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domingo, 15 de junio de 2025

El fin de la impunidad… @dealgunamanera...

 El fin de la impunidad…


Supremos. Dibujo: Pablo Temes.

Con la Corte firme en su decisión, Cristina Kirchner enfrenta una condena ineludible tras 17 años de maniobras judiciales.

© Escrito por el Doctor Nelson Castro el domingo 15/06/2025 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

El desarrollo de los hechos y su cronología fueron inexorables. Cuando el 4 de junio la Corte Suprema rechazó la recusación que los abogados de Cristina Fernández de Kirchner habían presentado contra el Dr. Ricardo Lorenzetti en la CFP 5048/2016 sobre incidente de recurso extraordinario, la expresidenta supo que su suerte estaba echada. De acuerdo con la presentación de los letrados del 5 de mayo, se había invocado como razón una alegada falta de imparcialidad del ministro del alto tribunal. Los fundamentos de tal reclamo fueron sus fallos en disidencia con los otros dos miembros del cuerpo, algunas declaraciones públicas en televisión y una denuncia de la senadora Anabel Fernández Sagasti ante el Senado de la Nación. Tales comportamientos de Lorenzetti –esgrimía el pedido de recusación– violarían los parámetros de imparcialidad de los magistrados que establecen los principios de Bangalore relativos a la independencia de la Justicia y en el caso “Llerena” del año 2005, en que la Corte sostuvo que la jueza que había participado durante la instrucción de la causa no podía ser la misma que intervenía en la etapa de juicio, ya que ello violaba el principio de imparcialidad.

La respuesta del alto tribunal fue contundente: primero consideró que el planteo había sido presentado fuera de término y estaba falto de las necesarias fundamentaciones jurídicas y, después, sostuvo que la mayoría de los hechos mencionados ya habían sido conocidos antes de la presentación del recurso extraordinario del 13 de febrero, momento en que no se habían planteado.

La autodefinida “abogada exitosa” –tal como lo expresara el 12 de septiembre de 2012 durante su exposición en la Kennedy School of Government ante estudiantes de la Universidad de Harvard– vio venir todo esto con antelación. Por eso –rápida de reflejos– se dio cuenta de que lo único que la podía salvar de ir presa era tener fueros. Por eso decidió hacer la entrevista en el programa de Gustavo Sylvestre en C5N en la que, de forma absolutamente personal y unilateral, hizo el anuncio del lanzamiento de su candidatura a diputada provincial por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, hecho verdaderamente insólito porque los diputados no se eligen por circunscripciones.

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Los tres miembros de la Corte se vieron así ante un verdadero reto de la historia: repetir la lamentable conducta que el alto cuerpo adoptó de no tratar la condena del expresidente Carlos Menem, al que, de esa manera, le garantizó impunidad o la de actuar con responsabilidad y celeridad ante una causa que ya llevaba 17 años desde que fue impulsada por las entonces diputadas Elisa Carrió y Mariana Zuvic.

A esa celeridad llevaba, además, el hecho sucedido el 29 de mayo, día en que la Corte dejó firme la condena a diez años de prisión contra el empresario Lázaro Báez y contra sus hijos varones por el delito de lavado de dinero en la causa conocida como “La ruta del dinero K”, en la que se comprobó que Báez blanqueó fondos por alrededor de 60 millones de dólares provenientes del delito de evasión al fisco. A ese veredicto, para el cual debieron incorporarse a la Corte los conjueces Mario Lozano, de la Cámara Federal de General Roca, y Luis Ramón González, de la Cámara Federal de Corrientes, que sumaron sus respectivos votos a los de los ministros Horacio Rosatti Y Ricardo Lorenzetti –Carlos Rosenkranz votó en disidencia–, se llegó en tan solo diez días.

La contundencia de las pruebas y la mala calidad técnica de los abogados defensores de la expresidenta no dejaban lugar a dudas sobre cuál sería el fallo de la Corte: dejar firme la condena. Llegados a este punto, no hay que olvidar algo sumamente importante: de haber estado vivo, Néstor Kirchner también habría sido condenado.

Terminó así un largo período de 17 años en los que, con chicanas y presiones sobre jueces y fiscales, CFK buscó frenar el trabajo de la Justicia. Lo intentó de una y mil maneras. En 2013 ordenó elaborar aquel proyecto de reforma judicial, un mamotreto presentado con el pomposo nombre de Ley de Democratización de la Justicia, la mayoría de cuyos artículos fueron declarados inconstitucionales por la Corte. Presionó e intentó descalificar a cada uno de los jueces y fiscales de la causa, esgrimiendo –entre otras cosas– cercanía de algunos de ellos a Mauricio Macri. Lo curioso es que el fiscal del caso, Diego Luciani, fue nombrado en septiembre de 2013; los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, en septiembre de 2011, y André Basso, en septiembre de 2015. Es decir, todos fueron nombrados por la hoy condenada Cristina Fernández de Kirchner durante sus dos mandatos, previa aprobación de sus pliegos por el Senado, de mayoría peronista kirchnerista.

Las espasmódicas reacciones del peronismo en estas horas posteriores marcan su declive. Más allá de lo que pueda pasar en la marcha convocada para acompañarla a los tribunales de la avenida Comodoro Py, en caso de que se mantenga firme la decisión del juez Gorini –que es quien debe instrumentar la ejecución de la pena– de que ese trámite inevitablemente se deba realizar allí y no en el domicilio de la condenada, el tiempo electoral obligará al PJ a dedicarse a armar sus listas de candidatos y definir su estrategia. Y, más allá de esta puesta en escena, son muchos los dirigentes peronistas que están ya hartos de CFK, quien, luego de denostar durante años al Partido Justicialista, se apropió de él con un único objetivo ligado a sus intereses personales: en este caso, la búsqueda de impunidad.

Cuando pase todo este tiempo de efervescencia, CFK tomará verdadera dimensión de los alcances de la condena que, además, conlleva una pena económica monumental, como monumental fue la corrupción pergeñada y practicada durante los años del kirchnerato.

A la Justicia le llevó diecisiete años arribar a un fallo definitivo sobre uno de los hechos de corrupción más bochornosos sucedidos en la historia del país. A lo largo de esos años hubo protagonistas que aportaron evidencias claves para dar sustento a las denuncias de esta causa.

Aquí es donde aparece el rol fundamental del periodismo honesto. Corresponde por lo tanto destacar el protagonismo de Luis Majul con su libro El dueño y el de Jorge Lanata y su equipo de PPT, cuyos aportes fueron importantísimos para hacer conocer a la opinión pública cada uno de los detalles de las distintas maniobras urdidas por la expresidenta durante sus dos mandatos, en los que persiguió a periodistas y medios críticos en su afán de establecer un régimen autoritario y permanecer indefinidamente en el poder.

El periodismo honesto es un instrumento esencial para hacer a las sociedades más plurales y transparentes.





domingo, 4 de septiembre de 2022

Unidad y Pluralidad... @dealgunamaneraok

 Unidad y pluralidad…


Cristina Dibujo: Pablo Temes.

El poder ignora muchas veces, que estos dos conceptos no son contradictorios, sino que conviven en una verdadera democracia.

© Escrito por Nelson Castro el sábado 03/09/2022 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de las/os Argentinas/os.


Se estuvo a nada de la tragedia. De haberse concretado, eso hubiese significado el asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. El magnicidio –muerte violenta dada a persona muy importante por su cargo o poder– hubiera sumido a la Argentina en un escenario de violencia política de consecuencias impredecibles. Lo impredecible, en este caso, es sinónimo de lo malo. Lo malo abarca también la reacción del Gobierno.

El discurso del jueves a la noche tarde del Presidente fue eso: malo. Un discurso acordado con la vicepresidenta. Un discurso cargado de reproches hacia la oposición, hacia la Justicia y hacia los medios que no responden al oficialismo. En verdad, más que reproches, fue una verdadera adjudicación de responsabilidades acerca del hecho. Se diría que casi fue una acusación. Tan malo como eso fue el decretar el feriado del viernes y convocar a una movilización claramente partidaria. Todo esto no hizo más que ahondar las divisiones que atraviesan a nuestra sociedad, una grieta que, como tal, embrutece.

El uso político que está haciendo el oficialismo del repudiable atentado contra la vida de CFK se enmarca, además, dentro de la estrategia orientada a concretar dos objetivos: consolidar el liderazgo de la ex presidenta en funciones dentro del peronismo y desplazar del eje de la agenda política las consecuencias adversas del brutal ajuste económico que está afectando principalmente a los sectores de menores recursos. Esa dura realidad va a ser imposible de ocultar.
 

Se acabaron las fichas 

El “operativo clamor” por la candidatura presidencial de CFK se ha visto precipitado por el impactante y demoledor alegato del fiscal federal Diego Luciani, de quien, es importante no olvidar, Alberto Fernández dijo que esperaba que no se suicidara. Desde ese mismo momento impera en el kirchnerismo un lenguaje de singular violencia. Fue nada menos que el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro quien, en la tensa negociación del último sábado de agosto con las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el batifondo que se armó por las vallas policiales frente a la casa de CFK, dijo que si ella iba presa quemaban todo. Fue el jefe del bloque de senadores del Frente de Todos contra Todos, quien, en la sesión del Senado del jueves, habló del escarmiento contra los jueces y fiscales a cargo de la causa Vialidad.

La foto oficial de la reunión de la “unidad” convocada por el Presidente el viernes por la tarde en la Casa Rosada es una radiografía de que, para el oficialismo, el concepto de “unidad” excluye a los partidos políticos. Es una claudicación más de AF. 

Lo que pasó en ese encuentro disgustó a varios de sus asistentes. La única que se atrevió a dar cuenta de ello públicamente fue la DAIA quien, sin rodeos ni eufemismos, habló de los objetivos partidarios del documento que en la Plaza de Mayo leyó la actriz Alejandra Darín. Otros, igualmente, molestos, prefirieron el silencio. Entre ellos estuvo el presidente de la Conferencia Episcopal de la Argentina, monseñor Oscar Vicente Ojea, obispo de San Isidro.   

Una agonía premeditada 

La andanada de reproches tuvo su resumen en una frase del documento que condensa el pensamiento del kirchnerismo sobre la cual hay que detenerse: “Llamamos a la unidad, pero no a cualquier precio”.

La esencia de la democracia, que tanta lucha costó conseguir, es pluralidad. Es esa pluralidad la que enriquece. La unidad y la pluralidad no son excluyentes. Por el contrario, es esa diversidad de pensamientos y de ideas la que asegura la unidad. Pensar diferente no es odiar; criticar, tampoco.

Lamentablemente, el poder afecta muchas veces este concepto clave de la vida en democracia. Quien lo ejerce se cree investido de un aura especial. Piensa que, por el solo hecho de poseerlo, está por arriba de todos y de todo. Por eso es fundamental la existencia del marco legal de balances y controles para evitar que un mal uso del poder altere las normas de la convivencia democrática. La famosa frase de John Emerich Edwar Dalberg-Acton, Primer Barón Acton de Aldenham, –“El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe completamente”– refleja las tentaciones que genera el poder y lo imprescindible que es prevenirlas. De ahí emana la importancia de la Constitución. Un ejemplo de estos días lo muestra: de no ser por la Constitución, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires hubiese sido avasallada de inmediato por el actual gobierno, luego de lo que se vivió la semana pasada frente al domicilio de CFK. En la consecución de la estrategia destinada a desviar la atención de los temas que perturban la vida de la gente, la vicepresidenta habló de la necesidad de rediscutir la autonomía de la Capital Federal. Más allá de la bomba de humo, esa propuesta exhibe el verdadero pensamiento absolutista de la ex presidenta en funciones. 

Bailando al ritmo de CFK

Para el kirchnerismo el poder se concibe como un todo absoluto. Es decir, quien lo ejerce, no puede ni debe tener límites. Representa una concepción absolutista del poder. Es la que se practica en los regímenes totalitarios a la que lamentablemente adhieren personajes políticos de sistemas democráticos. Donald Trump es un ejemplo de esto. El episodio del intento de toma del Capitolio del 6 de enero de 2021 fue la culminación de esa concepción de alguien que no estaba dispuesto a aceptar que su mandato se terminaba. En la misma línea se ubica el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

La república, que es el sistema bajo el cual se ordena constitucionalmente la vida democrática en nuestro país, requiere la existencia de tres actores clave: los partidos políticos, a través de los cuales se encauza el debate político que expresa la pluralidad de ideas y propuestas para enfrentar los problemas que afectan a la sociedad; la división de poderes que conlleva a la existencia de un Poder Judicial independiente para el ejercicio de su función de control de los actos de gobierno; y una prensa libre.

Si el llamamiento a la unidad “pero no a cualquier precio” implica el rechazo de la discusión política, de la independencia de la Justicia y de la prensa libre, la democracia argentina entrará en zona de riesgo.



   

domingo, 28 de agosto de 2022

Mitologías. Nada nuevo bajo el sol… @dealgunamaneraok...

 Mitologías. Nada nuevo bajo el sol… 

V, Cristina Fernández. Dibujo: Pablo Temes. 

La épica de la proscripción y la persecución política, que hoy invoca Cristina Kirchner, al peronismo siempre le sienta muy bien.

© Escrito por Nelson Castro y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de las/os Argentinas/os.


Alberto Fernández está políticamente terminado, pero desde su penosa agonía sigue trabando como puede la gestión. Sabe que Massa –por el momento– ha decidido estar más cerca de CFK y eso lo mortifica”. Asegura un peronista que había comprado la ilusión de un gobierno moderado.
 

La lamentable sobreactuación que el Presidente tuvo en el reportaje que les concedió a Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano generó la furia de la vicepresidenta y el núcleo duro del kirchnerismo. El rostro desencajado que tenía la portavoz gubernamental, Gabriela Cerruti, a la salida de los estudios de TN dio el indicio de que haber reflotado el caso Nisman para descalificar al fiscal Diego Luciani constituyó un grueso –y repudiable– error político. Es bien sabido que, como lo ha determinado la Justicia, el fiscal especial de la causa AMIA fue asesinado.

“Es un pelotudo sin remedio. No solo porque trae al presente lo de Nisman que nos complica sino porque, además, saca del centro de la escena la causa de Cristina”, señalaban con indisimulada bronca varias voces del kirchnerismo duro. 

Si no fuera por el dramatismo de la compleja realidad argentina, bien podría decirse –parafraseando a Jorge Luis Borges– que AF se ha transformado en una “criatura risueña de una mitología casera”. 

Los interrogantes que las conductas del Presidente abren sobre su personalidad son inquietantes. En la política argentina hay abundancia de “panqueques” y mentirosos. AF es uno de ellos. Pero lo que estamos viendo no es solo la práctica de la mentira sino algo más: el poco respeto a su dignidad. Hace y dice cosas que lo degradan permanentemente. Lo de Nisman y Luciani es una muestra. Los efectos de la  enfermedad del poder son siempre brutales.  

Se acabaron las fichas

“Cristina sabe lo que hace. Está convencida de que no merece estar en el banquillo para ser parte del show de los fiscales. Los periodistas dejen de joder con lo del indulto. Lo dicen para mortificarla. La única salida que ella espera es la Justicia. Y la Justicia es la absolución. El indulto es para los culpables. Por supuesto que está muy preocupada por Máximo. Pero nadie va a permitir semejante atropello” –se limitan a decir desde el Instituto Patria. 

Hay un primer error a señalar en este intento permanente del kirchnerismo de atribuir todos sus males al periodismo. Quien habló de la idea del indulto fue el ex ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni. Esto disgustó a CFK que ordenó a sus secuaces detener cualquier intento de avanzar con esa idea. 

Ahí apareció entonces Oscar Parrilli para hacer saber el pensamiento de su jefa. Se indulta a quien comete un delito. 

La vicepresidenta está convencida de ser un prócer. Ella forma parte ya de la historia de la argentina. Pero eso no le alcanza: ella se considera a sí misma como la fundadora de la Patria. Cree que sus dos gobiernos y el de su esposo fueron los mejores de la historia. No solo lo cree sino que lo dice. La última vez fue el martes pasado en su desordenada y larga defensa realizada el martes pasado desde su despacho en el Senado. 

Esa extensa perorata dejó una conclusión muy categórica: sus argumentos defensivos son débiles. En medio de esa maraña de cosas todo fue echarle la culpa a Macri. A la confusión se le sumó el disparate de atribuirle al ex presidente la propiedad de los millones de dólares que contenían los bolsos de José López. 

La peligrosa andanada intimidante contra el fiscal Luciani es algo que los Kirchner viene haciendo desde siempre contra aquellos fiscales que, cumpliendo con su deber, los investigaron ante causas de corrupción que los incriminaban. En 1995 dejaron cesante al procurador de Santa Cruz, Eduardo Sosa, quien investigaba la contratación por fuera del Estado de un estudio de abogados para negociar el cobro de 600 millones de dólares que la Nación le adeudaba a la provincia en concepto de regalías petroleras. 

Una agonía premeditada 

La remoción de Sosa fue motorizada por la hoy vicepresidenta a través de la Legislatura provincial, que creó dos cargos nuevos – el de agente fiscal y el de defensor de pobres, ausentes e incapaces– y lo dejó cesante. 

En diciembre de 2013, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, decidió iniciarle un juicio político al fiscal federal José María Campagnoli –sin ninguna prueba que indicara un mal desempeño del cargo de su parte– que estaba investigando a Lázaro Báez.

El 18 de enero de 2015 el cuerpo sin vida del fiscal Natalio Alberto Nisman fue hallado en su piso de Puerto Madero. Al día siguiente, el fiscal especial para el caso AMIA, debía presentarse en el Congreso a  ratificar las graves denuncias que había hecho contra la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por el memorándum de acuerdo entre la Argentina e Irán. Como se ha dicho más arriba, la Justicia ha determinado que Nisman fue asesinado.

Ahora, el que está en la mira del kirchnerismo, es el fiscal federal Luciani. Contra él se viene aplicando la misma metodología de la intimidación y la descalificación que ocurrió en los casos precedentes. Eso incluye los carpetazos, que no solo abarcan al fiscal sino que se extienden a los jueces.

El problema que tiene CFK no es la carátula de la causa sino las evidencias. Son las evidencias las que la incriminan más allá de la calificación del caso. Sobre si se podrá comprobar o no la figura de la asociación ilícita hay una intensa discusión jurídica. De lo que no hay dudas, en cambio, es sobre los actos de corrupción diligenciados por los Kirchner.

La teoría de que la corrupción en la obra pública de Santa Cruz fue culpa de funcionarios infieles de los que nada sabía el matrimonio presidencial, no resiste el más mínimo análisis, ya que los involucrados eran todas personas allegadas a ellos: Lázaro Báez, Julio De Vido, José López.

La causa que incrimina a CFK le ha permitido recuperar la épica de la proscripción y la persecución política que al peronismo siempre le sienta muy bien. Por eso el sueño del “17 de octubre de Cristina”. Hace 21 años, Carlos Menem hizo lo mismo y, al igual que la vicepresidenta, buscó por medio de su banca en el Senado los fueros para evitar la cárcel. Como se ve, en la política de la Argentina nada nuevo hay bajo el sol.