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domingo, 17 de noviembre de 2024

 Algarabía oficialista…

"Let’s dance", Donald Trump y Javier Milei. Dibujo: Pablo Temes.

Los libertarios festejan la caída de la inflación y la condena a CFK. Pero el salario sigue en el fondo del pozo.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 17/11/2024 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

Lo ocurrido en Mar-a-Lago, en la noche del jueves pasado, quedará en los anales. Nunca antes un presidente electo de los Estados Unidos había recibido a un presidente argentino. No solo eso: Javier Milei fue el primer mandatario extranjero con el que Donald Trump se encontró desde que fue electo por una mayoría abrumadora en las elecciones del 5 de noviembre.

La relación de afecto nacida entre ambos se extendió por carácter transitivo a todo su entorno y a sus más fanáticos seguidores. No es habitual que en esos círculos haya un conocimiento tan detallado y extendido de lo que hace un presidente argentino. Ni siquiera ocurrió algo así con Carlos Menem ni con Arturo Frondizi ni con Mauricio Macri, que fueron los presidentes argentinos que más estrechas relaciones tuvieron con las administraciones estadounidenses. West Palm Beach, el lugar en donde se encuentra la residencia de Mar-a-Lago, trae reminiscencias de otra cumbre presidencial histórica. Ocurrió cuando, en la Navidad de 1961, John Fitzgerald Kennedy recibió en su residencia a Arturo Frondizi, por quien sentía un profundo respeto. En aquella ocasión, el encuentro tuvo como tema excluyente el análisis de la situación en Cuba.

El nivel de popularidad que tiene Milei en la militancia trumpista es notable. La motosierra se ha convertido en un símbolo que encuentra emulación en la decisión del presidente electo en la designación de Elon Musk y de Vivek Ramaswamy para hacerse cargo del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Serán los Federico Sturzenegger del nuevo gobierno.

No obstante esta corriente fervorosamente elogiosa hacia él, sería bueno que Milei hiciese una lectura adecuada de lo que, en términos prácticos, pudiera traducirse en acciones concretas por parte de Trump. Hay que recordar que, durante su primera presidencia, no hubo para Jair Bolsonaro, con quien la afinidad también fue muchísima, beneficios extraordinarios de parte de Trump. Como ya se expresó en esta columna, Mauricio Macri sí tuvo una ayuda muy concreta y crucial: el apoyo de los Estados Unidos que llevó al directorio del Fondo Monetario Internacional a aprobar los préstamos de magnitud nunca vistos antes que recibió la Argentina. Al respecto, hay que decir que la aspiración primigenia del ministro Luis Caputo es que ese apoyo se repita para poder acceder a un acuerdo que le permita llegar a obtener los dólares necesarios para poder levantar el cepo cmbiario. Esos dólares hoy faltan y eso crea un problema porque, más allá de las declaraciones tanto de Caputo como de Milei en las que tratan de minimizar su impacto, el cepo representa un obstáculo a las inversiones extranjeras que nuestro país tanto necesita.

El 2,7% de inflación de octubre fue la mejor carta de presentación que, al partir, Milei llevó a su reunión con Trump. En las recorridas periodísticas que se hicieron, la mayoría de los comerciantes de distintos rubros reconoció que las remarcaciones habían disminuido sensiblemente. Sin embargo, esta estabilidad –que no es uniforme– no redunda en un aumento del consumo. La razón es muy simple: la caída del salario. Muchas familias con un trabajo formal no logran esquivar la línea de la pobreza.

Por eso, el Presidente debería ser más prudente cuando habla de la recuperación de los ingresos. Ningún salario se ha acercado ni remotamente al nivel de inflación de este año, que ronda el 107%. Pudo haberse frenado la recesión pero aún queda un largo camino por recorrer para que la actividad económica despegue a niveles que generen un derrame que pueda ser percibido por la mayoría de la gente. “El Presidente es consciente del esfuerzo que está haciendo el pueblo argentino para poder acompañar las medidas que nos llevarán a estabilizar el país pero también sabe que a poco menos de un año de gestión los resultados obtenidos han sido superlativos. Nos decían que íbamos a durar tres meses y hoy estamos siendo reconocidos a nivel mundial”, se jactó un libertario de la primera hora.

Existe otro motivo para la algarabía oficialista. Es el pasado que vuelve y les recuerda a los argentinos lo peor de los veinte años de kirchnerismo. La Cámara de Casación Penal confirmó la condena contra Cristina Kirchner por el caso Vialidad a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Aún le queda la opción de ir hasta la Corte Suprema, que no tiene un plazo temporal para resolver el caso. Por eso CFK no irá a prisión y, de no aprobarse el proyecto de ley de Ficha Limpia en el Congreso Nacional, podrá competir en las elecciones del año entrante.

Vale la pena hacer un paréntesis para desarticular la insostenible perorata de la expresidenta. Como buena oradora, Cristina intenta justificar todo lo que le sucede por un supuesto intento de proscripción y misoginia. “Como no me pueden pegar una piña, hacen lo que están haciendo desde Comodoro Py”, se la escuchó decir en su impostada aparición en territorio amigo luego de ratificada la condena. Sabe perfectamente que es el segundo tribunal que falla en el mismo sentido y que la maniobra de corrupción para desviar fondos del Estado en triangulación con Lázaro Baez a sus propias cuentas fue tan pero tan burda que no quedó la más mínima duda de aquel procedimiento.

No existe proscripción y, por si quedaran dudas, es bueno recordar que Ficha Limpia surgió hace varios años por iniciativa ciudadana. No podrán ser candidatos a cargos públicos quienes tengan una condena por corrupción contra el Estado ratificada por un tribunal de alzada. Es lógica pura y un intento por mejorar la calidad institucional y evitar que el Estado se convierta en un aguantadero para quienes se refugian en los fueros de manera indefinida para eludir la Justicia. Argentina se merece, de una vez por todas, un salto de calidad en su sistema democrático. Boleta única es ley. Ficha limpia es una deuda pendiente que ya debería quedar saldada.



lunes, 13 de mayo de 2024

Panorama económico. La bestia que avanza y nadie le presta atención… @dealgunamanera...

 Panorama económico. La bestia que avanza y nadie le presta atención…

Picosaurio. Dibujo: Pablo Temes

El desenlace del juicio en EE.UU. por la reestatización de YPF va a encontrar a una Argentina desarmada e inerte.

© Escrito por Carlos Burgueño el domingo 11/05/2024 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

La bestia avanza. Nadie la puede parar. Y en algún momento, embestirá fuerte contra Argentina. Y, de no cambiar radicalmente la realidad económica y financiera local, será un golpazo del que se tardarán años, quizá décadas, en salir. Sorprende la inacción, no sólo del Gobierno, sino de toda la clase política criolla; la que a esta altura debería estar resolviendo cómo enfrentará el problema cuando explote, y represente un bombazo enorme contra la estabilidad financiera del país. A cambio de esto, los políticos locales se señalan como los responsables, culpan a fantásticas conspiraciones o, directamente, niegan que sea un problema. Y, como no, apuntan a ver cómo ganar algunos votos con la cuestión. Lo cierto, es que cuando llegue el punto final de un proceso que amenaza demoledor, y de no cambiar la inactiva realidad, la conclusión de un proceso judicial contra la Argentina en los Estados Unidos, donde hay casi nulas chances de ganar; encontrará al país desarmado e inerme.

El juicio contra el país por la manera en que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner reestatizó YPF, continúa su derrotero, con novedades más que peligrosas para la muy débil posición argentina. Como se sabe, las últimas novedades son que el fondo vencedor Burford Capital sobreactúa que quiere cobrar, y le pide a la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska quien falló en contra de la posición local, que avance con embargos a las acciones que el Estado argentino tiene en YPF, el Banco Nación, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), Aerolíneas Argentinas, la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales SA, (Arsat) y Energía Argentina SA (Enarsa). No reclama los embargos para cobrar, sino para garantizarse que el gobierno argentino lo hará en el futuro, cuando el caso termine su derrotero que hoy tiene parado en la Cámara de Apelaciones de Nueva York; donde es muy difícil que el país logre dar marcha atrás lo que ya decidió Preska. Habrá, además, una estación más antes del desenlace. Argentina probablemente apele ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos; una instancia donde el país nunca tuvo suerte. El proceso total puede demandar unos dos años, y culminar en algún momento del 2026. Demasiado tiempo para pensar soluciones en un país acostumbrado en que el corto plazo es semanas, el mediano un mes y el largo un semestre. Sin embargo, un país que se maneje seriamente debería estar analizando cómo pagará los US$ 16 mil millones que reclaman con un fallo de primera instancia a su favor los Burford Capital y Eton Park, los que con intereses podrían incrementar el número a más de US$ 18 mil millones finales.

Esta causa empezó a ser negociada por el fondo Burford en junio de 2012. Pudo esperar una definición casi 11 años.

Para tener una idea de la dimensión de lo que se está hablando, es el caso de mayor pasivo en dólares en la historia de los juicios de Wall Street. Es la segunda deuda más importante del país luego de los US$ 44.800 millones que se le deben al Fondo Monetario Internacional (FMI). Es el juicio de un privado a un país más importante a nivel mundial. Y, lo más destacado, no hay ninguna manera que Argentina genere semejante cantidad de dólares y los deposite en las reservas del BCRA para cuando el juicio haya concluido. Al ritmo que vienen recuperándose las reservas netas del Banco Central, recién Argentina podría conseguir ese dinero en unos tres años. Pero, claro, debería olvidarse de abrir el cepo. O de pagarle al FMI. O de cumplir con las obligaciones financieras contraídas en el canje de deuda de octubre del 2020.

En paralelo, un tema explosivo navega el juzgado de Preska. Un gran misterio de este megajuicio es quiénes son los socios del principal fondo demandante y vencedor, Burford Capital. Esta persona, personas o sociedades recibirán, cuando Argentina pague, miles de millones de dólares que tendrá que pagarle el país. Para agregarle misterio al guion, Burford ya vendió el 15% del juicio en US$ 66 millones en junio de 2017; tres años después de haberlo adquirido en unos 35 millones de dólares en los tribunales madrileños donde se llevaba adelante el concurso de Petersen Energía y Petersen Inversora. En aquella operación, el fondo de capitales ingleses especializado en adquirir por el mundo causas judiciales semimuertas para luego inyectarles capital y argumentos penales y comerciales para revivirlas y accionar en consecuencia; había valuado la totalidad de la causa por la renacionalización de YPF en unos US$ 440 millones; mientras le declaraba a Preska por un reclamo general de más de US$ 3 mil millones. Con esos 66 millones de dólares de venta del 15% de la causa a los misteriosos accionistas de la causa, Burford Capital puedo solventar todos los gastos de la causa, tanto su adquisición en Madrid, como las acciones judiciales en el Segundo Distrito Sur de Nueva York que maneja Preska. Si la Justicia de los Estados Unidos mantuviera firme el fallo negativo contra el país (algo casi inevitable) hasta el de la causa para cuando llegue a la Corte Suprema de los Estados Unidos y sostuviera así, que el monto a pagar fuera de US$ 16 mil millones, la ganancia de Burford entre la compra de la causa y el cobro final treparía al 45 mil % en algo más de nueve años de juicio. Supera incluso al más de 1.000% de ganancia de los fondos buitre contra Argentina en la causa iniciada en 2006 y finalizada en 2016.

El reto de las reservas, una disputa de poderosos y la pesada deuda eléctrica.

La causa se basa en el reclamo de Burford por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem. Allí el país se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado.

La demanda fue iniciada por un especialista mundial en este tipo de batallas: el fondo Burford Capital. El tipo de maniobra en que se especializa Burford es ofrecer a tribunales de todo el mundo dinero al contado a cambio de la venta de la totalidad o parte de los derechos de estas causas. Burford, un gigante financiero con espaldas amplias, luego aplica el profesionalismo de sus abogados internacionales con toda la paciencia del mundo para esperar los fallos finales. De hecho, esta causa comenzó a ser negociada por Burford en junio de 2013; con lo que pudo esperar una definición de casi 11 años.

El reclamo original del fondo es por los daños generados al resto de los accionistas de la petrolera argentina, luego del pago que se les hiciera a los españoles de Repsol por la reestatización del 49% de YPF en 2012. Burford les había comprado a dos empresas españolas, Petersen Energía SAU y Petersen Inversora SAU (sin vinculaciones ya en ese momento con el grupo argentino Petersen), el privilegio de presentar un caso contra la República Argentina y contra YPF, luego de la expropiación de Repsol en 2012. Finalmente, el 11 de julio de ese año, la compañía anunció que había comprado al fondo estadounidense Eton Park Capital una participación del 70% en un caso similar presentado contra el soberano e YPF en 2016.



    

domingo, 12 de mayo de 2024

Nada cambió. El Ferrocidio sigue ahí… @dealgunamanera...

Nada cambió. El Ferrocidio sigue ahí…

Bienvenidos al tren, Javier Milei. Dibujo: Pablo Temes

Tras el accidente de Palermo, es obvio que nadie sabe a ciencia cierta cuál es el nivel de acción de los organismos de control del Estado.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 12/05/2024 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

La tragedia estuvo a punto de enseñorearse otra vez en el atribulado devenir de la Argentina. De milagro no se produjeron víctimas fatales, luego del tremendo choque de trenes ocurrido en la media mañana del viernes pasado en las vías del Ferrocarril San Martín a la altura del puente que cruza la avenida Figueroa Alcorta. Víctimas fatales es un eufemismo que se usa para evitar hablar de muertos. La baja velocidad a la que iba el tren de pasajeros que embistió a “La Liviana” –nombre con que se denomina en la jerga ferroviaria a la formación compuesta por una locomotora y un furgón que estaba reparando un tramo de la vía, que viene desde la estación de Retiro– hizo que sólo hubiera heridos y politraumatizados. 

El recuerdo de la Tragedia de Once, sucedida el 22 de febrero de 2012 a las 8.36 de la mañana, fue y es inevitable. Es menester recordar que allí la historia terminó de la peor manera ya que perdieron la vida 51 personas. Falta de mantenimiento, ausencia de controles, obsolescencia del material rodante y corrupción fueron las causas que llevaron a ese desenlace. Fueron la crónica de una tragedia anunciada. Pasaron 12 años, dos meses y 20 días de aquella jornada lúgubre, y, como se ve, nada ha cambiado. Todo sigue igual lo que, en los hechos significa peor.

Desde el nefasto momento en que el expresidente Carlos Menem junto a su ministro de Economía, Domingo Cavallo, hicieron aquel anuncio –lamentable y erróneamente celebrado por muchos–, que postulaba  “ramal que para, ramal que cierra”, se ha vivido un deterioro imparable de gran parte de la vasta red ferroviaria de nuestro país. Se cerraron más de seiscientas estaciones sólo en la provincia de Buenos Aires, hiriendo de muerte a pueblos enteros que quedaron incomunicados y fueron condenados al abandono y la desaparición. Aquel hecho fue el pasaporte que dio paso a ese verdadero disparate. La red ferroviaria debió haber sido cuidada como un verdadero tesoro. 

Hoy en día, los países que marchan a la cabeza del desarrollo privilegian al tren como un medio de transporte altamente seguro y amigable para el medio ambiente. Recuperar lo que se perdió es lisa y llanamente imposible. Hace ya cinco años un informe de la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles determinó que el transporte en camión es dos veces más caro. En Argentina sólo el 5% de la carga comercial se transporta por vía ferroviaria. Esos números se mantienen inalterables. ¿Cómo se explica semejante atraso con cálculos tan elocuentes? Aquí calza perfecto la figura y el imperio que el sindicalista de camioneros Hugo Moyano supo construir al calor y con la complicidad del poder.

El clan Moyano y el grupo de obsecuentes y patoteros que lo rodea ha servido como fuerza de choque y contención de varios de los gobiernos peronistas. Los Moyano son uno o varios grupos empresariales, beneficiados por el poder de turno. Representan la figura perfecta del sindicalista empresario que se posiciona de ambos lados del mostrador. Compañías de servicios de salud, empresas de construcción, negocios en el fútbol, son sólo una muestra de su imperio. Basta con una pregunta para correr el velo al entramado de negocios sucios y poder: ¿Quiénes son los clientes de estas empresas? La respuesta es muy sencilla: la obra social de Camioneros, el sindicato de Camioneros, la Federación de Camioneros, la mutual de Camioneros, el Club de Fútbol Camioneros y el Club Independiente (durante el lapso en que Moyano fue presidente de esa institución cuyo final fue vergonzoso. 

En la actualidad el conspicuo integrante de la casta sindical conserva suficiente poder para imponerse con sus caprichos y decisiones. El mejor ejemplo fue la reforma laboral que no pudo ser convertida en ley tal cual estaba pensada. Efectivamente el corazón de la reforma laboral se fue a la basura. Los sindicatos festejaron la continuidad de los aportes solidarios que cada trabajador debe hacer a su gremio aunque no esté afiliado. Lo mismo ocurrió con la ausencia de sanciones a los bloqueos empresariales, una práctica llevada adelante por la patota de Camioneros en reiteradas oportunidades. Entre otras cosas, la llamada caja sindical ha quedado intacta. Ésta es una descripción de una pequeña parte de la realidad que estanca el crecimiento y la prosperidad de la Argentina como Nación. El final de los trenes que se inició con la soberbia de un expresidente, siguió adelante con la complicidad de los que lo sucedieron en el poder.

El robo de cables y los déficits de mantenimiento del Ferrocarril San Martín –y seguramente de las otras líneas– viene siendo denunciado desde mediados del año pasado. El tema del robo de cables en particular, habla de la degradación social que se vive desde hace ya demasiados años en nuestro país. El riesgo de morir electrocutado en el intento es un ejemplo de la inconsciencia y la marginalidad de quienes cometen tamaño vandalismo. Tan solo queda imaginar la desesperada situación y la falta de apego a la vida de quienes se embarcan en esa locura. Circula en las redes un video de un trabajador ferroviario que, en julio del año pasado, lo explicó y denunció con todas las letras. Sin embargo, durante el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, nada se hizo, tanto para evitar esto como para subsanar sus consecuencias. Nada parece haberse hecho tampoco en este gobierno para enmendar esta realidad.

Nadie sabe a ciencia cierta cuál es el nivel de acción y/o eficacia de los organismos de control del Estado. Se recuerda siempre que, en los meses previos a la Tragedia de Once, la Auditoría General de la Nación había emitido un informe donde alertaba sobre la posibilidad de accidentes graves en el Ferrocarril Sarmiento, al que nadie prestó atención. Nada parece mostrar que en el presente las cosas sean diferentes. Asistimos impávidos a lo que Juan Carlos Sena describió a la perfección en su libro como: “El Ferrocidio”.



domingo, 7 de enero de 2024

Atropello y obstinación... @dealgunamanera...

Atropello y obstinación...

Cupulando. Dibujo: Pablo Temes.

El oficialismo debe asimilar que no todo vale más allá de la legitimidad que le dieron las urnas.

© Escrito por Nelson Castro el sábado 06/01/2024 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


No ha pasado aún un mes desde que Javier Milei asumió la Presidencia. Habitualmente son los días que corresponden a la así llamada “Luna de Miel”, de la que suele gozar cualquier nuevo gobierno. Nada de esto aplica al presente de la Argentina. Dos son las razones para esta circunstancia: la primera, la profunda crisis económica por la que atraviesa el país; la segunda, las profundas medidas de shock emanadas del flamante gobierno.

La combinación de una y otra son caldo de cultivo, para una situación de conflictividad que sacude a la sociedad.

Desde el momento mismo en que las posibilidades de Milei de ganar las elecciones tuvieron visos de concreción, hubo una pregunta –una sola– que se instaló no sólo en los ámbitos de la política, sino también en la calle: ¿podrá plasmar en los hechos todos sus proyectos sin mayorías en el Congreso y sin ningún poder territorial?

Las respuestas comenzaron a aparecer esta semana cuando una Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dio curso al amparo presentado por la CGT primero, y la CTA después, para suspender la vigencia del DNU en el ámbito del Derecho Laboral. A esta altura ya hay más de cuarenta amparos presentados ante la Justicia, para frenarlo en su totalidad.

Y respecto del proyecto de ley enviado al Congreso   –denominado “Bases para el Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos”– nada permite suponer que los deseos del oficialismo de tenerlo aprobado a fines de enero, cuando termine el período de sesiones ordinarias se vean complacidos.

Las formas importan

Hay en los sectores duros del gobierno una disociación marcada entre los deseos y la realidad. Una política de shock, sin concesiones, sólo puede ser llevada adelante cuando un gobierno tiene la suma del poder público. Fue eso lo que pasó con Carlos Menem en los años 90. La mayoría amplia que tenía en ambas Cámaras del Congreso, entre los gobernadores y la influencia que tuvo en el Poder Judicial, posibilitaron que sus proyectos se concretaran. Esa suma del poder absoluto lo hizo posible. Recuérdese, como ejemplo, el famoso “Per Saltum” instrumentado por la Suprema Corte de Justicia de entonces, de mayoría menemista, que permitió destrabar la privatización de Aerolíneas Argentinas que había sido suspendida por el juez federal del fuero Contencioso Administrativo Oscar Garzón Funes, ante la presentación del exdiputado Moisés Fontenla, del Grupo de los Ocho.

Hoy la situación es otra: la Corte Suprema es claramente independiente del gobierno y, en caso de tomar la decisión de aplicar el recurso del “Per Saltum”, sería una sorpresa que su fallo lo favoreciera.

El panorama en el Poder Legislativo es bastante similar. El proyecto de “Ley de las Bases” ha ingresado ya en el Congreso, pero las comisiones que deben tratarlo no están aún conformadas, con lo cual, las chances de ser tratado y aprobado a fin de enero tiene, a esta hora, la categoría de la ilusión.

Nadie sabe a ciencia cierta cómo es que el Presidente apostó a esta especie de todo o nada con un proyecto que, por su complejidad, debe ser tratado y aprobado por numerosas comisiones antes de llegar al plenario. La lógica aconsejaba una fragmentación para que pudiera tener un trayecto más simple, que le hubiese hecho posible ir alcanzando sus objetivos paso a paso. Este es un razonamiento que comparten funcionarios importantes del gobierno que chocan contra la obstinación de un hombre que ha adquirido un sorpresivo poder: Federico Sturzenegger. Muchas de estas cosas, el expresidente del Banco Central durante la primera mitad de la presidencia de Mauricio Macri, las había trabajado para Patricia Bullrich. Sturzenegger se ha convertido en un halcón que da la sensación de estar viviendo un tiempo de revancha después de haber sido eyectado de sus funciones por Macri y reemplazado, casualmente, por el actual ministro de Economía, Luis Caputo. Tan envalentonado se lo ve que se enfrascó en una serie de declaraciones poco prudentes y desafiantes que motivaron que alguien dentro del gobierno le pidiera que redujera su exposición pública.

En el medio está la gente

Una muestra de la falta de contacto con la realidad del proyecto de ley es lo que pasó con la pesca. El proyecto, en su texto original, quitaba la obligatoriedad de que los buques descarguen sus productos en puertos argentinos, proponía la libre competencia entre empresas argentinas y extranjeras –lo cual generaría condiciones desiguales de operación– y quitaba la obligatoriedad de que el 75% del personal embarcado sea de nacionalidad argentina. Eso generó la reacción de todos los gobernadores de las provincias con costa sobre el litoral marítimo a los que se les sumó el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. Debió intervenir pues el ministro del Interior, Guillermo Francos, que se reunió el mediodía del jueves con Montenegro y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, para modificar esos puntos de controversia. Intentando disimular lo evidente, Francos señaló que “habrá temas que serán clarificados en la redacción del artículo de la ley” (sic).

Más allá de cualquier subsanación en los textos definitivos, el error de base radica en la lógica de creer que, con algo de voluntarismo y mucho de prepotencia, se alcanzarían los objetivos planteados. En resumen: falta experiencia política.

Entre los principales empresarios argentinos existe la “voluntad de colaborar”, pero persiste el temor por el tiempo que pueda demandar la tan ansiada “luz al final del túnel”. Vale la pena mencionar que en rubros como el alimenticio y el textil esos mismos empresarios están demostrando su falta de mesura y su codicia. También depende de ellos el sacrificio y la carga que pueda soportar la gente. Deben entender que la Argentina no tiene muchas más oportunidades de salir del pozo en el cual está estancada desde hace décadas.

En este contexto, la ingenuidad del gobierno llegó a tal punto, que volvió a sobrevolar la idea de convocar a una consulta popular para satisfacer sus necesidades. Los principales constitucionalistas coinciden en que el Presidente no puede convocar a consulta popular respecto del DNU, simplemente porque no se tratan allí temas de su competencia. El oficialismo debe asimilar que –más allá de la legitimidad que le dio el resultado electoral–, no puede valerse del atropello y la obstinación para conseguir resultados. Su suerte y la de todos los argentinos, dependerá en gran medida, del retorno al camino del diálogo y la construcción política.



   

sábado, 9 de diciembre de 2023

Los dos modelos... @dealgunamaneraok...

Los dos modelos...


El presidente electo, Javier Milei, adelantó que en el futuro inmediato convivirán en la Argentina una economía estancada y altos índices de inflación. En sus palabras, “va a haber una estanflación, porque cuando hagamos el reordenamiento fiscal, impactará negativamente en la actividad económica”. Inmediatamente atribuyó esa situación a las políticas monetarias aplicadas por el gobierno saliente. Luego agregó: “por eso yo digo que la única billetera que va a estar abierta es la de Capital Humano, para darle contención a los caídos”.

© Escrito por Carlos Heller (*) el domingo 03/12/2023 y publicado en el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. 

Milei dice, y tiene razón, que es el primer presidente votado por un porcentaje significativo de la ciudadanía que, durante la campaña electoral, anticipó que si ganaba iba a llevar adelante un fuerte ajuste.  

Otros gobiernos que impulsaron planes similares no los anticiparon o, incluso, plantearon lo contrario. Fue el caso del de Carlos Menem, quien prometió “salariazo y revolución productiva” y a quien luego se le atribuyó la frase “si decía lo que iba a hacer no me votaban”. Mauricio Macri en 2015 transitó una senda parecida: en la campaña electoral aseguró que iba a respetar todo lo que estaba bien del gobierno anterior y que impulsaría una “revolución de la alegría”. 

Milei, como ya dijimos, viene sosteniendo que en la Argentina es indispensable un gran ajuste y que su implementación debe hacerse a través de una política de shock: resolver el déficit cuasifiscal generado por las Leliq, interrumpir la obra pública, eliminar ministerios, acelerar privatizaciones y despidos, entre otras iniciativas. Por supuesto: es imposible desarrollar un proceso de recortes de gran magnitud sin que haya “caídos”. 

Desde su perspectiva, el camino hacia el bienestar exige atravesar el malestar: si se toman esas medidas drásticas de ajuste, dice el presidente electo, se podrá derrotar a la inflación en un plazo que va desde los 18 a los 24 meses. La Argentina sin inflación es posible. Pero, según ellos, hay que pasarla mal un tiempo. En ese mismo sentido, Diana Mondino, futura canciller del nuevo gobierno, afirmó en una reunión con la UIA: “Aguanten seis meses que la Argentina va a ser el mejor país del mundo”. 

Hay, en estos planteos, cuestiones ideológicas de fondo. Milei no considera, por ejemplo, que en los procesos inflacionarios haya un componente importante de puja distributiva. Por eso en su diagnóstico sobresale la idea del atraso de ciertos precios relativos. Cuando se habla de ello hay que preguntarse, ¿relativos con relación a qué? La respuesta es respecto a los salarios, las jubilaciones y el resto de los ingresos fijos. Por lo tanto, actualizar los precios relativos supuestamente atrasados significa que todos los ingresos mencionados caigan en términos reales.  

En el corto plazo, es presumible que los que votaron al presidente electo le den un crédito. De lo contrario no lo hubieran votado. Ellos creen que el problema es “el costo de la política y  la casta” y que, si eso “se resuelve”, van a vivir mejor. Nadie vota conscientemente para empeorar. 

Seguramente el nuevo gobierno tratará de utilizar el tiempo inicial de mayor legitimidad para intentar hacer todo lo que quiere hacer. Allí también estará Macri aconsejando al nuevo presidente acerca de que tiene que desplegar sus políticas de modo veloz y que el gradualismo no es una opción. 

Hay dos modelos de país y Milei expresa de un modo nítido uno de ellos. En él todo está sujeto a la rentabilidad económica, la libertad de mercado y las desregulaciones. 

Pero así como el presidente electo expresa uno de los modelos, es importante identificar a quiénes expresamos el otro. Nuestro Bloque de Diputados va a ser el más grande de la Cámara y tendremos una enorme responsabilidad en el proceso político que se abre. 

Milei prometió que el 10 de diciembre, recién asumido, anunciará en la Asamblea Legislativa los proyectos de ley que enviará al Parlamento. Allí volverá a darse el debate estructural sobre los dos modelos de país, pero en torno a iniciativas concretas. Todo resultado electoral establece que quien gana gobierna y quien pierde expresa la oposición. Dentro de la estricta lógica institucional, ejerceremos con plena legitimidad y responsabilidad el rol asignado para esta nueva etapa. 

(*) Diputado nacional por el Frente de Todos y presidente del Partido Solidario.



   

domingo, 8 de enero de 2023

Obsesiones… @dealgunamaneraok...

 Obsesiones…

Manotearla al córner. El “Dibu” Lorenzetti. Dibujo: Pablo Temes.

Alberto F sigue la agenda que quiere imponer Cristina.

© Escrito por Nelson Castro el sábado 07/01/2023 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

Las obsesiones de Cristina Fernández de Kirchner son las que hoy en día marcan la agenda del Gobierno. Así como en sus dos mandatos como presidenta, la hoy vicepresidenta tuvo en el centro de sus caprichos a los medios en general y a Clarín en particular, ese lugar es ocupado hoy por la Justicia. La condena contra CFK en la causa Vialidad y el fallo de la Corte Suprema ordenando la devolución a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los fondos suprimidos en septiembre de 2020 –y otorgados a Axel Kicillof– fueron los disparadores de esta ofensiva alocada del Gobierno contra la Corte.

Lo lamentable, pero no sorprendente, es que el presidente Alberto Fernández se ha sumado a esa iniciativa disparatada y nociva para su propia administración. Es difícil entender el pensamiento del primer mandatario que sabe que, por más vueltas que le busque, el juicio político contra los cuatro ministros de la Corte no prosperará porque el oficialismo no cuenta en el Congreso con los votos suficientes para hacerlo avanzar.

Tampoco es fácil de comprender que, a pesar del desprecio que CFK le profesa en público y en privado, intente seguir complaciéndola a costa de someter su propia persona al ridículo. “Sabemos que no tenemos los votos pero intentaremos destruir la imagen pública de los integrantes de la Corte. Lo que pretendemos es ensuciarlos a más no poder”, señala una voz kirchnerista con brutal sinceridad.

Todo es historia. Nada de esto es nuevo en la historia del peronismo. Durante su primera presidencia, el general Juan Domingo Perón ordenó enjuiciar a todos los integrantes de la Corte por haber convalidado los golpes militares de 1930 y 1943. La sentencia, dictada el 30 de abril de 1947, determinó la remoción de todos los ministros del cuerpo, con excepción del Dr. Juan Repetto, que renunció previo al juicio. Lo curioso es que el mismo Perón había participado de esos dos golpes de Estado.

Se complica el ‘vamos viendo’

En 1990, el entonces presidente Carlos Menem decretó el aumento del número de miembros de la Corte de cinco a nueve, nombrando para los nuevos cargos a jueces adictos. El 14 de junio de 2003, el ex presidente Néstor Kirchner anunció la sustanciación del juicio político a cinco de los nueve miembros del máximo tribunal. Julio Nazareno, Guillermo López, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O´Connor y Antonio Boggiano. Los tres primeros renunciaron y los dos restantes fueron finalmente destituidos.

En 2006, la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner propuso la reducción del número de integrantes del Consejo de la Magistratura, que pasó de tener 20 a 13 miembros. Ello significó un mayor peso en el cuerpo de los representantes políticos que, en virtud de la mayoría que tenía le dio al kirchnerismo un enorme poder para designar jueces afines y remover a quienes no lo eran.

En 2021 –quince años después de sancionada– esa reforma fue finalmente declarada inconstitucional por la Corte Suprema. En 2013, CFK impulsó la llamada “Democratización de la Justicia”, proyecto que fue aprobado por el Congreso y declarado inconstitucional por la Corte.

Y para completar este resumen de los intentos del kirchnerismo de anular la independencia judicial y obtener la suma del poder público, hay que recordar el desplazamiento del procurador general de Santa Cruz, Eduardo Sosa –hombre de gran valor y apego a la ley en tierra kirchnerista–, que había comenzado a investigar los actos de corrupción cometidos por Néstor Kirchner cuando se desempeñó como gobernador. Alberto Fernández había prometido oponerse a estas maniobras claramente anti republicanas del kirchnerismo. Hoy vemos que eso era mentira. Una más para su colección.

Sin sorpresas 

Pedidos e internas. Desde el oficialismo se esfuerzan por demostrar que el pedido de juicio político a la Corte será ordenado y con total apego a las normas. Fue un pedido directo de Alberto F, según confesó públicamente Germán Martínez, el jefe de bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados: “Nos pidió ser muy argumentativos, fundamentar todo, darle mucha seriedad institucional al proceso y tratar de que sea un espacio con muchos argumentos y pocas chicanas”.

Tampoco quieren ni pueden darle a la filtración ilegal de los chats que involucran al ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, el lugar que les gustaría. Hay que cuidar las apariencias pero la intromisión de un poder sobre el otro, bien gracias.

Dentro de Juntos por el Cambio la defensa del ministro fue bastante tibia. Hay quienes creen dentro de la coalición opositora que el kirchnerismo continuará filtrando información a cuentagotas para perjudicarlos más cerca del desarrollo de la campaña.

Este ha sido un tema más para ahondar las diferencias que subyacen en el seno de la oposición. La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, criticó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por no darle el respaldo suficiente a D’Alessandro y pidió que la justicia investigue si César Milani está detrás de la filtración ilegal de los chats que involucran al ministro. Parte de la UCR también puso reparos.

Asoma una campaña difícil, larga y con los ciudadanos en un triste segundo plano.