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lunes, 5 de enero de 2026

Triunfos políticos, pero sin derrame en la economía… @dealgunamanera...

Triunfos políticos, pero sin derrame en la economía…

Dibujo: Pablo Temes.

Luego de un 6 de septiembre fatídico, el oficialismo no dejó de tener victorias electorales y legislativas.

© Escrito por el Doctor Nelson Castro el domingo 04/01/2026 y publicado por el © Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

Fue el fin de año soñado para el Gobierno. Inimaginable tan solo tres meses y medio atrás. Aquel 6 de septiembre fue un día de pesadilla no solo para el oficialismo, sino también para el país. La aplastante victoria electoral del peronismo en las elecciones para la Legislatura provincial y los concejos deliberantes en las intendencias en la provincia de Buenos Aires representaron un golpe tremendo para La Libertad Avanza que dejó al desnudo los gruesos errores cometidos por Karina Milei tanto en el armado de las listas de candidatos como en la estrategia de campaña.

“Tenemos que aprender de los errores cometidos”, dijo con rostro adusto el Presidente en su discurso en el que reconoció la derrota. No está claro cuánto de ello –el reconocimiento de los errores propios– ocurrió en la campaña. Lo que quedó claro fue que ocurrieron dos cosas que permitieron revertir ese resultado de catástrofe para el oficialismo: la primera fue la soberbia que exhibió el kirchnerismo ante la posibilidad de su reverdecer, lo que generó el espanto de un sector de la sociedad que, habiendo decidido no ir a votar en la elección provincial, tuvo clara conciencia del abismo al que otra vez se asomaba la Argentina si el peronismo ganaba y, aun discrepando de muchas de las ideas y medidas adoptadas por el Gobierno, cambió de parecer y fue a sufragar en la elección del 26 de octubre para frenar cualquier posibilidad de una vuelta a esa espantosa gestión que terminó con una inflación anual del 211,4%.

Para completar ese alineamiento de los planetas favorable al Gobierno, es menester incluir el escándalo de corrupción que sacude los cimientos de la Asociación del Fútbol Argentino que, a la manera de un poderoso viento de cola, ha ayudado – y seguramente lo seguirá ayudando– al oficialismo a surfear diciembre y enero sin ningún sobresalto, a contramano de lo que habían predicho los líderes de la decadente CGT, algunos dirigentes de la izquierda y los gerentes de la pobreza En el peronismo, por su parte, son cada vez más los que empiezan a inquietarse con las revelaciones que sobre este asunto se van produciendo a diario. La trama permite enmarcar al “Afagate” como un caso de corrupción y lavado de dinero. Se ha abierto ante los ojos de la opinión pública un encadenamiento de hechos y personajes que muestran cómo esa máquina de generar dinero turbio y usarlo para objetivos también turbios –que se remonta a la época del Grondonato– continuó hasta el presente, con metodologías más sofisticadas y, hasta hoy, con lo misma impunidad.

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Las revelaciones de esta semana pusieron en el centro de la escena a Javier Faroni, que supo ser un exitoso productor teatral en Mar del Plata, quien, de la noche a la mañana, sorprendió apareciendo como miembro del directorio de Aerolíneas Argentinas en los albores de la presidencia de Alberto Fernández, siendo que no tenía ningún antecedente dentro de la actividad aerocomercial. Debió dejar este cargo en 2022 en medio de denuncias por bienes no declarados en el exterior y acrecentamientos patrimoniales. Se lo recuerda porque en los años de la pandemia se encargó de organizar los vuelos de repatriación de futbolistas. Ese fue el comienzo de su relación con Claudio Tapia.

La foto, pues, muestra una situación política absolutamente favorable para el Gobierno. La consolidación de su poder en las dos cámaras del Congreso le garantizan la gobernabilidad, es decir, la posibilidad de implementar las medidas necesarias para llevar adelante su gestión. Esta circunstancia tiene, en principio, dos consecuencias: la primera es que aparece otra vez la peligrosa tendencia del oficialismo a gobernar por decretos de necesidad y urgencia; la segunda, que Javier Milei no podrá adjudicar al kirchnerismo ser la causa de los eventuales problemas, errores, dificultades o malos resultados de su gestión.

Desde el punto de vista de la economía, el año que pasó dejó expuesta una dualidad cuya solución representa el principal desafío del Gobierno: la macroeconomía se ordenó, pero eso no representó en paralelo una mejoría para el bolsillo de la gente de a pie. Ese “derrame” aún no llegó.

La reforma de la ley de Inteligencia, formalizada el viernes a la mañana a través del decreto 941/2025 publicado en el Boletín Oficial, representa un ejemplo claro de lo arriba expresado. Es, claramente, una violación flagrante de los principios establecidos en la Constitución Nacional. Una reforma de este tipo debe hacerse exclusivamente por medio de una ley, es decir, debe ser aprobada por el Congreso. Constitucionalistas destacados de diversas corrientes ideológicas han coincidido en su crítica. Como muy bien lo señaló con absoluta contundencia y claridad el Prof. Dr. Daniel Sabsay, este decreto “concede facultades extraordinarias al Presidente. Entre otras aberraciones, un funcionario podrá detener a personas en la vía pública. Espero que la Justicia declare la inconstitucionalidad”. Si esto lo hubiera hecho el kirchnerismo, todos los integrantes de este gobierno, con Javier Milei a la cabeza, lo estarían criticando severamente.

El relativismo moral es uno de los grandes males de la política en la Argentina y en el mundo. Si Milei quisiera convertirse en un verdadero estadista, no debería permitir tales avasallamientos.





domingo, 28 de diciembre de 2025

La gran amenaza desestabilizadora para 2026: los juicios internacionales que acechan al país… @dealgunamanera...

La gran amenaza desestabilizadora para 2026: los juicios internacionales que acechan al país…

Loretta Preska. Falló en contra de la Argentina en el juicio por la reestatización de YPF. Imagen: Pablo Temes.

Mientras el debate político se concentra en la coyuntura inmediata y en las urgencias del corto plazo, el país enfrenta una bomba de tiempo en los tribunales internacionales. Se trata de un volumen de pasivos judiciales que ronda los USS 30 mil millones, en su mayoría fuera del Presupuesto y prácticamente ausentes del debate público, que podrían comenzar a volverse exigibles a partir de 2026. Los casos más emblemáticos –el juicio por la reestatización de YPF en los tribunales de Nueva York, la causa por la manipulación del PBI y el no pago de los cupones atados al crecimiento económico en Londres– ya cuentan con fallos adversos.

© Escrito por Carlos Burgueño, Periodista. Lic. en Ciencia Política. Máster en Economía y Sociología, el domingo  28/12/2025 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

No está incluido en el Presupuesto. No está mencionado como crítica por parte de la oposición. Prácticamente es un tema ignorado por la clase política argentina. Pero se trata del factor más amenazante de inestabilidad económica, financiera y fiscal para el país. Se trata del altísimo volumen de pasivos que el país mantiene en juicios contra la Argentina en diferentes tribunales internacionales, que podrían estallar en gran parte durante el 2026; y que, de no mediar negociaciones infernales y aperturas amplias de los mercados internacionales, implicarían que el país no podría enfrentar semejante cantidad y calidad de pasivos. En total, sumando todas las causas existentes, se llega a la temeraria cifra de US$ 30 mil millones, con dos juicios emblemáticos a la cabeza: el encauzado por la manera en que se renacionalizó YPF en 2012 y que ya tiene fallo negativo en primera instancia en Nueva York, y el que involucra a la manipulación del PBI y los cupones de los bonos argentinos durante la última etapa del kirchnerismo. Causa que está radicada (y casi perdida) en Londres.

La causa por la petrolera tuvo novedades importantes esta semana. La jueza Loretta Preska anunció que no embargará acciones de la compañía en garantía, a la espera de una decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Ahora se abre un período de tiempo indefinido, donde los jueces de la Segunda de Apelaciones de Nueva York deberán tomar una decisión de fondo sobre la causa por la manera en que se renacionalizó YPF. Estos son Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson, quienes ya están en estudio de la situación, pero aún no dieron pistas sobre los tiempos. Por lo que se presume, no habrá novedades durante el primer trimestre del año, ya que aún no están citadas las partes para escuchar las argumentaciones de rigor; con lo que, a lo sumo, recién habría novedades para el período abril-junio del 2026. O aún más allá del tiempo también.

Los puntos fundamentales de la causa. Para muchos la necesidad de una reestatización de la petrolera era necesaria. Repsol estaba haciendo un desastre, invirtiendo más en Libia que en la Argentina.

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Se razona además que ante la aparición de Vaca Muerta, el proyecto de desarrollo de ese yacimiento debía tener como principal operador a una empresa argentina. En lo posible estatal.

El juicio no es por la decisión de reestatizar, cuestión que era necesaria. Es por la manera en que se reestatizó.

El estatuto de la privatización de 1992 (era Estenssoro) incluía una Oferta Pública de Adquisición (OPA). Esto implica que cualquier operación de toma de acciones en poder de privados, obliga a realizar una oferta similar al resto de los accionistas.

Desde el 26 de junio de 1993 Argentina decide (como país soberano) salir a cotizar parte de las acciones de YPF en la Bolsa de Nueva York. Desde ese momento, inevitablemente, acepta las normas de la SEC, que incluyen el respeto de la OPA. Y la jurisprudencia de EE.UU. indica que esto es superior, incluso a las normas de países. Esto puede gustar o no, pero es así. Y debía haberse tenido en cuenta.

En la decisión de reestatización de 2012 se decide pagar unos US$ 6 mil millones a Repsol, pero no aplicar la OPA. Se decide además dejar de distribuir dividendos a los accionistas.

El Grupo Petersen había acordado con Repsol pagar parte del 25,46% de las acciones a través del giro de esos dividendos. Como ya no se giraba el dinero, Petersen, a través de Petersen Energía y Petersen Inversora, se presentan en concurso (y posterior quiebra) en los tribunales comerciales de Madrid. Desde ese momento, el Grupo Petersen deja de tener que ver con esta causa; y, en consecuencia, probablemente no reciba un solo dólar de este caso. (Crean o no, es así).

El síndico de la causa radicada en Madrid, vende la causa (esto es habitual) el 4 de mayo de 2015. La compra Burford en US$ 15 millones. Lo hace a través de Prospect Capital (una subsidiaria semisecreta, para que no se sepa que Burford estaba detrás). Luego ampliaría “la inversión” en 70 millones.

En septiembre de 2015 Burford se presenta en los tribunales de Nueva York. Por sorteo toca Loretta Preska, heredera del sillón de Thomas Griesa como jueza de primera instancia en el Distrito Sur de Nueva York.

Entre diciembre 2016 y marzo 2018, Preska se toma su tiempo para analizar las leyes cruzadas de Argentina y EE.UU. En marzo 2019 define que las normas de la SEC son más importantes que las leyes locales. Se basa, otra vez, en jurisprudencia de EE.UU.

En septiembre de 2023 falla a favor de Burford y un segundo demandante llamado Eton Park (Dios sabe quién está atrás de estos).

El problema fue no haber extendido el pago a Repsol, a una oferta al resto de los accionistas. Luego estos podían aceptarla o no. Pero era obligación, por estatuto, abrir la oferta al 49% de los accionistas.

Sobre la obligación de esta operación, hay jurisprudencia en la Justicia de EE.UU. Argentina podría haber aceptado o no abrir las cotizaciones de una parte de las acciones de YPF en Wall Street. Pero si lo hacía, debía respetar las reglas de la SEC (autoridad del mercado de capitales norteamericano).

El fallo de fondo fue el de septiembre del 2023. Ahí se perdió el juicio. La Argentina está obligada por leyes locales a apelar. De no hacerlo, al Presidente en ejercicio le cabe la acusación de mal ejercicio en sus funciones.

Por su parte, la causa por la manipulación de títulos públicos en 2013, y el consecuente no pago de los intereses correspondientes al Cupón 2013, tiene ya fallo firme en los tribunales ingleses. La Argentina perdió el caso en primera y segunda instancia, en ambos casos con todos los votos de los jueces en contra, y acudió al máximo tribunal del Reino Unido como última alternativa jurídica para tratar de torcer la historia. Sin embargo, en octubre del año pasado, la Corte británica rechazó tratar la causa, con lo que dejó en firme el fallo de primera y segunda instancia. Son los fallos del juez Stephen Phillips y del Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales a favor de los demandantes Palladian Partners y Norinver Capital, entre otros; que denunciaron a la Argentina por haber abonado intereses correspondientes por el mecanismo de los títulos Cupón PBI emitidos durante el canje de deuda de 2006. Argentina esperaba que la causa en Inglaterra se cayera, dado que en abril de 2023, una causa espejo en el tribunal, curiosamente, de Loretta Preska, resolvió en contra del reclamo. Sin embargo, en marzo de 2024, Phillips ratificó su decisión, y cerró el caso a favor de los demandantes de Londres. Phillips se mantuvo en el criterio jurisprudencial inglés, afirmando que la Argentina efectivamente alteró el PBI de 2013, perjudicando a los ahorristas que habían confiado en el bono emitido por el país para salir del default de 2002, y durante el canje de deuda de 2006.

Según la decisión del juez Phillips del 8 de marzo pasado, “las declaraciones posteriores al fallo (correspondiente a los cupones PBI en euros) de funcionarios argentinos reflejan la misma postura desafiante adoptada frente a los fallos a favor de los holdouts (tenedores de títulos de deuda soberana argentina) años atrás”. Y agregó: “Si bien es cierto que hay un nuevo gobierno desde diciembre, aún no ha demostrado que adoptará un enfoque diferente para honrar los fallos de Cortes internacionales. En particular, la nueva administración no se ha distanciado públicamente de los comentarios realizados por los antiguos funcionarios. También es digno de destacar que la República no ha abonado ningún monto del fallo [YPF] del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ni ha cumplido con las condiciones para suspender la ejecución (embargos) pendiente de apelación en ese caso”.

La causa original fue iniciada en Nueva York por el fondo buitre Aurelius en enero de 2015 por la supuesta “mala fe” del país al alterar la medición del PBI del Indec para el ejercicio 2013; lo que derivó en una causa espejo en Londres, a partir de una presentación del fondo cautivo de Aurelius y Novoriver a la que luego se sumó Palladian con un grupo menor de tenedores de deuda argentina.

Según los demandantes, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof como ministro de Economía, alteró la base de cálculo del Emae para que el crecimiento final del PBI de ese año no superara el 3,22% y así no activar la cláusula de liquidación del Cupón PBI. El Indec calculó para ese año un crecimiento del 2,9%, pero modificando el cálculo base, una acción que para Aurelius fue “adrede” para perjudicar a los tenedores de este bono, en lo que representa “mal desempeño de sus funciones”.



El Gobierno tuvo una Navidad frenética con regalo al final… @dealgunamanera...

El Gobierno tuvo una Navidad frenética con regalo al final…

Curita. Dibujo: Pablo Temes.

La negociación con los gobernadores fue un test match para los nuevos protagonistas de la gestión. 

© Escrito por Nelson Castro el domingo 28/11/2025 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.


Fue un viernes muy, pero muy intenso. En realidad, fue una Navidad intensa. No hubo mucha paz en los espíritus ni del Gobierno ni de la oposición. Sesionar un 26 de diciembre es algo extraordinario para los legisladores. Esta vez les tocó a los senadores. Seguramente la mayoría de ellos no conoce cómo eran las cosas cuando la Argentina daba sus primeros pasos como república luego de la sanción de la Constitución Nacional. En aquellos años de turbulencia y épica el período ordinario de sesiones del Congreso se extendía desde el 1° de mayo hasta el 30 de septiembre.

Esta sesión significó un test match para Patricia Bullrich. En lo formal, era su debut como jefa del bloque del oficialismo. Pero en los hechos, su rol en el cuerpo va mucho más allá de eso. Ella ha pasado a ser la articuladora entre la Cámara Alta y el Poder Ejecutivo. Esto es consecuencia directa del aislamiento total en el que navega la gestión de Victoria Villarruel. Emana hacia ella un profundo sentimiento de desprecio por parte de los hermanos Milei. Aquella frase referida al Presidente que pronunció durante el reportaje con Jonatan Viale le valió el destierro de las arenas del poder. Por si alguien no lo recuerda, la vicepresidenta dijo que el pobre Milei era un “jamoncito” entre su hermana Karina y ella.

La aprobación del presupuesto es una exigencia del Fondo Monetario Internacional. Pero, antes de eso, hay que decir que es una necesidad del país. El condimento extra es que se trata del primer presupuesto redactado de puño y letra por la administración libertaria ya que, en los últimos dos años, Javier Milei gobernó con presupuestos prácticamente ajenos y sin la aprobación del Congreso. El presupuesto es una herramienta esencial que ordena y da previsibilidad más allá de los errores y desvíos. Este es un punto que el Presidente tuvo en cuenta en sus expresiones durante el reportaje que le concedió a Luis Majul el domingo pasado. Claramente hubo una voz –o varias– que le advirtió de la inconveniencia de aplicar un veto a lo votado por el Congreso. Esas voces vinieron no sólo desde fuera sino también desde adentro del Gobierno. Los votos conseguidos fueron producto de la negociación. De entre ella, la más ardua fue la de Diego Santilli para quien, la aprobación del proyecto de ley de Presupuesto representa una prueba interna y externa. En lo interno está en juego su capacidad y eficacia en la negociación con los sectores dialoguistas. En lo externo, por su parte, su credibilidad. El problema más importante que tuvo Guillermo Francos a lo largo de toda su gestión como jefe de Gabinete fue la validez de sus promesas. Para ponerlo blanco sobre negro: Francos llegaba a acuerdos con los opositores en los que enunciaba a sus eventuales interlocutores –en este caso, gobernadores– diversas promesas que después nunca se cumplían. Santilli, quien estuvo presente en el largo, tedioso y vacuo debate de los senadores, tiene el desafío de hacer que sus promesas se transformen en hechos. En su mensaje en la red X se encargó de resaltar “el coraje de los diputados, senadores y gobernadores que entendieron que el país cambió”. Entre los senadores peronistas que votaron positivamente estuvieron: Guillermo Andrada de Catamarca, y Sandra Mendoza, de Tucumán. Habrán sido producto de un aporte del Grupo JaJa, integrado por los gobernadores Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, como muy ocurrente y agudamente lo definió nuestro colega Federico Mayol. El ministro del Interior es, desde el punto de vista político, uno de los ganadores de este capítulo. “No dejó nada librado al azar, una derrota lo hubiera dejado rengo dentro y fuera del gabinete” –reconocieron en su entorno. La otra, claramente, es Patricia Bullrich. El Presidente quien, consciente de lo que se jugaba, estuvo atento durante todo el día, no demoró un minuto en celebrar en la red X lo que, sin dudas, es un gran triunfo del Gobierno. “Somos una montaña rusa de emociones. Hace menos de 10 días cuando Diputados le dio media sanción al proyecto, los ánimos venían muy abajo por no haber podido derogar la ley de discapacidad y de financiamiento universitario. Hoy la historia es otra, pero deberíamos ser un poco menos ciclotímicos” –reconoció un libertario que no salía de su asombro. No le falta razón, por aquellas horas hasta corrió la versión del veto como un reguero de pólvora.

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La aprobación de la Ley de Presupuesto 2026 en general y en particular representa una nueva derrota para el peronismo en general, y para el kirchnerismo en particular. El poder de Cristina Fernández de Kirchner, afectada de una apendicitis complicada con una peritonitis local que la ha tenido a mal traer durante toda esta semana, va menguando día a día. Esa mengua incluye –y afecta– a su hijo Máximo –enfrentado en una interna que no para de agravarse con Axel Kicillof y compañía. El último episodio de esta saga de final abierto fue el enfrentamiento entre los trapitos y los intendentes de Lanús, Julián Álvarez, y Quilmes, Mayra Mendoza. En medio de todo ese embrollo apareció uno de los así denominados “gerentes de la pobreza”, Juan Grabois. El polémico dirigente representa un clavo en el zapato para Kicillof y sus secuaces. Grabois es CFK, por si alguien lo ha olvidado. “Hasta que el peronismo no logre emanciparse definitivamente de la condenada, no tendrá chances serias de reorganizarse y pelear por el poder real” –aseguraron cerca de un intendente del Conurbano que la sufrió en carne propia.

El PRO es el otro espacio político que ha ido rifando parte de su capital fagocitado por la ola violeta. Del radicalismo mejor ni hablar. La falta de líderes capaces de ofrecer una alternativa seria al oficialismo es un problema que, más pronto que tarde, afectará a la dirigencia responsable que cree en la alternancia como llave para una democracia sana.




domingo, 21 de diciembre de 2025

Improvisación en la política y la furia de los más cercanos… @dealgunamanera...

 Improvisación en la política y la furia de los más cercanos…

Todo roto. Dibujo: Pablo Temes.

La gestión parlamentaria en crisis revela que algunos vicios de LLA continúan pese al triunfo electoral.

© Escrito por el Doctor Nelson Castro el domingo 21/12/25 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.


Fue una alegría efímera. La celebración de la madrugada del jueves se vio bruscamente interrumpida cuando en el Gobierno advirtieron que la Ley de Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario no habían sido derogadas. Por lo tanto, la media sanción del proyecto de Ley de Presupuesto terminó siendo una derrota para el oficialismo. Ni bien supo esto, Javier Milei enfureció y amenazó con vetarla si es aprobada por el Senado. ¿Qué fue lo que pasó?

“Pasó de todo en esa madrugada”, comenta un legislador que estuvo allí, que agrega: “Hubo traiciones de todo tipo. Gobernadores que habían sido beneficiados con los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que se dieron vuelta y, para que no faltase nada, el acuerdo entre el oficialismo y el kirchnerismo por los cargos en la Auditoría General de la Nación (AGN) que enfureció al PRO” . “Acá nadie se salva; todos están manchados”, concluyó.

El diputado Cristian Ritondo bramaba de furia en esas horas en las que reinaba la oscuridad. Ritondo, que fue uno de los más fervorosos a la hora de apostar a una confluencia con La Libertad Avanza, debió “saborear” el amargor de la traición ante la designación de los nuevos auditores de la AGN: Mónica Almada, por LLA; Pamela Calletti, que responde al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz; y Juan Forlón, por Unión por la Patria. “La falta de códigos corre por cuenta de La Libertad Avanza y de quien preside la Cámara”, expresó con un indisimulable enojo que tenía como destinatario al presidente del cuerpo, Martín Menem.


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La transa con el kirchnerismo a espalda de sus socios es una gran contradicción.

Esta transa con el kirchnerismo llevada adelante a espaldas de sus socios naturales representa una gran contradicción con los principios del oficialismo que, en este caso –como así también en otros– pasó de vituperar a la casta a tener comportamientos similares a ella. Es decir –por si alguien no lo entendiera–, a ser uno más de la casta.

Haber incluido en el capítulo XI del proyecto de Ley de Presupuesto la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario y de la Ley de Emergencia en Discapacidad fue un grosero error político del funcionario que lo propició. Quien lo hizo no asimiló lo que pasó hace pocos meses con estos temas tan sensibles para la opinión pública: el Congreso los aprobó, el Presidente los vetó y luego el Parlamento revirtió los vetos, para lo cual necesitó mayorías especiales, o sea, más de los dos tercios de los votos de los legisladores.

¿Fue Luis Caputo el “genio” que impulsó esa idea? ¿O fue Javier Milei quien le dio luz verde al “mejor ministro de Economía de la historia de la Argentina para avanzar con esta mala idea? ¿Fueron los gobernadores dialoguistas, luego de obtener fondos por medio de los siempre famosos ATN? Los señalados en este acápite son: el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el gobernador de Chaco, Leandro Zdero; el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz; y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. Los que conocen al detalle la trama de este ida y vuelta con destino de nada hablan de un amateurismo fenomenal por parte de los “negociadores” de LLA. Milei ha hecho saber que, así como está, la Ley de Presupuesto será vetada. Tal vez debería tomarse un minuto para pensarlo bien porque el Fondo Monetario Internacional pide que haya Ley de Presupuesto. Todos estos dilemas se dilucidarán el próximo viernes, cuando el proyecto se tratará en la Cámara de Senadores.

El mal momento que representó para el Gobierno la aciaga madrugada del jueves se vio compensado –y con creces– por el fiasco del acto organizado por la Confederación General del Trabajo y asociados en la Plaza de Mayo en las primeras horas de la tarde de ese mismo día. Ese acto que, en su esencia, duró tan solo unos veinte minutos, fue una demostración acabada de la decadencia imparable de la dirigencia sindical y del peronismo. De los 150 mil asistentes con los que bravuconearon los organizadores quedó una sombra. Lo que abundó no fue la gente sino los claros que mostraron con tanta nitidez los drones de los canales de televisión. Los triunviros a cargo de la conducción de la CGT estuvieron más preocupados en evitar encontronazos entre sus militantes tanto con los militantes de La Cámpora –con los que se quieren cada vez menos– y con las agrupaciones de izquierda. En definitiva, lo único que le interesaba a la dirigencia sindical era salvar la ropa. Por eso recibieron con alivio el anuncio hecho con una inusual serenidad por la senadora Patricia Bullrich de que el tratamiento del proyecto de ley de reforma laboral pasa para febrero del año próximo.

En el peronismo las tensiones internas escalan día a día. El centro de la pelea es CFK.

En el peronismo las tensiones internas escalan día a día. La frase estampada en la remera que usó Máximo Kirchner en la reunión del Consejo del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires lo dijo todo: “Juegan a primero yo, y después también”. Como se ve, no los une ni siquiera el espanto. El centro de la pelea y la puja por el poder menguante del justicialismo tiene nombre y apellido: Cristina Fernández de Kirchner.

A propósito de la condenada: mientras los testimonios de los involucrados en la causa de los cuadernos de Oscar Centeno la complican día a día, consiguió que el juez le permita acceder a la terraza del edificio de San José 1111 para tomar sol y permitir que su organismo genere las cantidades de vitamina D necesarias para asegurar la fortaleza de su sistema óseo, su sistema inmunitario y su salud en general, en vista de la larga estadía que, encerrada en su prisión dorada, le depara el futuro.






domingo, 14 de diciembre de 2025

Primer objetivo: conseguir que salga la reforma laboral… @dealgunamanera...

 Primer objetivo: conseguir que salga la reforma laboral…

Patricia Bulrich. Dibujo: Pablo Temes.

La relación con la política y los dirigentes tiene un primer desafío clave para el futuro. 

© Escrito por el Doctor Nelson Castro el domingo 14/12/2025 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

El segundo tiempo de la gestión del actual gobierno ha comenzado. Fue el miércoles pasado, 10 de diciembre. Ya, en el horizonte, despunta la primera batalla: el proyecto de ley de reforma laboral. En ese escenario aprontan sus soldados la desvaída CGT y el decadente peronismo. Esos son los adversarios de siempre a los cuales el Gobierno confía en poder doblegar. Sin embargo, con eso no alcanza, porque hay un actor que apareció en escena el viernes y produjo estrépito: la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. La Asociación salió con los tapones de punta a criticar duramente el proyecto de ley, señalando por medio de un comunicado que, entre otras cosas, contiene artículos que tiene por objetivo la disolución del fuero laboral. Esos artículos son, en los hechos, el 90 y el 91.

El artículo 90 del proyecto señala: “Los jueces que resuelvan causas de índole laboral deberán, de forma obligatoria, adecuar sus decisiones a los precedentes establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia. El apartamiento infundado de los magistrados respecto de dichos criterios configurará una causal de mal desempeño en sus funciones”.

El artículo 91 habla de la “Vigencia transitoria de la Justicia Nacional del Trabajo. La Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo entre la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una vez formalizado dicho acuerdo, se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos”.

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El Gobierno debería prestar atención a esta advertencia de los jueces, quienes marcaron que están en estado de alerta. Hay que recordar que los magistrados tienen la última palabra sobre la constitucionalidad o no de las leyes, es decir –en definitiva– de su legalidad y, por ende, de su vigencia. Recuérdese –a manera de ejemplo que, en junio de 2013, la Corte Suprema declaró inconstitucional el proyecto de ley con el que la condenada expresidenta Cristina Fernández de Kirchner quiso someter a la Justicia.

El tema judicial dará aún más tela para cortar. Un primer objetivo que no debe ser olvidado es la necesidad de completar las dos vacantes existentes en la Corte Suprema. A eso se le suma la necesidad imperiosa de cubrir las vacantes existentes en todos los fueros.

Mientras tanto, la rosca política no se detiene. La Libertad Avanza confía en que tendrá 33 votos garantizados para la primera parada legislativa en el Senado: a sus 19 senadores más el apoyo de Luis Juez, le suma los diez del radicalismo y los tres del PRO. Apuesta también por los apoyos que obtuvo en su primer tiempo de gestión: los dos misioneros, el correntino Espínola y la tucumana Ávila. Así el Gobierno tendría la media sanción asegurada en el recinto donde tiene menor peso específico.

En el oficialismo repiten una especie de consigna como un mantra: “No se tocan los derechos del laburante; se reorganizan para tener reglas claras sin abusos y con menos burocracia sindical”. En este último punto la realidad demuestra otra cosa. El Gobierno no aceleró a fondo para desarticular a la casta sindical. La cuota solidaria que hoy abonan todos los trabajadores como aporte a los sindicatos aunque no estén afiliados a ninguno seguirá vigente. Se trata de una de las fuentes de recaudación del establishment sindical más arraigada en el viejo sistema. Los libertarios también aceptaron que los gremios con personería sean los que tengan que firmar los convenios por empresa.

La pregunta es muy simple: ¿por qué una nueva etapa de “modernización laboral” mantiene semejantes privilegios? En el Gobierno se justifican enumerando los avances de la nueva ley y aseguran que el “paquete de leyes para refundar la Argentina” va mucho más allá de la pelea con los sindicatos. “Vamos a terminar con la industria del juicio y bajar los costos laborales para que tanto las pymes como las grandes empresas puedan contratar más gente sin temor a desfinanciarse” –aseguran. Es cierto, pero también es verdad que el Gobierno y las centrales obreras exageran sus posturas para darle pasto a los propios. Hay que mantener las formas.

A pesar de no haber sido golpeada en su línea de flotación, la CGT saldrá a la calle contra la reforma laboral de Javier Milei. La movilización será el 18 de diciembre hacia la Plaza de Mayo, como parte de un plan de lucha que incluirá “medidas graduales” contra el Gobierno y la idea de sumar a las dos CTA y a los movimientos sociales. El show debe continuar. En una dirigencia sindical que atrasa 30 años, todavía reina la idea de “ganar la calle” como una demostración de poder. La expectativa de la CGT es reunir unos 150 mil manifestantes en la Plaza de Mayo. Gerardo Martínez (Uocra) dijo: “Analizaremos un programa de acción.

Comienza una etapa de resistencia. Nada está descartado, esperemos que podamos constituir una masa crítica. Todo puede pasar”. La falsa épica ante todo. Como en los viejos tiempos del kirchnerismo que, dicho sea de paso, está listo para conspirar dentro y fuera del Palacio Legislativo. Las primeras voces de esa fuerza señalaron que el Consejo de Mayo –órgano consultivo que trabajó en el paquete de leyes– no es vinculante y aseguraron que “no se permitirá que el empresariado y un puñado de liberales borren de un plumazo las conquistas laborales históricas de los trabajadores”. ¿A quién le importa realmente la protección y generación de empleo? Si todo sale como anticipan la mayoría de los analistas serios, el aumento del trabajo formal debería ser un objetivo defendido por todos. Como siempre ocurre, cuesta demasiado soltar la cartera de privilegios que hicieron de la Argentina un país inviable por muchos años.