuará filtrando información a cuentagotas para perjudicarlos más cerca del desarrollo de la campaña.

Este ha sido un tema más para ahondar las diferencias que subyacen en el seno de la oposición. La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, criticó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por no darle el respaldo suficiente a D’Alessandro y pidió que la justicia investigue si César Milani está detrás de la filtración ilegal de los chats que involucran al ministro. Parte de la UCR también puso reparos.

Asoma una campaña difícil, larga y con los ciudadanos en un triste segundo plano.



  

lunes, 24 de diciembre de 2018

Claves para entender el fallo de la Corte sobre jubilados… @dealgunamanera...

Claves para entender el fallo de la Corte sobre jubilados…


El tribunal rechazó la aplicación de un índice que proponía el Gobierno para calcular los haberes iniciales. A cuántos beneficiarios alcanza, cuál es el costo fiscal y cuánto repercute en el haber de los jubilados.

© Escrito por el martes 18/12/2018 y publicado por el Sitio Chequeado.com de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) rechazó el índice que utiliza la ANSES para el cálculo inicial de las jubilaciones y avaló el uso de un indicador que es más beneficioso para jubilados y pensionados. Por cuatro votos contra uno, el máximo tribunal declaró inconstitucionales dos resoluciones emitidas por el actual gobierno y solicitó al Congreso que a través de una ley determine cuál es el índice que debe utilizarse. Datos para entender el fallo.

Qué resolvió la Corte.

El tribunal falló sobre un período específico: las personas que se jubilaron entre 1995 y 2008. El problema a resolver era cómo debía calcularse la jubilación inicial de los jubilados en ese período, ya que la ANSES en esos años no tenía reglamentado cómo ajustar el cálculo del primer haber. “Entre 1995 y 2001 regía la Ley de Convertibilidad, que prohibía las actualizaciones. Y a partir de 2002 se hizo alguna actualización, aunque insuficiente y sin marco jurídico”, explicó a Chequeado Claudia Danani, especialista en Seguridad Social e investigadora de la Universidad Nacional General Sarmiento (UNGS).

Por eso, en 2009 la Corte dictó el fallo “Elliff”, en el que ordenó el uso del Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC) para actualizar la jubilación inicial de los jubilados del período 1995-2008.

En junio de 2016, el Congreso aprobó la Ley de Reparación Histórica y la ANSES reconoció que las jubilaciones de ese período estaban mal calculadas. Aquellas personas que aceptaban mediante un acuerdo formar parte del programa debían renunciar a cualquier demanda en contra del Estado y aceptar otro índice diferente al ISBIC para calcular su haber inicial: el de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que toma como referencia el incremento promedio de los salarios en actividad.

Sin embargo, en 2018 la ANSES estableció a través de una resolución que este índice también se le debía aplicar a las personas que no habían adherido a la Reparación Histórica, entre ellas las personas que se jubilaron entre 1995 y 2008. Esto fue lo que la Corte, con los votos de Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton (y la disidencia del presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz), declaró inconstitucional, por considerar que se trata de una potestad del Congreso y no del Poder Ejecutivo.

En la práctica, al utilizar este índice que proponía la ANSES, los jubilados que ingresaron en el programa tuvieron un índice de actualización más bajo que aquellos que no adhirieron y siguieron litigando. En el fallo, la Corte le pidió al Congreso que sancione una ley que establezca cómo calcular ese período, y le ordenó a la ANSES que mientras no exista ley aplique el ISBIC.

A cuántos jubilados alcanza.

La Corte falló sobre un caso concreto, el de Luis Blanco, un camionero de 73 años que se jubiló en 2003 y en 2012 inició un reclamo judicial para que su jubilación (entre 2003 y 2009) fuera calculada según el criterio establecido por la Corte en el fallo “Elliff”.

Según informó la ANSES a Chequeadoexisten otros 150 mil casos que se encuentran en la misma situación: son jubilados que tienen causas en trámite, obtuvieron el beneficio entre 1995 y 2008 y no adhirieron al Programa de Reparación Histórica que fue aprobado por el Congreso en junio de 2016. Estos litigantes están en condiciones de reclamar que se les aplique el mismo criterio que a Blanco.

Sin embargo, este grupo representa un porcentaje menor. Hoy en la Argentina hay más de 6,8 millones de jubilados y pensionados, de los cuales casi 4,5 millones reciben la mínima, de acuerdo con los datos oficiales. Por lo tanto, los 150 mil que podrían recibir el beneficio de cobrar su jubilación de acuerdo con el índice de la industria y la construcción como estableció la Corte representan sólo el 2% del total.

Qué impacto tiene en el haber de esos 150 mil jubilados…

El indicador que hoy avaló la Corte, el ISBIC, suele evolucionar por encima del que propone el Gobierno, el RIPTESegún la ANSESentre 2002 y 2008 el RIPTE registró una suba del 176%, mientras que la del ISBIC fue de más del doble: creció un 362 por ciento.

El Estudio Troccolli, especializado en Seguridad Social, realizó un cálculo sobre la diferencia entre ambos índices. Según esta estimación, un haber jubilatorio en julio de 2007 calculado por ANSES en $1.800 pasa a $2.490 calculado por RIPTE y a $3.435 calculado por ISBIC. El mismo informe suma otro ejemplo: un haber calculado por ANSES en $32.800 en octubre de 2018, asciende a $40.500 con el reajuste por RIPTE y a $55.900 por ISBIC.

¿…Y en el Estado?

En cuanto a la afectación a las cuentas públicas, la ANSES estima que el nuevo fallo de la Corte implicará “un gasto anual adicional de $72.600 millones”. Si se considera el presupuesto ejecutado en 2018 por el organismo encargado de las jubilaciones, pensiones y asignaciones, esta suma representa un 5%, mientras que al tomar el presupuesto asignado a la ANSES para 2019 el porcentaje cae al 3 por ciento.

Según Rafael Flores, especialista en política fiscal y ex director de la ASAP, el Presupuesto 2019 ya tiene estimado un gasto de $34.500 millones para el pago de juicios. “Si se suma este adicional, en porcentaje de los fondos de la ANSES el costo es menor. Pero estamos hablando de un presupuesto con una meta de déficit cero donde sí se invierte más en jubilaciones se debe gastar menos en otros rubros o aumentar más los impuestos”, advirtió a este medio.


domingo, 23 de diciembre de 2018

El joven Frankenstein… @dealgunamanera...

El joven Frankenstein…

Cría cuervos… Andrés Larroque. Dibujo: Pablo Temes.

Tanto la Corte Suprema como el kirchnerismo de Buenos Aires ocultan a sus propios monstruos.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 23/12/2018 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Solo si se acepta la tendencia a la entropía de las dirigencias, es posible percibir la sorprendente empatía de La Cámpora y la Suprema Corte. En la estrategia para defender a uno de sus máximos exponentes de un supuesto intento de abuso y con el excepcional modelo de gestión resuelto por el más alto tribunal, la urgencia de darles prioridad a los equilibrios internos de sus cúpulas prevalece sobre el interés de la ciudadanía al que deberían reflejar con sus acciones.

Ese desentendimiento de otra realidad que no sea la propia es casi un rasgo constitutivo de la cultura con impacto decisivo en el universo de los inversores internacionales, donde se desconfía que para modificarla alcance con la voluntad del gobierno de Mauricio Macri.  Es el valor representativo de estos casos como ejemplo de esa larga tradición. Y otra forma de ver el riesgo país y la inseguridad jurídica: una derivación del retraso para una apertura racional al mundo.

Parece improbable que Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti desconocieran ese efecto con la limitación al mínimo de las atribuciones de Carlos Rosenkrantz en la presidencia de la Corte. El de Rosatti es el caso que llama la atención. Su designación fue impulsada por Cambiemos con recomendación de Elisa Carrió. Rosatti no renunció a la aspiración de presidir la Corte, que mantiene intacta desde que Rosenkrantz ocupa el cargo.

Que la experiencia de 1961 sea el antecedente para socializar la conducción del cuerpo es una alambicada ironía. Ocurrió en el tramo final del tambaleante gobierno de Arturo Frondizi. A su figura apela el círculo rojo para ensañarse con Macri por la supuesta promesa incumplida de emularlo. Sin embargo, no es la única. Se señala a Lorenzetti como el mentor de ponerle fin al personalismo que ejerció cuando fue su turno.

Jorge “el Loco” Romero le debe la notoriedad reciente al estar incluido entre denuncias periodísticas y versiones en las redes contra dirigentes de La Cámpora por aparentes casos de abusos de mujeres que llegan en un momento de inflexión para la agrupación alineada incondicionalmente con Cristina Fernández de Kirchner. Máximo pretende remozarla con una renovación de autoridades.

Cuervo. 

O, por lo menos, la exclusión de Andrés “el Cuervo” Larroque, a cargo de la provincia de Buenos Aires, por la que el hijo de la ex presidenta será reelegido diputado nacional. A Larroque se lo acusa de expresar las posiciones más rígidas sobre la convivencia institucional. Con la llegada de Wado De Pedro al Consejo de la Magistratura de la Nación y Juliana Di Tullio al directorio del Bapro, Cristina procura adelantar un cambio de imagen del kirchnerismo que no es fácil disociar de una candidatura presidencial.

Lo mismo que Máximo, De Pedro y Mayra Mendoza, Larroque precisa renovar su banca en 2019. Objetivo en riesgo si María Eugenia Vidal desdoblara las elecciones de gobernador y presidente. Dependerían para eso mucho más de los intendentes que de Cristina. Romero es miembro fundacional de La Cámpora, reporta directamente a Larroque y es el dirigente más importante en territorio bonaerense después de él.

Accedió a la banca de senador provincial con la renuncia de Noemí Sierra, elegida diputada nacional en 2017. Sierra es la esposa del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Máximo quiere a Facundo Tignanelli en los roles de Larroque y  Romero. El diputado provincial negoció por Unidad Ciudadana el Presupuesto y la autorización de tomar deuda al gobierno bonaerense. Tignanelli pertenece al espacio de Larroque.

Lo mismo que su antigua asistente, Lucía Porto, compañera de bancada con Tignanelli.  Porto es asesorada por la locuaz abogada de la actriz Thelma Fardin en la denuncia contra Juan Darthés, Sabrina Cartabia. Una virtud para la oratoria y la literatura en la que nunca se destacó Romero. De allí la sorpresa para Máximo con el escrito publicado en Facebook por el senador provincial con el presunto aval de Larroque. ¿Lo habrá auxiliado Cartabia?

Es una especulación del hermético debate que inquieta a Cambiemos en el Senado bonaerense. El jefe de bloque, Roberto Costa, negoció con su par de Unidad Ciudadana, Teresa García, el pedido de licencia sin goce de sueldo que todavía no hizo efectivo Romero. Es la salida imaginada ante la ausencia de denuncias judiciales, policiales o actuación de oficio de algún fiscal en un caso con pocas pruebas materiales hasta ahora, como le confirmó anteayer Gustavo Ferrari a Federico Salvai.

Loco. 

El ministro de Justicia rastreó y no halló en el Poder Judicial antecedentes de esas características contra Romero. Hasta que esté esclarecido el asunto, la licencia es la medida que el jefe del Gabinete conversó con el vicegobernador Daniel Salvador. Si se activase, debería haber una sesión extraordinaria que la confirme y disponga la asunción de su suplente, Graciela Gianettassio, ligada a Julio Pereyra.

El ex intendente de Florencio Varela preside el bloque de diputados de los intendentes del PJ.

Los Kirchner y La Cámpora lo repudian por la participación de Gabriel Favale en el asesinato del estudiante Mariano Ferreyra que asocian a la muerte de Néstor Kirchner, el 27 de octubre de 2010. Desde entonces y mientras fue presidenta, Cristina prohibió su ingreso a la Casa de Gobierno. Favale pertenecía a la barra de Defensa y Justicia, vinculada a Pereyra.

Con Gianetassio, la bancada de los intendentes tendría cinco miembros en el Senado. Solo el desdoblamiento electoral que inquieta a Martín Insaurralde podría ponerlo en crisis.

Con ellos y sus 29 delegados, Cambiemos tendría garantizada la mayoría especial de dos tercios en esa Cámara. Al intendente de Lomas de Zamora lo desvela que Vidal adopte esa medida. Debería competir electoralmente contra ella y sin Cristina.

El último ensayo de Rosatti es revelador de todo lo que pondrían en juego los que  adhieren a la entropía política. En Frankenstein o el rechazo a lo diferente postula que “el monstruo siempre será un espejo que refleja no solo lo que se ve. También lo que no se percibe a simple vista. Lo que está escondido dentro de nosotros”.


(Fuente: www.perfil.com). El periodismo profesional es costoso y por eso debemos defender nuestra propiedad intelectual. Robar nuestro contenido es un delito, para compartir nuestras notas por favor utilizar los botones de "share" o directamente comparta la URL. Por cualquier duda por favor escribir a: perfilcom@perfil.com