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lunes, 18 de noviembre de 2024

La confirmación de la condena contra CFK y la polémica por la suspensión de su jubilación… @dealgunamanera...

La confirmación de la condena contra CFK y la polémica por la suspensión de su jubilación…


La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a 6 años de prisión contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa “Vialidad”. Al día siguiente, el gobierno de Javier Milei le quitó la jubilación de privilegio como ex presidenta y la pensión que recibe como viuda de Néstor Kirchner. Repasamos en detalle el fallo judicial y la decisión del Ejecutivo.

© Escrito por Manuel Tarricone el miércoles 13/11/2424 y publicado por Chequeado.com de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas:

  • La Sala IV del tribunal ratificó la condena a 6 años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública que le había dictado el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 en diciembre de 2022.
  • Por el momento, la ex presidenta no irá presa ya que el fallo no está firme y puede ser apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
  • La Cámara de Casación, además, ratificó las condenas que había dictado el Tribunal Oral contra Lázaro Báez, José López y los responsables de Vialidad nacional y de la provincia de Santa Cruz. También se confirmó la absolución de Julio De Vido y Abel Fatala.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a 6 años de prisión contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria) en la causa “Vialidad”. Los jueces ratificaron la sentencia dictada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2. 

Es la primera causa judicial en la que se condena a Fernández de Kirchner, aunque no irá presa ya que todavía el fallo no está firme porque la ex presidenta puede recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En esta nota, las claves del fallo de Casación y la causa “Vialidad”.

Qué resolvió la Cámara de Casación.

En la audiencia, Gustavo Hornos, presidente de la Sala, leyó la parte resolutiva de la sentencia, en la que se confirmaron todas las condenas y absoluciones dictadas por el Tribunal Oral. En el caso de la ex presidenta, se la condenó a 6 años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública pero se la absolvió por la acusación de asociación ilícita. También se le dictó la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

También se confirmaron las condenas dictadas por el Tribunal Oral contra el empresario Lázaro Báez (6 años); el ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López (6 años); el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti (6 años); los ex responsables de la DNV en Santa Cruz, Mauricio Collareda (4 años) y Raúl Daruich (3 años y 6 meses); y los ex titulares de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz, Juan Carlos Villafañe (5 años), Raúl Pavesi (4 años y 6 meses) y José Santibáñez (4 años).

También confirmó la absolución del ex ministro Julio De Vido y del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala. Además, se ordenó el decomiso de $ 84 mil millones.

Qué dice el fallo de la Cámara de Casación.

El fallo tiene más de 1.500 páginas. Los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña votaron por confirmar la condena a 6 años por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, mientras que Gustavo Hornos, en minoría, votó, además, por sumar el delito de asociación ilícita, que había sido solicitado por la fiscalía en el juicio oral y por el fiscal de la Cámara de Casación, pero fue rechazado por los jueces del Tribunal Oral y por la mayoría de Casación.

Según Hornos “se probó de manera contundente” que los imputados, “utilizando la estructura estatal, abusaron de sus cargos, y de las herramientas que facilitaba el ser parte del Poder Ejecutivo Nacional, para realizar sus actividades ilícitas en perjuicio del erario público y de la ciudadanía toda. Todo ello fue realizado de manera organizada y con distribución de roles y coordinados por quien fuera la jefa de la empresa criminal: Cristina Fernández de Kirchner”.

Y agregó: “No se trató de una unión circunstancial ni de un hecho aislado en particular, y ello se evidencia no sólo por la duración que tuvo la asociación sino también por el modo organizado en el que actuaban, existiendo una clara división de tareas y la existencia de un patrón común. Fueron 12 años de arbitrariedades, de un abuso sistemático en la obra pública de Santa Cruz, con claro apartamiento de sus normas, donde los más altos mandos de la administración pública dirigieron las órdenes al grupo para el desarrollo de las maniobras de corrupción juzgadas”.

Por su parte, Barroetaveña destacó que el Tribunal Oral probó que “se seleccionó una modalidad de contratación específica” que “permitió la cartelización de la obra pública (…) en favor de un grupo de empresas que respondían” a Báez; que “ante los incumplimientos de los contratos no se multó a las empresas de Báez ni se rescindieron ninguno de los contratos”; que Báez tuvo “un canal de pago preferencial (adelantos financieros)” de Vialidad que así lo permitieron; y que sus empresas eran las únicas que al finalizar 2015 no tenían pagos pendientes.

Además, agregó que en 2015, con el cambio de gobierno, “se ideó un plan para culminar con la maniobra fraudulenta”, del que participaron, según el fallo, José Francisco López, Lázaro Báez, Cristina Fernández de Kirchner, Nelson Periotti y José Raúl Santibáñez. En ese plan “se pretendió crear una deuda en favor de las empresas de Báez” y “se trató de atribuir el cierre de las empresas” al cambio de gobierno para evitar la “sensación de fuga”.

El juez también mencionó el Decreto 59/2009, dictado por Fernández de Kirchner, que permitió a la Dirección Nacional de Vialidad “beneficiarse de los fondos de un fideicomiso (…) para aplicarlo al financiamiento de obras viales”. Y que se probó que en el decreto “no se enumeraron ni describieron las obras que se ejecutarían con aquel financiamiento”.

Qué dijo Cristina Fernández de Kirchner.

El martes, un día antes de la confirmación de la condena, la ex presidenta publicó un comunicado en sus redes sociales en el que dio por hecho que la Cámara de Casación ratificaría el fallo del Tribunal Oral y cuestionó a los jueces y fiscales que intervinieron en el proceso

“¿Por qué me condenan “Los Copitos de Comodoro Py”? Por un delito que como Presidenta nunca pude haber cometido: el de administración fraudulenta en obras viales, aprobadas por el Parlamento en los presupuestos nacionales, licitadas, ejecutadas y pagadas por el gobierno de la Provincia de Santa Cruz y aprobada su rendición de cuentas por la Auditoría General de la Nación y el Congreso de la Nación desde el 2003 al 2015”, señaló Fernández de Kirchner.

Y agregó: “Tan es así, que ningún Jefe de Gabinete de la Nación -constitucionalmente responsable de la ejecución del presupuesto y la administración del país- fue acusado y que el propio Ministro nacional responsable del área durante nuestros tres gobiernos, fue absuelto. Se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo”.

Qué dijo Javier Milei sobre la condena a Cristina Fernández de Kirchner.

Tras conocerse el fallo, el presidente Javier Milei escribió en X: “Recuerdo que en la campaña fuimos criticados por no expedirnos sobre la culpabilidad de Cristina Fernández de Kirchner. Por los mismos que hoy hablan de respeto a las instituciones. Bueno, en el día de hoy (durante este gobierno) la Justicia Argentina confirmó la condena e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la ex Presidente. Hoy podemos afirmar sin ninguna duda que Cristina Fernández de Kirchner es culpable de actos de corrupción”.

Cómo sigue la causa “Vialidad”.

Cristina Fernández de Kirchner ya fue condenada en 2 instancias, pero por el momento no irá presa. Es que el fallo aún no se encuentra firme, ya que la ex presidenta aún puede recurrir vía recurso extraordinario o recurso de queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo tribunal del país. 

El mismo criterio aplica para la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Es decir que mientras el fallo no esté firme, podría ser candidata a cargos electivos.

Si la Corte Suprema confirmara la sentencia de los 2 tribunales inferiores, la condena estaría en condiciones de ejecutarse. Sin embargo, la Corte no tiene plazos para expedirse.

Comentarios:

·       Arnaud Iribarne: 15 de noviembre de 2024 a las 6:35 pm

El Dr. Rodolfo Barra especialista en Derecho Administrativo, ex Juez de la Corte designado por este Gobierno como Procurador General (imposible de ser considerado kirchnerista) se le pidió una pericia. En el extenso texto llega a la conclusión que NO HAY NINGUNA POSIBILIDAD de que haya podido intervenir en el delito. El Dr. Cuneo Livarona, actual Ministro de Justicia, también opina que hay un delito cometido en Vialidad de Santa Cruz pero NO HAY NINGUNA PRUEBA, ningún testigo que haya visto u oído ningún documento, ninguna grabación que la vincule con el hecho delictivo.

·        Liliana:16 de noviembre de 2024 a las 3:35 pm

Una pregunta, ¿Chequeado leyó y analizó la causa? Porque los comentarios de ambas partes ya los conocemos por la prensa, y las pruebas ¿dónde están? ¿Se analizaron? Pensé que estaría leyendo algo distinto, como ser las pruebas en forma directa. De lo contrario estamos frente a un lawfare.

Ernesto Passini: 
16 de noviembre de 2024 a las 8:42 pm

Para analizar este fallo primero que debemos mirar es el peritaje pedido por el Ing. Iguacel sobre 5 obras de infraestructura sobre 45. Esas 5 peritajes son en el sur En dicho peritaje, de público conocimiento en PDF al alcance de la mano de cualquiera, en Conclusiones Generales, si te es pesado leerlo, dice que las diferencias son insignificante respecto de lo contratado. Otro punto llama la atención que ninguno de los jefes de gabinete de Cristina no figuran en la causa. Llama aún más la atención que el arquitecto Julio de Vido sea sobreseído. En fin si el motivo es el odio a Cristina F de Kirchner es bueno decirlo " odio a la chorra" Y nos evitaríamos tiempo y esfuerzo de los Sr jueces. Vean las mediciones en prov. De Bs As en intensión de votos y tendrán una respuesta. Más la golpeas, más crece.




 

sábado, 16 de diciembre de 2023

Medidas económicas de Luis Caputo: 10 datos para entender lo que anunció… @dealgunamaneraok...

Medidas económicas de Luis Caputo: 10 datos para entender lo que anunció…

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció 10 medidas económicas que marcan el inicio de la gestión de Javier Milei (La Libertad Avanza). En esta nota, Chequeado te explica todas ellas con datos de contexto para entender qué fue lo que anunció el flamante ministro.

© Escrito por Manuel Tarricone, Lucía Gardel y José Giménez el miércoles 13/12/2023 y publicado por Chequeado.com de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

El Ministro de Economía emitió un mensaje grabado en el que anunció las primeras medidas económicas de la gestión del presidente Javier Milei. Tipo de cambio, subsidios, obra pública, importaciones, empleo público, publicidad oficial, transferencias a las provincias, planes de empleo y políticas sociales. En esta nota, datos de contexto sobre los 10 anuncios de Caputo.

1- Se decreta la suspensión de la pauta oficial

Caputo señaló que el Gobierno nacional suspenderá por un año la publicidad oficial en medios de comunicación, algo que ya había adelantado el vocero presidencial Manuel Adorni en su conferencia de prensa matutina.

De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Economía de la Naciónen lo que va de 2023 el Estado nacional gastó $ 33.477 millones en “Prensa y Difusión de Actos de Gobierno”. Los datos llegan hasta el 4 de diciembre último, es decir, antes de la asunción de Milei. El presupuesto anual vigente de este ítem es de $ 40.807 millones, es decir que hasta ahora se gastó el 82% del presupuesto. En 2022 se gastaron $ 13.121 millones en este programa. Si se ejecuta todo el presupuesto previsto para 2023, las partidas para publicidad oficial registrarán un aumento real del 34,6%.

En la Argentina no existe una ley que regule los criterios de reparto de la publicidad oficial. Hay resoluciones de la Secretaría de Comunicación Pública de la Nación que determinan requisitos para que los medios reciban pauta oficial y establecen criterios de reparto, como el alcance del medio, zona geográfica, pertinencia del mensaje y fomento del federalismo y pluralidad de voces.

2- Los ministerios bajan de 18 a 9

Javier Milei formó su gabinete con 9 ministerios, la mitad de los que existían al final de la gestión de Alberto Fernández (Frente de Todos). Así, a partir de esta semana el Poder Ejecutivo cuenta con los siguientes ministerios: Interior; Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa; Economía; Seguridad; Salud; Justicia; Infraestructura y Capital Humano. Seis de los ministerios ya existían con ese nombre y uno cambió su denominación. Por su parte, Capital Humano e Infraestructura son nuevos y concentran varias áreas.

El gabinete de Fernández comenzó en 2019 con 20 ministerios y finalizó con 18; Mauricio Macri (Cambiemos) arrancó con 20 y terminó con 11. Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria) terminó su mandato con 16 ministerios. Eduardo Duhalde (PJ) y Néstor Kirchner (Frente para la Victoria) gobernaron con 10 ministros, respectivamente.

En términos de género, Milei conformó un gabinete que cuenta con un 33% de representación femenina. Si se tienen en cuenta todas las designaciones de ministros y ministras a lo largo de cada administración, hasta el momento la de Milei es la que cuenta con un mayor porcentaje de representación femenina. En términos absolutos, teniendo en cuenta toda la gestión, el gobierno del Frente de Todos fue el que más ministras mujeres tuvo (9).

Ministras designadas en los gabinetes de cada gobierno.

Se tienen en cuenta todas las designaciones de ministros y ministras a lo largo de cada administración.


3- Se reducen los subsidios a la energía y el transporte

En los primeros 10 meses de 2023 el Gobierno destinó $ 2,1 billones a los subsidios a la energía. Según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), esto representó una caída real (es decir, contemplando el efecto de la inflación) del 25,2% con respecto a igual período de 2022. 

De acuerdo con los datos de la empresa mixta Cammesa (la distribuidora mayorista de energía eléctrica), en octubre de 2023 el Estado cubrió el 60% del costo total de la energía. Es decir que los usuarios a través de las tarifas pagaron el 40% de lo que costó efectivamente producir la electricidad que consumieron. En el caso de los usuarios residenciales con subsidios, sólo pagaron el 17% del costo total de la tarifa y el resto lo cubrió el Estado.

En el caso del gas natural, los últimos datos disponibles del Enargas (de principios de 2023) muestran que en promedio el Estado nacional asumiría en 2023 el 67,3% del total de la tarifa.

En cuanto al transporte, los subsidios insumieron hasta octubre último $ 718 mil millones, lo que significó un incremento del 12,4% real con respecto a los primeros 10 meses de 2022.

De acuerdo con los cálculos del Gobierno anterior, actualmente el Estado cubre el 90% del boleto promedio de colectivo, mientras que los usuarios pagan sólo el 10%. Según estos cálculos, el precio promedio del boleto sin subsidios para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sería de $ 422. Sin embargo, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) indicó que en noviembre último el costo real del boleto fue de $ 541.

4- Se mantienen los planes Potenciar Trabajo de acuerdo al Presupuesto 2023

El presupuesto vigente de 2023 para el programa Potenciar Trabajo es de $ 998 mil millones. En lo que va del año se gastó el 89% de ese total, con datos actualizados hasta el 4 de diciembre.

Potenciar Trabajo es un plan de inserción laboral que unificó iniciativas previas -como Hacemos Futuro y el Salario Social Complementario-. Los titulares de este programa participan a través de proyectos socio-productivos, socio-laborales y/o socio-comunitarios o a través de la terminalidad educativa. El objetivo, según la web oficial del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, es “promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica”.

A partir del 1 de enero de 2024 se transfieren las personas titulares del Programa Potenciar trabajo al Programa de inclusión laboral. Los datos oficiales del ex Ministerio de Desarrollo Social  indican que hasta agosto de 2023 el programa contaba con 1,2 millones de beneficiarios. Los beneficiarios del Potenciar Trabajo cobran mensualmente el 50% de un Salario Mínimo Vital y Móvil. Actualmente, el salario mínimo es de $ 156 mil, es decir que los beneficiarios del Potenciar Trabajo perciben $ 78 mil mensuales.

Caputo señaló que el Potenciar Trabajo se mantendrá “de acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuesto 2023”. Es decir que, en un contexto inflacionario, se espera que el valor real del programa disminuya.

5- Se duplica la AUH y aumenta en un 50% la Tarjeta Alimentar

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es una suma mensual que se paga por cada hijo menor de 18 años cuando sus padres están desocupados, tienen empleos informales o son trabajadores del servicio doméstico. El programa se creó en 2009 y a julio de 2023 cuenta con 4,1 millones de beneficiarios.

Según datos de la ASAP, entre enero y octubre de 2023 la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) destinó $ 548 mil millones al pago de la AUH. En términos reales, agrega ASAP, esto representa una caída del 14,5% respecto del mismo período de 2022. Desde diciembre de 2023, el monto de la AUH es de $ 20.661 mil, es decir que si se duplica, como anunció Caputo, llevaría el monto mensual a $ 41.332.

Por su parte, el Programa Alimentar consiste en una transferencia monetaria a familias para la compra de alimentos. Está dirigido a personas con hijos de hasta 14 años que cobran la AUH y a embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la Asignación por Embarazo o las personas con discapacidad que perciben la AUH. El requisito para acceder al programa es ser beneficiario de la AUH.

En lo que va de 2023, el ex Ministerio de Desarrollo Social destinó $ 593 mil millones a este programa, con un presupuesto vigente de $ 611 mil millones. Actualmente, la Tarjeta Alimentar representa un monto de $ 22 mil mensuales para las familias con un hijo; $34.500 con 2 hijos; y 45.500 con 3 hijos. Si se incrementa en un 50%, como mencionó el ministro de Economía, la transferencia mensual por hijo sería de $ 33 mil (un hijo), $ 51.750 (2 hijos) y $ 68.250 (3 hijos).

Hasta noviembre de 2023, los ingresos de una familia con un hijo que cobra la AUH y la Tarjeta Alimentar (un total de $ 34 mil) habían caído en términos reales un 24% con respecto a igual mes de 2022.

6- “No se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de 1 año de vigencia”

Con los datos actualmente disponibles, no es posible saber cuánto personal del Estado nacional tiene menos de 1 año de contrato, pero sí se puede conocer cómo se compone el empleo estatal del Gobierno nacional.

Como se explica en esta nota, esa información está contenida en la Base Integrada de Empleo Público (BIEP) de la Subsecretaría de Empleo Público de la Nación, que cuenta con información detallada de los puestos de trabajo de cada una de las dependencias nacionales, desde 2010 hasta la fecha.

De acuerdo con esta base, en mayo de 2023 (último dato disponible) se registraron 403 mil empleados en el Poder Ejecutivo Nacional (incluyendo organismos autárquicos, como el PAMI o la AFIP, y el personal de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas).

De ese total, 202.300 corresponden a fuerzas de seguridad; 98.500 a personal de planta permanente (es decir, que cuentan con estabilidad en el cargo); 23.800 es personal concursado (que se sometió a un proceso de selección en competencia con otros postulantes); y 5.800 son empleados de planta temporaria (no cuentan con estabilidad total).

En relación con la medida anunciada por Caputo, en mayo de 2023 existía un total de 72.500 personas contratadas, de las cuales 70.100 eran a plazo fijo (es decir, que contaban con fecha de finalización y el Gobierno podría decidir no renovarles), mientras que casi 2.400 eran por tiempo indeterminado

7- “Vamos a reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado nacional a las provincias”

Como se explica en esta nota, se llama “transferencias discrecionales” a aquellas que no están reguladas por la Ley de Coparticipación Federal y pueden ser repartidas según la voluntad del Ejecutivo nacional, pero sin seguir ningún criterio ni prioridad establecido de antemano.

Este tipo de transferencias pueden ser “corrientes” (destinadas a solventar gastos tales como el pago de sueldos, por ejemplo) o “de capital” (utilizadas para la realización de obras públicas).

De acuerdo con datos de la ASAP, hasta octubre de 2023 el Gobierno nacional giró a las provincias poco más de $ 1 billón destinados a gastos corrientesSe trata de una caída real del 5,7% con respecto a igual período de 2022, principalmente a raíz de menores giros en concepto de asistencia financiera y de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

En tanto, las transferencias de capital a las provincias acumularon en los primeros 10 meses del año $ 387 mil millones, una caída real del 4,9%.

8- “El Estado nacional no va a licitar más obra pública nueva”

Como se explica acá, para medir el nivel de inversión en obras públicas es necesario sumar 2 indicadores que se informan junto con la ejecución del presupuesto nacional: la inversión real directa (que incluye los gastos en obra pública y otras erogaciones de capital, como la compra de equipos y maquinaria) y las transferencias de capital (que suman los recursos que el Gobierno nacional gira a las provincias y los municipios para la realización de trabajos de infraestructura).

De acuerdo con los últimos datos oficiales, hasta octubre último las transferencias de capital totalizaron casi $ 1,4 billones, mientras que la inversión real directa fue de $ 562 mil millones. Se trata de un incremento real del 2,4% con respecto a igual período de 2022.

9- “Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial: va a pasar a valer $ 800”

No hay una única forma de ponderar si el valor del dólar está atrasado o no respecto de otras variables de la economía, como se explica en esta nota.

Una de las formas de saberlo es a través del Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral. Esta estadística, que se expresa a través de un índice elaborado por el Banco Central, mide el precio relativo de los bienes y servicios de la economía argentina con respecto al de los de sus 12 principales socios comerciales para determinar cuál es el valor real de la divisa.

Los datos del índice se comparan con respecto a diciembre de 2015. De acuerdo con la serie histórica, el punto más alto se registró en mayo de 2002, cuando superó los 200 puntos luego de la salida de la Convertibilidad decretada por el entonces presidente Eduardo Duhalde (PJ), que produjo una devaluación que llevó el valor del dólar inicialmente por encima de los $ 3.

El tipo de cambio real multilateral se ubicaba, previo a la devaluación anunciada por Caputo, en 81,2 puntos, el registro más bajo registrado desde el final de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria) en diciembre de 2015.

10- “Reemplazaremos el sistema de importaciones SIRA”

El Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) comenzó a funcionar en octubre de 2022 en reemplazo del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI).

El SIRA es un procedimiento de permisos electrónicos para gestionar las importaciones, coordinado por la AFIP. Los importadores deben llenar una planilla en la que tienen que detallar los productos a importar y demostrar que cuentan con los fondos necesarios para hacer frente a la compra. 

La AFIP cuenta con 90 días para aprobar la importación y, si no lo hace en ese plazo, el trámite queda anulado.

El uso del SIRA fue cuestionado por la Unión Industrial Argentina (UIA), que denunció demoras de más de un mes en la autorización de las importaciones y la existencia de una deuda comercial (es decir, importaciones que se efectuaron pero no se pagaron) de más de US$ 40 mil millones.