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domingo, 15 de junio de 2025

El fin de la impunidad… @dealgunamanera...

 El fin de la impunidad…


Supremos. Dibujo: Pablo Temes.

Con la Corte firme en su decisión, Cristina Kirchner enfrenta una condena ineludible tras 17 años de maniobras judiciales.

© Escrito por el Doctor Nelson Castro el domingo 15/06/2025 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

El desarrollo de los hechos y su cronología fueron inexorables. Cuando el 4 de junio la Corte Suprema rechazó la recusación que los abogados de Cristina Fernández de Kirchner habían presentado contra el Dr. Ricardo Lorenzetti en la CFP 5048/2016 sobre incidente de recurso extraordinario, la expresidenta supo que su suerte estaba echada. De acuerdo con la presentación de los letrados del 5 de mayo, se había invocado como razón una alegada falta de imparcialidad del ministro del alto tribunal. Los fundamentos de tal reclamo fueron sus fallos en disidencia con los otros dos miembros del cuerpo, algunas declaraciones públicas en televisión y una denuncia de la senadora Anabel Fernández Sagasti ante el Senado de la Nación. Tales comportamientos de Lorenzetti –esgrimía el pedido de recusación– violarían los parámetros de imparcialidad de los magistrados que establecen los principios de Bangalore relativos a la independencia de la Justicia y en el caso “Llerena” del año 2005, en que la Corte sostuvo que la jueza que había participado durante la instrucción de la causa no podía ser la misma que intervenía en la etapa de juicio, ya que ello violaba el principio de imparcialidad.

La respuesta del alto tribunal fue contundente: primero consideró que el planteo había sido presentado fuera de término y estaba falto de las necesarias fundamentaciones jurídicas y, después, sostuvo que la mayoría de los hechos mencionados ya habían sido conocidos antes de la presentación del recurso extraordinario del 13 de febrero, momento en que no se habían planteado.

La autodefinida “abogada exitosa” –tal como lo expresara el 12 de septiembre de 2012 durante su exposición en la Kennedy School of Government ante estudiantes de la Universidad de Harvard– vio venir todo esto con antelación. Por eso –rápida de reflejos– se dio cuenta de que lo único que la podía salvar de ir presa era tener fueros. Por eso decidió hacer la entrevista en el programa de Gustavo Sylvestre en C5N en la que, de forma absolutamente personal y unilateral, hizo el anuncio del lanzamiento de su candidatura a diputada provincial por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, hecho verdaderamente insólito porque los diputados no se eligen por circunscripciones.

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Los tres miembros de la Corte se vieron así ante un verdadero reto de la historia: repetir la lamentable conducta que el alto cuerpo adoptó de no tratar la condena del expresidente Carlos Menem, al que, de esa manera, le garantizó impunidad o la de actuar con responsabilidad y celeridad ante una causa que ya llevaba 17 años desde que fue impulsada por las entonces diputadas Elisa Carrió y Mariana Zuvic.

A esa celeridad llevaba, además, el hecho sucedido el 29 de mayo, día en que la Corte dejó firme la condena a diez años de prisión contra el empresario Lázaro Báez y contra sus hijos varones por el delito de lavado de dinero en la causa conocida como “La ruta del dinero K”, en la que se comprobó que Báez blanqueó fondos por alrededor de 60 millones de dólares provenientes del delito de evasión al fisco. A ese veredicto, para el cual debieron incorporarse a la Corte los conjueces Mario Lozano, de la Cámara Federal de General Roca, y Luis Ramón González, de la Cámara Federal de Corrientes, que sumaron sus respectivos votos a los de los ministros Horacio Rosatti Y Ricardo Lorenzetti –Carlos Rosenkranz votó en disidencia–, se llegó en tan solo diez días.

La contundencia de las pruebas y la mala calidad técnica de los abogados defensores de la expresidenta no dejaban lugar a dudas sobre cuál sería el fallo de la Corte: dejar firme la condena. Llegados a este punto, no hay que olvidar algo sumamente importante: de haber estado vivo, Néstor Kirchner también habría sido condenado.

Terminó así un largo período de 17 años en los que, con chicanas y presiones sobre jueces y fiscales, CFK buscó frenar el trabajo de la Justicia. Lo intentó de una y mil maneras. En 2013 ordenó elaborar aquel proyecto de reforma judicial, un mamotreto presentado con el pomposo nombre de Ley de Democratización de la Justicia, la mayoría de cuyos artículos fueron declarados inconstitucionales por la Corte. Presionó e intentó descalificar a cada uno de los jueces y fiscales de la causa, esgrimiendo –entre otras cosas– cercanía de algunos de ellos a Mauricio Macri. Lo curioso es que el fiscal del caso, Diego Luciani, fue nombrado en septiembre de 2013; los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, en septiembre de 2011, y André Basso, en septiembre de 2015. Es decir, todos fueron nombrados por la hoy condenada Cristina Fernández de Kirchner durante sus dos mandatos, previa aprobación de sus pliegos por el Senado, de mayoría peronista kirchnerista.

Las espasmódicas reacciones del peronismo en estas horas posteriores marcan su declive. Más allá de lo que pueda pasar en la marcha convocada para acompañarla a los tribunales de la avenida Comodoro Py, en caso de que se mantenga firme la decisión del juez Gorini –que es quien debe instrumentar la ejecución de la pena– de que ese trámite inevitablemente se deba realizar allí y no en el domicilio de la condenada, el tiempo electoral obligará al PJ a dedicarse a armar sus listas de candidatos y definir su estrategia. Y, más allá de esta puesta en escena, son muchos los dirigentes peronistas que están ya hartos de CFK, quien, luego de denostar durante años al Partido Justicialista, se apropió de él con un único objetivo ligado a sus intereses personales: en este caso, la búsqueda de impunidad.

Cuando pase todo este tiempo de efervescencia, CFK tomará verdadera dimensión de los alcances de la condena que, además, conlleva una pena económica monumental, como monumental fue la corrupción pergeñada y practicada durante los años del kirchnerato.

A la Justicia le llevó diecisiete años arribar a un fallo definitivo sobre uno de los hechos de corrupción más bochornosos sucedidos en la historia del país. A lo largo de esos años hubo protagonistas que aportaron evidencias claves para dar sustento a las denuncias de esta causa.

Aquí es donde aparece el rol fundamental del periodismo honesto. Corresponde por lo tanto destacar el protagonismo de Luis Majul con su libro El dueño y el de Jorge Lanata y su equipo de PPT, cuyos aportes fueron importantísimos para hacer conocer a la opinión pública cada uno de los detalles de las distintas maniobras urdidas por la expresidenta durante sus dos mandatos, en los que persiguió a periodistas y medios críticos en su afán de establecer un régimen autoritario y permanecer indefinidamente en el poder.

El periodismo honesto es un instrumento esencial para hacer a las sociedades más plurales y transparentes.





jueves, 15 de julio de 2021

Por qué Argentina termina subsidiando a los pesqueros ilegales que depredan el Océano Atlántico Sur… @dealgunamaneraok...

 Por qué Argentina termina subsidiando a los pesqueros ilegales que depredan el Océano Atlántico Sur… 


A inicios de este año, reportes oficiales señalaron la presencia de 105 buques en la milla 201. Fotografía: CEDOC

Si hacemos la cuenta, el precio que Argentina paga debido a la depredación que realizan las embarcaciones de China, España, Corea del Sur y Taiwán es muy alto. Es un costo inaceptable para una economía tan frágil, con alta pobreza y desempleo.

 

© Escrito por Milko Schvartzman (*) el miércoles 14/07/2021 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de los Argentinos.


 


¿Cuántos miles de dólares dedican la Prefectura Naval y la Armada argentinas para monitorear y patrullar la Zona Económica Exclusiva y perseguir a los pesqueros ilegales? Si las flotas no estuvieran allí, no habría necesidad de tanto despliegue.

 

¿Cuántos empleos pierde la industria pesquera nacional por no poder competir con barcos que capturan las mismas poblaciones de peces, pero que no cumplen con ninguna regulación ambiental, sanitaria, laboral, impositiva ni de seguridad de la navegación? La pesca regulada debe cumplir con infinidad de normas y regulaciones, para que al mismo pez se lo lleven pesqueros que no cuentan siquiera con chalecos salvavidas.

 

¿Cuántos millones de dólares de ingresos pierde la Argentina por tener que vender en los mercados internacionales a los precios artificialmente bajos a los que venden las flotas no reguladas y de pesca ilegal? La Unión Europea, por ejemplo, no distingue entre pesca regulada y pesca a bordo de un pesquero taiwanés denunciado por esclavitud y muerte a bordo.

 

 

¿Cuánto afecta a la industria del ecoturismo de avistaje de especies, cuyas colonias habitan en la costa argentina y están protegidas por leyes nacionales y provinciales, la pesca ilegal? Está documentado cómo las flotas coreana y china capturan intencionalmente lobos y elefantes marinos.

 

¿Cuántas capturas se pierde la industria argentina porque la misma se va en un pesquero español a Vigo a través de Montevideo? Aún cuando se pesca ilegalmente y en puerto se detecta la falsificación de las declaraciones de captura en un barco como el español Playa Pesmar Uno por ejemplo, la UE, sigue subsidiando a esas flotas y Uruguay sirviendo de base de apoyo.

 

¿Cuántas vidas de argentinos se arriesgan al proteger nuestro mar y a la soberanía? Recordemos que parte de la misión del A.R.A. San Juan (S-42) era vigilar a los pesqueros piratas y que semanas previo al hundimiento fue atacado por el pesquero chino Lu Rong Yuan Yu 883.

 

Si hacemos la cuenta, el precio que Argentina paga debido a la depredación que realizan las embarcaciones de China, España, Corea del Sur y Taiwán es muy alto. Es un costo inaceptable para una economía tan frágil, con alta pobreza y desempleo. Pero no es solo Argentina quien paga la destrucción de los mares, los mismos problemas afectan a Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, entre otros.

 

Cómo afrontar el problema de la pesca ilegal.

 

No existe una única medida para afrontar este problema, sino un abanico de iniciativas que, articuladas, pueden frenar la sobreexplotación de los recursos pesqueros y los problemas asociados que conllevan. Una de ellas es poner fin a los subsidios estatales.

 

Estas flotas pesqueras, llamadas ‘de aguas distantes’, son enviadas por sus Estados de bandera a otras regiones del mundo debido a que sus caladeros ya fueron agotados o están al límite de explotación, tienen exceso de capacidad pesquera y necesidad de alimentos de calidad y baratos; en sentido estricto, lo de ‘barato’ es para ellos, no para los países costeros en desarrollo costeros y el ecosistema marino.

 

Pero ¿Cómo es posible que sea rentable enviar sus barcos desde miles de kilómetros de distancia, en el Hemisferio Norte, hacia Latinoamérica? La respuesta es que no es rentable, solo que sus Estados de bandera gastan entre 23 y 30 mil millones de dólares al año en subsidios a la pesca destructiva e ilegal.

 

 

Esta semana se reunirá la Organización Mundial del Comercio –OMC- para ir cerrando una negociación que ya lleva más de veinte años y que tiene como objetivo poner fin a estos subsidios dañinos del ambiente marino y la economía de los países en desarrollo. Hace más de una década que las negociaciones alrededor de los subsidios a la pesca vienen fracasando. Debido a ello, la Organización de las Naciones Unidas -ONU- incluyó alcanzar esa meta entre sus Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2020.

 

El plazo ya venció, pero las chances de que este año se definan los lineamientos de la prohibición son altas. El próximo 15 de julio, cuando se celebre el encuentro de la OMC será necesario que Argentina y Latinoamérica se mantengan fuertes en la defensa de nuestros recursos y economías.

*Milko Schvartzman. Especialista en Conservación Marina. Círculo de Políticas Ambientales.