Algarabía oficialista…

"Let’s dance", Donald Trump y Javier Milei. Dibujo: Pablo Temes.

Los libertarios festejan la caída de la inflación y la condena a CFK. Pero el salario sigue en el fondo del pozo.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 17/11/2024 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

Lo ocurrido en Mar-a-Lago, en la noche del jueves pasado, quedará en los anales. Nunca antes un presidente electo de los Estados Unidos había recibido a un presidente argentino. No solo eso: Javier Milei fue el primer mandatario extranjero con el que Donald Trump se encontró desde que fue electo por una mayoría abrumadora en las elecciones del 5 de noviembre.

La relación de afecto nacida entre ambos se extendió por carácter transitivo a todo su entorno y a sus más fanáticos seguidores. No es habitual que en esos círculos haya un conocimiento tan detallado y extendido de lo que hace un presidente argentino. Ni siquiera ocurrió algo así con Carlos Menem ni con Arturo Frondizi ni con Mauricio Macri, que fueron los presidentes argentinos que más estrechas relaciones tuvieron con las administraciones estadounidenses. West Palm Beach, el lugar en donde se encuentra la residencia de Mar-a-Lago, trae reminiscencias de otra cumbre presidencial histórica. Ocurrió cuando, en la Navidad de 1961, John Fitzgerald Kennedy recibió en su residencia a Arturo Frondizi, por quien sentía un profundo respeto. En aquella ocasión, el encuentro tuvo como tema excluyente el análisis de la situación en Cuba.

El nivel de popularidad que tiene Milei en la militancia trumpista es notable. La motosierra se ha convertido en un símbolo que encuentra emulación en la decisión del presidente electo en la designación de Elon Musk y de Vivek Ramaswamy para hacerse cargo del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Serán los Federico Sturzenegger del nuevo gobierno.

No obstante esta corriente fervorosamente elogiosa hacia él, sería bueno que Milei hiciese una lectura adecuada de lo que, en términos prácticos, pudiera traducirse en acciones concretas por parte de Trump. Hay que recordar que, durante su primera presidencia, no hubo para Jair Bolsonaro, con quien la afinidad también fue muchísima, beneficios extraordinarios de parte de Trump. Como ya se expresó en esta columna, Mauricio Macri sí tuvo una ayuda muy concreta y crucial: el apoyo de los Estados Unidos que llevó al directorio del Fondo Monetario Internacional a aprobar los préstamos de magnitud nunca vistos antes que recibió la Argentina. Al respecto, hay que decir que la aspiración primigenia del ministro Luis Caputo es que ese apoyo se repita para poder acceder a un acuerdo que le permita llegar a obtener los dólares necesarios para poder levantar el cepo cmbiario. Esos dólares hoy faltan y eso crea un problema porque, más allá de las declaraciones tanto de Caputo como de Milei en las que tratan de minimizar su impacto, el cepo representa un obstáculo a las inversiones extranjeras que nuestro país tanto necesita.

El 2,7% de inflación de octubre fue la mejor carta de presentación que, al partir, Milei llevó a su reunión con Trump. En las recorridas periodísticas que se hicieron, la mayoría de los comerciantes de distintos rubros reconoció que las remarcaciones habían disminuido sensiblemente. Sin embargo, esta estabilidad –que no es uniforme– no redunda en un aumento del consumo. La razón es muy simple: la caída del salario. Muchas familias con un trabajo formal no logran esquivar la línea de la pobreza.

Por eso, el Presidente debería ser más prudente cuando habla de la recuperación de los ingresos. Ningún salario se ha acercado ni remotamente al nivel de inflación de este año, que ronda el 107%. Pudo haberse frenado la recesión pero aún queda un largo camino por recorrer para que la actividad económica despegue a niveles que generen un derrame que pueda ser percibido por la mayoría de la gente. “El Presidente es consciente del esfuerzo que está haciendo el pueblo argentino para poder acompañar las medidas que nos llevarán a estabilizar el país pero también sabe que a poco menos de un año de gestión los resultados obtenidos han sido superlativos. Nos decían que íbamos a durar tres meses y hoy estamos siendo reconocidos a nivel mundial”, se jactó un libertario de la primera hora.

Existe otro motivo para la algarabía oficialista. Es el pasado que vuelve y les recuerda a los argentinos lo peor de los veinte años de kirchnerismo. La Cámara de Casación Penal confirmó la condena contra Cristina Kirchner por el caso Vialidad a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Aún le queda la opción de ir hasta la Corte Suprema, que no tiene un plazo temporal para resolver el caso. Por eso CFK no irá a prisión y, de no aprobarse el proyecto de ley de Ficha Limpia en el Congreso Nacional, podrá competir en las elecciones del año entrante.

Vale la pena hacer un paréntesis para desarticular la insostenible perorata de la expresidenta. Como buena oradora, Cristina intenta justificar todo lo que le sucede por un supuesto intento de proscripción y misoginia. “Como no me pueden pegar una piña, hacen lo que están haciendo desde Comodoro Py”, se la escuchó decir en su impostada aparición en territorio amigo luego de ratificada la condena. Sabe perfectamente que es el segundo tribunal que falla en el mismo sentido y que la maniobra de corrupción para desviar fondos del Estado en triangulación con Lázaro Baez a sus propias cuentas fue tan pero tan burda que no quedó la más mínima duda de aquel procedimiento.

No existe proscripción y, por si quedaran dudas, es bueno recordar que Ficha Limpia surgió hace varios años por iniciativa ciudadana. No podrán ser candidatos a cargos públicos quienes tengan una condena por corrupción contra el Estado ratificada por un tribunal de alzada. Es lógica pura y un intento por mejorar la calidad institucional y evitar que el Estado se convierta en un aguantadero para quienes se refugian en los fueros de manera indefinida para eludir la Justicia. Argentina se merece, de una vez por todas, un salto de calidad en su sistema democrático. Boleta única es ley. Ficha limpia es una deuda pendiente que ya debería quedar saldada.

¿Cómo surgió el terrorismo de Estado? @dealgunamaneraok...

 ¿Cómo surgió el terrorismo de Estado? 

La dictadura de 1976 está signada, entre otras cosas, por el terrorismo de Estado. Ese dispositivo de represión clandestina fue el corolario de un largo proceso de intervención política de los militares y una serie de prerrogativas habilitadas por el gobierno de Isabel Martínez de Perón.

© Escrito por Esteban Pontoriero el martes 23/03/2021 y publicado por el La Vanguardia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de los Argentinos. 

Cuando esto ocurre [la suspensión total del orden jurídico vigente], es evidente que mientras el Estado subsiste, el derecho pasa a segundo término. Como quiera que el estado excepcional es siempre cosa distinta de la anarquía y del caos, en sentido jurídico siempre subsiste un orden, aunque este orden no sea jurídico. La existencia del Estado deja en este punto acreditada su superioridad sobre la validez de la norma jurídica. La “decisión” se libera de todas las trabas normativas y se torna absoluta, en sentido propio. Ante un caso excepcional, el Estado suspende el Derecho por virtud del derecho a la propia conservación.[1]

 

El 16 de febrero de 1975 en la plaza de armas del Regimiento Patricios de Mendoza se llevó a cabo el velatorio del capitán Héctor Cáceres, muerto unos días antes en el monte tucumano durante un enfrentamiento con miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). El hecho se produjo en un contexto particular: desde los inicios de ese mes el Ejército argentino se encontraba realizando una acción represiva y de exterminio en gran escala para eliminar el “foco rural” que esa organización político-militar había establecido en la provincia de Tucumán. En el funeral del oficial muerto, el general Leandro Anaya, Comandante en Jefe del Ejército, expresó: “El 29 de mayo próximo, al conmemorarse el aniversario de la fuerza [el día del Ejército], manifestaré: “el país ha definido claramente la forma de vida dentro de la cual desea desenvolverse. El gobierno, respaldado por los sectores más representativos del quehacer nacional, ha adoptado la firme determinación de hacer efectivo dicho mandato” […]. Dije en una oportunidad: “el Ejército está preparado para caer sobre la subversión, cuando el pueblo así lo reclame a través de sus legítimos representantes”. El pueblo lo ha reclamado. El Ejército cumplió”.[2]

 

La lectura de este párrafo nos conduce a formular algunas preguntas: ¿Cómo y por qué el arma terrestre llegó a ocuparse de la realización de tareas represivas? ¿Cuál fue el papel que cumplieron las autoridades políticas en ese proceso? ¿Por medio de qué marco legal se habilitó el uso del Ejército en el orden interno? ¿A quién o a quiénes habían definido como el enemigo los hombres de armas y el gobierno? ¿En qué tipo de conflicto interno creían estar involucrados los actores políticos y militares? 

Hacia fines de 1975 ya estaban disponibles dos factores centrales de la represión clandestina que ejecutarían las Fuerzas Armadas con el Ejército a la cabeza: un abordaje para la guerra interna y un marco legal que habilitaba un estado de excepción.

Hacia fines de 1975 ya estaban disponibles dos factores centrales de la represión clandestina que ejecutarían las Fuerzas Armadas con el Ejército a la cabeza: un abordaje para la guerra interna y un marco legal que habilitaba un estado de excepción. Se contaba con una teoría y una práctica para la contrainsurgencia desde los años finales de la década del cincuenta. A su vez, el gobierno peronista de María Estela Martínez de Perón (1974-1976) dictó un conjunto de decretos que edificaron una creciente excepcionalidad jurídica. Este proceso poseía importantes antecedentes en las dictaduras militares de la “Revolución Libertadora” (1955-1958) y de la “Revolución Argentina” (1966-1973) y en las presidencias constitucionales de Arturo Frondizi (1958-1962) y de Arturo Illia (1963-1966). Durante el mandato de Martínez de Perón se dictaron el estado de sitio en noviembre de 1974 y los decretos “de aniquilamiento de la subversión” al año siguiente.

 

En los primeros días de febrero de 1975, el Poder Ejecutivo convocó al Ejército para darle la mayor responsabilidad en materia represiva: lograr la derrota y el exterminio del “foco guerrillero” que el ERP había instalado en una zona rural de la provincia de Tucumán desde algunos meses atrás. Luego del ataque de la organización político-militar peronista Montoneros al Regimiento de Infantería de Monte 29 en la provincia de Formosa en octubre, aquella misión tomó un carácter nacional mediante el decreto 2772. Las autoridades políticas y militares consideraban que, en la coyuntura de 1975, la defensa y el resguardo de la República justificaban la suspensión de partes sustanciales del orden jurídico para garantizar su supervivencia ante una amenaza caracterizada por ambos actores como “subversiva”.

 

Escribir sobre el terrorismo de Estado es también escribir sobre la guerra. Los militares (al igual que la mayoría de la dirigencia política, diversos sectores de la sociedad civil y las organizaciones armadas) partían de la premisa de estar librando una contienda bélica. En base a ello diagramaban su doctrina, estrategia, hipótesis de conflicto, métodos de combate e intervención en el orden interno. Además, no se trataban de cualquier enfrentamiento armado sino de una “guerra contra la subversión”. Esto implicaba, por ejemplo, incorporar el crimen a la operatoria castrense.

 

¿Por qué el Ejército recurrió a prácticas represivas clandestinas que no figuraban o estaban prohibidas en los reglamentos elaborados por la propia institución desde la incorporación de las nociones contrainsurgentes? La respuesta a esa pregunta debería tomar en cuenta una serie de factores: la influencia ejercida por el pensamiento contrainsurgente y las prácticas criminales que éste avalaba; la amnistía generalizada de los presos políticos capturados y juzgados durante la “Revolución Argentina” ocurrida durante la presidencia de Héctor Cámpora (mayo a julio de 1973); la situación ventajosa que le daría a los militares desde el punto de vista operativo, asegurando la efectividad y la impunidad por las tareas ilegales que éstos realizaran y la probada eficacia del terror entendido como un arma de guerra contra los opositores políticos. Además, la masacre debía esconderse para el resto del mundo y especialmente frente a los eventuales reclamos que pudiera realizar la Iglesia Católica, como ya había ocurrido con las ejecuciones que tuvieron lugar en la dictadura del general Augusto Pinochet en Chile (1973-1990). 

Se había delineado una estrategia represiva y de aniquilamiento que se basaba en la conducción centralizada y la ejecución descentralizada: esto brindaba ciertos niveles de autonomía a las jerarquías inferiores. Estos principios fueron la culminación de un recorrido formativo y de elaboración doctrinaria iniciado en 1955.

El Ejército condensó una serie de principios para guiar su accionar contra los opositores políticos o aquellos individuos o colectivos percibidos como tales. Se había definido un enemigo, la “subversión”, caracterizado por estar oculto entre la población, su extremismo ideológico y de métodos, operar en varios frentes y buscar la toma del poder para transformar de raíz los supuestos fundamentos políticos, culturales, religiosos y económicos de la Argentina. Se había delineado una estrategia represiva y de aniquilamiento que se basaba en la conducción centralizada y la ejecución descentralizada: esto brindaba ciertos niveles de autonomía a las jerarquías inferiores. Estos principios fueron la culminación de un recorrido formativo y de elaboración doctrinaria iniciado en 1955.

 

Las máximas autoridades de la fuerza habían decidido el exterminio del enemigo. Desde el “Operativo Independencia”, el concepto de “aniquilamiento” se convirtió en el ordenador de las prácticas represivas. No obstante, los militares en soledad no hubiesen podido imponer sus ideas y encarar la “lucha antisubversiva” si no hubieran contado con el aval político que solamente les podían otorgar las máximas autoridades del gobierno. Los secuestros, las torturas, los centros clandestinos, los asesinatos masivos, las desapariciones, las variadas formas de destruir o esconder los cuerpos, se convirtieron en la marca registrada del terrorismo de Estado en nuestro país, junto con una serie de prácticas legales o legalizadas por la dictadura tales como la prisión política o el exilio.

En los prolegómenos del golpe de Estado de marzo de 1976, un conjunto de elementos diacrónicos confluyó con otros de tipo sincrónico. Una serie de procesos de largo plazo (desarrollos doctrinarios, jurídicos, de imaginarios, de estructuras organizativas y de prácticas) se imbricaron con otros de corta duración (un diagnóstico de coyuntura, usos, apropiaciones, prácticas represivas, una convocatoria presidencial a la “lucha antisubversiva” y un contexto de crisis política, económica e intra gubernamental) dando lugar al surgimiento de un determinado fenómeno histórico: la represión clandestina y su cara más brutal, el exterminio secreto.

 

La seguridad interna se hallaba completamente integrada a la esfera de la defensa nacional, más que en ninguna de las otras coyunturas previas. La lógica del estado de excepción, existente en diferentes momentos entre 1955 y 1976, creó una situación compleja respecto del marco constitucional. La incorporación de las FF.AA. a la esfera de la seguridad interna para ejecutar tareas represivas se realizó mediante una legislación de defensa atravesada por el imaginario de la “guerra contrainsurgente” que permitía suspender una parte de las garantías constitucionales y que avalaba la implementación de un conjunto de prácticas represivas sostenidas en ese marco legal de emergencia. Desde la lógica castrense no existía una ruptura entre el orden legal y la acción clandestina: la introducción de un estado de excepción les daba a los militares la primacía en la represión y exterminio de la “subversión”. Una serie de decretos confirmaba la percepción del Ejército de estar inmerso en una guerra que –es importante remarcarlo– implicaba la realización de acciones criminales.

Desde la lógica castrense no existía una ruptura entre el orden legal y la acción clandestina: la introducción de un estado de excepción les daba a los militares la primacía en la represión y exterminio de la “subversión”. 

Los pares dicotómicos estatalidad/paraestatalidad y acción pública/acción clandestina en un marco de excepción pierden su operatividad para el análisis histórico: deben abordarse considerando sus cruces y porosidades. Las medidas propias de un estado de excepción imponen una situación en la que la división polar “legal/ilegal” deja de funcionar como clave de comprensión de las acciones ejecutadas por el Estado. En el caso argentino, por ejemplo, muchas de las medidas represivas que implementaron los militares estaban fuera del orden jurídico. Sin embargo, la legislación de defensa que se sancionó en los sesenta y entre 1974 y 1975 permitió que aquellas prácticas ilegales se volvieran legales. Por lo tanto, como señala Marina Franco “el problema no es entonces la ‘legalidad o la ‘ilegalidad’ de las acciones, sino el carácter excepcional y ascendente de esas medidas ‘legales’ fundadas en el estado de necesidad que llevó a la suspensión progresiva del Estado de derecho en nombre de su preservación. Fue ese proceso, efectivamente, el que condujo a la militarización del Estado y alimentó, una vez más, la autonomización de las Fuerzas Armadas”.[3] 

Para finalizar, a partir de 1975 la acción represiva y de exterminio se movieron en una “tierra de nadie” creada por la combinación de la excepcionalidad jurídica con la contrainsurgencia. Este proceso tuvo como condición de posibilidad los desarrollos doctrinarios y gubernamentales previos. 

[1] Carl Schmitt. Teología política. Cuatro ensayos sobre la soberanía. Buenos Aires, Struhart & Cía., 2005, p. 30. 

[2] Clarín, 17 de febrero de 1975, p. 5. 

[3] Marina Franco. Un enemigo para la nación…, Op. Cit.,p. 181. 

Esteban Pontoriero. Doctor en Historia por el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Investigador Asistente en CONICET.

La NASA Argentina… @dealgunamanera...

La NASA Argentina…

Un despegue, un satélite, una imagen tan efímera como conmovedora, pero que detrás tiene años de trabajo y una larguísima historia, de avances y retrocesos, sueños espaciales y pesadillas neoliberales.

© Escrito por Esteban Sargiotto el lunes 31/08/2020 y publicado por el Periódico Digital La Vanguardia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de los Argentinos.

La fecha programada era el viernes 28 de agosto, a las 20:20. A esa hora iba a despegar el satélite Saocom 1B desde el centro espacial de Cabo Cañaveral, en Estados Unidos. Horas más tarde, el mismo día viernes, se informó que debido a un lanzamiento previo que se demoró, nuestro satélite había sido reprogramado para fines de agosto. Finalmente, se abrió una ventana y el día domingo a las 20:18 hora argentina despegó el Saocom 1B. De fabricación íntegramente nacional, tendrá como misión medir la humedad del suelo utilizando un radar de microondas, en cuyo diseño contribuyó otro organismo científico: el Instituto Argentino de Radioastronomía. Entre sus tareas -todas pacíficas y de fines científicos- se encuentra la obtención de imágenes para la confección de mapas de riesgo de incendio, inundaciones o enfermedades de cultivos y el estudio de desplazamiento de glaciares, terrenos, pendientes y alturas.

Si bien solemos enterarnos de lanzamientos como este -como por ejemplo el lanzamiento del Saocom 1A, en octubre de 2018, o de los ARSAT- no es frecuente enterarse que el diseño de este satélite se realizó en 1994, hace ya 26 años, como parte de un plan estratégico. En un país donde todo cambia abruptamente cada poco tiempo, que un proyecto permanezca en pie por más de veinte años y termine realizándose es, cuanto menos, motivo de curiosidad y, por qué no, de celebración.

Tanto en ciencia como en cualquier otra disciplina, los grandes logros llevan décadas de desarrollo previo y hay que ser demasiado ingenuo para creer que un país podría poner satélites geoestacionarios en órbita en sólo 8 años de desarrollo, por más que sus científicos posean enormes capacidades y sus gobiernos destinen grandes presupuestos.

Algo similar puede decirse de los satélites fabricados por la empresa pública ARSAT: creada por ley en 2006, ya en 2014 lanzó el satélite geoestacionario ARSAT-1 y, poco después, en 2015, el ARSAT-2, ambos satélites de comunicaciones que brindan servicios de internet, telefonía y televisión.

Pero, como todo, estos sorprendentes logros tienen una razón. O, por lo menos, una explicación. Tanto en ciencia como en cualquier otra disciplina, los grandes logros llevan décadas de desarrollo previo y hay que ser demasiado ingenuo para creer que un país podría poner satélites geoestacionarios en órbita en sólo 8 años de desarrollo, por más que sus científicos posean enormes capacidades y sus gobiernos destinen grandes presupuestos.

Para entenderlo hay que hacer un poco de historia.

Nuestra NASA 

El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética puso en órbita el primer satélite de la historia, el Sputnik. Poco después, el 3 de noviembre, la perra Laika fue el primer ser vivo en orbitar la Tierra. Unos años después, el 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en llegar al espacio. Era la Guerra Fría y la carrera espacial entre los Estados Unidos y la URSS era un capítulo más de su enfrentamiento geopolítico. En ese contexto de gran interés por la navegación espacial, la Argentina no estaba exenta. 

En enero de 1961, poco antes de la llegada de Gagarin al espacio, el entonces presidente Arturo Frondizi creó la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales (CNIE), dando nacimiento a la historia de la astronáutica argentina. La comisión tuvo importantes avances en la creación de cohetes de combustible sólido, un desarrollo que ya contaba con años de experiencia previa, por lo menos desde la década del 40. La CNIE avanzó, además, en el lanzamiento de cohetes de fabricación nacional y contó con un capítulo poco recordado de nuestra historia, pero de gran relevancia científica: el Proyecto BIO, que consistió en el lanzamiento de animales vivos. 

En 1967 fue lanzado desde Córdoba el ratón Belisario, que estuvo en ingravidez por 30 minutos y volvió a la tierra sano y salvo. Impulsados por ese éxito, en 1969 fue lanzado el mono Juan, para algunos el primer astronauta argentino. El mono, originario de Misiones, fue lanzado desde La Rioja y era el único tripulante del cohete Canopus II. Se encontraba dentro de una cápsula presurizada llamada Amanecer y que contaba con 20 minutos de oxígeno. Juan llevaba puesto un chaleco impermeable y varios nodos corporales, lo que permitía controlar sus signos vitales. La misión argentina ocurrió pocos meses después de la llegada del hombre a la luna, lo que significó un hito para la historia argentina ya que hasta ese momento sólo otros 3 países habían lanzado seres vivos al espacio: Estados Unidos, la Unión Soviética y Francia.

Si bien Frondizi fue derrocado, la CNIE continuó con su labor y desarrollo, lo que con los años llevó a las autoridades a plantearse dos grandes preguntas: ¿Cuándo pondrá la Argentina satélites en órbita? ¿Puede la Argentina desarrollar un lanzador orbital propio?

Todas estas inquietudes fueron escritas en un informe a cargo del vicepresidente de la CNIE, Juan José Tasso, quien proyectó que para 1977 la Argentina podría tener un lanzador y satélite nacional propio. El proyecto avanzó y fue mostrando grandes logros, tanto en el aspecto de los combustibles como del desarrollo de la tecnología para los cohetes y satélites. Pero algo cambió: con la dictadura de 1976, lo que en un principio era un programa para crear una lanzadera espacial fue reconvertido en un plan para construir un misil balístico.

Tras fuertes presiones de Estados Unidos y Gran Bretaña la historia tendría un final triste y lamentable en el gobierno de Menem: el proyecto fue disuelto y el misil fue desguazado, sus partes trasladadas a EEUU y, finalmente, destruidas.

A pesar de los obstáculos y de la cancelación de una lanzadera propia, la CONAE hizo grandes avances y elaboró un Plan Espacial Nacional, responsable del diseño del actual Saocom 1-B, puesto en órbita el pasado domingo 30 de agosto.

Como punto final, en 1991 Menem disolvió la CNIE y creó en su lugar la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), que dejó de estar en la égida de la Secretaría de Aeronáutica y pasó a depender directamente del Ejecutivo Nacional. A pesar de los obstáculos y de la cancelación de una lanzadera propia, la CONAE hizo grandes avances y elaboró un Plan Espacial Nacional, responsable del diseño del actual Saocom 1-B, puesto en órbita el pasado domingo 30 de agosto.

Hubo otro factor determinante: contra el clima de época y resistiendo los intentos de privatización del menemismo, una empresa estatal siguió de pie: el INVAP, una empresa tecnológica fundada en los años 70 y que sería central en esta historia. Si bien no fue la CONAE quien desarrolló el primer satélite argentino (el primero fue el Lusat, obra de radioaficionados, lanzado en 1991), sí fue quien desarrolló el primer satélite profesional con fines científicos. Se trata del Satélite de Aplicaciones Científicas, SAC-B. Construido precisamente por el INVAP, el 4 de noviembre de 1996 entró exitosamente en órbita, aunque por una falla del cohete no pudo realizar su misión. Se puso así una primera piedra de la etapa contemporánea: la Argentina demostraba que podía diseñar un satélite de alta complejidad. No fue en 1977 como predijo Tasso, sino 19 años después. Pero se logró.

A partir de esos primeros años de la nueva etapa nacida en los años 90, surgiría una fructífera relación de cooperación entre la CONAE y el INVAP que sería estratégica para la realidad actual, ya que el INVAP fabrica satélites no sólo con la CONAE, sino también para la compañía ARSAT, quien administra otros programas independientes de la CONAE, como el ARSAT 1 y 2. Mientras ARSAT se ha dedicado a la fabricación de satélites de telecomunicaciones, el programa espacial impulsado por la CONAE se concentra especialmente en aplicaciones científicas.

Actualidad

Con el reciente despegue el Saocom 1-B ha vuelto a la atención pública el plan espacial. En recientes declaraciones, el actual Ministro de Ciencia y Tecnología ha dado a entender que el gobierno buscará impulsar el proyecto de una lanzadera espacial propia. Con antecedente en 2007 y rebautizado como Proyecto Tronador, el plan prevé la colaboración con otra empresa pública argentina: VENG, una compañía aeroespacial que se hará cargo de brindar el servicio de lanzamiento. Para este fin, en 2014 se crearon dos centros espaciales: Centro Espacial de Punta Indio y el Centro Espacial Manuel Belgrano, ambos en la provincia de Buenos Aires. El objetivo, según se sabe, es enviar al espacio los satélites de la serie SARE, también desarrollados por la CONAE.

Estos logros son, además de argentinos, internacionales: la agencia italiana colaboró en el proyecto del Saocom y la NASA ha participado con el país en otros satélites. Además, los satélites toman información de todo el planeta, de modo que sus imágenes pueden ser vendidas a cualquier nación que esté interesada. Otro ejemplo de esta relevancia internacional fue cuando el Arsat 1 entró en órbita, lo que puso a la Argentina en el selecto grupo de 7 países (a los que hay que sumar a la Unión Europea) con esa capacidad de producción, junto con EEUU, Rusia, Israel, Japón, China e India.

Destaca además el decisivo rol de dos grandes empresas públicas: el INVAP SE, única empresa latinoamericana reconocida por la NASA para la realización de sistemas satelitales completos y Arsat, primera empresa latinoamericana que ofrece servicios de internet, televisión y transmisión de datos en todo el continente, desde Argentina hasta Canadá con satélites propio.

Este tipo de hitos hubieran sido imposibles sin un desarrollo científico de décadas y la inversión y planificación a largo plazo con la que -con interrupciones- contó el país. Destaca además el decisivo rol de dos grandes empresas públicas: el INVAP SE, única empresa latinoamericana reconocida por la NASA para la realización de sistemas satelitales completos y Arsat, primera empresa latinoamericana que ofrece servicios de internet, televisión y transmisión de datos en todo el continente, desde Argentina hasta Canadá con satélites propios, y que actualmente brinda transmisión de datos al país y también a Chile, Paraguay, Uruguay y la Antártida.

Los próximos pasos anunciados tanto por el Ministerio de Ciencia y Tecnología como de Arsat es el lanzamiento del Arsat 3 (cuyo nombre mutó a Arsat-SG1 luego de que el gobierno de Macri anunciara la cancelación del proyecto y se tuviera que cambiar de plataforma) que según anunció la compañía, está previsto para 2023.

Para esas fechas, si todo sale bien, quizás despegue desde nuestro territorio. ¿Será 2023 el año de otro hito histórico para el país?

Lavagnomics: la economía según Lavagna… @dealgunamanera...

Lavagnomics: la economía según Lavagna…

Lavagna apoya la desregulación del mercado aéreo y lo hecho en Vaca Muerta. Dibujo: Pablo Temes

Roberto Lavagna no da entrevistas, no va a actos, no recorre el país. Ni siquiera acepta que está en campaña. Pero que lo está, lo está, aunque aún no decidió si será candidato.

Su centro de operaciones está en el barrio de Saavedra, en su casa más exactamente.

Lo custodia un gato, el perro de su hijo menor y Claudine Marechal, su inseparable esposa desde hace casi medio siglo. Y, como un Perón en Puerta de Hierro, en el living de su elegante residencia recibe a los dirigentes que le piden audiencia, tratando de decodificar qué quiere cada uno y por qué le dicen lo que le dicen.

En cualquier caso, lo que él les dice es más o menos lo que viene diciendo siempre. Por lo menos en materia económica.

Clave dólar. Lo que piensa de lo que se debería hacer con la economía se lo contó varias veces a Macri. Al principio el Presidente parecía acordar y le mostraba un retrato de Frondizi, el padre del desarrollismo, pero Lavagna cree que hoy Macri ya está jugado a una política opuesta a sus recomendaciones.

Su debate con los economistas macristas gira en torno al rol de la inversión. Mientras que para éstos la inversión es la que hace girar el círculo virtuoso de la economía, para el ex ministro es una consecuencia de un círculo que antes fue puesto a girar por otros motivos. Explica que las inversiones se hacen para ganar dinero, y que no hay inversiones que vayan a un país con caída del empleo, crisis de consumo y dificultad para exportar. Por mejor buena cara que se le muestre al mundo.

Su palabra clave es dólar. Cree que la recomposición de los precios relativos es la que pone en marcha la economía y que nada existe con un dólar atrasado que le hace perder competitividad a los productos y al trabajo argentino. Le parece un suicidio que el Gobierno lo haya dejado atrasar tanto y celebra que, aunque brutalmente, el mercado haya obligado a la devaluación, “porque de lo contrario hoy estaríamos peor”.

Para los asalariados que vieron devaluar sus ingresos y para los empresarios acosados por no poder trasladar el aumento del dólar a los precios (o que lo hicieron y perdieron ventas), el 100% de devaluación quizás no sea buena noticia. El ex ministro se lo achaca a un gobierno que no supo manejar una devaluación controlada.

Cree que el dólar alto pone en marcha el círculo virtuoso de la economía y culpa a Macri de haberlo retrasado y de pensar que la habrá inversión en un país sin demanda ni mercado.

Los sindicalistas que lo escuchan son sensibles a este punto de su teoría económica por las quejas y angustias de sus afiliados en los períodos de devaluación. Pero él entiende que la devaluación tiene mala prensa porque se la asocia a la baja inmediata de salarios. Incluso acepta que ése es el objetivo último de una devaluación: bajar el costo argentino y ganar en competitividad para vender más al mundo, aunque aclara que eso es en términos de dólar. El porcentaje de devaluación en dólares no tiene que implicar, asegura, la pérdida del mismo porcentaje de poder adquisitivo en pesos. Igual reconoce que una parte de la devaluación sí se traslada a los precios.

El problema es que en 2018, a una devaluación del 100% le siguió una inflación del 50% y la consiguiente pérdida del poder de consumo. Pero está convencido de que no todo fue culpa del dólar, sino de un gobierno que azuzó la inflación con constantes tarifazos.

La rueda del crecimiento. Se le dirá que desde afuera todo parece sencillo, pero responde que la situación que él recibió en 2002 era infinitamente más compleja que la actual. Saca pecho por lo que consiguió en sus años como ministro de Economía (2002-2005) con un PBI creciendo a más del 8% anual, los célebres superávit gemelos y la baja de la inflación y la pobreza.

Afirma a quienes lo visitan que en su caso no es difícil imaginar lo que haría con la economía, porque ya lo hizo antes. Y vuelve a su teoría del círculo virtuoso, que es el que aseguraría que el déficit baje, y no las políticas monetaristas. Se jacta de haberlo hecho.

Muestra que el reciente superávit comercial es producto de aquélla y, según él, tardía devaluación del peso: el aumento del dólar genera automáticamente una disminución de las importaciones, como sucede ahora, y eso implica girar menos dólares al exterior y el reemplazo de bienes importados por otros que se fabrican en el país. Con el tiempo, los precios locales más competitivos en dólares abrirán nuevos mercados para exportar y habrá un ingreso genuino de divisas.

Cree que el dólar no se debe retrasar, sino ubicar en un lugar intermedio entre alcanzar la máxima competitividad posible del peso sin caer en el peligro de encarecer en extremo los insumos importados.

Macri: ¿nada bien? Lavagna se reúne con dirigentes de casi todas las corrientes. Los macristas le recuerdan que, buena o malamente, las variables se van acomodando. El les responde que eso es esencial, pero solo el principio, que luego hay que hacer ingeniería de foco, sintonía fina para tomar medidas puntuales que controlen la inflación, incentiven el consumo y eviten distorsiones económicas.

Un ejemplo que suele mencionar de sintonía fina es el de los préstamos UVA. Entiende que así como están, atados a la inflación, no sirven y frenan el crédito, la construcción y el consumo: las cuotas deberían estar atadas solo a los incrementos salariales.

Hay cosas que sí cree que Macri hace bien, como la desregulación del mercado aéreo. La presenta como muestra de que cuando se aplica su teoría el círculo virtuoso funciona: había una demanda de viajes baratos y nuevas rutas que una medida oficial hizo explotar, vienen inversiones para saciar esa demanda y se crean nuevos empleos que generan un aumento del consumo que producirá nuevas inversiones.

También festeja la fórmula del sindicato único por empresa que agiliza las relaciones laborales y haría más sustentables los negocios.

En especial señala el caso aéreo, en el que las empresas deben convivir con múltiples gremios. Los sindicalistas con los que habla aparecen, por lo menos ante él, flexibles a pensar nuevas formas de regulación laboral. Así como están, pierden aportantes y crece el empleo informal y los movimientos sociales.

A esos sindicalistas les explica que una reforma es imprescindible y que debe producir beneficios para empleadores y empleados, porque si son solo para los primeros –los tranquiliza– habría un incremento de rentabilidad, pero no de empleo.

El otro tema que elogia del Gobierno es Vaca Muerta. Lo usa como ejemplo de círculo virtuoso: el Estado genera condiciones para que los privados hagan negocios, los negocios producen exportaciones e ingreso de divisas y, además, mano de obra y consumo.

En operaciones. Hablar de economía frente a sus visitas no le cuesta nada, pero piensa que la economía de un país no es para dejarla en manos de técnicos, sino de líderes con sensibilidad política.

También se queja de una parte de la sociedad y de la “derecha” que, por distintos motivos, no quieren reformas económicas de fondo. Llama derecha al sector financiero que,  estima, gana mucho dinero y se opondría a un cambio de la estructura productiva del país.

Lavagna está en operaciones, terminando de tantear las condiciones para lanzar su candidatura.

Mientras, espera que sus glorias del pasado y las necesidades del presente se unan para que un hombre de 77 años termine gobernando el país. Y hace como que no quiere, pero quiere.

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