Unidad para poner límites...
El «Sistema Judicial Argentino» (que no es lo
mismo que la Justicia) actuó esta semana, como en muchas otras ocasiones, en
representación de un sector, minoritario pero poderoso, que pretende edificar
un país sin el protagonismo político y social de los sectores populares, es
decir, un país para muy pocos y con una mayoría de excluidos.
© Escrito por Carlos
Heller, Dirigente Cooperativista, el sábado 14/06/2025 y publicado
por la © Revista Acción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina.
Tal es el contexto en el que debe ser interpretada la decisión de la Corte
Suprema al confirmar la condena a la expresidenta de la Nación, Cristina
Fernández de Kirchner.
En rigor, a Cristina no la están condenando por la causa Vialidad, sino por lo
que se hizo durante 12 años de gobierno, cuando modificó –en la medida de lo
permitido por la correlación de fuerzas– la estructura productiva y
distributiva, entre muchos otros avances que beneficiaron a amplios sectores de
la sociedad.
Denominadores comunes.
Los procesos políticos, sin embargo, nunca son lineales. Siempre se está frente
a la oportunidad de crear construcciones lo más amplias posibles que le puedan
poner un límite a este cruel experimento anarco capitalista.
Por lo pronto, los que alientan ese proyecto deben sortear una serie de
obstáculos. Entre ellos, el Congreso y sus espacios de debate; los movimientos
sociales que cuestionan el orden injusto; la resistencia de las organizaciones
de trabajadores. También los periodistas que honran su profesión; los
dirigentes políticos que se mantienen fieles a la representación de sus bases;
sin olvidar la labor esclarecedora de intelectuales y artistas críticos.
Es Cristina Fernández quien sintetiza y le puede dar una dirección común a ese
conjunto amplio y diverso de actores movilizados. La pretensión de hacerla a un
lado, por lo demás, está en consonancia con la búsqueda de consolidar un modelo
económico y social inviable. Como lo mencionó en una de sus intervenciones
recientes la expresidenta: «Esto ya lo vivimos». Lo intentaron en los 70 con
José Alfredo Martínez de Hoz; en los 90 con Carlos Menem; y a partir del 2015
con Mauricio Macri. Ahora lo ensayan con Javier Milei.
Acaso la única diferencia es que el actual presidente lo dice con todas las
letras: «Amo ser el topo dentro del Estado, yo soy el que destruye el Estado
desde adentro», o «la justicia social es una idea aberrante (…) lo primero que
hace es violentar la igualdad ante la ley, porque a algunos les quita y a otros
les da, y eso antes está precedido de un robo, porque los impuestos no se pagan
voluntariamente, se pagan a punta de pistola, a cambio de que si no los paga
uno, va preso».
El plan, está claro, es dejar todo en manos del
mercado, lo cual implica necesariamente la apropiación de la riqueza por parte
de unos pocos.
En la vereda opuesta pude observarse como denominador común, en los diversos
encuentros de los últimos días en los que participé, un clima de unidad ante la
injusticia de la proscripción electoral de Cristina y frente a las políticas
del Gobierno.
Coinciden gobernadores, representantes de todas las provincias, dirigentes y
legisladores de diversos partidos, movimientos sociales, sindicales, entre
otros.
Mientras, puertas afuera se dieron movilizaciones espontáneas que no cesan. Son multitudes como las reunidas hace unos días, cuando los y las diputadas debatíamos en el Congreso de la Nación temas de suma importancia para los segmentos más vulnerables de la sociedad, como los jubilados y las personas con discapacidad.
Debilidades.
Mientras tanto, la economía real sigue mostrando signos de debilidad. La
actividad industrial, uno de los sectores más castigados desde el comienzo de
la era Milei, se ubicó durante el primer cuatrimestre de 2025 casi un 10% por
debajo de igual periodo de 2023.
Si bien registró un crecimiento del 7,4% interanual, hay que tener en cuenta
que en 2024 la industria estaba en su peor momento desde la pandemia sanitaria.
A nivel sectorial, y también comparando con 2023, todos los rubros se
encuentran por debajo de ese año, excepto «otros vehículos de transporte», que
excluye automotores y «productos del tabaco», dos sectores de poca envergadura
y volátiles.
Por otro lado, en la última encuesta de expectativas de la industria, un 29%
respondió que planea reducir su dotación, 8 puntos porcentuales más que en el
informe del mes pasado.
El registro de 1,5% de inflación de mayo, en tanto, tiene como inocultables
costos la caída de la actividad económica y la pérdida de bienestar de millones
de personas, además de la importante hipoteca que se está gestando. Esto
último, en particular, por la vuelta a la dinámica de endeudamiento en dólares
y la salida de capitales, en el marco de una significativa apreciación del
peso.
Según datos del Balance Cambiario del Banco Central, la formación de activos
externos de las personas físicas ascendió en abril a 2.247 millones de dólares,
un reflejo del impacto de las medidas de liberalización respecto del dólar,
implementadas a mitad de ese mes.
Este rumbo económico y político, con todo, no es ineluctable. No se deben
descartar, al contrario, las chances de un «dique de contención» ante los
avances de este modelo aperturista, desregulador y de destrucción de lo
público.
Un límite material concreto, a mi juicio, es el comicio de octubre. Un buen
resultado en las urnas sería aquel que como mínimo garantice dos pilares
democráticos hoy soslayados. Por un lado, que no se puede gobernar por decreto;
por otro, que las leyes que propone el Congreso no pueden ser vetadas. En ese
caso, habremos ganado una batalla importantísima.
