El fin de la impunidad… @dealgunamanera...

 El fin de la impunidad…

Supremos. Dibujo: Pablo Temes.

Con la Corte firme en su decisión, Cristina Kirchner enfrenta una condena ineludible tras 17 años de maniobras judiciales.

© Escrito por el Doctor Nelson Castro el domingo 15/06/2025 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

El desarrollo de los hechos y su cronología fueron inexorables. Cuando el 4 de junio la Corte Suprema rechazó la recusación que los abogados de Cristina Fernández de Kirchner habían presentado contra el Dr. Ricardo Lorenzetti en la CFP 5048/2016 sobre incidente de recurso extraordinario, la expresidenta supo que su suerte estaba echada. De acuerdo con la presentación de los letrados del 5 de mayo, se había invocado como razón una alegada falta de imparcialidad del ministro del alto tribunal. Los fundamentos de tal reclamo fueron sus fallos en disidencia con los otros dos miembros del cuerpo, algunas declaraciones públicas en televisión y una denuncia de la senadora Anabel Fernández Sagasti ante el Senado de la Nación. Tales comportamientos de Lorenzetti –esgrimía el pedido de recusación– violarían los parámetros de imparcialidad de los magistrados que establecen los principios de Bangalore relativos a la independencia de la Justicia y en el caso “Llerena” del año 2005, en que la Corte sostuvo que la jueza que había participado durante la instrucción de la causa no podía ser la misma que intervenía en la etapa de juicio, ya que ello violaba el principio de imparcialidad.

La respuesta del alto tribunal fue contundente: primero consideró que el planteo había sido presentado fuera de término y estaba falto de las necesarias fundamentaciones jurídicas y, después, sostuvo que la mayoría de los hechos mencionados ya habían sido conocidos antes de la presentación del recurso extraordinario del 13 de febrero, momento en que no se habían planteado.

La autodefinida “abogada exitosa” –tal como lo expresara el 12 de septiembre de 2012 durante su exposición en la Kennedy School of Government ante estudiantes de la Universidad de Harvard– vio venir todo esto con antelación. Por eso –rápida de reflejos– se dio cuenta de que lo único que la podía salvar de ir presa era tener fueros. Por eso decidió hacer la entrevista en el programa de Gustavo Sylvestre en C5N en la que, de forma absolutamente personal y unilateral, hizo el anuncio del lanzamiento de su candidatura a diputada provincial por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, hecho verdaderamente insólito porque los diputados no se eligen por circunscripciones.

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Los tres miembros de la Corte se vieron así ante un verdadero reto de la historia: repetir la lamentable conducta que el alto cuerpo adoptó de no tratar la condena del expresidente Carlos Menem, al que, de esa manera, le garantizó impunidad o la de actuar con responsabilidad y celeridad ante una causa que ya llevaba 17 años desde que fue impulsada por las entonces diputadas Elisa Carrió y Mariana Zuvic.

A esa celeridad llevaba, además, el hecho sucedido el 29 de mayo, día en que la Corte dejó firme la condena a diez años de prisión contra el empresario Lázaro Báez y contra sus hijos varones por el delito de lavado de dinero en la causa conocida como “La ruta del dinero K”, en la que se comprobó que Báez blanqueó fondos por alrededor de 60 millones de dólares provenientes del delito de evasión al fisco. A ese veredicto, para el cual debieron incorporarse a la Corte los conjueces Mario Lozano, de la Cámara Federal de General Roca, y Luis Ramón González, de la Cámara Federal de Corrientes, que sumaron sus respectivos votos a los de los ministros Horacio Rosatti Y Ricardo Lorenzetti –Carlos Rosenkranz votó en disidencia–, se llegó en tan solo diez días.

La contundencia de las pruebas y la mala calidad técnica de los abogados defensores de la expresidenta no dejaban lugar a dudas sobre cuál sería el fallo de la Corte: dejar firme la condena. Llegados a este punto, no hay que olvidar algo sumamente importante: de haber estado vivo, Néstor Kirchner también habría sido condenado.

Terminó así un largo período de 17 años en los que, con chicanas y presiones sobre jueces y fiscales, CFK buscó frenar el trabajo de la Justicia. Lo intentó de una y mil maneras. En 2013 ordenó elaborar aquel proyecto de reforma judicial, un mamotreto presentado con el pomposo nombre de Ley de Democratización de la Justicia, la mayoría de cuyos artículos fueron declarados inconstitucionales por la Corte. Presionó e intentó descalificar a cada uno de los jueces y fiscales de la causa, esgrimiendo –entre otras cosas– cercanía de algunos de ellos a Mauricio Macri. Lo curioso es que el fiscal del caso, Diego Luciani, fue nombrado en septiembre de 2013; los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, en septiembre de 2011, y André Basso, en septiembre de 2015. Es decir, todos fueron nombrados por la hoy condenada Cristina Fernández de Kirchner durante sus dos mandatos, previa aprobación de sus pliegos por el Senado, de mayoría peronista kirchnerista.

Las espasmódicas reacciones del peronismo en estas horas posteriores marcan su declive. Más allá de lo que pueda pasar en la marcha convocada para acompañarla a los tribunales de la avenida Comodoro Py, en caso de que se mantenga firme la decisión del juez Gorini –que es quien debe instrumentar la ejecución de la pena– de que ese trámite inevitablemente se deba realizar allí y no en el domicilio de la condenada, el tiempo electoral obligará al PJ a dedicarse a armar sus listas de candidatos y definir su estrategia. Y, más allá de esta puesta en escena, son muchos los dirigentes peronistas que están ya hartos de CFK, quien, luego de denostar durante años al Partido Justicialista, se apropió de él con un único objetivo ligado a sus intereses personales: en este caso, la búsqueda de impunidad.

Cuando pase todo este tiempo de efervescencia, CFK tomará verdadera dimensión de los alcances de la condena que, además, conlleva una pena económica monumental, como monumental fue la corrupción pergeñada y practicada durante los años del kirchnerato.

A la Justicia le llevó diecisiete años arribar a un fallo definitivo sobre uno de los hechos de corrupción más bochornosos sucedidos en la historia del país. A lo largo de esos años hubo protagonistas que aportaron evidencias claves para dar sustento a las denuncias de esta causa.

Aquí es donde aparece el rol fundamental del periodismo honesto. Corresponde por lo tanto destacar el protagonismo de Luis Majul con su libro El dueño y el de Jorge Lanata y su equipo de PPT, cuyos aportes fueron importantísimos para hacer conocer a la opinión pública cada uno de los detalles de las distintas maniobras urdidas por la expresidenta durante sus dos mandatos, en los que persiguió a periodistas y medios críticos en su afán de establecer un régimen autoritario y permanecer indefinidamente en el poder.

El periodismo honesto es un instrumento esencial para hacer a las sociedades más plurales y transparentes.

Milei no aprendió la lección... @dealgunamanera...

Milei no aprendió la lección...

“Hay que pegarle al chancho... para que aparezca el dueño”. Dibujo: Pablo Temes.

El Presidente no comprendió la dimensión política de la derrota en el Senado de sus candidatos al máximo tribunal de Justicia. 

©Escrito por el Doctor Nelson Castro el sábado 05/04/2025 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. 

Fue la crónica de una estrepitosa derrota anunciada. No es la primera vez que algo así le sucede al Gobierno. Ya había ocurrido en marzo de 2024 con el primer proyecto de “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”. Evidentemente, Javier Milei no aprendió la lección. Y, lo que es peor, no comprendió la dimensión política de una derrota de la contundencia que sufrió el jueves pasado cuando, por amplia mayoría, el Senado rechazó las postulaciones a ministros de la Corte Suprema de Justicia del Dr. Ariel Lijo y del Dr. Manuel García-Mansilla. Lijo se quedará, pues, en su cargo de juez federal de la Nación a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 4. García-Mansilla, a quien el Gobierno le pide que continúe en el cargo y “no se deje operar” (sic), hizo saber que va a consultar a los otros tres ministros de la Corte sobre qué conducta adoptar respecto de su continuidad en el cuerpo. Uno de ellos, el Dr. Ricardo Lorenzetti, ni lerdo ni perezoso ya le hizo saber su opinión. Lo hizo en la entrevista que le concedió a Eduardo Feinmann en su programa en radio Mitre.

Dijo allí que él no hubiera aceptado ser miembro del Alto Tribunal si hubiese sido nombrado por decreto. A buen entendedor, pocas palabras. García-Mansilla debería renunciar a su cargo de ministro de la Corte Suprema en comisión e irse a su casa. Recuperaría así algo de la dignidad que perdió al aceptar ser nombrado por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), designación que, según él mismo expresó ante la Comisión de Acuerdos del Senado, “no hubiera aceptado”. Pero lo hizo.

Fue la primera vez desde la recuperación de la democracia –en diciembre de 1983– que los pliegos de los postulantes a miembros de la Corte propuestos por el Poder Ejecutivo son rechazados. Los números de la votación en la Cámara alta fueron contundentes: el pliego del juez Lijo obtuvo 27 votos a favor y 43 en contra, mientras que al de García- Mansilla le fue aún peor: lo votaron solo veinte senadores y lo rechazaron 51. Para ese rechazo concurrieron no solo la mayoría de los senadores kirchneristas, sino también un puñado de legisladores del PRO y la UCR. La política vernácula da para todo.

El Presidente ve conspiraciones por todos lados y cree que estas derrotas lo fortalecen. Está absolutamente equivocado. Es exactamente al revés. Todo el proceso de estas nominaciones frustradas, que comenzó en abril de 2024, les ha hecho un daño enorme tanto a él como a su gobierno. Es un daño autoinfligido y, por ende, carente de lógica.

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Lo que tampoco entendió el Presidente es que la designación por decreto de Lijo y García-Mansilla abría un cauce institucional peligrosísimo para el sistema republicano y para la independencia del Poder Judicial. Imaginemos lo catastrófico que hubiera sido que Cristina Fernández de Kirchner, en su apogeo en el poder, hubiese apelado a esta metodología de nombrar a jueces en comisión para cubrir no solo las vacantes en la Corte, sino también en el resto de los juzgados. La respuesta es muy simple: hubiera habido una colonización de la Justicia con una troupe de jueces militantes pertenecientes a ese engendro kirchnerista llamado pomposamente Justicia Legítima que habrían convertido a la Argentina en un espejo de la Venezuela chavista.

Desde ese punto de vista, el rechazo de los pliegos de García Masilla y Lijo sienta un antecedente jurídico de una gran importancia para el futuro a fin de que, en el caso de que a algún otro presidente se le ocurriera querer nombrar jueces por decreto, se lo pueda impedir. Lo increíble es que esto haya sido consecuencia del voto conjunto del PRO, la UCR y el kirchnerismo. Ver al kirchnerismo preocupado en defender los valores republicanos constituye un verdadero oxímoron político.

Tampoco Milei entendió que la designación de los dos jueces por vía de un decreto minaba el concepto de seguridad jurídica y encendía una alerta para los inversores, a los que el Gobierno está queriendo atraer y de los cuales tiene creciente necesidad. Sin esas inversiones, no hay éxito posible para este ni para cualquier gobierno futuro.

La economía sigue estando en el centro de la problemática del Gobierno y de la gente.

Las explosivas medidas arancelarias impuestas por Donald Trump han detonado la economía mundial. La guerra comercial que se ha abierto genera una incertidumbre de dimensiones mayúsculas y de consecuencias imprevisibles. Muy probablemente el mundo entero se encarecerá.

Para el gobierno argentino, estas medidas son malas noticias: el riesgo país aumentó casi 300 puntos en las últimas dos semanas y el dólar blue sigue su marcha ascendente a pesar de las ventas del Banco Central. Esto aleja la posibilidad de levantar el cepo.

Había la expectativa de que el Presidente volviera de su viaje relámpago por los Estados Unidos con dos logros: el primero, la foto con Trump; el segundo, la rebaja de aranceles a diversos productos argentinos. No obtuvo ninguno de los dos. Martín Menem salió rápidamente el viernes a desmentir el tema de la foto. Creer que una foto entre los dos mandatarios por sí sola cambia algo es una fantasía. Pero lo cierto es que el Gobierno buscó afanosamente ese cuadro. Veremos si con el correr de los días, las gestiones por la reducción de aranceles dan sus frutos o terminan siendo puro humo.

Otra ingenuidad se desprende de la creencia de que la simpatía personal que le prodigó el hombre más poderoso del mundo –y que es cierta– le dará vía libre para todo. Donald Trump enfrentará de ahora en más sus propios y mayúsculos problemas y, si bien su voluntad de ayudar a la Argentina es palpable, también es cierto que en el nuevo escenario mundial no tiene a nuestro país entre sus prioridades.

En paralelo a lo que pasa en los mercados, está lo que le pasa al bolsillo de los argentinos. Y lo que le pasa es que los productos de la canasta básica siguen aumentando. A la leche, la carne, los huevos, las verduras y las frutas, se les agrega ahora el pan y la suba en el pago de los servicios. Así las cosas, la posibilidad de que el índice de inflación perfore el piso del 2% mensual se aleja.

Ante el escenario local, varios economistas han advertido que América del Sur debe prepararse para lidiar con los coletazos de las medidas del presidente de los Estados Unidos. Lo han hecho en términos dramáticos: “De continuar por este camino, el mundo y nuestra región sufrirán consecuencias similares al colapso de la década del 30”. Más claro, agua.

Causa Vialidad: la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a Cristina Kirchner… @dealgunamanera...

Causa Vialidad: la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a Cristina Kirchner…

La expresidenta Cristina Kirchner saluda desde los balcones del Instituto Patria a los militantes después que se diera a conocer la sentencia dictada en los tribunales federales de Comodoro Py. Fotografía: NA

La expresidenta fue investigada por "administración fraudulenta" agravada. La condena incluye seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

© Publicado el miércoles 13/11/0204 por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este miércoles 13 de noviembre la condena a seis años de prisión a la ex presidenta Cristina Kirchner por "administración fraudulenta" agravada y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa "Vialidad" que había sido dictada por el Tribunal Oral.

Así lo dieron a conocer durante la sentencia en los tribunales de Retiro, a la vez que se confirmó la absolución de la exmandataria por el delito de asociación ilícita por mayoría de dos votos a uno. Durante el proceso, se juzgó el desvío del 80 por ciento de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas de Lázaro Báez entre 2003 y 2015.

“Funcionarios públicos nacionales y provinciales, entre los que se encontraba la dos veces presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, llevaron a cabo una maniobra fraudulenta que perjudicó de manera trascendente a las cuentas del Estado nacional, pues se desvió el dinero público en favor del empresario Lázaro Antonio Báez a partir de la asignación de obra pública vial a sus empresas” sostiene el fallo.

Javier Milei celebró el fallo contra Cristina Kirchner: "Es culpable de actos de corrupción"

La decisión de la sala IV del máximo tribunal penal federal del país quedó reflejada en una sentencia de más de 1.500 fojas de la cual se leyó la parte resolutiva. Para los jueces, “hubo una maniobra fraudulenta que perjudicó de manera trascendente a las cuentas del Estado nacional”.

La condena fue confirmada por los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, mientras que Gustavo Hornos votó por sumarle a Cristina Kirchner el delito de asociación ilícita, tal como había pedido la Fiscalía.

© Diario La Voz.

Desde hoy, corre el plazo de diez días hábiles para apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de manera que el fallo de hoy no tiene efectos concretos. El Tribunal Supremo dará el veredicto una vez que reciba la apelación y a partir de allí podrá ejecutarse el fallo. Cabe destacar que la Corte no tiene plazos para emitir una resolución.

Durante esta jornada, también se confirmó la absolución del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y las de los ex funcionarios Abel Fatala, Héctor René Garro, Carlos Kirchner. En tanto la Cámara Federal de Casación Penal, confirmó las condenas a Juan Carlos Villafañe a 5 años y Raúl Pavesi a 4 años y 6 meses de prisión, a José Santibáñez a 4 años y Raúl Daruich a 3 años de prisión, todos ex funcionarios de Vialidad.

Fuerte operativo policial y clase pública durante la lectura del fallo que confirmó la condena a Cristina Kirchner

La audiencia no contó con la presencia de la mayoría de los acusados que podían ser representados por sus abogados. El único presente fue el absuelto Abel Fatala, mientras que Cristina Kirchner no asistió, al igual que su representante Alberto Beraldi.

La expresidenta pasó la mañana en el partido bonaerense de Moreno. Más temprano había anunciado en sus redes sociales que iba a compartir una actividad con la intendenta Mariel Fernández y otras 400 mujeres. Los que sí estuvieron presentes en la puerta de los tribunales fueron el dirigente social Juan Grabois y el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena que dictaron una clase pública.

También hubo presencia política del oficialismo. Fernando Soto, funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación, se presentó en la audiencia en carácter de público.

Bronca y júbilo: la política reaccionó al fallo

Tras la confirmación de la condena a Cristina Kirchner, y a la espera de la resolución de la Corte Suprema, los dirigentes políticos se manifestaron en sus redes sociales.

Para Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, el fallo “es un mamarracho que tiene como único fin proscribirla para intentar disciplinar al peronismo, como tantas veces pasó en nuestra historia”.

Carlos Pagni: “En términos económicos, Trump se asemeja más a Cristina que a Milei”

En la misma línea se expresó Anabel Fernández Sagasti, senadora de Unión por la Patria que recordó el atentado sufrido por la expresidenta: “No es una sentencia, es una cacería. La querían muerta y, como no pudieron, la quieren presa o proscripta”.

También hubo publicaciones celebrando el fallo. Paula Oliveto, diputada por la Coalición Cívica-ARI remarcó que su espacio político inició las investigaciones en pleno auge del kirchnerismo: “Es una noticia emocionante cuando uno recuerda todo lo que pasamos investigando a esta gente. Muchas veces no nos creían porque el primer informe de obra pública en 2004 hablaba de personas que la sociedad no conocía” al tiempo que afirmó que “es un primer capítulo tardío de la historia argentina hacia la justicia”.

La primera reacción del presidente Javier Milei fue retuitear una imagen que acompañaba la noticia con la frase “todo llega”, pero luego desarrolló su opinión en un comunicado propio que recordó las críticas recibidas por no expedirse sobre la culpabilidad de la ex mandataria: “en el día de hoy (durante este gobierno) la Justicia Argentina confirmó la condena e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la ex Presidente. Hoy podemos afirmar sin ninguna duda que Cristina Fernández de Kirchner es culpable de actos de corrupción”.

ADP/ff

Difunden "Las 20 mentiras de la Causa Vialidad Nacional"... @dealgunamanera...

Difunden las 20 mentiras de la Causa Vialidad ante la expectactiva del fallo de la Corte contra Cristina Fernández de Kirchner.

Cristina Fernández de Kirchner.

En medio de la expectativa por el pronunciamiento de la Corte Suprema sobre la causa Vialidad, militantes, referentes del kirchnerismo y espacios vinculados a los derechos humanos lanzaron una fuerte campaña en redes bajo el título “Las 20 mentiras de la causa Vialidad”. A través de una serie de placas gráficas difundidas en Instagram y otras plataformas, la iniciativa busca desmontar los principales argumentos que sustentaron el fallo condenatorio contra la ex presidenta. (29 de Noviembre de 2022)

© Publicado el martes 29 de Noviembre de 2022 por el sitio oficial https://www.cfkargentina.com de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. 

Las imágenes enumeran una por una las supuestas “mentiras” sostenidas por la fiscalía y el tribunal, entre ellas la asignación de fondos ilegales, el uso arbitrario del presupuesto, la manipulación del Congreso, y la presunta connivencia con el empresario Lázaro Báez. Según los impulsores, todos estos puntos fueron refutados por testimonios, documentos oficiales y fallos previos. “No hay una sola prueba directa contra CFK”, afirman.

Entre los datos destacados, se señala que ningún ex jefe de Gabinete declaró haber recibido órdenes de direccionar obras, que todos los DNU fueron validados por el Congreso y que las demoras en los trabajos viales fueron posteriores al cambio de gobierno en 2015. También desmienten que se hayan pagado sobreprecios millonarios o que existiera una red de funcionarios bajo las órdenes de la ex mandataria.

La campaña apunta no solo a cuestionar el proceso judicial, sino también a instalar un mensaje político: que el juicio es parte de una estrategia de proscripción y persecución política. “Es lawfare puro”, repiten desde los sectores que impulsan la defensa de CFK. El momento elegido no es casual: hay expectativa de cómo la Corte Suprema deberá definir si ratifica o anula la sentencia, en un fallo que podría modificar el tablero político nacional.

Entre las falacias más graves, la campaña desmiente que CFK haya dado órdenes para beneficiar a Lázaro Báez, que se hayan usado decretos para asignar recursos sin control parlamentario o que los legisladores hayan sido forzados a votar leyes de presupuesto. También se descartan irregularidades en las licitaciones, pagos de sobreprecios o demoras injustificadas en las obras, cuya paralización, remarcan, se produjo con el cambio de gobierno en 2015.

Los posteos citan testimonios de ex jefes de Gabinete, informes oficiales y fallos anteriores que desarticulan los argumentos de la fiscalía. Incluso algunas de las mentiras señaladas —como el supuesto viaje secreto de Cristina a Santa Cruz para reunirse con Báez— fueron desmentidas con datos públicos: ese día, la entonces presidenta encabezaba un acto transmitido en vivo desde Río Negro. La campaña también destaca que todas las normas utilizadas, como el fideicomiso vial, tenían vigencia previa a los gobiernos kirchneristas.

20 mentiras de la Causa Vialidad.

MENTIRA 1

NK y CFK asignaron fondos a la provincia de Santa Cruz para obras viales de manera ilegal y arbitraria

a. Las decisiones en materia de inversión pública son de resorte exclusivo de los órganos políticos y no existe ninguna norma jurídica que fije límites sobre cómo se debe llevar a cabo su distribución. Así lo reconoce la doctrina de los autores, entre ellos, la del actual Presidente de la CSJN, Horacio Rosatti y la jurisprudencia emanada de nuestro más alto Tribunal (fallo “Bustos”) 

b. La inversión en obra pública vial de Santa Cruz se justificaba ampliamente por el déficit que presentaba su red vial en el año 2003, así como también por la necesidad de garantizar los objetivos de integrar los distintos ejidos poblacionales y reasegurar la soberanía, entre otras. Esto quedó demostrado en el juicio no solo a partir de las declaraciones de los ex Jefes de Gabinete, sino también por los testimonios de los auditores de la DNV, que incluso prestaron funciones durante la gestión de Iguacel y miembros de las Cámaras empresarias del sector. 

c. Ninguna de las 51 obras investigadas en la causa resultó improductiva o innecesaria, dato que ni siquiera pudo ser desmentido por los diputados de la oposición.

MENTIRA 2

Los proyectos de ley de presupuesto elaborados por el Poder Ejecutivo fueron diseñados de manera arbitraria e ilegal por NK y CFK

a. Se acreditó en el juicio por prueba documental y testimonial que el proceso de elaboración de los proyectos de ley de presupuesto cumplió con todos los controles legales y financieros y contó con la intervención de todas las oficinas competentes

b. También se acreditó que desde la Presidencia de la Nación jamás se impartió directiva alguna a la ONP indicándose cómo debían efectuar su tarea

c. La Fiscalía nunca convocó como testigos al juicio ni a los Ministros de Economía del período 2003-2015 ni al personal técnico que cumplió funciones dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública.

MENTIRA 3

El Congreso de la Nación tuvo una participación marginal en la sanción de las leyes de presupuesto

a. La ley de presupuesto es conocida como la “ley de leyes” y resulta ser una de las normas más debatidas en el Congreso. Ello quedó acreditado con las declaraciones testimoniales de los ex Jefes de Gabinete, los legisladores, los integrantes de las comisiones de asesoramiento y los funcionarios técnicos del Poder Ejecutivo.

MENTIRA 4

Los legisladores fueron obligados desde el Poder Ejecutivo Nacional para votar de manera afirmativa los proyectos de leyes de presupuesto que eran remitidos al Congreso

a. Quedó probado en el juicio, incluso con las declaraciones de Margarita Stolbizer y Fernando Sánchez (entre otros) que jamás se presionó o coaccionó a los legisladores para votar favorablemente las leyes de presupuesto del período 2004-2015

b. Se acreditó que incluso la propia oposición durante los ejercicios 2010 y 2011 presentó proyectos de presupuesto alternativos que incluían las mismas obras que son cuestionadas en esta causa

c. Además, las leyes de presupuesto del período fueron votadas afirmativamente por legisladores de la oposición, tales como Graciela Camaño, Federico Pinedo, Cristian Ritondo, Gerardo Morales y Pablo Tonelli. Y naturalmente, por quien se desempeñó en todo el período como jefe del bloque de senadores del oficialismo, Miguel Ángel Pichetto

d. También quedó acreditado que nunca hubo partidas presupuestarias destinadas a la provincia de Santa Cruz que tuvieran como propósito beneficiar a un contratista en particular. 

e. A diferencia de la defensa de CFK, la Fiscalía jamás solicitó que se convocara a algún ex legislador que pudiera corroborar que hubiera sufrido presiones o amenazas desde la Presidencia de la Nación para votar favorablemente las leyes de presupuesto.

MENTIRA 5

NK y CFK aumentaron las partidas del presupuesto a través de DNU sin intervención del Congreso para beneficiar a las empresas de Lázaro Báez

a. Todos los DNU que ampliaron partidas fueron expresamente validados por el Congreso de la Nación

b. Todos los DNU contaron con los controles de legalidad practicados por los servicios jurídicos

c. Todos los DNU ampliaron partidas presupuestarias con carácter general. 

d. Este tipo de herramienta legal fue utilizado por todos los gobiernos constitucionales a partir de la reforma del año 1994 y tiene una clara justificación económica (utilizar los fondos presupuestarios disponibles que son obtenidos por mayores recaudaciones a lo largo del ejercicio).

MENTIRA 6

NK y CFK utilizaron los fondos del fideicomiso creado por el Decreto N° 976/2001 sin intervención del Congreso para financiar ilegítimamente obras viales en la provincia de Santa Cruz

a.El fideicomiso ya existía con anterioridad al año 2003 y había sido creado durante la Presidencia de Fernando De la Rúa, con el propósito de financiar proyectos de inversión viales

b. En cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes, la utilización de los fondos del fideicomiso fue informada en cada uno de los proyectos de ley de presupuesto y su asignación fue validada por el Congreso de la Nación

c. La utilización de estos fondos fue informada periódicamente al Congreso por los Jefes de Gabinete y finalmente aprobada en las Cuentas de Inversión

d. Los DNU 104 y 508 del año 2004, dictados por NK y cuestionados por los Fiscales fueron utilizados con la finalidad prevista en el Decreto de constitución del fideicomiso (financiación de obras viales), tenían carácter general y fueron expresamente validados por el Congreso de la Nación.

MENTIRA 7

CFK dictó el Decreto N° 54/2009 incorporando a la DNV como beneficiaria del fideicomiso creado por el Decreto N° 976/2001 pese a la opinión contraria de los servicios jurídicos y con el propósito de que se asignaran fondos a las empresas de Lázaro Báez

a. Quedó acreditado en el juicio que este decreto constituyó una simple norma de asignación de funciones, tal como expresamente lo explicó Sergio Massa ante las preguntas efectuadas por la Fiscalía

b. El decreto fue refrendado por distintos Ministros del Poder Ejecutivo y contó con todos los controles de legalidad practicados por los distintos servicios jurídicos en la esfera administrativa

c. Jamás existió un dictamen jurídico que aconsejara que este decreto no fuera firmado

d. El decreto no tenía relación alguna con la asignación de fondos para ninguna obra vial en particular.

MENTIRA 8

NK y CFK hicieron uso de las decisiones administrativas, cuya competencia corresponde a los Jefes de Gabinete, para redireccionar recursos económicos en favor de Lázaro Báez

a. De la simple lectura de la CN (art. 100) y de las leyes dictadas en su consecuencia (ley 26.124) surge que la ejecución del presupuesto de la nación es una competencia exclusiva de la Jefatura de Gabinete, que en base a esta competencia dictan las decisiones administrativas necesarias para abrir las partidas y dar cumplimiento a la ley de presupuesto. Todo esto fue explicado en detalle por los ex Jefes de Gabinete y los funcionarios técnicos de las áreas competentes

b. Las decisiones administrativas cuestionadas en la causa tuvieron carácter general e incluyeron a las distintas áreas del Estado, entre ellas el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público. 

c. Las decisiones administrativas de la Jefatura de Gabinete no solo aumentaban partidas sino también las disminuían cuando ello era necesario, tal como ocurrió con relación a los fondos asignados a las obras de la provincia de Santa Cruz

d. Todos los ex Jefes de Gabinete declararon bajo juramento de decir verdad que jamás recibieron instrucciones por parte de NK o CFK para que direccionaran partidas presupuestarias para financiar proyectos viales en la provincia de Santa Cruz

e. Se acreditó la falsedad de lo afirmado por la Fiscalía, en cuanto a que las decisiones administrativas cuestionadas tuvieran como exclusivo órgano iniciador al Ministerio de Planificación, echando por tierra el argumento de que estos actos venían prestablecidos desde dicha cartera.

MENTIRA 9

El Ministerio de Planificación y la Dirección Nacional de Vialidad, por orden de NK y CFK, aumentaron ilegalmente las partidas correspondientes a las obras adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez

a. Las decisiones adoptadas en el área de Planificación y en la DNV se corresponden con las autorizaciones otorgadas expresamente por la Jefatura de Gabinete de Ministros a través de decisiones administrativas y no con directivas impartidas desde la Presidencia de la Nación

b. Tales decisiones fueron notificadas a la ONP, la cual efectuó un control de razonabilidad y de legalidad con carácter previo a su aprobación

c. Todos los testigos convocados al juicio descartaron que hubiesen existido interferencias desde la Presidencia de la Nación para que estas decisiones administrativas beneficiaran a Santa Cruz y menos a un empresario en particular 

d. Estos actos no solo aumentaban partidas sino también las disminuían cuando ello era necesario, tal como ocurrió con relación a los fondos asignados a las obras de la provincia de Santa Cruz.

MENTIRA 10

Durante los años 2003 y 2015 el Poder Ejecutivo Nacional impidió que el Congreso de la Nación tuviera conocimiento sobre cuál era el destino de las partidas presupuestarias incluidas en las leyes de presupuesto (apagón informativo) 

a. Quedó probado en el juicio que durante los gobiernos de NK y CFK se promovieron múltiples iniciativas tendientes a fortalecer todos los sistemas de información correspondientes a las cuentas públicas. En ese sentido se implementó la herramienta informática E-SIDIF y se lanzó el programa BAPIN II, el cual cuenta con un registro detallado de las obras, sus plazos, costos y estudios de impacto

b. Los testigos convocados al juicio corroboraron que todas estas iniciativas constituyeron una política de Estado iniciada antes de los gobiernos de NK y CFK y que se continuó hasta el presente

c. Las leyes de presupuesto incorporadas como prueba documental a la causa demuestran que las obras investigadas fueron informadas al Congreso siguiendo la misma técnica legislativa que se venía adoptando, utilizada antes y después de los gobiernos de NK y CFK

d. Quedó demostrado que la Fiscalía deliberadamente ocultó los créditos presupuestarios aprobados por el Congreso para cada una de estas obras en las sucesivas leyes de presupuesto, lo cual desmiente el argumento de que fueran subvaluadas

e. Quedó demostrado que la Fiscalía deliberadamente ocultó todos los actos del Poder Ejecutivo a través de los cuales se disminuyeron las partidas asignadas a las obras viales de Santa Cruz

f. El Congreso contaba con información detallada de todas las obras viales realizadas en Santa Cruz, no solo al sancionar las leyes de presupuesto, sino también durante su etapa de ejecución 

g. Las obras que se realizaban por convenios con la provincia de Santa Cruz además estaban previstas en las leyes de presupuesto votadas por la legislatura provincial.

MENTIRA 11

El Congreso de la Nación aprobó las Cuentas de Inversión sin efectuar ninguna evaluación seria, siendo ello el resultado de la simple imposición de mayorías políticas 

a. Las Cuentas de Inversión contienen un detalle exhaustivo de cada uno de los pagos que se efectúan con fondos públicos

b. El personal administrativo de la DNV explicó que no hubo ningún pago efectuado a las empresas de Lázaro Báez o a cualquier otro contratista que no estuviese debidamente registrado ante los sistemas del organismo y en los sistemas informáticos administrados desde la ONP (sistema SIDIF)

c. Con carácter previo a su aprobación, las Cuentas de Inversión fueron evaluadas por la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que cuenta a su vez con la asesoría de la AGN

d. La Fiscalía jamás solicitó ninguna medida de prueba que demostrara tan siquiera que al menos un legislador votara afirmativamente las Cuentas de Inversión en contra de su voluntad.

MENTIRA 12

A finales de noviembre de 2015 CFK ordenó aumentar las partidas presupuestarias de las obras adjudicadas a Lázaro Báez para que le fuera pagada una suma superior a los 500 millones de pesos

a. Durante el año 2015 el Poder Ejecutivo Nacional redujo considerablemente las partidas presupuestarias asignadas por el Congreso a la provincia de Santa Cruz para realizar obras viales

b. A finales del mes de noviembre de 2015 no se hizo ningún pago en favor de las empresas de Lázaro Báez

c. La prueba incorporada a la causa y en particular la información brindada por la DNV durante la gestión de Iguacel prueba que las empresas de Lázaro Báez contaban con una gran cantidad de certificados de obra impagos.

MENTIRA 13

El 30 de noviembre de 2015 CFK viajó a la provincia de Santa Cruz para reunirse con Lázaro Báez y diseñar el plan limpiar todo, que consistía en el abandono de las obras realizadas en Santa Cruz y el despido de todos los empleados de las empresas de Báez

a. La noticia periodística aportada por la Fiscalía tendiente a acreditar dicho encuentro no correspondía al día 30/11/2015 sino al 29/11/2015

b. El día 30/11/2015, en el mismo momento en que según la Fiscalía CFK tenía un encuentro con Lázaro Báez, CFK participaba de un acto público en Río Negro que fue transmitido en vivo y en directo para todo el país

c. Los mensajes extraídos de manera sesgada del teléfono de José López, a partir de los cuales la Fiscalía intentó fundar una falsa acusación en contra de CFK, en rigor de verdad demostraban, entre otras cosas, que José López mantenía una relación mucho más que fluida con el “hermano del alma” de Mauricio Macri, Nicolás Caputo -tanto en el ámbito público como privado-, como así también con otro importante empresario de la construcción, aportante de campaña de Cambiemos y en cuya casa, además, José López vivía. Todos estos datos fueron deliberadamente ocultados durante el alegato de Sergio Mola y Diego Luciani.

MENTIRA 14

Las relaciones comerciales entre Lázaro Báez y NK y CFK eran actos ilegales que encubrían el retorno de ganancias ilícitas producidas a raíz de la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz

a. Los contratos comerciales que enumera la Fiscalía como prueba de un delito ya habían sido denunciados muchos años antes, determinando la justicia que no constituían ilícito alguno

b. Es falso que tales contratos representen supuestos retornos en favor de la familia Kirchner, pues son actos en los cuales se intercambian prestaciones reciprocas (vgr., pago del precio de un alquiler o la compra de un bien)

c. La simple lectura de los documentos incorporados a la causa muestra que jamás existió una relación de sociedad entre NK, CFK y Lázaro Báez

d. La justicia determinó con autoridad de cosa juzgada que las relaciones comerciales entre la familia Kirchner y una persona o empresa que tuviera contratos de obra pública con el Estado no suponían ningún conflicto de intereses ni mucho menos un ilícito penal.

MENTIRA 15

CFK dio las órdenes para que se adjudicaran de manera ilegítima obras viales en la provincia de Santa Cruz al empresario Lázaro Báez 

a. La Presidencia de la Nación no tiene competencia alguna en los procesos de licitación, ejecución o pago de los proyectos viales investigados en la causa ni en ningún otro que se hubiese realizado en el período 2003 y 2015

b. La práctica de realizar convenios entre la DNV y organismos provinciales es absolutamente legítima, fue realizada a lo largo de toda la historia de la DNV y en todo el país y tenía una justificación particular en lo que hace a la provincia de Santa Cruz. Así lo explicaron en detalle no sólo los técnicos de la DNV, sino también el principal asesor jurídico de Javier Iguacel, Ricardo Stoddart.

c. Todos los testigos que declararon en el juicio, sin excepción, afirmaron que jamás recibieron de NK o CFK orden alguna para beneficiar a Lázaro Báez o a cualquier otro contratista del Estado 

d. El nombramiento de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional constituyen actos legítimos y de ellos no pueden extraerse criterios que permitan responsabilizar a la Presidencia por posibles irregularidades que estos funcionarios eventualmente cometieran

e. Pese a que la hipótesis de la acusación consistió en que NK y CFK habían dado tales órdenes ilícitas, durante todo el juicio la Fiscalía se opuso a que se formulara tal pregunta.

MENTIRA 16

CFK omitió llevar a cabo controles que impidieran la comisión de irregularidades en las obras adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez, pese a las alertas efectuadas por el ex Ministro Lavagna y por la AGN

a. No existe ninguna disposición constitucional, legal o reglamentaria que imponga a la Presidencia de la Nación el deber de controlar los actos administrativos que lleva a cabo la DNV ni mucho menos los que desarrolla un órgano provincial (AGVP)

b. El ex Ministro Lavagna explicó que su denuncia fue canalizada a través de la Comisión de Defensa de la Competencia y que NK no debía tomar ningún tipo de intervención en ese trámite. Además expuso que la supuesta relación existente entre esta denuncia y el pedido de renuncia que le efectuara NK era una simple especulación periodística

c. Se probó en el juicio que lo que la Fiscalía denomina como “alerta de la AGN” no es más que una opinión personal de Leandro Despouy. 

d. Si bien Alejandro Nieva (auditor general de la Nación) efectuó cuestionamientos ante los medios de comunicación por supuestos sobreprecios, discrecionalidad en la asignación de fondos hacia Santa Cruz y otorgamiento de obras a las empresas de Lázaro Báez, no pudo corroborar ninguna de esas manifestaciones en el juicio; expresamente indicó que ello no le constaba.

MENTIRA 17

NK y CFK utilizaron abusivamente el aparato estatal para que la obra pública vial de Santa Cruz se concentrara en un único grupo empresario y que su titular (Báez) pudiera apropiarse de otras empresas radicadas en la provincia de Santa Cruz

a. La concentración de obra pública en empresarios locales es un fenómeno que se da en forma generalizada en el resto del país

b. Los testigos que vinieron al juicio explicaron detalladamente las razones por las que se producen tales concentraciones sin que ello pueda suponer ningún tipo de irregularidad (así lo declaró entre otros Ángelo Calcaterra)

c. Los titulares de las empresas adquiridas por Lázaro Báez descartaron la existencia de presiones para vender sus empresas y afirmaron que lo hicieron por valores que los dejaban satisfechos.

MENTIRA 18

Por orden de NK y CFK se dictaron leyes provinciales fundamentales (obra pública) con el exclusivo propósito de que las empresas de Báez ganaran las licitaciones de Santa Cruz

a. Se encuentra acreditado en el juicio que casi todas las provincias argentinas cuentan con sus propias leyes de obra pública

b. El Congreso de Santa Cruz votó libremente tales leyes 

c. Las preferencias para empresarios locales que se establecen en tales leyes existen en otras provincias y suelen estar contempladas en los pliegos licitatorios. Así los declararon distintos empresarios y técnicos de la DNV.

MENTIRA 19

En todas las licitaciones ganadas por las empresas de Lázaro Báez se pagaron sobreprecios millonarios 

a. La Fiscalía jamás pidió un estudio pericial que demostrara esta acusación

b. El estudio pericial se realizó exclusivamente a instancias de las defensas y fue limitado por el Tribunal a sólo 5 obras elegidas según criterios fijados por los acusadores

c. Se permitió que participara en la causa como perito oficial (Eloy Pablo Bona) una persona que tenía una activa participación en redes sociales expresando sus opiniones en contra de la familia Kirchner 

d. El criterio utilizado por este perito, así como también el del propuesto a instancias de la Fiscalía (Roberto Panizza) resultaba manifiestamente ilógico y contrario a las reglas más elementales de su profesión. Así quedó establecido cuando los nombrados debieron prestar declaración en el juicio

e. La única perito que hizo un estudio serio sobre la existencia o no de sobreprecios fue la Ing. Adriana Alperovich, quien de manera fundada descartó la acusación de sobreprecios.

MENTIRA 20

Pese a que Báez cobró todos sus pagos en tiempo y legal forma, las obras se demoraron de manera injustificada, presentaron deficiencias constructivas o directamente no se hicieron

a. La prueba incorporada al juicio (documental, testimonial y pericial) demostró que las demoras que las obras registraban se encontraban debidamente justificadas en los distintos expedientes administrativos sustanciados al respecto

b. La prueba incorporada al juicio (documental, testimonial y pericial) demostró que no se advirtieron deficiencias constructivas de relevancia y que todo lo pagado a las empresas de Lázaro Báez se correspondía con trabajos efectivamente ejecutados (no se hicieron pagos por obras no realizadas) 

c. Los auditores de la DNV corroboraron que lo informado en el programa PPT acerca de obras que conducían hacia la nada era falso

d. Las obras fueron deliberadamente abandonadas durante el gobierno de Mauricio Macri, lo cual generó el verdadero perjuicio para el Estado. 

Nota del Editor: No necesariamente las publicaciones realizadas condicen con el pensamiento ideológico de quién ediata en este sitio, como tampoco se está de acuerdo en un todo con las publicaciones realizadas. En nuestro Blog se publica lo que se lee.