Mostrando las entradas con la etiqueta Carlos Burgueño. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Carlos Burgueño. Mostrar todas las entradas

sábado, 21 de junio de 2025

 Caputo, Milei y el “siga, siga” del FMI: examen con guiño y reservas en rojo...

Kaput, el mago con dientes. Dibujo: Pablo Temes

El FMI desembarca en Buenos Aires para revisar el cumplimiento de las metas del acuerdo firmado en abril. El ministro Luis Caputo prepara un recibimiento triunfal con superávit fiscal y emisión cero, las joyas de la gestión libertaria. Sin embargo, la falta de acumulación de reservas obliga a pedir un waiver. El organismo no sancionará esta vez, pero marca su disconformidad con el tipo de cambio y la decisión oficial de no intervenir en el mercado pese a una liquidación récord del agro. La pulseada entre la ideología y las técnicas de manual reaparece y deja un aviso: en diciembre se acaba la tolerancia.

© Escrito por Carlos Burgueño el sábado 21/06/2025 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

Ahora sí. Luis “Toto” Caputo podrá ponerse el traje de gala para recibir a los visitantes que llegarán la semana que entra a Buenos Aires. La primera misión oficial del Fondo Monetario Internacional (FMI) para verificar el cumplimiento de las metas y objetivos del facilidades extendidas firmado con la Argentina el 11 de abril pasado y puesto en vigencia el 14 de ese mes, estará presente en el muy famoso quinto piso del Palacio de Hacienda, para ponerles el tilde verde a los números y porcentajes de la economía criolla del primer trimestre. Con un waiver: el de acumulación de reservas en el Banco Central, que no tendrá para la última semana de junio el nivel firmado con el organismo, pero que no ameritará sanciones desde Washington, que dejará los exámenes finales para diciembre de 2025. Mientras tanto, en este capítulo habrá un homenaje a aquel recordado árbitro argentino Francisco “Pancho” Lamolina, quien en las décadas de los 80 y 90 dejó para la historia la frase “siga, siga”. En definitiva, no será motivo de sanciones duras no haber acumulado dólares en tiempos difíciles, siempre que la promesa firmada quede firme para la medición anual. Para el último día del año, sí o sí, la casa de monedas que maneja Santiago Bausili deberá contabilizar US$ 2 mil millones en positivo. Si no, habrá que renegociar con caras amargas.

Mientras tanto, volviendo a la última semana de junio de 2025, Caputo y su gente podrán desplegar en los escritorios del Ministerio de Economía cómo el gobierno de Javier Milei se sacará un 10 felicitado en las otras dos metas innegociables que el país debe cumplir con el organismo. Y de lo que dependerá que desde Washington se liberen los US$ 2 mil millones comprometidos para julio de 2025 desde las arcas del FMI. Las dos metas sobre las que desde Hacienda se esperan aplausos de parte de los visitantes comandados por el encargado del caso argentino, el venezolano Luis Cubeddu, son obviamente el superávit fiscal y la no emisión monetaria. En el primer caso, Caputo exhibirá, orgulloso, el ahorro acumulado a mayo de 2025 del 0,8% del PBI. O, convertido a dólares, unos US$ 8 mil millones. Si se tiene en cuenta que para todo el ejercicio el compromiso llega a un superávit fiscal del 1,6% del PBI y, de seguir este ritmo, de superávit primario (recaudación vs. gasto) la meta pactada se completará antes de octubre. Y para noviembre habrá tiempo para alguna finta de lujo que permita alcanzar la meta del 1,8% de superávit, y repetir la performance del 2025. Para diciembre, como siempre, la situación siempre empeora con gastos como aguinaldos y proveedores, lo que hace imposible cerrar las cuentas en equilibrio. Con lo cual, la magia fiscal de Caputo terminará para noviembre. Pero, parece, el impulso alcanzará para cumplir con creces la meta primaria firmada con el FMI.

La segunda meta innegociable para el Fondo es la no emisión de moneda. Cero. Ni excepciones. Algo que Milei en persona gusta y disfruta cumplir, y considera la base de su modelo económico, político y social. Y que desde el primer día de permanencia en la Casa de Gobierno ordena cumplir a todo funcionario que se precie de tal. El FMI siempre consideró que Argentina tuvo históricamente un vicio impresor de billetes locales sin respaldo, y que el tándem Milei-Caputo fue el único par de responsables de la economía argentina, que entendió que por este capítulo está el verdadero motivo de los males del país, al menos los que dan origen al alza inflacionaria. El Fondo compró esta pasión del libertario asumida como un padrenuestro por su ministro, y asumió como un trío la misión de no emitir un solo peso sin respaldo en los cuatro años de vigencia del mandato de Javier Milei. Y todos cumplen su compromiso.

Hoy más que nunca Suscribite

Ante este panorama, y con las observaciones de rigor, no habrá problemas para que el FMI, en julio, libere los primeros 2 mil millones de pagos extra, por encima de los US$ 12 mil millones que el 14 de abril pasado llegaron a las reservas del BCRA. Y le permiten al Ejecutivo contabilizar dólares activos por más de 40 mil millones de dólares.

Los problemas, saben en Buenos Aires y en Washington, vienen por otro lado. Hay un dato importante de la marcha de la economía argentina que no les cierra a los técnicos del organismo mundial que monitorean al país. Y esto, más allá de la falta de acumulación de reservas en el Banco Central.

En el Staff Report publicado días después de firmado el facilidades extendidas del 11 de abril, el FMI recomienda que el tipo de cambio ejecutivo para el trimestre posterior al comienzo de la vigencia del acuerdo debería navegar por arriba del 20% de la cotización del día anterior a la entrada en vigencia del acuerdo. Esto implicaría, aproximadamente entre 1.315 y 1.320 pesos frente a la cotización de cierre de la semana; aun teniendo en cuenta el alza de las últimas jornadas de cierre de mayo. Aproximadamente, un 10% menos que la recomendación del FMI. El organismo consideraba apropiado un comienzo de vigencia del sistema de bandas a un dólar navegando entre los 1.200 y los 1.250 pesos, considerando que era un muy buen inicio de régimen. Más teniendo en cuenta que a ese nivel no hubo en los primeros días del nuevo sistema mucho traslado a inflación. O que, si lo hubo, podría haberse controlado entre el 2,5% y el 3%. Sin embargo, los firmantes de Washington del facilidades extendidas nunca tuvieron en carpeta la posibilidad de que el dólar oficial operara a la baja, y que navegara hacia aguas más cercanas a los $ 1.100 que a los más de $ 1.300 que consideraba el organismo como óptimos para el cierre del segundo semestre. Mucha diferencia. Más teniendo en cuenta que es el ítem que más le importa al fiscalizador general Luis Cubeddu.

Prima hermana de esta queja, aparece otro cuestionamiento desde Washington. No se entiende desde el FMI cómo es que el Gobierno renuncia a la acumulación de reservas vía compra de divisas a un valor incluso menor al estipulado desde el Fondo de más de 1.300 pesos dentro de la banda. Más teniendo en cuenta que hubo una liquidación sojera y aceitera de más de 3 mil millones de dólares en mayo, lo que implica un nuevo récord. Y que de ese dinero ni un solo dólar quedó de aumento de las reservas. El criterio del FMI es que si se hubiera intervenido en el mercado de demanda de divisas del BCRA, no menos de US$ 2 mil millones podrían haber ingresado a las arcas de la entidad. Y que, liquidación de los US$ 4.500 millones del 9 de julio mediante, los ahorros del Central se podrían haber incrementado en no menos de 1.000 millones de dólares. Con ese número igual habría habido necesidad de waiver, pero con un sabor más simpático desde Washington.

Sin embargo, la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda aplicaron durante mayo otra estrategia. Más ideológica que técnica. Esperar a que el dólar llegue a los 1.000 pesos para ahí comenzar a comprar. Y demostrarle a todo el que quiera analizar el sistema cambiario argentino que él tenía razón al asegurar que la divisa al primer trimestre de 2025 no necesitaba de una devaluación. Este fin de junio ratifica esa posición, pese a que está terminando el período lectivo de liquidación sojera, la que probablemente mostrará para fin de mes un nivel récord, sin que el BCRA haya mostrado subas en el nivel de reservas por la vía de compra de dólares.

Recuerda el Presidente que la batalla por la devaluación fue lo que hizo que se eyectara de las responsabilidades con la Argentina el aún director gerente para el hemisferio occidental, el chileno Rodrigo Valdés, que en las negociaciones de mediados de 2024 discutía con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, sobre la necesidad de corregir el tipo de cambio de entonces en un 20%. Mínimo. Valdés fue echado de las negociaciones, pero hacia abril de 2025 el FMI le dio, bastante, la razón.

Milei se negó todo lo que pudo al esquema de bandas, defendiendo su teoría de los 900 pesos. Pero, ya acosado por el mercado a fines del primer trimestre del año, tuvo que ceder. Y negociar las bandas cambiarias de la tercera etapa de su plan de estabilización. El techo de 1.400 pesos fue exigencia del FMI, que no quería ni quiere una banda de máximos bajos que obligue rápido al Central a vender dólares y perder reservas. La de 1.000 fue exigencia de Milei, que quería un piso por debajo de los 1.096 pesos de cierre del régimen anterior. Para demostrar que tenía razón, que el valor de su diseño anterior, 100% propio, era el correcto. Y que la economía argentina de hoy se mueve más cerca de la base que del techo del sistema de bandas cambiarias que regirá los destinos de la relación del dólar y el peso, al menos hasta las elecciones legislativas de octubre.

No pudo ser. Esa apuesta de compra a los 1.000 pesos nunca llegó. No se sumaron dólares al BCRA. Más bien se perdieron. Y ahora llega el momento de ir a negociar un waiver al FMI. A tres meses de firmado el facilidades extendidas.





lunes, 13 de mayo de 2024

Panorama económico. La bestia que avanza y nadie le presta atención… @dealgunamanera...

 Panorama económico. La bestia que avanza y nadie le presta atención…

Picosaurio. Dibujo: Pablo Temes

El desenlace del juicio en EE.UU. por la reestatización de YPF va a encontrar a una Argentina desarmada e inerte.

© Escrito por Carlos Burgueño el domingo 11/05/2024 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

La bestia avanza. Nadie la puede parar. Y en algún momento, embestirá fuerte contra Argentina. Y, de no cambiar radicalmente la realidad económica y financiera local, será un golpazo del que se tardarán años, quizá décadas, en salir. Sorprende la inacción, no sólo del Gobierno, sino de toda la clase política criolla; la que a esta altura debería estar resolviendo cómo enfrentará el problema cuando explote, y represente un bombazo enorme contra la estabilidad financiera del país. A cambio de esto, los políticos locales se señalan como los responsables, culpan a fantásticas conspiraciones o, directamente, niegan que sea un problema. Y, como no, apuntan a ver cómo ganar algunos votos con la cuestión. Lo cierto, es que cuando llegue el punto final de un proceso que amenaza demoledor, y de no cambiar la inactiva realidad, la conclusión de un proceso judicial contra la Argentina en los Estados Unidos, donde hay casi nulas chances de ganar; encontrará al país desarmado e inerme.

El juicio contra el país por la manera en que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner reestatizó YPF, continúa su derrotero, con novedades más que peligrosas para la muy débil posición argentina. Como se sabe, las últimas novedades son que el fondo vencedor Burford Capital sobreactúa que quiere cobrar, y le pide a la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska quien falló en contra de la posición local, que avance con embargos a las acciones que el Estado argentino tiene en YPF, el Banco Nación, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), Aerolíneas Argentinas, la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales SA, (Arsat) y Energía Argentina SA (Enarsa). No reclama los embargos para cobrar, sino para garantizarse que el gobierno argentino lo hará en el futuro, cuando el caso termine su derrotero que hoy tiene parado en la Cámara de Apelaciones de Nueva York; donde es muy difícil que el país logre dar marcha atrás lo que ya decidió Preska. Habrá, además, una estación más antes del desenlace. Argentina probablemente apele ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos; una instancia donde el país nunca tuvo suerte. El proceso total puede demandar unos dos años, y culminar en algún momento del 2026. Demasiado tiempo para pensar soluciones en un país acostumbrado en que el corto plazo es semanas, el mediano un mes y el largo un semestre. Sin embargo, un país que se maneje seriamente debería estar analizando cómo pagará los US$ 16 mil millones que reclaman con un fallo de primera instancia a su favor los Burford Capital y Eton Park, los que con intereses podrían incrementar el número a más de US$ 18 mil millones finales.

Esta causa empezó a ser negociada por el fondo Burford en junio de 2012. Pudo esperar una definición casi 11 años.

Para tener una idea de la dimensión de lo que se está hablando, es el caso de mayor pasivo en dólares en la historia de los juicios de Wall Street. Es la segunda deuda más importante del país luego de los US$ 44.800 millones que se le deben al Fondo Monetario Internacional (FMI). Es el juicio de un privado a un país más importante a nivel mundial. Y, lo más destacado, no hay ninguna manera que Argentina genere semejante cantidad de dólares y los deposite en las reservas del BCRA para cuando el juicio haya concluido. Al ritmo que vienen recuperándose las reservas netas del Banco Central, recién Argentina podría conseguir ese dinero en unos tres años. Pero, claro, debería olvidarse de abrir el cepo. O de pagarle al FMI. O de cumplir con las obligaciones financieras contraídas en el canje de deuda de octubre del 2020.

En paralelo, un tema explosivo navega el juzgado de Preska. Un gran misterio de este megajuicio es quiénes son los socios del principal fondo demandante y vencedor, Burford Capital. Esta persona, personas o sociedades recibirán, cuando Argentina pague, miles de millones de dólares que tendrá que pagarle el país. Para agregarle misterio al guion, Burford ya vendió el 15% del juicio en US$ 66 millones en junio de 2017; tres años después de haberlo adquirido en unos 35 millones de dólares en los tribunales madrileños donde se llevaba adelante el concurso de Petersen Energía y Petersen Inversora. En aquella operación, el fondo de capitales ingleses especializado en adquirir por el mundo causas judiciales semimuertas para luego inyectarles capital y argumentos penales y comerciales para revivirlas y accionar en consecuencia; había valuado la totalidad de la causa por la renacionalización de YPF en unos US$ 440 millones; mientras le declaraba a Preska por un reclamo general de más de US$ 3 mil millones. Con esos 66 millones de dólares de venta del 15% de la causa a los misteriosos accionistas de la causa, Burford Capital puedo solventar todos los gastos de la causa, tanto su adquisición en Madrid, como las acciones judiciales en el Segundo Distrito Sur de Nueva York que maneja Preska. Si la Justicia de los Estados Unidos mantuviera firme el fallo negativo contra el país (algo casi inevitable) hasta el de la causa para cuando llegue a la Corte Suprema de los Estados Unidos y sostuviera así, que el monto a pagar fuera de US$ 16 mil millones, la ganancia de Burford entre la compra de la causa y el cobro final treparía al 45 mil % en algo más de nueve años de juicio. Supera incluso al más de 1.000% de ganancia de los fondos buitre contra Argentina en la causa iniciada en 2006 y finalizada en 2016.

El reto de las reservas, una disputa de poderosos y la pesada deuda eléctrica.

La causa se basa en el reclamo de Burford por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem. Allí el país se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado.

La demanda fue iniciada por un especialista mundial en este tipo de batallas: el fondo Burford Capital. El tipo de maniobra en que se especializa Burford es ofrecer a tribunales de todo el mundo dinero al contado a cambio de la venta de la totalidad o parte de los derechos de estas causas. Burford, un gigante financiero con espaldas amplias, luego aplica el profesionalismo de sus abogados internacionales con toda la paciencia del mundo para esperar los fallos finales. De hecho, esta causa comenzó a ser negociada por Burford en junio de 2013; con lo que pudo esperar una definición de casi 11 años.

El reclamo original del fondo es por los daños generados al resto de los accionistas de la petrolera argentina, luego del pago que se les hiciera a los españoles de Repsol por la reestatización del 49% de YPF en 2012. Burford les había comprado a dos empresas españolas, Petersen Energía SAU y Petersen Inversora SAU (sin vinculaciones ya en ese momento con el grupo argentino Petersen), el privilegio de presentar un caso contra la República Argentina y contra YPF, luego de la expropiación de Repsol en 2012. Finalmente, el 11 de julio de ese año, la compañía anunció que había comprado al fondo estadounidense Eton Park Capital una participación del 70% en un caso similar presentado contra el soberano e YPF en 2016.



    

domingo, 10 de marzo de 2024

Los ajustados de siempre… @dealgunamaneraok...

Los ajustados de siempre

 Javier Milei. Diujo: Pablo Temes. 

Ninguna repartición cercana o lejana a los libertarios aceptó la propuesta de reducir el gasto. El ajuste fue a los ciudadanos.    

© Escrito por Carlos Burgueño el sábado 09/03/2024 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.


Cuando dos osos pelean, el que pierde es el piso. Esto dice un viejo dicho ruso, muy utilizado durante la Guerra Fría en ambos lados del conflicto. Y que aplica al debate sobre el ajuste fiscal argentino versión 2024. En general, los 
conflictos por dinero entre la Nación y alguna provincia que nacen por la disminución del envío de fondos desde el Ejecutivo a algún gobernador no terminan con un ajuste en la región perjudicada, sino en un aumento en la presión impositiva en ese territorio.

Aunque el debate entre el gobernante que quita el dinero y el perjudicado se vea embanderado por el recorte de gastos públicos, por lo mucho que gasta “la casta” y el hecho de que “no hay plata”, y que en el bando contrario se afirme que en realidad los poderosos quieren ejecutar su venganza y multiplicar sus panes, quitándole fondos al pueblo, siempre estos conflictos por dinero que van de un lado a otro terminan de la misma manera.

El damnificado descubre la manera de cobrar el faltante en los ciudadanos a los que se quiere defender. Sea desde la cúpula gubernamental o desde el responsable de una provincia o municipio. En la historia reciente de la Argentina, nunca un responsable de manejar un territorio (sea de la ideología que sea) cubrió el faltante con un ajuste interno, con una disminución de gastos superfluos, con la suspensión de algún recital o la eliminación de algún privilegio. Siempre, la solución del conflicto fiscal se resolvió aumentando la presión de fondos sobre el contribuyente local. El debate es en realidad por el impuesto o tributo a incrementar. Nunca en su disminución. 

Es lo que se vive hoy en día. Y lo que, por ejemplo, están experimentando los residentes de provincias como Buenos Aires, La Rioja, Misiones, Córdoba y otras, donde las facturas y boletas de rentas, impuestos locales e ingresos brutos se están multiplicando; mientras sus gobernadores están en plena pelea con 
Javier Milei por los fondos quitados de la coparticipación o las líneas discrecionales varias.

Confirmado: Argentina no crece hace 12 años (pueden ser 13)

Y es lo que determina el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) publicado esta semana, y donde se estudia detenidamente el conflicto surgido durante el gobierno de Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, ante la quita de fondos de la Nación para reenviárselos a la provincia de Buenos Aires. Menciona la entidad que maneja Nadin Argañaraz que “los conflictos entre Nación y provincias por recursos fiscales terminan con subas de impuestos: el ejemplo reciente de CABA.

En 2023, el aumento de la presión tributaria de Ingresos Brutos originada en gravar intereses de pasivos monetarios del BCRA habría sido del 0,28% del PIB”. Afirma la entidad que “en 2023 CABA aumentó su presión tributaria efectiva de IIBB de manera significativa entre 2019 y 2023 respecto al grupo de provincias formado por Buenos Aires, Córdoba y Mendoza”. Menciona además que la presión tributaria efectiva de CABA aumentó 0,38 puntos porcentuales del PIB, mientras que la del grupo lo hizo solamente en 0,1 p.p. del PIB. El motivo principal que explica la diferencia, de 0,28 p.p. del PIB, habría sido el gravamen a las Leliq, que tuvieron un gran aumento en el año 2023.  


Aquel conflicto aún no resuelto marcó que como resultado neto final del descenso de envíos nacionales y la suba de presión tributaria de ingresos brutos, CABA en 2023 habría recuperado los ingresos perdidos y obtenido ingresos extras por $ 77 mil millones constantes de diciembre de 2023, pero terminó con un incremento de la presión tributaria efectiva del segundo impuesto más distorsivo que tiene la estructura tributaria argentina, más allá de estar oculto en el precio de bienes y servicios.

El FMI y el Papa advierten: sin clase media fracasará el ajuste

La metáfora del conflicto entre Alberto FernándezHoracio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof es que la provincia de Buenos Aires mantuvo los fondos gracias a la licuación de gastos, la Ciudad los recuperó y la Nación no perdió. Pero la presión tributaria general se incrementó.  

La semana pasada, Axel Kicillof anunció que en la provincia de Buenos Aires se aplicará próximamente un pago extraordinario del impuesto a los ingresos brutos, el más distorsivo de todo el sistema tributario argentino y aquel que todos los analistas afirman que debe ser el primero en ser desmantelado con el objetivo de cubrir parte de los fondos quitados desde la Nación en medio del ajuste libertario. Se afirma que solo lo pagarán los sectores de mayores ingresos y que por ahora quedarán fuera las pymes.

Sin embargo, el análisis del mosaico tributario afirma que quienes liquidan ingresos brutos en Buenos Aires (aun los mayores aportantes) son grandes empresas industriales. Muchas de las cuales están hoy al borde de ingresar en terapia intensiva. Y que están en condiciones paupérrimas de calcular “ingresos”, aunque sean brutos. Mientras tanto, también en Buenos Aires, se está aplicando un ajuste en las tarifas locales de rentas superiores al 200%; mientras que en los automóviles la suba es del 180%. Se replica la foto en el resto de las provincias.

Hasta marzo de 2024, ninguna repartición, ni cercana ni lejana a los libertarios, aceptó la propuesta del Presidente de reducir el gasto público. La elección del ajuste fue trasladar el costo a los ciudadanos. Que curiosamente coinciden con los votantes. A los que se les prometió otra cosa para este 2024. Tanto desde la Nación como desde las provincias.