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domingo, 8 de enero de 2023

Obsesiones… @dealgunamaneraok...

 Obsesiones…

Manotearla al córner. El “Dibu” Lorenzetti. Dibujo: Pablo Temes.

Alberto F sigue la agenda que quiere imponer Cristina.

© Escrito por Nelson Castro el sábado 07/01/2023 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

Las obsesiones de Cristina Fernández de Kirchner son las que hoy en día marcan la agenda del Gobierno. Así como en sus dos mandatos como presidenta, la hoy vicepresidenta tuvo en el centro de sus caprichos a los medios en general y a Clarín en particular, ese lugar es ocupado hoy por la Justicia. La condena contra CFK en la causa Vialidad y el fallo de la Corte Suprema ordenando la devolución a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los fondos suprimidos en septiembre de 2020 –y otorgados a Axel Kicillof– fueron los disparadores de esta ofensiva alocada del Gobierno contra la Corte.

Lo lamentable, pero no sorprendente, es que el presidente Alberto Fernández se ha sumado a esa iniciativa disparatada y nociva para su propia administración. Es difícil entender el pensamiento del primer mandatario que sabe que, por más vueltas que le busque, el juicio político contra los cuatro ministros de la Corte no prosperará porque el oficialismo no cuenta en el Congreso con los votos suficientes para hacerlo avanzar.

Tampoco es fácil de comprender que, a pesar del desprecio que CFK le profesa en público y en privado, intente seguir complaciéndola a costa de someter su propia persona al ridículo. “Sabemos que no tenemos los votos pero intentaremos destruir la imagen pública de los integrantes de la Corte. Lo que pretendemos es ensuciarlos a más no poder”, señala una voz kirchnerista con brutal sinceridad.

Todo es historia. Nada de esto es nuevo en la historia del peronismo. Durante su primera presidencia, el general Juan Domingo Perón ordenó enjuiciar a todos los integrantes de la Corte por haber convalidado los golpes militares de 1930 y 1943. La sentencia, dictada el 30 de abril de 1947, determinó la remoción de todos los ministros del cuerpo, con excepción del Dr. Juan Repetto, que renunció previo al juicio. Lo curioso es que el mismo Perón había participado de esos dos golpes de Estado.

Se complica el ‘vamos viendo’

En 1990, el entonces presidente Carlos Menem decretó el aumento del número de miembros de la Corte de cinco a nueve, nombrando para los nuevos cargos a jueces adictos. El 14 de junio de 2003, el ex presidente Néstor Kirchner anunció la sustanciación del juicio político a cinco de los nueve miembros del máximo tribunal. Julio Nazareno, Guillermo López, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O´Connor y Antonio Boggiano. Los tres primeros renunciaron y los dos restantes fueron finalmente destituidos.

En 2006, la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner propuso la reducción del número de integrantes del Consejo de la Magistratura, que pasó de tener 20 a 13 miembros. Ello significó un mayor peso en el cuerpo de los representantes políticos que, en virtud de la mayoría que tenía le dio al kirchnerismo un enorme poder para designar jueces afines y remover a quienes no lo eran.

En 2021 –quince años después de sancionada– esa reforma fue finalmente declarada inconstitucional por la Corte Suprema. En 2013, CFK impulsó la llamada “Democratización de la Justicia”, proyecto que fue aprobado por el Congreso y declarado inconstitucional por la Corte.

Y para completar este resumen de los intentos del kirchnerismo de anular la independencia judicial y obtener la suma del poder público, hay que recordar el desplazamiento del procurador general de Santa Cruz, Eduardo Sosa –hombre de gran valor y apego a la ley en tierra kirchnerista–, que había comenzado a investigar los actos de corrupción cometidos por Néstor Kirchner cuando se desempeñó como gobernador. Alberto Fernández había prometido oponerse a estas maniobras claramente anti republicanas del kirchnerismo. Hoy vemos que eso era mentira. Una más para su colección.

Sin sorpresas 

Pedidos e internas. Desde el oficialismo se esfuerzan por demostrar que el pedido de juicio político a la Corte será ordenado y con total apego a las normas. Fue un pedido directo de Alberto F, según confesó públicamente Germán Martínez, el jefe de bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados: “Nos pidió ser muy argumentativos, fundamentar todo, darle mucha seriedad institucional al proceso y tratar de que sea un espacio con muchos argumentos y pocas chicanas”.

Tampoco quieren ni pueden darle a la filtración ilegal de los chats que involucran al ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, el lugar que les gustaría. Hay que cuidar las apariencias pero la intromisión de un poder sobre el otro, bien gracias.

Dentro de Juntos por el Cambio la defensa del ministro fue bastante tibia. Hay quienes creen dentro de la coalición opositora que el kirchnerismo continuará filtrando información a cuentagotas para perjudicarlos más cerca del desarrollo de la campaña.

Este ha sido un tema más para ahondar las diferencias que subyacen en el seno de la oposición. La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, criticó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por no darle el respaldo suficiente a D’Alessandro y pidió que la justicia investigue si César Milani está detrás de la filtración ilegal de los chats que involucran al ministro. Parte de la UCR también puso reparos.

Asoma una campaña difícil, larga y con los ciudadanos en un triste segundo plano.



  

domingo, 28 de junio de 2015

Animados a no ceder… @dealgunamanera...

Animados a no ceder…
El kirchnerismo se envalentona por las encuestas y redobla su embestida. Los controles sobre la Justicia y Scioli.

La posible continuidad del kirchnerismo en el poder, respaldada por el crecimiento de Daniel Scioli en las encuestas, y la falta de pericia política de la oposición han estimulado al Gobierno a no ceder un centímetro en su pelea por el control del Poder Judicial. El oficialismo carga sobre sus espaldas con casos tan polémicos como emblemáticos en materia de presión sobre miembros de la Justicia, como los de los fiscales José María Campagnoli y Germán Moldes y el del ministro de la Corte Suprema Carlos Fayt. Ahora logró cambiar la conformación de la Sala I de Casación Penal que el martes decidirá sobre la constitucionalidad del pacto con Irán. Lo hizo al remover al juez Luis María Cabral, hecho que volvió a poner de manifiesto el desprecio del Gobierno por un Poder Judicial independiente. Es un hecho gravísimo que parecería –al fin– haber despertado a una oposición que no termina de comprender que si en algunos puntos esenciales no logra ponerse de acuerdo será arrollada, junto con la República, por el kirchnerismo.

El abogado Claudio Vázquez, cercano al viceministro de Justicia Julián Alvarez, ocupará el lugar de Cabral. La renovación de la Sala I se extenderá a las otras subrogancias. En lugar de Gustavo Hornos será designado Roberto Boico, profesor universitario cuya firma apareció en la primera solicitada de Justicia Legítima, y cercano a la línea de las Madres de Plaza de Mayo que encabeza Hebe de Bonafini. Por último, la plaza de Ana María Figueroa será ocupada por Norberto Frontini, señalado por fuentes de la Asociación de Magistrados como un hombre afín a la doctrina Zaffaroni y discípulo de Alejandro Slokar –ex secretario de Política Criminal–, también firmante de la solicitada “Hacia una Justicia legítima”.

La de Cabral se trata de una nueva remoción directa por parte del Consejo de la Magistratura desentendida en toda su extensión de una imputación de orden disciplinario, juicio o procedimiento previo, dice el comunicado de la Asociación de Magistrados. Técnicamente se puede nombrar un juez subrogante en un juzgado vacante; lo que no se puede es quitar de su lugar a un juez que ya estaba subrogando, como era el caso de Cabral desde hacía tres años. El objetivo perseguido es claro: quitar del medio a los magistrados que podrían votar en contra de la constitucionalidad del pacto con Irán.

Scioli tendría el manejo de la economía, no de las relaciones externas y con la Justicia
Alerta. En la Justicia la preocupación crece. Los motivos para estar alerta sobran. Lo que parecía un fin de ciclo ya no lo es, y el panorama en materia de independencia judicial está otra vez en juego. “No sabemos cómo empezó el proceso de destrucción de instituciones en Venezuela. Quizás haya sido similar a lo que ocurre aquí. Es importante prestarles atención a estos atropellos. Por ahora la gente está tranquila porque a diferencia de Venezuela nosotros tenemos 12 cuotas sin interés y papel higiénico. Debería haber mayor involucramiento político y social; las cosas deben cambiar”, sentenció una fuente del Poder Judicial que no deja de sorprenderse por la falta de agilidad y reacción de la oposición para poner en agenda estos temas.

Fuentes judiciales de Santa Cruz aseguran que la elección de Carlos Zannini como compañero de fórmula de Scioli es más que un intento de control para conservar poder sobre el ex motonauta. Esas voces recuerdan que “Zannini fue quien diseñó junto a Néstor toda la ingeniería para el sometimiento del Poder Judicial en nuestra provincia. Como es sabido, pese a los múltiples fallos de la Corte Suprema, nunca reincorporaron al ex procurador Eduardo Sosa; una de las veces, ¡Zannini dijo que no tenían presupuesto! A los jueces y fiscales que no les eran afines les colocaban comisarios políticos y los mantenían vigilados con procesos de juicio político”.

Cualquier similitud con la realidad ya no es una coincidencia. Scioli tuvo que negociar o, mejor dicho, aceptar compulsivamente los términos e imposiciones impuestos por el kirchnerismo. Fuentes que están al tanto de lo conversado en las últimas reuniones aseguran que el gobernador pidió vía libre para tener el control en materia económica. A cambio, lo obligaron a aceptar que las relaciones con el Poder Judicial quedarán a cargo de Zannini y la procuradora Alejandra Gils Carbó. Tampoco tendrá injerencia en temas atinentes al manejo de la Cancillería y la política exterior. Un precio demasiado alto.

De ser electo, habrá que ver cómo Scioli se las arregla para sortear estos obstáculos que limitarían de manera irreversible su gestión. Desde el sciolismo alguien preguntó qué pasará con Amado Boudou. La respuesta fue fría y cortante: “Con ése podés hacer lo que quieras”. El vice tiene las horas contadas. Sin embargo, lo que podría usarse como un gesto para mostrar a la sociedad que ya no hay impunidad tiene su contrapartida en el blindaje judicial para la familia presidencial y los ministros. “Son intocables”, le hicieron saber al candidato del Frente para la Victoria.
Aló Presidenta

La utilización por parte de Cristina de la cadena nacional para hacer campaña electoral por el oficialismo representa más que una violación a la tan mentada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual una alteración de las normas éticas de la vida republicana. Es algo que no se había visto en estos treinta y dos años de democracia reconquistada por los argentinos. Es lo mismo que hacía el ex presidente Hugo Chávez y ahora repite su sucesor, Nicolás Maduro, en la desgarrada Venezuela.

En el acto de marras, que tuvo lugar el jueves en la provincia de La Pampa, la jefa de Estado dedicó parte de su alocución a exaltar a Carlos Zannini, a ignorar a Scioli, y a criticar el debate del miércoles entre los candidatos a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a los opositores. Al hacerlo buscó desacreditar a Martín Lousteau, a quien responsabilizó por la 125. “Por un error de números, casi nos hacen volcar”, dijo Fernández de Kirchner, quien seguramente no advirtió que con esa afirmación derribó la falsedad sobre la que pivotó aquel conflicto innecesario e incomprensible, aportando así otro ejemplo de la mentira sobre la que se construye buena parte de la épica y el relato del kirchnerismo.

Producción periodística: Guido Baistrocchi, con la contribución de Santiago Serra.

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© Escrito por Nelson Castro el domingo 28/06/2015 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

  

domingo, 3 de marzo de 2013

Malas intenciones… De Alguna Manera...

Malas intenciones… 

  “SERE BREVE...”. Cristina Fernández. Dibujo: Pablo Temes.

Hay que reformar el Poder Judicial, pero CFK sólo busca disciplinarlo. Cada día, más menemismo.

En el largo discurso pronunciado por la Presidenta ante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso hubo omisiones notorias. No habló de la inflación. No habló del cepo cambiario. No habló del creciente déficit fiscal. No habló de la caída de la actividad industrial. No habló del “acuerdo de precios”. No habló de las demandas salariales. No habló de los conflictos con los docentes. No habló del pago a los jubilados que han ganado juicios y esperan que la Anses cumpla con esas sentencias. No habló de la tragedia de la estación de Once.

La larga perorata presidencial, en la que la palabra “yo” fue dicha ochenta veces, tuvo dos objetivos: el primero, describir un país atravesado por una realidad paradisíaca que no es tal; el otro, el de avanzar en la conformación de un Poder Judicial adicto. En eso consiste la llamada “democratización de la Justicia”. Como siempre hace el kirchnerismo para ocultar las reales intenciones que subyacen en estos proyectos, se toman aspiraciones legítimas y necesarias para avanzar en el sentido opuesto al que se postula. Un ejemplo de ello es la Ley de Medios. Allí, el oficialismo esgrimió como premisa el loable objetivo de generar mayor pluralismo. La realidad muestra lo contrario: hay más medios en manos de grupos empresariales afines al oficialismo a los que se sostiene con la generosa y discrecional pauta gubernamental que pagamos todos.

Para entender apropiadamente esta cruzada “democratizadora” de la Justicia, hay que remontarse a sus orígenes, que no son lejanos. La fecha clave fue el 7 de diciembre de 2012, es decir, el ya cuasi olvidado 7D, cuando Cristina Fernández de Kirchner enfureció ante fallos que frenaron su propósito de arrasar con Clarín. En esos días, el Gobierno no dejó atropello sin cometer: intrusión del Consejo de la Magistratura por parte del ministro de Justicia, Julio Alak; apriete al juez Raúl Tettamanti para que renunciara a su subrogancia en el Juzgado en lo Civil y Comercial Federal Nº 1 en el que se ventilaba la disputa por la constitucionalidad o no de los artículos 161 y 45 de la Ley de Medios; avasallamiento de ese fuero; descalificaciones a la Corte y la aprobación exprés del per saltum. A partir de allí, comenzó todo este proceso que pivota sobre demandas legítimas acerca de falencias de la Justicia que deben ser enmendadas.

¿Quién puede oponerse a que deje de haber en los ámbitos tribunalicios hijos y entenados? ¿O a que los nombramientos de los jueces se hagan por concursos transparentes? ¿O a que los jueces paguen impuestos como lo hacemos todos los demás ciudadanos? ¿O a acabar con una Justicia corporativa? ¿O a la puesta en vigencia de mecanismos que doten de celeridad a los procesos judiciales? ¿O a la implementación de mecanismos que posibiliten un acceso amplio que permita conocer lo que sucede en ese mundo complejo de la ley y sus interpretaciones?

Sin embargo, la verdad de lo que persigue el Gobierno es opuesta a la de las nobles postulaciones enunciadas por la Presidenta en su discurso. Hay que recordar que este gobierno es señero en desobedecer a la Justicia. Es lo que hizo cuando se negó a reincorporar al procurador de Santa Cruz, Eduardo Sosa, desalojado intempestivamente de su cargo por Néstor Kirchner cuando era gobernador de esa provincia. Es lo que hace sistemáticamente cuando se niega a cumplir con los fallos de la Corte Suprema a favor de los jubilados. Por otra parte, no debe olvidarse que en varias de las designaciones de nuevos jueces, la Presidenta no dudó en ignorar el orden de mérito establecido por los puntajes obtenidos en los exámenes por cada uno de los aspirantes, con el objeto de nombrar a aquel que le fuera adicto aun cuando su calificación fuera magra.

Tiene razón la Presidenta cuando se queja de cautelares que duran una eternidad. Lo contradictorio es que lo hace cuando las cautelares le son adversas y no cuando le son favorables.

Tiene razón también la Presidenta cuando alerta sobre lo injusto que es que un funcionario sea rehén de causas que nunca se terminan. Lo lamentable es que recién se haya quejado de esto cuando el incriminado es Amado Boudou –el vicepresidente que ella eligió– y no cuando eso mismo les ocurrió y les ocurre a sus adversarios.

Tiene razón Fernández cuando proclama la necesidad de consolidar una Justicia más independiente, tanto del poder económico como del Estado. Lo curioso es que cuando el poder económico demuestra pleitesía con el Gobierno, se le convalida todo y desde el Gobierno se lo protege.

Tiene razón la Presidenta cuando apunta a terminar con los favoritismos hacia los poderosos que pesan a la hora de muchos fallos judiciales. ¿Cómo compatibilizarlo, entonces, con el hecho de que a cargo de la investigación de la escandalosa compra de terrenos fiscales a precio vil hecha por Fernández de Kirchner esté Natalia Mercado, su propia sobrina?

El Consejo de la Magistratura es un órgano que está sometido, no sólo aquí, a un profundo debate. No hay dudas de que su funcionamiento debe ser objeto de una amplia revisión. Son muchos los que, con honestidad, le critican un tufillo corporativo. Pero la verdad es que lo que le molestó a la Presidenta fue el rechazo por parte de la minoría de María Lorena Gagliardi para ocupar la vacante del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 donde se debía fallar la controversia por los artículos objetados por Clarín. Gagliardi había sido funcionaria en la gestión de Juan Manuel Abal Medina y su veredicto a favor del Gobierno era vox pópuli. Si se hubiese producido esa designación, nada de esta cruzada por la “democratización judicial” habría ocurrido.

Queda claro que el Gobierno busca instalar afanosamente una Justicia adicta. Es lo que hizo el menemismo, al que el kirchnerismo se va pareciendo cada día un poco más.

Producción periodística: Guido Baistrocchi.

© Escrito por Nelson Castro el sábado 02/03/2012 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.