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domingo, 8 de enero de 2023

Obsesiones… @dealgunamaneraok...

 Obsesiones…

Manotearla al córner. El “Dibu” Lorenzetti. Dibujo: Pablo Temes.

Alberto F sigue la agenda que quiere imponer Cristina.

© Escrito por Nelson Castro el sábado 07/01/2023 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

Las obsesiones de Cristina Fernández de Kirchner son las que hoy en día marcan la agenda del Gobierno. Así como en sus dos mandatos como presidenta, la hoy vicepresidenta tuvo en el centro de sus caprichos a los medios en general y a Clarín en particular, ese lugar es ocupado hoy por la Justicia. La condena contra CFK en la causa Vialidad y el fallo de la Corte Suprema ordenando la devolución a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los fondos suprimidos en septiembre de 2020 –y otorgados a Axel Kicillof– fueron los disparadores de esta ofensiva alocada del Gobierno contra la Corte.

Lo lamentable, pero no sorprendente, es que el presidente Alberto Fernández se ha sumado a esa iniciativa disparatada y nociva para su propia administración. Es difícil entender el pensamiento del primer mandatario que sabe que, por más vueltas que le busque, el juicio político contra los cuatro ministros de la Corte no prosperará porque el oficialismo no cuenta en el Congreso con los votos suficientes para hacerlo avanzar.

Tampoco es fácil de comprender que, a pesar del desprecio que CFK le profesa en público y en privado, intente seguir complaciéndola a costa de someter su propia persona al ridículo. “Sabemos que no tenemos los votos pero intentaremos destruir la imagen pública de los integrantes de la Corte. Lo que pretendemos es ensuciarlos a más no poder”, señala una voz kirchnerista con brutal sinceridad.

Todo es historia. Nada de esto es nuevo en la historia del peronismo. Durante su primera presidencia, el general Juan Domingo Perón ordenó enjuiciar a todos los integrantes de la Corte por haber convalidado los golpes militares de 1930 y 1943. La sentencia, dictada el 30 de abril de 1947, determinó la remoción de todos los ministros del cuerpo, con excepción del Dr. Juan Repetto, que renunció previo al juicio. Lo curioso es que el mismo Perón había participado de esos dos golpes de Estado.

Se complica el ‘vamos viendo’

En 1990, el entonces presidente Carlos Menem decretó el aumento del número de miembros de la Corte de cinco a nueve, nombrando para los nuevos cargos a jueces adictos. El 14 de junio de 2003, el ex presidente Néstor Kirchner anunció la sustanciación del juicio político a cinco de los nueve miembros del máximo tribunal. Julio Nazareno, Guillermo López, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O´Connor y Antonio Boggiano. Los tres primeros renunciaron y los dos restantes fueron finalmente destituidos.

En 2006, la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner propuso la reducción del número de integrantes del Consejo de la Magistratura, que pasó de tener 20 a 13 miembros. Ello significó un mayor peso en el cuerpo de los representantes políticos que, en virtud de la mayoría que tenía le dio al kirchnerismo un enorme poder para designar jueces afines y remover a quienes no lo eran.

En 2021 –quince años después de sancionada– esa reforma fue finalmente declarada inconstitucional por la Corte Suprema. En 2013, CFK impulsó la llamada “Democratización de la Justicia”, proyecto que fue aprobado por el Congreso y declarado inconstitucional por la Corte.

Y para completar este resumen de los intentos del kirchnerismo de anular la independencia judicial y obtener la suma del poder público, hay que recordar el desplazamiento del procurador general de Santa Cruz, Eduardo Sosa –hombre de gran valor y apego a la ley en tierra kirchnerista–, que había comenzado a investigar los actos de corrupción cometidos por Néstor Kirchner cuando se desempeñó como gobernador. Alberto Fernández había prometido oponerse a estas maniobras claramente anti republicanas del kirchnerismo. Hoy vemos que eso era mentira. Una más para su colección.

Sin sorpresas 

Pedidos e internas. Desde el oficialismo se esfuerzan por demostrar que el pedido de juicio político a la Corte será ordenado y con total apego a las normas. Fue un pedido directo de Alberto F, según confesó públicamente Germán Martínez, el jefe de bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados: “Nos pidió ser muy argumentativos, fundamentar todo, darle mucha seriedad institucional al proceso y tratar de que sea un espacio con muchos argumentos y pocas chicanas”.

Tampoco quieren ni pueden darle a la filtración ilegal de los chats que involucran al ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, el lugar que les gustaría. Hay que cuidar las apariencias pero la intromisión de un poder sobre el otro, bien gracias.

Dentro de Juntos por el Cambio la defensa del ministro fue bastante tibia. Hay quienes creen dentro de la coalición opositora que el kirchnerismo continuará filtrando información a cuentagotas para perjudicarlos más cerca del desarrollo de la campaña.

Este ha sido un tema más para ahondar las diferencias que subyacen en el seno de la oposición. La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, criticó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por no darle el respaldo suficiente a D’Alessandro y pidió que la justicia investigue si César Milani está detrás de la filtración ilegal de los chats que involucran al ministro. Parte de la UCR también puso reparos.

Asoma una campaña difícil, larga y con los ciudadanos en un triste segundo plano.



  

domingo, 11 de diciembre de 2022

Los chats de la polémica… @dealgunamaneraok...

El viaje a Lago Escondido: el escándalo que sacó del “modo Mundial” al círculo rojo... 

Recibimiento. La foto que registraría la llegada del grupo al aeropuerto de Bariloche. La captura de uno de los chats entre jueces, magistrados y referentes de medios de comunicación con charlas que intentan desmentir. Fotografía: CEDOC 

Los protagonistas de las conversaciones filtradas no pudieron hasta ahora, unificar una estrategia firme para justificar su contenido. El consultor Tomás Reinke, uno de los supuestos pasajeros del viaje a la Patagonia renunció a su puesto en una empresa que brinda servicios al Gobierno de la Ciudad. También dejó su lugar Julián Leunda, jefe de asesores del presidente Alberto Fernández. Por ahora, ningún magistrado ni referente de Juntos por el Cambio tomó distancia de su cargo. 

© Escrito por Rosario Ayerdi el domingo 11/12/2022 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


Argentina estaba por ingresar a la cancha para jugar los octavos de final contra Australia, pero jueces, empresarios y políticos no podían dejar de mirar lo que llegaba a sus celulares. El sábado 3 de diciembre los links con presuntas conversaciones que se vuelven cada día más difíciles de desmentir circulaban de un chat a otro y se volvían virales.

 

Los involucrados quedaron tan sorprendidos que no encontraron una estrategia firme y común: algunos dijeron que eran falsos, otros hablaron de un hackeo y hasta llegaron a decir que “con la tecnología se podía hacer lo que se quiera con la voz” en referencia a los 55 audios en los que cuatro jueces, funcionarios de Juntos por el Cambio y empresarios del Grupo Clarín buscan la manera de ocultar un viaje a Lago Escondido y de justificar su financiamiento ante la Justicia para no ser acusados por dádivas e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.

 

El vuelo que se esforzaron en desmentir existió y partió de San Fernando el 13 de octubre gestionado por la empresa Flyzar con destino a Bariloche. Viajaron los magistrados Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials y Carlos Mahiques. También lo hicieron el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro; el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques; el consultor, Tomás Reinke; y un exhombre de Inteligencia, Leonardo Bergot. Todos llegaron juntos para ser recibidos en el aeropuerto por Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto y director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín y el CEO del grupo empresario Jorge Rendo, quienes habrían oficiado de anfitriones durante el fin de semana que compartieron en la residencia de Joe Lewis en Lago Escondido. 


La captura de uno de los chats entre jueces, magistrados y referentes de medios de comunicación con charlas que intentan desmentir.

A partir de la publicación de El Destape y Página/12, los involucrados habrían creado dos grupos de chat para desmentir la información y preparar pruebas falsas con el objetivo de sortear la investigación judicial en la que derivaron las notas periodísticas.
 

“Podríamos averiguar el tema de una facturita en Lago Escondido”, se escucha en voz del fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques. “El avión lo pagamos nosotros. Y fuimos a la casa de mi amigo si Uds lo creen conveniente, no podemos decir que nos regalaron el vuelo”, escribe el usuario que aparece en este presunto grupo con el nombre del magistrado Pablo Cayssials a lo que su par, registrado como Julián Ercolini responde: “No es más fácil que nos facture Lago Escondido dos noches con media pensión??”. “Pero nos facturaron después de ir, no antes y ninguno sacó la tarjeta pagamos todo grone?”, admite Cayssials, según se desprende de la filtración.

 

Este escándalo provocó que el consultor Tomás Reinke sea corrido de su cargo de director en Mediabit, empresa que tiene como clientes al Gobierno de la Ciudad, como así también al Estado nacional y Bonaerense. Además, dejó su lugar como jefe de Asesores presidenciales Julián Leunda, quien aparecía mencionado en los chats como uno de los que consiguió que la información del vuelo no fuese divulgada. Pero ningún juez o funcionario de Juntos por el Cambio involucrado en el caso Lago Escondido que ya los tiene como imputados pidió licencia o renunció. Este no es sólo un pedido de los dirigentes del Frente de Todos, sino también desde Juntos por el Cambio. La diputada Margarita Stolbizer aseguró que D’Alessandro debería dar un paso al costado para no entorpecer la investigación.

Lo que aseguran haber pagado por el vuelo es un costo inferior a un viaje privado


“Muchachos les cuento: la fiscal federal de Bariloche bien, buena predisposición, me ofreció mandar la causa a Py o en su defecto pedir o que aportemos nosotros o ella pedir a la empresa las facturas del vuelo y eventualmente, del hospedaje con los denunciados, digamos sin Jorge y sin Pablo y en base a eso cerrarla, así que si están de acuerdo avanzo en alguna de estas opciones”, dice en un presunto audio al que accedió PERFIL Juan Bautista Mahiques.

 

La fiscal de la que habla sería María Cándida Etchepare, quien recién cuando salieron a la luz los chats decidió imputar a los involucrados. “Fue posible determinar que el día 13 de octubre del corriente año se trasladaron desde Buenos Aires hacia esta ciudad en un avión privado propiedad de la empresa ‘Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos SA’, matrícula LV-GCK, los pasajeros Julián Ercolini, Leonardo Bergroth, Tomás Reinke, Juan Bautista Mahiques, Marcelo D’Alessandro, Carlos Alberto Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Gabriel Cayssials. Todos ellos retornaron al aeropuerto de San Fernando el día 15 del mismo mes y año”, dice la fiscal. Las imágenes que revela Perfil forman parte del expediente judicial.

 

Sobre el financiamiento del viaje, la resolución detalla que: “La firma acompañó –a pedido de esta sede– copia de las facturas emitidas en favor de los denunciados, muchas de ellas datadas el mismo 13 de octubre por la suma de $ 120 mil, a excepción, de las que corresponden a Bergroth de fecha 17 y 19 del mismo mes por la suma de $ 120 mil y $ 60 mil, respectivamente. Es decir, éstas últimas resultan posteriores a la fecha en que habría viajado y por un monto superior. Llama la atención que en todos los casos los pagos figuran como efectuados en la modalidad ‘contado’ y que el pago se realizara el mismo día del vuelo”. Se investiga también que lo que aseguran haber pagado por el vuelo es un costo inferior a lo que saldría este viaje privado. Estos montos que figuran en el expediente son los mismos que acuerdan en el chat pagar después del viaje para evitar ser investigados por dádivas.


La hipótesis de instalar el espionaje ilegal que surgió del ministro de Seguridad de la Ciudad cuando debió romper el silencio sobre el viaje y los chats que se filtraron, también forman parte de las conversaciones de los grupos de Telegram de los viajantes a Lago Escondido.

 

“Yo estoy de acuerdo y haría mucho mucho hincapié en el tema del espionaje, inclusive diría lo que yo creo que es verdad: los tipos de la PSA de Bariloche no sé cuánto conocimiento tienen de nosotros con lo cual hay una clara orden de seguir por lo menos a ciertas personas o a nosotros en función de lo que hacen”, dice D’Alessandro a sus compañeros de viaje antes de saber que sus conversaciones se harían públicas.

 

Al chatear figura hasta una amenaza no solo de disolver la Policía de Seguridad Aeroportuaria en caso de que lleguen al gobierno nacional, sino también de hacer “cagar” a su titular.


Denuncias y más chats


El caso Lago Escondido tuvo una primera denuncia como respuesta de uno de los protagonistas de la travesía, el magistrado Pablo Yadarola, quien pidió abrir una investigación por espionaje ilegal.

 

Esto se suma a la denuncia de hackeo que el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro había hecho el 19 de octubre por el que se pusieron a la venta los contenidos de los chats de Telegram, entre los que estarían las conversaciones por el viaje a Lago Escondido.


Sin embargo, esto no sería todo lo que puede llegar a conocerse ya que los hackers también dieron muestras de una supuesta conversación con el empresario del juego y expresidente del club Boca Juniors, Daniel Angelici y una conversación con otro contacto sobre un ofrecimiento de dinero.

 

Desde el entorno de D’Alessandro aseguran que estas conversaciones habrían sido editadas y serían falsas.

 

Sin embargo, no dice lo mismo el propio Angelici. Según publica Emilia Delfino en ElDiarioAr “Angelici ratificó que le solicitó al ministro de Seguridad ‘un favor’ para que D’Alessandro permitiera a un custodio del ex dirigente xeneize ascender en el escalafón de la Policía de la Ciudad, a pesar de que estaba fuera de término”.