Datos,
noticias y señales...
Los
indicadores muestran fuertes caídas en actividades fabriles, pérdida de empleos
y baja de los ingresos de hogares. Análisis y opinión en la nota de la semana
de Revista Acción.
© Escrito por
Carlos Heller el miécoles 29/04/2026 y publicado por la Revista Acción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.
Prácticamente
cada semana se difunden datos que confirman el empeoramiento de las condiciones
sociales y económicas que el modelo libertario busca consolidar, en perjuicio
de la mayor parte de la población. En estos días, además, se añadieron otras
preocupantes propuestas oficiales de similar tono regresivo.
Por
un lado, se pretende limitar las prácticas democráticas, mediante la
eliminación de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias
(PASO). A la vez, otro proyecto gubernamental insiste en promover recortes de
derechos de las personas con discapacidad.
Indicadores.
En
lo que respecta a los datos económicos, se conoció que el nivel de actividad
registró una baja interanual del 0,2% durante el primer bimestre, pero el
promedio oculta una gran heterogeneidad.
Frente
a enero-febrero de 2025 crecieron el sector agropecuario (17,5%), la minería
(10,1%) y la intermediación financiera (6,6%). De modo simultáneo, cayeron en
el mismo período la industria manufacturera (-5,7%); el comercio mayorista y
minorista (-5,2%); y electricidad, gas y agua (-4,4%).
En
la actividad metalúrgica, la asociación de empresarios del sector reveló que
luego del retroceso de 2024, en marzo pasado se registró una baja productiva
del 4,2% frente a un año atrás. De cada diez máquinas existentes, casi seis
están paradas, graficó el titular de la Asociación de Industriales Metalúrgicos
de la República Argentina (Adimra), Elio del Re. Como resultado, se perdieron
casi 21.000 puestos de trabajo desde el inicio de la actual gestión
presidencial.
Del
Re aclaró que «la industria metalúrgica no es un sector que despide rápido: el
trabajador metalúrgico necesita formación, capacitación, (…) se invirtieron
recursos en él. Para nosotros, despedir un trabajador es evidenciar que nuestro
proyecto no va a tener éxito».
El
marco general de esas vicisitudes, según el Indec, muestra la persistencia del
deterioro de los ingresos laborales. Los sueldos de los asalariados/as privados
registrados descendieron 5,2% en el primer bimestre con relación a igual
período de 2023 y están en su menor nivel desde el comienzo de la serie en
2017, con excepción del 2024. Los y las asalariados/as públicos/as, por su
parte, perdieron un 19,6% de su poder adquisitivo en el mismo lapso.
Aumentos.
El
panorama se agrava por el encarecimiento de los servicios públicos, debido
tanto a la reducción de los subsidios por parte del Estado, como a las subas de
tarifas que cobran las empresas.
Un
estudio de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet precisó que la canasta
de servicios del Área Metropolitana de Buenos Aires, que incluye agua, energía
eléctrica, gas natural y transporte, se incrementó un 667% entre diciembre de
2023 y abril de 2026, bien por encima del nivel general de precios estimado
(223%).
El
agua aumentó 418%, la electricidad 276% y el gas por redes 1.048%. Sin embargo,
el mayor incremento lo sufren los usuarios del transporte público: 1.236% en el
período (el pasaje cuesta hoy más de 13 veces lo que costaba 28 meses atrás).
Consecuencias.
El
Gobierno, por otra parte, envió al Senado un proyecto para eliminar las
Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), originalmente creadas
para incrementar la participación ciudadana en la vida democrática. En todo
caso, la solución sería mejorar el proceso, no eliminarlo.
Se
pretende, además, reformar la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos
para, entre otras cuestiones, ampliar el límite al aporte de recursos no
estatales del 2% al 35%.
Este
cambio podría devenir en situaciones de corrupción y privilegios para
determinados sectores, subordinando las posibilidades que tienen las distintas
fuerzas a los intereses de los principales grupos económicos. Esto menguaría
las chances de aquellas fuerzas que persigan un modelo de país que entre en
contradicción con los intereses del capital concentrado. Ante esta avanzada, mi
posición es conocida: habría que ir hacia una total financiación pública,
prohibiendo cualquier otra modalidad alternativa.
El
Poder Ejecutivo, por otra parte, presentó un proyecto denominado «Ley Contra el
Fraude de Pensiones por Invalidez», cuyo mismo título estigmatiza y discrimina.
De sancionarse, la iniciativa pondría en riesgo no solo el acceso a las
pensiones no contributivas sino también al sistema de prestaciones básicas
vigente desde hace casi 30 años.
Vale
recordar que el Congreso sancionó en julio de 2025 la Ley de Emergencia en
Discapacidad, con el objetivo de garantizar el acceso a derechos fundamentales
que estaban siendo amenazados por las acciones del Gobierno.
El
presidente vetó la norma en agosto, aunque luego el Parlamento logró insistir
en su sanción. No obstante, violando nuestro sistema constitucional, el Poder
Ejecutivo la promulgó, aunque simultáneamente suspendió su vigencia.
Finalmente, y luego de un fallo judicial, la ley se reglamentó en febrero
pasado.
En
síntesis, cada día quedan más a la vista las consecuencias del modelo
libertario, cuyas premisas son que «la justicia social es un delito» y que «el
Estado es una organización criminal». Visión compartida con anteriores
experiencias neoliberales, durante la dictadura cívico-militar como en los años
90 del siglo pasado.
Contra
esas pautas privatistas y desreguladoras reafirmamos –como quedó demostrado en
los dos primeros decenios de este siglo– que la mejora de las condiciones de
vida de la mayoría de la población solo será posible si se cuenta con un Estado
presente para quienes más lo necesitan.
