Los complotados…
El fallo para liberar el mayor número posible de detenidos por crímenes de
lesa humanidad es producto de un acuerdo secreto entre el gobierno nacional y
la Iglesia Católica. Las movidas previas de Bergoglio y de la Corte que
prepararon el terreno. Las negociaciones con Elena Highton para que siga en su
cargo luego del límite constitucional de 75 años. El voto de la nueva mayoría
oficialista y el operativo de autoabsolución del episcopado, dos monumentos a
la hipocresía.
Gobierno, Iglesia y Corte Suprema: cómo se gestó el fallo destinado a
liberar el mayor número posible de detenidos por crímenes de lesa humanidad.
Las movidas que prepararon el terreno, las negociaciones con Elena Highton y el
voto de la nueva mayoría en el Tribunal.
© Escrito por Horacio
Verbitsky el domingo 07/05/2017 y
publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los esfuerzos del gobierno por
simular que está molesto con la decisión de la Corte Suprema de Justicia que
ordenó reducir la pena a un condenado por crímenes de lesa humanidad porque
perturba su política de Derechos Humanos chocan con los datos duros que rodean
el fallo del miércoles pasado.
El 20 de marzo el Secretario de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, interesó al presidente
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Francisco Eguiguren, en la
situación de los militares detenidos por esos delitos, en una gestión impulsada
una vez más por la infatigable Iglesia Católica Apostólica Romana, hoy
presidida por un argentino. El gestor de la presentación a favor de los
represores fue Siro de Martini, asesor jurídico del ministro de Justicia y
Derechos Humanos, Germán Garavano. Avruj pidió que la CIDH recibiera a las
organizaciones de familiares de esos militares y a una delegación eclesiástica
que encabezaría el propio delegado del papa Francisco en la Argentina, el
nuncio apostólico Emil Paul Tscherrig. Los nexos habituales de Avruj con
Bergoglio fueron el sacerdote Guillermo Marcó; el ministro de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, Sergio Berman, y el tesorero de la DAIA cuando Avruj
era su director ejecutivo, Alberto Zimerman. A través de Marcó, que era el
vocero de Bergoglio, el entonces arzobispo de Buenos Aires se reunía con Avruj.
La nueva mayoría
La decisión fue firmada por los tres
jueces que deben su cargo al presidente Maurizio Macrì: los dos que designó por
decreto, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, y aquella que permanecerá en su
cargo más allá del límite de 75 años que marca la Constitución Nacional, por
voluntad tácita del Poder Ejecutivo. El gobierno nacional estaba en
negociaciones con Elena Highton de Nolasco para solicitar el nuevo acuerdo que
establece el artículo 99, inciso 4 de la Constitución, pero el senador
transgénero Miguel Pichetto hizo saber que su bancada no la votaría. Highton
consiguió entonces la medida cautelar de uno de los jueces más políticos del
fuero contencioso administrativo federal, Enrique Lavié Pico. Mientras Avruj
volaba a Washington para realizar la gestión ante la CIDH, el diario La Nación
en su editorial del 16 de marzo consideró “incomprensible” que el Estado
nacional no haya apelado esa decisión. Esto sólo fue una sorpresa para quienes
desconocían la negociación previa. Highton es desde entonces tan deudora de
Macrì como Rosenkrantz y Rosatti, y a menor costo porque no hubo escrutinio
público, como hubiera ocurrido de seguirse el procedimiento del decreto 222/03.
Este fallo debe considerarse en
conjunto con otros tres que en los últimos meses marcaron el perfil de la nueva
Corte:
Villamil: los reclamos civiles por daños y perjuicios no son
imprescriptibles como sí lo es la persecución penal.
Fontevecchia: las decisiones de la Corte Suprema
tienen preminencia sobre las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Alespeiti: para negar una prisión domiciliaria
a un geronte hay que fundamentar muy bien los riesgos procesales de fuga y
entorpecimiento.
En los cuatro casos Rosenkrantz
formó parte de la mayoría, con socios cambiantes: tres veces Highton, dos
Rosatti y Lorenzetti, una Maqueda.
Esto sugiere un nuevo eje de poder,
desplazado de Lorenzetti a Rosenkrantz. El abogado del Grupo Clarín es el
hombre fuerte del tribunal.
Los documentos secretos
desclasificados por Estados Unidos muestran que tanto el nuncio apostólico de
aquellos años, Pío Laghi, como la dirigencia de la DAIA pedían al gobierno de
Jimmy Carter que no presionara a la dictadura por las violaciones a los
derechos humanos porque podría ser contraproducente. Para Laghi, el dictador
Jorge Videla era “un buen cristiano”; los líderes judíos opinaban que el
gobierno no era antisemita y que Jacobo Timerman estaba detenido por manejar
dinero del terrorismo, cosa que ni la llamada justicia militar pudo establecer.
En sincronía con el fallo de la
Corte Suprema, el episcopado católico puso en marcha su enésima tentativa por
la denominada reconciliación y una vez más dijo y se desdijo ante la reacción
que provocó el obsceno show montado en La Montonera, que es la quinta de Pilar
donde se reúnen. Uno de los objetivos de la desclasificación de documentos del
Vaticano es mejorar la imagen de Laghi, como dieron a entender el monseñor de
la secretaría de Estado, Giuseppe Laterza, y los obispos argentinos Mario Poli
y José María Arancedo. El acuerdo del gobierno con la Iglesia incluyó la
designación de un nuevo obispo castrense, luego de una vacancia de doce años.
El nuevo titular de esa diócesis personal, Santiago Olivera, dijo que “los
derechos humanos hay que vivirlos para todos. Que la Justicia cumpla su labor,
que tiene que ser en todos los tiempos y para todas las personas. No una
justicia selectiva, solo para algunos, y más mala para otros. La Justicia no
puede ser ni mala ni buena, tiene que ser Justicia”, argumento especioso que
retomó en su voto el juez Horacio Rosatti, de buena relación con el Opus Dei.
Hipocresía permanente
En el voto de la nueva mayoría de la
Corte Suprema es sorprendente la primacía de su intención política por encima
de la calidad del razonamiento jurídico. Los tres sostienen que la ley penal
más benigna no puede excluir a los autores de ningún delito, aunque fueran
crímenes de lesa humanidad, como si alguna vez las víctimas o el Estado
hubieran pretendido excepciones. Por el contrario, todo el proceso de Memoria, Verdad
y Justicia se realizó siguiendo los procedimientos y leyes ordinarios y con las
mayores garantías para los imputados. Por ejemplo, ni querellantes ni fiscalías
pidieron nunca que se aplicara el agravamiento de las penas contenido en el
Estatuto de Roma por el que se creó la Corte Penal Internacional, que fue
incorporado aquí por la ley 26.200/06. Y cuando se aumentaron las penas para
casos de privación ilegal de la libertad y alteración de estado civil de los
chicos robados, tanto las querellas como el ministerio público fiscal
solicitaron la aplicación de la ley vigente en el momento del hecho, cuyas
penas eran menores. Esto se puede verificar incluso en la condena a Muiña, que
ya se benefició durante el proceso con la ley penal más benigna. La extensión
indebida de los procesos se debe a las demoras causadas por las leyes de
impunidad y por la desidia judicial para avanzar con los procesos, reproche que
le cabe en primer lugar a la propia Corte Suprema de Justicia, que ha sido el
tapón que permitió que muchos represores murieran impunes, porque no llegó a
confirmar las condenas impuestas por los tribunales de juicio.
Como la Corte
demora el tratamiento de estas causas terminadas, la prisión preventiva se
extiende y luego el mismo tribunal alega su desidia como justificación para
devolver a las calles antes de tiempo a los autores de gravísimos delitos. Si
el criterio de la nueva mayoría se aplicara a los casos de apropiación de
chicos reduciría la escala penal a su formulación originaria (de 3 a 10 años y
no de 5 a 15 según se modificó después) con lo cual todos los condenados o
procesados futuros por ese delito recuperarían la libertad. Esto angustia a sus
víctimas, jóvenes de entre 34 y 41 años que hace poco dejaron de sufrir esa
opresión y recuperaron su identidad y que ahora viven con terror la posibilidad
de cruzarse en la calle con sus apropiadores.
Lo que las víctimas sí han exigido
siempre es celeridad del Poder Ejecutivo para cubrir las vacantes y de los
jueces para realizar los juicios en plazos razonables. Un aspecto asombroso del
fallo es que buena parte de su razonamiento se refiere a los delitos
permanentes, pero en ninguna parte del texto se explica qué tiene que ver con
el caso del represor Luis Muiña, que pidió la aplicación del 2x1. La mayoría
afirma que la desaparición forzada de personas es un delito continuado o
permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima. Pero
Muiña no fue condenado por desaparición forzada (en cuyo caso la pena no
hubiera sido de 13 años) sino por privación ilegal de la libertad de cinco
personas cuyo destino o paradero sí fue establecido, cosa que los jueces pasan
alegremente por alto. Las cinco víctimas estuvieron privadas de su libertad
entre noviembre de 1976 y enero de 1977.
Con independencia del delito de que se trate, del robo de gallinas al
homicidio, sea o no de lesa humanidad, carece de razonabilidad aplicar a un
detenido una ley sancionada después de que cometió el crimen y derogada antes
de que fuera privado de su libertad, salvo que por la naturaleza de esa ley,
implique un cambio de la valoración social sobre la gravedad de ese delito. Por
ejemplo, el avenimiento, que hasta 2012 liberaba de pena a un violador si la
víctima lo aceptaba como esposo. Con la nueva sensibilidad hacia los derechos
de la mujer, eso es inimaginable. Ésa era una ley penal más benigna que la
sancionada hace cinco años. En cambio la ley que entre 1994 y 2001 dispuso el
cómputo doble por cualquier delito del tiempo transcurrido en prisión
preventiva más allá de los tres años, fue un dispositivo de excepción dirigido
a descomprimir una situación explosiva en los penales de todo el país por la
morosidad de los procedimientos judiciales. Por su naturaleza era una ley
transitoria, que no implicaba ninguna evolución o involución social respecto de
la gravedad de un delito determinado.
Superada la excepción (al menos así lo entendió el legislador al derogarla)
es disparatado aplicarla como ley penal más benigna a delitos cometidos antes
de su vigencia y juzgados después de su caducidad. Por otra parte, las
reiteradas alusiones a la igualdad jurídica y a la moral constituyen la forma
más perversa de ocultar la desigualdad real y de falsear los hechos. Esto es
típico de las clases dominantes argentas, que en la Constitución de 1957
codificaron todos los derechos sociales que los golpistas de 1955 suprimieron.
La cumbre se alcanza en el voto de Rosatti, quien no se metió como sus colegas
en el berenjenal del delito permanente, cuando expone un supuesto dilema moral.
Los delitos de lesa humanidad expresan el estadio más degradado en que ha caído
la naturaleza humana y el régimen durante el cual se perpetraron descendió a
niveles de inhumanidad nunca vistos, dice. Pero un Estado de Derecho “no es
aquel que combate a la barbarie apartándose del ordenamiento jurídico sino
respetando los derechos y garantías que han sido establecidos para todos, aun
para los condenados por delitos aberrantes” ya que “de lo contrario se correría
el riesgo de recorrer el mismo camino de declive moral que se transitó en el
pasado”, agrega, creando una falsa dicotomía.
No es cierto que este beneficio deba concederse a los autores de crímenes
de lesa humanidad porque también beneficia a los de delitos comunes, sino todo
lo contrario. Debido a las leyes de impunidad y a la reticencia judicial para
avanzar contra agentes civiles o militares de la dictadura, la ley del 2x1 ya
no es aplicable a ningún autor de delitos comunes. No quedan ni siquiera
homicidas sin condena firme, que hayan estado privados de la libertad más de
tres años en aquella época, ni hablar de procesados. De modo que en realidad
este fallo crea una categoría especial de detenidos, a los que se beneficia por
encima del resto.Esa es la intención política, una vez despejada la hojarasca
leguleya de segunda marca. Ojalá esta decisión no desate una nueva ola de motines
carcelarios en demanda de iguales beneficios.
También es llamativo que la Corte
Suprema se reduzca a un análisis de leyes penales y procesales, sin la menor
referencia a la dimensión constitucional del caso, que es el terreno en el que
se esperaría su aporte. En ese sentido parece más un fallo de Casación que de
Corte Suprema. Por falta de análisis constitucional omiten la armonización de
la ley penal más benigna con el principio de proporcionalidad “de manera que no se haga ilusoria la justicia penal”, como
dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Masacre de la
Rochela cometida en Colombia. Ese fallo fue mencionado en una declaración del
secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago
Cantón, quien antes fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. Cantón se declaró de acuerdo con el voto minoritario de Juan
Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. En el juzgamiento de los delitos de lesa
humanidad “se debe cumplir con los estándares específicos definidos por el
derecho internacional de los derechos humanos. La sanción y su cumplimiento
también deben responder a esa obligación.
La gravedad de los delitos de lesa
humanidad requiere de una sanción proporcional, e igualar la sanción en estas
violaciones con los delitos comunes, como decidió la mayoría de la Corte
Suprema, ignora el carácter de lesa humanidad del delito y puede llevar a que
no se cumpla con el principio de proporcionalidad”, dijo. El mismo fallo de la
Corte IDH fue invocado por la fiscal Angeles Ramos para pedir que el 2x1 no se
aplique al militar Víctor Alejandro Gallo, condenado a 15 años por la
apropiación de Francisco Madariaga, hijo del dirigente de Abuelas de Plaza de
Mayo Abel Madariaga. Y el fiscal general Pablo Parenti solicitó que tampoco se
aplique al apropiador Salvador Norberto Girbone, porque a diferencia de Muiña
continuó cometiendo el delito después de derogada la ley del 2x1.
Pero además
porque la ley del 2x1 es incompatible con las obligaciones internacionales del
Estado en materia de persecución y sanción de graves violaciones de los
Derechos Humanos y los delitos de lesa humanidad, según varias convenciones
internacionales sobre Derechos Humanos y contra las Desapariciones Forzadas.
Para la Corte interamericana, las penas ínfimas o ilusorias, o que puedan
significar una mera apariencia de justicia son incompatibles con la Convención
Americana de Derechos Humanos. La fiscal Ramos cita otros fallos sobre casos de
Guatemala, Venezuela y El Salvador, donde la Corte Interamericana dice que las
penas para las más graves violaciones a los derechos humanos deben ser
“adecuadas” y no constituir “una forma de impunidad de facto”.
Al solicitar la
inconstitucionalidad de la aplicación ultraactiva del 2x1, Ramos propicia que
la Corte Suprema vuelva a pronunciarse sobre el punto, esta vez con mayor
seriedad. La Corte Interamericana también dijo en el caso Heliodoro Portugal
vs. Panamá, que “la respuesta de un Estado a la conducta ilícita de un agente
debe guardar proporcionalidad con los bienes jurídicos afectados” y que “los
Estados tienen una obligación general, a la luz de los artículos 1.1 y 2 de la
Convención, de garantizar el respeto de los derechos humanos protegidos por la
Convención” y de perseguir conductas ilícitas que contravengan esos derechos.
En dicha persecución “es necesario evitar medidas ilusorias que sólo aparenten
satisfacer las exigencias formales de justicia. En este sentido, la regla de
proporcionalidad requiere que los Estados impongan penas que verdaderamente
contribuyan a prevenir la impunidad”. El Tribunal Oral Federal 5 se tomó pocas
horas para rechazar el pedido de Girbone.
Dada la indiferencia de la nueva
mayoría por el derecho constitucional y las convenciones internacionales, tal vez
se podría invitar a los firmantes del fallo a un viaje en el mismo ascensor que
trasladó a Carlos Mahiques hasta la Cámara Federal de Casación Penal. En este
caso hasta un piso más abajo.
