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viernes, 29 de marzo de 2024

Milei a los pies de la casta... @dealgunamaneraok

Milei a los pies de la casta...

Pese a que avanza con el ajuste, el Gobierno comienza a reconocer los límites y profundiza sus lazos con todas las castas. Editorial de “El Círculo Rojo”, programa de La Izquierda Diario que ese emite los jueves de 22:00 a 24:00 por Radio Con Vos, 89.9.

© Escrito por Fernando Rosso el viernes 29/03/203 y publicado por La Izquierda Diario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.


El Círculo Rojo

Editorial Milei al pie de la casta. El círculo rojo...

Existe una frase relativamente conocida de Marx, casi transformada en un aforismo, que dice: "La anatomía del hombre es una clave para entender la anatomía del mono”. Literalmente pretende explicar que en los fenómenos desarrollados se pueden ver con más claridad o con mayor nitidez características que en los menos desarrollados aparecen de forma embrionaria y, por lo tanto, de manera más difusa. En la economía capitalista desarrollada (y ni hablar en su etapa superior) pueden observarse con mayor transparencia elementos que se podían intuir en la economía mercantil precapitalista o protocapitalista, pero que no eran tan evidentes. Por ejemplo, la tendencia de la competencia a negarse a sí misma con el surgimiento de los monopolios (que niegan la libre competencia o, mejor dicho, la niegan en parte y la exacerban en otro nivel haciéndola más salvaje) se hizo más evidentes en el capitalismo desarrollado o las contradicciones que encerraba la mercancía dinero (y sus diferentes formas) que se pusieron de manifiesto claramente en las crisis.

¿A qué viene todo esto? A que me parece que puede aplicarse a los más de tres meses de gobierno de Javier Milei y su vínculo con un sector de sus votantes que —pese al ajuste salvaje en curso— todavía siguen respaldando la opción que eligieron. Podría decirse que en la “anatomía” de los tres meses de administración Milei se encuentran claves de la “anatomía” de la crisis de representación que afecta a todo el sistema político y de la cuál Milei es un síntoma. Sólo una desafección con la política tradicional de tamaña magnitud puede explicar que el Gobierno conserve un sustento (menor a cualquier gobierno anterior), pero aún considerable.

Ahora, todo el mundo sabe que esto es muy endeble, que “se cura con el tiempo”, podríamos decir. Hasta el Fondo Monetario Internacional le viene advirtiendo a Milei sobre el peligro que puede tener un ajuste que genere una combinación de tres factores explosivos: rechazo social, ausencia de sustentabilidad política y carencia de consistencias en sus propios fundamentos económicos. El último en señalar esto fue Rodrigo Valdés, director del Departamento para el Hemisferio Occidental del FMI que dijo (en el mismo evento en el que habló Milei) que es necesario apoyar a los segmentos más vulnerables de la población, “para que el ajuste no recaiga en los trabajadores y los sectores productivos” y, además, enfatizó en que es preciso “mejorar la calidad del ajuste fiscal, no la cantidad”. Insistió en que “se requerirán políticas efectivas y de calidad que puedan sostenerse en el tiempo”.

Y, bueno, pese a que sigue adelante con el ajuste (el nuevo capítulo son los despidos masivos en el Estado), a su manera, Milei y su Gobierno comienzan a tomar nota de alguno de estos problemas. Analicemos tres hechos.

Milei habló esta semana en el Foro Económico Internacional de las Américas (IEFA) y pidió hacerlo en penumbras. Lo que más se dijo —y probablemente sea cierto— es que no quería se le note la papada y esas cosas. Sin embargo, los nervios y la impaciencia que se evidenciaron en esa exposición (dicen algunos, entre ellos, el periodista Leandro Renou) se deben a un malestar de Milei con Luis Caputo porque la inflación no baja como él quisiera, porque no están los dólares del FMI que había prometido el ministro, y porque además comienza a exigirle que ordene el caos social del ajuste. Su frustración se expresó en ese llamado medio desesperado a que la gente saque “los dólares del colchón”. Este disgusto se notó en la forma y contenido de la exposición. Quizá quiso esconder la papada con las luces bajas, aunque también pretendía camuflar el fastidio y cierto desconcierto ante la falta de resultados.

En segundo lugar, estuvo la reunión del ministro del Interior, Guillermo Francos con los gobernadores del llamado “Norte Grande” (10 mandatarios del NOA y NEA que realizaron la 19ª Asamblea de un Conejo Regional que integran en dicho bloque: Raúl Jalil (Catamarca); Leandro Zdero (Chaco); Gustavo Valdés (Corrientes); Gildo Insfrán (Formosa); Carlos Sadir (Jujuy); Ricardo Quintela (La Rioja); Hugo Passalacqua (Misiones); Gustavo Sáenz (Salta); Gerardo Zamora (Santiago Del Estero); y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Allí comenzó un toma y daca con los mandatarios provinciales para lograr que los diputados o senadores que le responden aprueben la nueva versión reducida de la “Ley Ómnibus” a cambio de fondos. Esto habla de dos cosas: de un gobierno nacional que va a “transar” con los gobernadores (muchas veces calificados de “feudales” por ellos mismos) y de los gobernadores dispuestos a colaborar con Milei. El acuerdo podría implicar reinstalar el impuesto al salario o una versión reforma laboral. Gustavo Sáenz, el anfitrión —aliado histórico de Sergio Massa— afirmó que “así como legítimamente el Gobierno nacional necesita herramientas para ejecutar su plan de gobierno, también los gobernadores necesitamos la previsibilidad para ejecutar nuestras acciones de gobierno”. O sea, estarían dispuestos a respaldar el plan de ajuste salvaje a cambio de guita para sus “castas” provinciales.

Más allá de esto, lo que se demuestra es que entre ellos no hay una relación de fuerzas, sino una relación de debilidades que es el producto de una fragmentación política sin precedentes.

Por último, estuvo la propuesta del Gobierno de elevar los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema. A ver, no quiero repetir que lo salió en todos lados sobre Lijo, busquen —si quieren— las columnas de Paz Rodríguez Niell en esta radio o de Carlos Pagni en La Nación— y van a confirmar que si el Poder Judicial es la casta entre las castas, Lijo es el padre de todas las castas (con varias denuncias él y su hermano, un operador judicial) con favores hacia todas las tribus de la política tradicional.

¿Por qué promueve a un juez impresentable que generó rechazo en muchos sectores? Hasta la Amcham (la cámara de comercio argentino-estadounidense) o el coloquio empresario de IDEA levantaron la voz. Esencialmente por debilidad política: porque si fracasa en lograr “gobernabilidad” en el Congreso, quiere una Corte que, de mínima, no le ponga palos en la rueda (por ejemplo, que no le voltee el DNU, cosa que no está garantizada hoy). Por eso, dicen que negoció directamente con Lorenzetti que quiere recuperar el poder que perdió en la Corte. Ojo, si se mantiene la propuesta de Lijo y pasa en el Senado (necesita dos tercios, es decir, 48 votos) es porque tendrá el respaldo de alguno de los 33 senadores y senadoras de UXP, es decir, que responden a Cristina Kirchner. O sea, la negociación con Lorenzetti habrá sido “puesto menor”.

Ustedes saben que cuando fue la crisis de la “subprime” (hipotecas) en EEUU y el Estado fue al rescate de algunos grandes bancos, George W. Bush, presidente en ese momento dijo una frase de antología: “He abandonado los principios del libre mercado para salvar al sistema de libre mercado”. Bueno, Milei podría decir “he abandonado todos principios del anticasta, para salvar la mentira del gobierno anticasta”.

Todo esto demuestra las debilidades y las contradicciones del Gobierno y, lo más importante, que si hay decisión de enfrentarlo se lo puede derrotar. Y eso es lo más importante que hay que entender en momentos en los que a esta rosca de los de arriba saldrá a enfrentarla la lucha de los de abajo.



sábado, 25 de noviembre de 2017

Poder quebrado… @dealgunamanera...

Poder quebrado…

‘PROPALEITOR’ VANDENBROELE. Dibujo: PABLO TEMES

Se revela cómo el respaldo político fue clave en delitos. Pacto con límites.

Si no fuera porque se trata de la más cruda realidad, la dinámica de las causas judiciales que comprometen a lo más granado del kirchnerismo parece alcanzar ribetes cinematográficos. La decisión de Alejandro Vandenbroele de acogerse a los beneficios del régimen del arrepentido sorprendió a muchos en una causa sensible para el ex vicepresidente Amado Boudou. Y su decisión de adelantar su declaración del viernes al miércoles confirmó su clara determinación de ingresar en el programa de protección lo antes posible. Durante las más de nueve horas que pasó en la fiscalía de Jorge Di Lello para empezar a revelar lo que sabe, confirmó su participación en hechos que había negado durante cinco años. 

Como era de esperarse, pues, abordó en detalle las tres causas en las que está imputado: la asociación ilícita por la que terminaron presos Boudou y su socio y amigo José María Núñez Carmona, el negocio entre la empresa The Old Fund y la provincia de Formosa –supuestamente dirigido a un asesoramiento para refinanciar su deuda– y el resonante caso de la compra de la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica.

Cuando a las 14.40 del viernes Vandenbroele logró la homologación del acuerdo ante el juez federal Ariel Lijo, se sintió aliviado. Inmediatamente, Lijo impuso el secreto de sumario. Fuentes con acceso a la causa confirmaron que el ahora arrepentido aportó documentos y detalles de cada operatoria, y que la información que suministró en las tres causas es verosímil.

Lo que sigue ahora es el proceso de corroboración de la veracidad de lo declarado por el supuesto testaferro de Boudou. Por otra parte, se hizo hincapié en que de la cantidad de datos aportados se deberá determinar si hay elementos nuevos, ya que mucho de lo dicho por Vandenbroele ya constaba en la causa.

De por sí es importante que Vandenbroele haya confirmado lo que la investigación judicial ya había comprobado. ¿Qué llevó a este personaje a cambiar de opinión? Fuentes cercanas a la fiscalía aseguran que, más allá de otras razones, “la sensación de impunidad y la idea de que la hora no va a llegar se mantiene hasta que se producen las primeras detenciones. 

Ahí le cambia la cabeza al imputado, que hasta hace poco no creía posible que se quebrase el círculo de protección política. Boudou esposado y en pijama, Julio De Vido detenido y CFK mirando para otro lado son elementos de una realidad pesada para cualquiera que tenga que rendir cuentas a la Justicia”.

Entre las novedades de impacto político provenientes del ámbito judicial también hay que anotar la destitución de Eduardo Freiler, integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Freiler –un hombre que amasó una fortuna que de ninguna manera pudo justificar– fue un ícono de la corrupción en los ámbitos tribunalicios. 

Una condición que aniquiló cualquier posibilidad de independencia del magistrado que ató su suerte al kirchnerismo, al que defendió contra toda lógica y evidencia. Entre sus fallos objetables están el cierre del caso Skanska –hoy reabierto–, en el que se investigaba el pago de sobreprecios millonarios en la ampliación de los gasoductos Norte y Sur; el cierre de la investigación sobre la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por traición a la patria contra Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Timerman debido a la firma del acuerdo con Irán vinculado al atentado contra la AMIA; y el voto a favor del apartamiento del juez federal Claudio Bonadio de la causa Hotesur contra CFK y su familia. 

Fue esta necesidad de protección la que llevó al kirchnerismo duro a sostener en el cargo a un juez cuyas conductas eran indefendibles. Lo de Freiler conlleva un mensaje para otros jueces de Comodoro Py: la protección de corruptos no se tolera más. Y esto es consecuencia de un estado de situación de la sociedad que trasciende a la dirigencia política. 

¿Fue histórico el acuerdo con los gobernadores? Si se considera al acuerdo una muestra de la capacidad de diálogo de la dirigencia política en funciones de gobierno, tanto de oficialistas como de opositores, probablemente la respuesta debe ser sí. La mirada hacia el futuro es tal que, entre otros beneficiados, podrían estar los propios gobernadores y líderes peronistas con chances de llegar al poder y que pretendan un federalismo algo más ordenado y, por ende, real y eficaz. Sin embargo, desde el punto de vista técnico y de resultados concretos a corto plazo, hay varios puntos objetables.

Un reconocido economista que estuvo al tanto de las negociaciones lo definió como “un acuerdo relativo y apresurado”, al tiempo que reconoció que fue “un avance, ya que los gobernadores cedieron o prometieron no incrementar sus gastos más allá de los ingresos”. En verdad, ése fue el verdadero compromiso entre Nación y provincias. El resto tuvo mucho de sacar de un lado para poner en otro. Por ejemplo, lo que las provincias cedieron de Ingresos Brutos lo recuperarán por recomposición de cajas previsionales y varios etcéteras, donde la Nación sigue poniendo plata. Hubo cierto apuro por la foto. Ese era un deseo y un mandato del Presidente.

Puertas adentro del Gobierno, los cambios produjeron turbulencias. El sector bancario terminó enfurecido con el impuesto a la renta financiera. Creen que este impuesto afectará las colocaciones a plazo fijo y que el mínimo no imponible quedó muy cerca de los pequeños y medianos ahorristas. Hoy cualquier cero kilómetro de entrada de gama cuesta $ 300 mil. Técnicamente, los detractores de la medida sostienen que el impuesto no ayuda a un país donde la bancarización alcanza apenas al 15% del PBI.

Por su parte, el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, volvió a ser blanco de las críticas por sostener una tasa de 29,5% a 180 días con tal de balancear la lucha contra la inflación. Los propios gobernadores advirtieron “no nos pidan reactivación inmediata si esto va a seguir así”.

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, y el secretario de Comercio, Miguel Braun, fueron los primeros en volver a la carga contra el titular del Central. Es una disputa sorda que el Presidente deja seguir. Creer que solamente con las decisiones de política monetaria que adopte Sturzenegger se va a corregir la inflación es un error. Es lo que enseñan los libros de economía y la historia.

Producción periodística: Santiago Serra.


viernes, 3 de noviembre de 2017

Amado Boudou, detenido por presunta asociación ilícita… @dealgunamanera...

El ex vicepresidente argentino Amado Boudou, detenido por presunta asociación ilícita…

Imagen difundida por la policía que muestra la detención del ex vicepresidente Amado Boudou. HO/NAVAL POLICE/ AFP-PHOTO

El fiscal de la causa ha hallado pruebas de que Boudou se enriqueció de forma injustificada durante el ejercicio de la función pública.

© Escrito por César G. Galero (*) el viernes 03/10/2017 y publicado en el Diario El Mundo de la Ciudad de Madrid, España. (*) Corresponsal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

Las cárceles argentinas se están llenando de ex dirigentes kirchneristas. La semana pasada caía preso Julio de Vido, el "hombre fuerte" del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y hoy le ha tocado el turno a su último vicepresidente, Amado Boudou (2011-2015). El juez pidió la detención de Boudou por un presunto delito de enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales cuando era ministro de Economía.


Junto a Boudou, el magistrado Ariel Lijo ordenó también la detención de José María Núñez Carmona, uno de los socios del ex vicepresidente kirchnerista. A Boudou, de 54 años, se le acusa de un delito de "asociación ilícita en el marco de enriquecimiento". El ex vicepresidente y su ex socio están siendo procesados también en un juicio por la presunta compra irregular de la imprenta Ciccone, donde se fabricaba papel moneda.

La policía detuvo al ex vicepresidente argentino en su piso de Puerto Madero, uno de los barrios más exclusivos de Buenos Aires. La justicia le había pedido a Boudou, entre otros requerimientos, que justificara el origen de 80.000 dólares con los que el ex funcionario le compró un apartamento a su ex novia, la periodista Agustina Kampfer.

El fiscal de la causa, Jorge di Lello, halló pruebas para deducir que Boudou se enriqueció de forma injustificada durante el ejercicio de la función pública. "Se advierten indicios de una ingeniería orientada a oscurecer el origen de los fondos con los que se realizaban consumos, y se adquirían bienes y acciones", señaló el fiscal en su requerimiento ante el juez. En cuanto a su socio, Núñez Carmona, la justicia le considera testaferro del ex vicepresidente y entiende que tampoco tiene forma de justificar su patrimonio.


Aficionado al rock y amante de los coches de lujo, Amado Boudou supo ganarse a Cristina Kirchner cuando estaba al frente de la ANSES, la Seguridad Social argentina. En 2008 fue el artífice de la estatización del sistema privado de jubilaciones, una medida que entusiasmó a Kirchner. Un año después le nombraría ministro de Economía. La dirigente peronista sorprendió a propios y extraños cuando eligió a Boudou como compañero de fórmula presidencial para las elecciones de 2011. 

Kirchner arrasó en esos comicios, con un 54% de los votos, y Boudou, como vicepresidente, fue visto a partir de entonces como el "heredero" político de Kirchner. Pero su estrella comenzó a declinar cuando un año después estalló el escándalo sobre la supuesta compra irregular de la imprenta Ciccone.

Con las detenciones de Boudou y De Vido se estrecha el cerco contra Cristina Kirchner, involucrada también en varias causas de corrupción. Tras el reciente triunfo del presidente Mauricio Macri en las elecciones legislativas, la justicia está acelerando las investigaciones en los casos que afectan a ex dirigentes kirchneristas. La ex mandataria logró en esos comicios un escaño de senadora que le protege ante una eventual orden de prisión. Pero su futuro político estará marcado por las decisiones judiciales que se tomen en los próximos meses.


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domingo, 12 de febrero de 2017

De Macri a los Kirchner... @dealgunamanera…

Justicia para todos…

COMPLIKADA, Cristina Fernández. Foto: Pablo Temes

El gobierno actual y el anterior, en la mira de los fiscales. Del Correo al pacto con Irán.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 12/02/2017 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Correo Argentino S.A. le propuso al Estado nacional un plan de pago, que fue aceptado –luego de otros rechazados– en junio pasado por el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa. El acuerdo de pago ofrecía 15 cuotas anuales con una tasa de interés del 7% anual.

La fiscal Gabriela Boquin calculó la deuda original, en 2001, en 292,8 millones de pesos o dólares. Pero de aceptarse la propuesta del Correo, la quita real rondaría el 98,8%, y eso se traduciría en una quita de $ 4.277,6 millones a valores de hoy, o de $ 70 mil millones a marzo de 2033, cuando se terminaría de pagar la última cuota de ese arreglo.

Los especialistas coinciden en la razonabilidad del planteo de la fiscal: “Ella no hace una indexación de la deuda ni la convierte de pesos a dólares, sino que calcula cuánto costaría esa deuda respecto de un hipotético valor presente y otro proyectado a 2033 –que es lo que ofrecía el Correo–”.

Fuentes de la fiscalía afirman que discutir si la deuda es en dólares o en pesos es caer en un falso dilema. “La deuda se generó en el marco de la convertibilidad peso dólar. Por otra parte, el artículo 19 de la ley de concursos y quiebras establece la suspensión de los intereses, no la interrupción de los intereses. Surge claro que ello significa que se suspenden los intereses para que el deudor pueda negociar con los acreedores. Pero no significa que se condonen.

Cuando el deudor va a ofrecer pagar, debe contemplar estos intereses que estuvieron caídos durante el trámite del concurso que, en este caso, la oferta del Gobierno no contempla. De 2001 a 2017 no se pagaría ningún interés. Este es un proceso concursal que duró 17 años. Se está ofreciendo pagar a partir de 2018, con suerte, hasta 2033. Es mentira que esté prohibido pagar intereses. En la misma sala hay antecedentes que establecen que la no contemplación de los intereses posconcursales es una nueva quita que se le hace al crédito”, sostienen.

“Las cuotas son anuales, no mensuales. Con una tasa del 7% anual, en pesos, hay una severa quita para el Estado, hay condonación de deuda. Y el artículo 52 de la Ley de Concursos, inciso 4º, dice que el juez no puede aprobar una propuesta abusiva o en fraude a la ley. Y en esta condonación, el beneficiario final es la familia del Poder Ejecutivo”, afirman en tribunales.

Los especialistas más críticos de la oferta del Gobierno sostienen que “teniendo en cuenta la meta inflacionaria para este año calculada en el 17 o 18% anual, la tasa de interés del 7% resulta incomprensible, por lo que se estarían licuando los intereses hacia delante (2033) además de la ausencia de cálculo de los intereses pasados”.

La Sala B de la Cámara Comercial es la que debe resolver si acepta el acuerdo o si hace lugar al dictamen de la fiscal y rechaza la propuesta. En el Gobierno las primeras voces salieron al cruce de manera vehemente contra la resolución de la fiscal, pero luego el propio Oscar Aguad cambió hacia un tono moderado más conciliador.

Estos aspectos técnicos son esenciales para comprender la raíz del problema que el Gobierno ha manejado mal. Se plantea una situación muy sensible al tratarse del grupo empresarial que pertenece al padre del Presidente y del cual él formó parte. Debió haberse consultado a la Oficina Anticorrupción y se debió haber informado a los representantes de la oposición durante todo el trámite de la negociación.

Más complicados. Esta ha sido una semana difícil para el kirchnerismo en materia judicial. En la causa por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por el acuerdo entre la Argentina e Irán, Julio De Vido, Oscar Parrilli y Angelina Abbona serán investigados por posible encubrimiento a Irán. El fiscal federal Gerardo Pollicita amplió el viernes la denuncia que había realizado Nisman antes de morir contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Quiere saber qué rol pudieron haber tenido los arriba mencionados en el hecho.

Pollicita pidió al juez federal Ariel Lijo la realización de 32 medidas de prueba, que incluyen el cruce de llamadas entre los acusados: Cristina Kirchner, Héctor Timerman, Carlos Alberto Zannini, Julio De Vido, Oscar Parrilli, María Esther Abbona, Luis D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Khalil, Andrés Larroque y Ramón Allan Héctor Bogado.

Por su parte, el fiscal federal Eduardo Taiano le dio un nuevo impulso a la investigación de la muerte del fiscal. Para ello, comenzó la instrucción prácticamente desde cero, luego de haber denunciado a la fiscal Viviana Fein por la deficiente tarea llevada a cabo. Ello incluyó tareas básicas de instrucción que no habían sido terminadas por Fein como, por ejemplo, entrevistar a todos los vecinos de las torres Le Parc y al equipo de la fiscalía. A Taiano le interesa dilucidar el rol de Lagomarsino. Le llama la atención el vínculo que tenía con Nisman (amigo, subordinado, etc.). Ordenó, además, la realización de una junta interdisciplinaria para determinar las causales de la muerte que implican desde cruces de llamados hasta pericias informáticas.

Esto demorará tres meses. En el entorno de la fiscalía subrayan que “en una instrucción normal, Lagomarsino y la custodia debieron haber quedado detenidos desde el primer momento”. Objetan, además, la presencia del entonces secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien no supo responder en calidad de qué se había hecho presente aquella noche en el departamento de Nisman.

Con el telón de fondo producido por el escándalo de la filtración de escuchas judiciales, fuentes de Comodoro Py apuntan contra integrantes de la AFI que pudieron realizarlas para tapar el mal momento político de su jefe, Gustavo Arribas. El martes, el juez federal Ariel Lijo procesó a Oscar Parrilli y el miércoles el fiscal Guillermo Marijuan pidió su detención. Según el juez Lijo, Parrilli –ex jefe de Inteligencia del kirchnerismo– retuvo en noviembre de 2015 un informe que señalaba la presencia de Ibar Pérez Corradi en Paraguay. Luego del cambio de gobierno, ya en junio de 2016, fue detenido a partir de esos datos que se habían cajoneado.

Durante el kirchnerato predijimos –como también lo hicieron otros– que, una vez que dejaran el poder, los tribunales de la avenida Comodoro Py serían un lugar de frecuentación para los más encumbrados funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. “La verdad es lo que es, y sigue siendo verdad aunque se piense al revés” (Antonio Machado).

Producción periodística: Santiago Serra.


domingo, 29 de enero de 2017

La lógica de la ilógica… @dealgunamanera...

La lógica de la ilógica…

Incomprensible. A veces el Presidente crea conflictos inútiles donde no los había. Foto: Cedoc

Una de las principales distorsiones que a menudo se manifiestan en el ejercicio del poder –en todas sus formas– es la aplicación de lo que podríamos llamar la lógica de la ilógica. Una de las principales distorsiones que a menudo se manifiestan en el ejercicio del poder –en todas sus formas– es la aplicación de lo que podríamos llamar la lógica de la ilógica. Cuando ello sucede, se adoptan decisiones que generan tanto desconcierto y controversia que al final terminan siendo inaplicables o contraproducentes.

De ese tipo de situaciones hubo abundancia en las dos administraciones de Cristina Fernández de Kirchner. Una de las promesas de Mauricio Macri fue alejarse de esas conductas. Sin embargo, algunas decisiones tomadas en lo que va del año y casi dos meses de su gestión han defraudado esa expectativa. Ejemplo de ello fue el entuerto judicial desatado alrededor del aumento de las tarifas del gas. Lo ocurrido con tres decisiones adoptadas entre diciembre y enero ha ido en el mismo sentido.

La primera: el envío del proyecto de modificación al mal llamado mínimo no imponible a los sueldos sin ningún tipo de acuerdo previo con la oposición, hecho que estuvo a punto de significarle al Presidente una derrota que lo hubiese dañado políticamente. La segunda y la tercera son de estos días: el anuncio de modificación del sistema de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) y la transformación –de fijo a movible– del feriado del 24 de marzo.

Respecto al tema de las ART hay coincidencia –incluso en muchos sectores del gremialismo– en que se debe introducir en ese régimen modificaciones que restablezcan un equilibrio que en la Argentina ha sido siempre difícil de alcanzar. Así como está concebido hoy, termina siendo palanca de apoyo para la industria del juicio, hecho que finalmente afecta al mercado laboral. 

Debido a esto, muchas empresas (sobre todo pequeñas y medianas, motor fundamental en la creación de empleo) se muestran reacias a contratar más personal. En los 90, la balanza estaba inclinada hacia el extremo opuesto, alternativa de la que muchas empresas se aprovecharon en desmedro de sus trabajadores.

Es pues un asunto extremadamente delicado en sus consecuencias como para que el Gobierno pretenda saltearse el imprescindible debate que debe darse en el ámbito del Poder Legislativo. El DNU es una muy controvertida herramienta institucional que sólo debe usarse excepcionalmente.Esto, que ha sido repetido hasta el cansancio, no ha sido óbice para que el Presidente recurra a esta herramienta con excesiva frecuencia. Esto, a su vez, contradice el discurso republicano de Cambiemos. Lo que también inquieta es una falta de aprendizaje por parte del Gobierno de lo acontecido a lo largo de su primer año de mandato, en el que resulta claro que cada vez que buscó atajos para evitar el consenso con las otras fuerzas políticas, las cosas no le salieron bien.


Acordar. 

El mapa político que quedó después de las elecciones de 2015 le dio a Cambiemos una cuota de poder limitada, a diferencia de la suma del poder que obtuvo CFK en 2011 como consecuencia de su resonante victoria con el 54% de los votos, que le permitió dominar –literalmente– el Congreso y manejarlo a su antojo. Hay quienes creen que actuando de esta manera –es decir, por medio de la imposición y no del consenso– se dan señales de autoridad que pesan a la hora de crear las condiciones para atraer las inversiones de las que tanta necesidad tiene la Argentina. No saben cuán equivocados están.

Una medida de tanta endeblez –que podría ser revocada a su vez a través de otro DNU– de ninguna manera puede ser imán para alguna nueva inversión significativa. A esta altura, el jefe de Estado debería tener plena conciencia de que la barrera para atraer nuevas inversiones productivas la representa la conducta a futuro del peronismo. En la medida en que lo tenga de opositor cerril y sin posibilidad de consensuar políticas de Estado, ningún inversor potente se sentirá demasiado entusiasmado de instalarse en nuestra geografía.

Otra medida incomprensible es la modificación –de fijo a movible– del feriado del 24 de marzoPocas veces se ha visto una decisión tan falta de tino en su forma y en su fondo. No se entiende la falta de consulta no sólo a los diferentes organismos y referentes de los derechos humanos, sino también a los de la política. Por qué causar un nuevo foco de conflicto donde no lo había. 

El Gobierno ha cometido una fenomenal torpeza que ha encolumnado en las críticas no sólo a la oposición sino también a muchos dentro del oficialismo, como la opinión contraria de Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

Es la economía... En el medio de estas idas y vueltas está la realidad económica, en donde las dificultades siguen siendo muchasEn lo macro, las cosas están un poco mejor. El problema es que, en lo micro, esas mejoras aún están lejos de llegar a la gente, no sólo de los sectores más desfavorecidos sino también de la clase media. No se percibe bien cuán claro tienen esto quienes toman decisiones en el entorno presidencial. Hay tensiones que irán creciendo. Ahí está en punta la CGT, anunciando un plan de lucha cuya escalada culminará en un paro nacional. La advertencia ha sido lanzada sin eufemismos.

Miguel Bein –economista serio que supo ser hombre de consulta de Daniel Scioli en la campaña presidencial de 2015– acaba de señalar que hay una reactivación que viene sucediendo desde noviembre, que la inflación estará en el orden del 23% y que hay recuperación del empleo. Pero todo es paulatino y, por lo tanto, no alcanza para solucionar el ahora de mucha gente que la está pasando mal. La insatisfacción no sólo proviene desde el ámbito laboral, también en los empresarios hay críticas.

Febrero arranca con el aumento tarifario de la electricidad. Eso irá a precios. Se calcula que en el primer cuatrimestre tendrá una incidencia de 3%. Jorge Todesca, titular del Indec, ha dicho que el índice de inflación ideal para el primer cuatrimestre de este año no debería superar el 5%, lo cual parece de dudoso logro si se toman los cálculos de enero y febrero.

El presente socioeconómico es preocupante para el Gobierno no sólo por la conflictividad social que alimenta sino también por la elección legislativa de octubre. Superadas las vacaciones, se ve que en las cabezas del oficialismo se ha comenzado a trabajar en este objetivo. Ganar va a ser muy difícil. Las encuestas en la provincia de Buenos Aires no son buenas para el oficialismo. Lo único positivo para Cambiemos es que la tiene a María Eugenia Vidalcuya buena imagen está consolidada. El problema es que no puede ser candidata, salvo que alguien con afán suicida quisiera repetir la experiencia de las listas testimoniales que tan mala fue para el kirchnerismo en 2009.


Los candidatos de Cambiemos marchan terceros cómodos.

La realidad le marca al Gobierno la necesidad de ampliar su base de sustentación. Ante esa evidencia, los resquemores entre la gobernadora y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, parecen haber quedado en el pasado luego de la comida que compartieron hace unos días. Ambos reconocen la necesidad de incorporar a hombres del peronismo no sólo como alternativa electoral sino también de gobernabilidad.

La incógnita electoral la representa Cristina Fernández de Kirchner, quien a pesar de todas las denuncias en su contra mantiene un caudal de votos importante que no tiene nadie más en el peronismo. Es notable lo que está sucediendo en el PJ: salvo la dirigencia de La Cámpora y algunos intendentes ultra K, son muy pocos los dirigentes de peso que se encolumnan tras ella. Sin embargo, ningún otro dirigente –ni siquiera Scioli– la supera en intención de voto. A su vez, en el rompecabezas electoral que se presenta hoy, CFK sabe que sin la presencia dentro del peronismo de Sergio Massa las cosas también serán difíciles para ella.

A escuchar. 

Lo sucedido con las escuchas judiciales que la comprometen es grave por donde se lo mire. En la distorsionada visión del kirchnerismo y sus acólitos de Justicia Legítima, se escandalizan por la filtración de esas escuchas. Lo que ocurre en verdad es que cada uno se escandaliza con estas cosas según en qué vereda de la geografía política se encuentre. Si estas escuchas hubieran sido comprometedoras para Macri, la misma CFK, que hoy dice sentirse perseguida, estaría convalidándolas. En verdad, lo grave es el contenido, así como también el hecho de que el titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) de ese entonces, Oscar Parrilli, se haya llevado a su casa 88 CD con escuchas que de ninguna manera debió haber sustraído de su lugar.

Hay que recordar que esas escuchas habían sido dispuestas por un juez federal, Ariel Lijo. La conversación entre CFK y Parrilli refleja tanto el abuso de poder de CFK como su trato con los miembros de su gobierno. Utilizar la palabra “pelotudo” no es ningún delito. Es una vulgaridad, y ése es un atributo –su repertorio es vasto– harto conocido de la ex presidenta.

El asunto clave radica en el propósito de armarle una causa a Jaime Stiuso. Ese “armado” es la demostración del abuso de poder que fue tan patente durante toda la gestión K. Pasaba lo mismo cuando ordenaba a la AFIP apretar a quienes criticaban a su gobierno. El kirchnerismo se creyó no administrador sino dueño del Estado. El “vamos por todo” no fue un eslogan de campaña, sino un proyecto de poder.

Producción periodística:  Santiago Serra.