sábado, 11 de agosto de 2018

Las causas detrás de la megadevaluación… @dealgunamanera...

Las causas detrás de la megadevaluación…


Más allá del contexto externo, lo que expone a la Argentina es el desmantelamiento de todos los controles.

© Escrito por Tomás Lukin el 11/08/2018 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las autoridades argentinas no sólo flexibilizaron el marco normativo sino que se comprometieron con la libre flotación. O sea, terminaron de amputar la capacidad de intervención que tenía el Banco Central en el pequeño, poco profundo y concentrado mercado cambiario.

No fue el tweet del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el aumento de los aranceles a la importación de acero y aluminio desde Turquía. Las razones para la renovada escalada en la cotización del dólar residen en el desmantelamiento de los mecanismos de administración del mercado cambiario y financiero. Celebradas como parte de un presunto proceso virtuoso de reinserción de la Argentina en los mercados internacionales, las medidas implementadas a lo largo de los últimos 33 meses exacerbaron el deterioro que arrastra el sector externo argentino desde 2011. No sólo agudizaron la restricción externa sino que abrieron nuevos canales de exposición y contagio a la volatilidad de los mercados internacionales. 

El punto de partida fue la eliminación de distintas normativas cambiarias y regulaciones financieras que facilitaron la fuga de capitales, incentivaron el endeudamiento en moneda extranjera y profundizaron el déficit comercial, pero el proceso caracterizado por el ingreso de inversiones financieras de corto plazo alcanzó su etapa superior con el programa de financiamiento del Fondo Monetario Internacional. La extinción de herramientas como los plazos mínimos de permanencia para los capitales especulativos o los límites a la compra de divisas para atesoramiento, se conjugaron desde entonces con las condicionalidades previstas en el acuerdo para garantizar “un tipo de cambio flexible y determinado por el mercado”. Entre las medidas definidas a partir de diciembre de 2015 figura además la eliminación de los plazos para que los exportadores liquiden las divisas.

A contramano de las prácticas sugeridas por las investigaciones del propio organismo multilateral y las políticas implementadas por el resto de los países de la región como Chile, Colombia, Perú o Brasil, las autoridades argentinas no solo flexibilizaron el marco normativo sino que se comprometieron con la libre flotación. O sea, terminaron de amputar la capacidad de intervención que tenía el Banco Central en el pequeño, poco profundo y concentrado mercado cambiario. La misma exigencia fue establecida por la firma MSCI para sostener la inclusión de Argentina como economía emergente en sus índices. Desde entonces el único mecanismo para contener una corrida cambiaria y abordar la estructural escasez de divisas consiste en permitir “operar flexiblemente a nuestro tipo de cambio como un amortiguador de shocks, incrementando nuestras reservas internacionales, disminuyendo nuestro déficit de cuenta corriente, y reduciendo nuestras necesidades de financiamiento externo”.

Los ex directores del Banco Central, Alejandro Formento y Germán Feldman, explican que “las reformas estructuraless instrumentadas por el gobierno distan de conciliarse simplemente con el alegado objetivo de eliminar los controles cambiarios y adquieren una profundidad superlativa al poner en crisis el rol del mercado cambiario regulado y el papel de las intervenciones del BCRA”. En una investigación elaborada en la antesala de la corrida cambiaria, los autores advierten que “la desregulación cambiaria ha introducido nuevos factores de riesgo sistémico, que habían sido morigerados durante la etapa de post-convertibilidad gracias a la regulación del mercado de cambios implementada desde el año 2002”. El documento de Formento y Feldman realiza un detallado repaso por las distintas medidas que flexibilizaron el mercado cambiario y financiero.

“La eliminación del marco institucional asociado a la instauración del mercado único y libre de cambios, constituye una fuente de vulnerabilidad macroeconómica ante eventuales shocks externos que pueden derivar en episodios de corrida cambiaria como resultado de la eliminación de los mecanismos necesarios para atenuarlos”, sostienen Formento y Feldman que hoy se desempeñan como docentes en las universidades nacionales de Moreno y San Martín, respectivamente. “Lejos de restablecer el equilibrio del balance de pagos, no han alterado la tendencia observada desde 2011 hacia el deterioro del sector externo sino que, por el contrario, han tendido a incorporar mayores riesgos sistémicos como resultado del debilitamiento de la regulación cambiaria y su función macroprudencial”.

La reinserción de Argentina a los mercados financieros internacionales a través de la liberalización y desregulación constituye un proceso de “financiarización subordinada” que exacerba la dependencia a los humores de los grandes fondos de inversión. La expresión del proceso impulsado por el Palacio de Hacienda y el BCRA es una volatilidad del tipo de cambio y de la fragilidad financiera sistémica.




Caminos oscuros… @dealgunamanera...


Caminos oscuros…

En 2005, Lavagna lo denunció antes de irse. La Justicia esquiva juzgar al poder de turno.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 05/08/2018 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

E 22 de noviembre de 2005, siendo aún ministro de Economía del entonces presidente Néstor Kirchner, Roberto Lavagna pronunció un recordado discurso ante la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción. Dijo en ese ámbito Lavagna: “Hay un cierto grado de cartelización entre las empresas que construyen las obras públicas que hace el Estado, con los sobrecostos que ello implica”. Ante el silencio y el azoramiento de los asistentes, el ministro continuó: “El caso de Vialidad es bien conocido por ustedes y saben que está siendo investigado por Defensa de la Competencia e incluso por el Banco Mundial”. El caso en cuestión tenía que ver con las irregularidades detectadas por las investigaciones que había realizado el Departamento de Integridad Institucional del  Banco Mundial (BM) relativas al Crema (Contratos de Rehabilitación y Mantenimiento por Resultados), hecho que obligó a aquel gobierno de Kirchner a suspender diez licitaciones. Lo que el BM detectó fue que se había presentado un grupo de empresas con precios parecidos, todos los cuales estaban por arriba del rango superior a los valores de mercado. Kirchner, enfurecido por esta declaración de su ministro de Economía, hizo dos cosas: la primera, decirles a las empresas constructoras que ellas eran “la columna vertebral del país”; la segunda, echar a Lavagna luego de cortarle el diálogo por varios días.

Siempre más.

Cuando creíamos haber visto todo acerca de la corrupción del kirchnerismo, la historia de los cuadernos de Oscar Centeno, el hombre que de ser chofer de la madre de Julio de Vido pasó a serlo de Roberto Baratta –su mano derecha en el Ministerio de Planificación–, nos pone frente a un episodio más de la frondosa casuística de la corrupción a lo largo de los 12 años que el matrimonio Kirchner ejerció el poder. Este hecho, sin embargo, presenta un addendum que lo hace aún más impactante: el involucramiento de un grupo de poderosos empresarios que hoy están presos. Lo que se vivió entre el miércoles, el jueves y el viernes en las sedes de muchas importantes corporaciones y en los domicilios de sus gerentes y dueños es ya parte de un anecdotario frondoso y variopinto. “¿Vendrán por mí?”, se preguntó con desasosiego más de uno de esos poderosos hombres de negocios al ver el despliegue policial que llegaba a casas vecinas.

La opinión pública ya estaba “acostumbrada” a los bolsos en los que circulaba el dinero de la corrupción K. Se habían visto en La Rosadita y en el caso del ex secretario de Obras Públicas José López. Lo que no se había visto aún era la aparición de un partícipe de la corrupción K que, con una pertinaz obsesión, se dedicó a anotar días, horas, minutos, segundos, domicilios, lugares y trayectos del derrotero del delito. El único empresario K detenido en esta ocasión es Gerardo Ferreyra, uno de los dueños de Electroingeniería, una mediana empresa dedicada al armado de tableros electrónicos que, a partir del advenimiento de los Kirchner, tuvo dinero para expandirse a la construcción de empresas hidroeléctricas, medios de comunicación, y otras áreas sobre las cuales su experiencia y capacidad operativa eran nulas.

El así llamado “Club de la Obra Pública” representa uno de los grandes males de la Argentina. Negado cuando se habla en “on” por las diferentes autoridades de la Cámara de la Construcción de todos los tiempos y confirmado en las conversaciones en “off”.

Conviven y comparten la metodología empresarios como Carlos Wagner –un “mimado” de Cristina y aportante a sus campañas– de Esuco, la empresa donde trabajó en sus comienzos el arquitecto Julio de Vido, con Javier Sánchez Caballero, CEO de Iecsa, la ex empresa de Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri. En la información existente en los cuadernos, las coimas giran alrededor de las obras energéticas. Wagner, por ejemplo, aparecería muy complicado en el tema Yacyretá. En el caso de Iecsa llama la atención que aquí el detenido haya sido solo el CEO de la empresa y no su propietario. El mismo interrogante vale para la empresa del Grupo Pescarmona. A ese “Club de la Obra Pública” supo pertenecer también la empresa de la familia del Presidente. No solo perteneció sino que compartió sus mismos vicios. El escandaloso contrato para la colocación de cloacas entre Sideco –firma de la Sociedad Macri (Socma) y la intendencia de Morón en tiempos del intendente Juan Carlos Rousselot– en nada se diferencia de lo que fue norma en el kirchnerato.

La corrupción se vio despuntar tempranamente en el caso Skanska. En el libro de Pablo Abiad, El Club K de la Obra Pública, se consigna una ya famosa grabación en la que el gerente comercial de la empresa hablaba de llevar valijas “al pingüino de acá a dos cuadras”.  Por eso, las objeciones que se esgrimen desde el kirchnerismo como intento de neutralización de la denuncia – ¿por qué ahora?; esto es una bomba de humo lanzada por el Gobierno para tapar la realidad socioeconómica; etc. – resultan fatuas. Los hechos son tan irrefutables que ameritan solo una cosa por hacer: investigarlos en profundidad y juzgar y condenar a sus culpables. En las últimas horas hubo una circunstancia de alto valor para el caso: la decisión del empresario Juan de Goycoechea de ser “arrepentido”. Es decir, hablar y aportar evidencias comprobables.

El controvertido juez federal Claudio Bonadio y el fiscal federal Carlos Stornelli tienen la gran oportunidad de demostrarle a la sociedad que están dispuestos a cumplir con su deber republicano. Porque es en el comportamiento de la Justicia donde se debe poner el foco del problema que deja expuesto este y el resto de los casos de corrupción de la historia reciente de la Argentina. La Justicia ha demostrado ser escandalosamente ineficiente para juzgar la corrupción del poder. La causa más emblemática que ratifica esta afirmación es la de la venta ilegal de armas a Croacia y a Ecuador, en 1995. Carlos Menem, condenado a 7 años de prisión 22 años después de cometido el ilícito, anda libre por la vida gozando de la inmunidad que le da su condición de senador. Por eso, no fue casual que el material sobre el que gira toda la causa se lo hayan enviado a un periodista de primer nivel, Diego Cabot –implacable en su rigurosidad e intachable en su honestidad– y no a un juez o a un fiscal.

La Justicia lenta no es Justicia. ¿Lo seguirá siendo o no? Parece una pregunta salida de Hamlet. Nada que sorprenda. “Algo huele mal en Dinamarca” es una frase que podría aplicarse a la Argentina de cada día, del presente y del pasado.

Producción periodística: Lucía Di Carlo.


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