Philippe Sands: “Genocidio o crímenes de lesa humanidad no es cuestión de nueve o treinta mil”…
El reconocido jurista y profesor en
University College London, abogado ante la Corte Penal Internacional, combina
su experiencia en tribunales con la investigación histórica en su trilogía
“Calle Este-Oeste”, “Ruta de escape” y “Calle Londres 38”, donde revela la
participación de nazis refugiados en la dictadura chilena y el acuerdo entre
gobiernos por la extradición de Pinochet. Reflexiona sobre la justicia
internacional como un proceso de largo plazo, la interacción entre derecho y
política, la singularidad del Juicio a las Juntas en la Argentina, la
percepción pública del genocidio frente a los crímenes de lesa humanidad, y
alerta sobre los riesgos de la ultraderecha y la construcción de enemigos
internos en sociedades democráticas.
© Escrito por Jorge Fontevecchia el
13/09/2025 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, República Argentina.
En “Calle Este-Oeste” usted reconstruye cómo surgieron las categorías de genocidio y crímenes contra la humanidad en Núremberg. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué diferencias esenciales existen entre crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad? ¿Por qué estas distinciones importan más allá del plano académico?
Las distinciones se crearon en 1945 para Núremberg
porque, en ese momento, el juicio solo contemplaba un delito: los crímenes de
guerra, que incluían, por ejemplo, ataques contra civiles en tiempos de guerra.
Los fiscales se dieron cuenta de que necesitaban más categorías de crímenes,
por lo que añadieron dos nuevas. La primera fue los crímenes de lesa humanidad,
que básicamente consisten en atacar o asesinar a un gran número de personas. La
segunda fue el genocidio, que implica atacar o asesinar a grupos de personas
unidos por su nacionalidad, raza o religión. La razón de estas distinciones fue
ampliar la jurisdicción del tribunal al juzgar a los nazis en Núremberg.
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—A la luz de su experiencia, ¿qué tensiones conceptuales y políticas
persisten entre ambas nociones hoy en día?
—Es una pregunta muy importante. Si
un presidente estadounidense declara que está ocurriendo un genocidio en alguna
parte del mundo, aparecerá en las portadas de todos los periódicos. Si dice que
se trata de un crimen de lesa humanidad o un crimen de guerra, casi no tendrá
cobertura. Desde Núremberg, por razones complejas, el genocidio ha pasado a ser
visto como el “crimen de los crímenes”, pero en términos jurídicos no lo es:
todos son iguales. El asesinato de un gran número de personas, sea crimen de guerra,
de lesa humanidad o genocidio, es igualmente grave, y las sentencias serán
aproximadamente las mismas. Sin embargo, en la opinión pública ha surgido una
distinción, y eso es fuente de muchas dificultades en nuestro tiempo.
"Es evidente que
en el momento en el que alguien grita 'genocidio', el efecto público es mucho
mayor"
—¿Cree que la noción de genocidio
suele generar un mayor impacto en la opinión pública que la de crímenes contra
la humanidad? ¿Qué efectos produce esta jerarquía simbólica sobre la aplicación
del derecho internacional?
—Es evidente que en el momento en que alguien grita
“genocidio”, el efecto público es mucho mayor. Para mí, esto es lamentable. El
genocidio es terrible, pero también lo son los crímenes de lesa humanidad.
Déjeme darle un ejemplo. La matanza de 8 mil musulmanes bosnios en Srebrenica,
en Bosnia en la década de 1990, fue caracterizada como un genocidio, y recibe
mucha atención. En cambio, el asesinato de casi 3 millones de seres humanos en
la República Democrática del Congo, aproximadamente en la misma época, fue
caracterizado únicamente como un crimen de guerra o un crimen de lesa
humanidad, y no recibe atención. ¿Por qué la muerte de 8 mil personas es más
importante o más terrible que la de 3 millones? No lo es. Nos hemos obsesionado
con estas palabras. Fueron inventadas en 1945. Raphael Lemkin inventó el
concepto de genocidio, como describo en mi libro Calle Este-Oeste, y eso abrió
la imaginación del público. Pero esta apertura ha sido también la fuente de
muchos problemas y muchas dificultades.
—Profesor, en la Argentina hay debate sobre cómo
calificar la última dictadura militar de los años 70 y sobre el número de
víctimas, 9 mil confirmadas en campos de concentración, aunque la opinión
pública habla de 30 mil. En ese contexto, se discute el uso del término
“genocidio”. ¿Podría explicar a nuestra audiencia, especialmente en la
Argentina, si hay alguna diferencia entre estas cifras y cómo afecta la
calificación jurídica o histórica del régimen?
—En primer lugar, déjeme decir lo feliz que estoy de
tener esta conversación con usted. He estado muchas veces en la Argentina.
Estuve allí recientemente en abril para la presentación de mi libro Calle
Londres 38, y es un país al que realmente he llegado a querer mucho y sigo de
cerca lo que ocurre. Sigo estos debates. Sigo también la historia reciente de
la pintura que apareció de repente en el departamento de alguien. La respuesta
a su pregunta es la siguiente: el genocidio y los crímenes de lesa humanidad no
son una cuestión de números. No es que se tenga que alcanzar un cierto umbral
para que sea considerado crimen de lesa humanidad o genocidio. Según la
concepción original de genocidio de Raphael Lemkin, si se mata a sesenta
personas por pertenecer a una determinada religión o nacionalidad, eso ya constituye
un genocidio. El problema es que la definición de Lemkin, escrita en un libro
en 1945, no fue adoptada por los gobiernos. Y cuando, en 1948, los gobiernos
crearon la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio,
limitaron las categorías de grupos. Así, los grupos incluyen a los religiosos,
raciales, nacionales y étnicos. No incluyen a los grupos políticos. Y en la
Argentina, como en Chile, tal como describo en mi nuevo libro, los asesinatos
fueron esencialmente de grupos políticos, y por lo tanto, bajo el derecho
internacional, esto en general no se considera genocidio. Se trataría de
crímenes de lesa humanidad, y probablemente no de crímenes de guerra, porque no
había un Estado en guerra en la Argentina durante la dictadura militar. A mi
entender, estos son crímenes de lesa humanidad. Pero permítame ser claro: los
crímenes de lesa humanidad son tan terribles como el genocidio. No hay
jerarquía. No existe una Premier League o una Champions League del horror.
Todos están en el mismo nivel de horror.
"Los crímenes de lesa humanidad son tan terribles como el genocidio. No hay jerarquía"
—A
lo largo de su carrera usted ha trabajado en casos vinculados a Ruanda, la
ex-Yugoslavia, Myanmar y Darfur. ¿Qué lecciones extrajo sobre los límites y
alcances del derecho internacional penal en estos contextos?
—También
he trabajado en algunas ocasiones para el Estado argentino. Fui abogado de la
Argentina en el caso de las papeleras ante la Corte Internacional de Justicia,
por lo que estoy muy familiarizado con el trasfondo de sus preguntas. Lo que
les digo a mis estudiantes es que el derecho internacional es un trabajo en
construcción. Todo cambió en 1945 con el Tribunal de Núremberg. Fue la primera
vez en la historia en que los líderes de un país fueron juzgados por un
tribunal internacional. Y luego, en 1998, por primera vez en la historia, los
tribunales de un país ejercieron jurisdicción sobre un exlíder de otro país –el
general Augusto Pinochet– por crímenes cometidos no en el Reino Unido ni en
España, sino en Chile. Fue la primera vez. Los tribunales que trataron los
crímenes de la dictadura militar en la Argentina se ocuparon de delitos
cometidos en la Argentina, y eso tiene una larga historia. En cambio, lo
novedoso es que tribunales internacionales juzguen a líderes o exlíderes, y que
los tribunales de un país juzguen a exlíderes de otro país distinto, no a los
suyos propios. Y diría que la Justicia internacional es un juego a largo plazo.
Estamos apenas en el inicio de un proceso que llevará décadas, si no siglos, en
desarrollarse. Esa es la razón por la cual hay tanta decepción en el mundo hoy,
frente a los crímenes cometidos en Sudán, en Ucrania, en Palestina, en Gaza, en
Israel el 7 de octubre. La gente ve estos crímenes terribles y, con razón, se
hace la pregunta: ¿por qué no hay justicia? ¿Por qué sigue ocurriendo?
—¿Qué papel han jugado factores políticos, la voluntad de los Estados, la
geopolítica, la selectividad de la Justicia internacional, en determinar qué
casos llegan a los tribunales y cuáles quedan impunes?
—Un papel muy, muy grande, debo decir, y creo que todos los países son objeto
de dobles estándares. Muéstreme un país que no tenga dobles estándares. Aún no
he conocido tal país. Tomemos un ejemplo. Cuando la Corte Penal Internacional
acusó al presidente ruso Vladimir Putin, el Senado de Estados Unidos aprobó una
resolución, por cien votos a cero, celebrando la imputación de un presidente en
funciones. Pero cuando ese mismo tribunal acusó al primer ministro en funciones
de Israel, Benjamín Netanyahu, el mismo país protestó amargamente diciendo que
era un exceso de jurisdicción. No se puede distinguir entre los dos casos. Es
claramente un doble estándar. Y una de las cosas que más molesta a mucha gente
es que los países –los occidentales y también los del Sur Global– aplican
dobles estándares en la forma en que celebran o critican a la Justicia
internacional. Es algo muy selectivo. Y esa selectividad, francamente, comenzó
desde el inicio con Núremberg, que fue una forma de justicia de los vencedores.
El tribunal de Núremberg juzgó a los líderes de la Alemania nazi por sus
crímenes, pero también se cometieron crímenes por parte de Estados Unidos, de
la Unión Soviética y de Gran Bretaña, y esos crímenes no fueron juzgados. Así
que el derecho internacional tiene una historia de ser desequilibrado, de estar
torcido.
—¿De
qué manera casos recientes como Gaza o Ucrania ponen a prueba la capacidad del
derecho internacional para aplicarse también a potencias o aliados
estratégicos, y no solo a Estados más débiles?
—Este
es un momento muy significativo. Por un lado, tenemos ataques a la idea misma
de la justicia penal internacional. El papel de la Corte Penal Internacional es
cuestionado por países como Rusia, China y Estados Unidos. Por otro lado, al
mismo tiempo, otros países, el Consejo de Europa, por ejemplo, han creado un
tribunal penal internacional para el crimen de agresión, es decir, para juzgar
la guerra ilegal en relación con Ucrania. Así que distintos países están yendo
en direcciones diferentes, francamente, de manera muy selectiva, y este
desequilibrio del que ya hemos hablado genera un verdadero problema. Pero lo
evidente es que, en este momento, la justicia penal internacional enfrenta
desafíos muy serios, y los acontecimientos actuales en Ucrania, en
Israel-Palestina, en Sudán, en Yemen, creo que muestran las enormes
dificultades para hacer cumplir las leyes que se establecieron en 1945. Tenemos
un problema, tenemos un problema muy grave.
"La
justicia internacional es un proceso de largo plazo, su desarrollo tomará
décadas, siglos"
—¿Qué riesgos ve en la “inflación” de
acusaciones de genocidio en la esfera política, donde el término a veces se usa
de manera abusiva o estratégica?
—Como dije al principio, ha surgido una
brecha entre lo que la gente común entiende por genocidio –la matanza de un gran
número de personas– y lo que jurídicamente significa. Mis amigos en Ucrania me
dicen que allí está ocurriendo un genocidio. Mis amigos que observan lo que
sucede en Gaza dicen que allí está ocurriendo un genocidio. Y entiendo por qué
la gente lo dice, y como creyente apasionado en la libertad de expresión,
pienso que, si eso es lo que quieren decir, tienen derecho a hacerlo. Pero
luego está la definición legal, y la definición legal se centra en una
intención especial. Hay que probar la intención de destruir a un grupo, en todo
o en parte. Y lo que he aprendido al tratar casos ante tribunales
internacionales es que resulta muy difícil demostrar esa intención especial. La
Corte Internacional de Justicia básicamente ha señalado que debe ser la única
intención vinculada con los asesinatos, y los Estados a menudo actúan por
múltiples razones, autodefensa, lucha contra el terrorismo, entre otras. Y,
como su pregunta sugiere, el uso de la palabra genocidio enciende pasiones e
ira de una forma que términos como crímenes de guerra o crímenes de lesa
humanidad no lo hacen. Por eso creo que debemos ser muy cuidadosos en cómo
utilizamos estos términos.
—Usted
estuvo a punto de integrar la defensa de Pinochet y terminó formando parte de
la acusación. ¿Qué enseñanzas extrae de ese tránsito sobre el rol del abogado
frente a crímenes de Estado? ¿Cómo se elige estar de un lado o del otro?
—Es otra pregunta magnífica. Soy un barrister. Somos de esos abogados que
usamos peluca en la corte y argumentamos casos, y tenemos un principio como
barristers, se llama “el principio del taxista”. Somos como conductores de
taxi: vamos manejando y alguien levanta la mano y dice: “Quiero que me lleves
para que argumentes mi caso”. No se nos permite decir: “No me gusta esta
persona. No me gusta su política. No me gusta su aspecto”. Tenemos la
obligación, el deber, de tomar el caso. Así que, cuando en un inicio me
contactaron los abogados del general Pinochet –porque el caso estaba en los
tribunales ingleses–, consideré que el principio del taxista aplicaba. Pero mi
esposa, que proviene de una familia española, me dijo que si tomaba ese caso,
se divorciaría de mí al día siguiente. Su madre es refugiada de la Guerra Civil
española, y entonces encontré una excepción legítima y legal. Pero, para ser
honesto, yo habría tomado el caso, porque como abogado independiente siento que
esa es mi responsabilidad. El sistema estadounidense es distinto, allí uno
elige qué casos quiere llevar. En el sistema inglés, en general, no se puede
hacer eso. Mi visión sobre el rol de los abogados es que ser abogado no es un
negocio. Tienes una función social como abogado: contribuir a elaborar el
sistema del Estado de derecho y a la administración de justicia. Y eso
significa que a veces actúo en nombre de personas que no me gustan, con cuyas
acciones no estoy de acuerdo, cuyas ideas políticas rechazo. Esa es la
realidad. Al final, actué contra Pinochet, y creo que mi vida habría sido muy
distinta si hubiera tomado el caso a favor de Pinochet.
"Existe una interacción entre el derecho y la política, y en cada país opera de modo distinto"
—En su investigación aparece la figura de Walter Rauf, criminal nazi protegido
en Chile cuya extradición fue rechazada. ¿Qué revela su trayectoria sobre la
complicidad entre nazis refugiados y la represión pinochetista?
—Me interesé en Walter Rauff porque ya
había escrito dos libros previos, Calle Este-Oeste y Ruta de escape, y Rauff
aparece en Ruta de escape como amigo de un hombre llamado Otto Wächter, un
gobernador austriaco de las SS en la Polonia ocupada que fue el protagonista de
Ruta de escape. Me interesé en Rauff porque él fue el responsable de gestionar
y operar el sistema de camiones de gas, pequeñas furgonetas que circulaban por
la Europa ocupada por los nazis y asesinaban a la gente con gas en grupos de
unas cincuenta personas. Luego descubrí que en 1958 se había mudado a Chile, y
que era amigo de Augusto Pinochet. Entonces surgió la pregunta: ¿qué pasó con
él? Supe que Alemania Occidental intentó extraditarlo en 1963, pero la
extradición fracasó porque Chile, en ese momento, tenía una ley de prescripción
de 15 años. Los crímenes habían ocurrido más de 15 años antes, y por lo tanto
no podía ser extraditado. Volvió entonces a Punta Arenas, en la Patagonia
chilena, y continuó trabajando como gerente de la Pesquera Camelio, dedicada a
las centollas. Pero en 1973, su amigo Augusto Pinochet llegó al poder tras un
golpe de Estado. Entonces me hice la pregunta: ¿es posible que Walter Rauff
haya colaborado con Pinochet en la desaparición de personas después del 11 de septiembre
de 1973? Esa es la investigación central de mi libro. Y lo que encontré –una
historia compleja– fue que sí había una conexión, y que Rauff estuvo implicado.
Esta es, por lo tanto, la primera vez que se logra encontrar pruebas de que un
nazi que se había refugiado en Sudamérica participó en las actividades de la
dictadura chilena. Y eso plantea interrogantes sobre la justicia y sobre qué
sucede cuando alguien como Walter Rauff no es juzgado por los crímenes
cometidos en 1941 y 1942.
—Tras
la publicación de “Calle Londres 38”, ¿qué impacto percibió en la sociedad
chilena y qué aspectos reveló que aún permanecían ocultos o silenciados? ¿Cómo
influyó el gobierno democrático de Frei en obstruir la posibilidad de
extraditar a Pinochet, y qué nos dice eso sobre los límites de la justicia en
transiciones políticas?
—Calle
Londres 38 tuvo un gran impacto en Chile. Estuvo en la lista de best sellers
durante mucho tiempo y muchas, muchas personas lo leyeron. Creo que lo más
impactante para la mayoría de la gente fue la evidencia que encontré que
confirma que existió un acuerdo entre el gobierno del presidente Frei en Chile
y el gobierno de Tony Blair en el Reino Unido, y que, esencialmente, la
enfermedad de Augusto Pinochet fue inventada. Fue un pretexto. Su demencia fue
un pretexto para permitirle regresar a su país, y me reuní con los negociadores
tanto del lado chileno como del británico, quienes me confirmaron que existió
tal acuerdo. La gente encontró esto muy impactante, y en particular se
centraron en un hecho que descubrí: se preparó un dossier para enseñar al
general Pinochet a fingir demencia. Creo que esto realmente sorprendió a las
personas, y se generó mucha discusión al respecto. Pero, lo más significativo,
creo, fue que parte del acuerdo requería que el lado chileno demostrara al
británico que, cuando Pinochet regresara a Chile, perdería su inmunidad ante
los tribunales chilenos y enfrentaría la Justicia. Los negociadores chilenos
pudieron satisfacer al lado británico llevando a Londres un documento que nadie
sabía que existía en Chile hasta que se publicó mi libro: firmado por Augusto
Pinochet en 1973, autorizando la Caravana de la Muerte, actos de asesinato de
aproximadamente 95 dirigentes sindicales y políticos opositores. Creo que la
gente se sorprendió mucho al descubrir, cincuenta años después del golpe de
Estado, que existían documentos firmados por Pinochet. Así que el libro ha
tenido un gran impacto.
Producción: Sol Bacigalupo.























