Sobre el crédito de los bancos de Wall Street: fue culpa del señor Bessent que no llegaran…
La activación del
préstamo por US$ 20 mil millones que los bancos privados de Wall Street
analizaban para asistir a la Argentina quedó frenada por las demoras y recelos
del Tesoro estadounidense, que no logró garantizar un esquema financiero y
político de largo plazo. La falta de respaldo obligó a recurrir a un REPO de
apenas US$ 5 mil millones para cubrir el vencimiento de enero, mientras el
gobierno de Milei enfrenta exigencias del FMI, del Tesoro y del mercado para
acumular reservas y reducir el riesgo país.
© Escrito por Carlos Burgueño, Periodista. Lic. en Ciencia Política. Máster en
Economía y Sociología, el sábado 29/11/2025 y publicado por el Diario Perfil de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.
El problema de la demora en la activación del préstamo por US$ 20 mil
millones que un grupo de bancos privados norteamericanos iba a otorgar a la
Argentina no fue responsabilidad de las entidades
comandadas por JP Morgan. Las dificultades principales provinieron
de la falta de celeridad y claridad en la aplicación de las garantías necesarias
para activar el crédito puente desde el Tesoro de los Estados Unidos. Fue la
repartición que maneja Scott Bessent la
que no logró, en tiempo y forma, generar el respaldo financiero y político
indispensable para que los bancos privados de Wall Street diseñaran el
mecanismo de activación del crédito. Por eso, el dinero disponible para la
Argentina para afrontar los US$ 4.300 millones que el país debe pagar el 9 de
enero próximo –por los vencimientos de los Bonares y Globales reestructurados
en octubre de 2020– provendrá de un más modesto mecanismo de REPO (Repurchase
Agreement) por unos US$ 5 mil millones. Sin intervención del Tesoro y con
garantías propias de las entidades financieras.
El problema está en
Buenos Aires, donde la posibilidad de un default es real.
Luego, y tal como adelantó este diario, habrá que negociar durante el
segundo semestre del año si se puede reactivar el apoyo por los US$ 15 mil
millones restantes, para garantizar los tres pagos que le quedarán al gobierno
de Javier Milei en el resto de su gestión hasta diciembre de 2027. Y si este
dinero provendrá de la reactivación del préstamo de los bancos privados que
operan en Wall Street o si se deberá recurrir al mercado financiero
internacional voluntario de colocación de deuda, para lo cual la Argentina
deberá garantizar un riesgo país inferior a los 400 puntos básicos, como
máximo.
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El problema de Bessent para ser garante de la emisión de deuda surgió a
comienzos de noviembre, y es estrictamente político. La deuda negociada con los
bancos privados estaba diseñada, en principio, para una duración de diez años.
Esto quiere decir que vencería teóricamente en enero de 2036. Hasta ese momento
debía coexistir el pasivo con garantía del Tesoro de los Estados Unidos. El
problema técnico surgió cuando, legalmente, se debía implementar un esquema de
garantías financieras que permaneciera durante veinte semestres, asegurando que
el país cumpla con los pagos. Si no lo hiciera, sería el Tesoro el encargado de
cubrir ese eventual default local.
Ese lapso excede la gestión de Javier Milei y de su equipo económico,
aun cuando eventualmente fuera reelegido por otros cuatro años en 2027. En ese
caso, su mandato se extendería hasta diciembre de 2031, cinco años antes del
vencimiento de la vida útil del bono emitido por los bancos norteamericanos con
la venia del Tesoro. Para entonces, las eventualidades políticas de ambos
países son un misterio.
Aventurar si en Estados Unidos continuará un gobierno republicano que
mantenga la garantía es relativamente más sencillo, dada su institucionalidad
probada. El problema está en Buenos Aires, donde la posibilidad de un default
–por el pésimo currículum financiero internacional criollo (tres desde 1983)–
hace que la alternativa de un incumplimiento esté siempre al acecho. Y que la
necesidad eventual de la presencia del Tesoro sea permanente. Si el país
entrara en una crisis financiera y requiriera un rescate de esta deuda, debería
dar explicaciones Bessent y su equipo, quienes además deberían diseñar un
esquema de seguros para cubrirse monetaria y legalmente ante una eventual
trapisonda local.
Para los períodos políticos futuros, nada asegura que un signo político
contrario al actual –en cordial convivencia con los republicanos de Washington–
se mantenga en el tiempo. Y, según trascendió, había cierta reacción negativa
de Bessent y su equipo a garantizar por un período tan extenso la posibilidad
de un default argentino motivado por un cambio de signo político o una crisis
que impidiera cumplir con los compromisos diseñados con JP Morgan.
Este cruce de dudas retrasó el diseño del préstamo por US$ 20 mil
millones y dio lugar a la creación de un REPO más modesto.
La idea de Caputo era presentar antes de fin de año el acuerdo con los
bancos privados, mostrar que el temor al potencial default de la gestión Milei
estaba disipado y que había llegado el momento de volver al mercado financiero
internacional de deuda voluntaria. Sin embargo, no podrá ser. En el mejor de
los casos, el pago de enero se concretará con dinero que solo alcanzará para
cumplir ese vencimiento con los bonistas.
La estrategia del Ministerio de Economía era aún más optimista, y
sostenía que tampoco sería necesario aceptar el préstamo securitizado por el
Tesoro: que, con solo presentarlo, automáticamente se abrirían para Finanzas
los “cielos celestes” de la colocación internacional de deuda. En definitiva,
los US$ 20 mil millones de los bancos privados más los US$ 20 mil millones del
swap con el Tesoro sumarían unos US$ 40 mil millones que Caputo exhibiría en la
vidriera internacional, garantizando un interés bajo en una colocación
voluntaria de bonos públicos; mejorando plazos y montos respecto de la
reestructuración de Guzmán, en la que se negoció una tasa del 3,07%.
Para tener una referencia de lo lejos que se está hoy de aquel
porcentaje, la Argentina pagaría algo más del 9% anual en dólares.
La estrategia de
Economía era optimista: no era necesario aceptar el préstamo.
Ahora, Luis “Toto” Caputo deberá trabajar a destajo en una estrategia
que incluya un cambio drástico en la política cambiaria del primer semestre.
Para el período sojero de 2026 (entre marzo y julio), Economía deberá mostrar
una clara tendencia a la compra de dólares y al aumento de reservas del Banco
Central. Es un requisito tripartito e ineludible: lo exige el FMI, el Tesoro de
los Estados Unidos y los mercados financieros. Tanto Kristalina Georgieva, como
Bessent y los técnicos de J.P. Morgan que trabajaban en el préstamo, se lo
dejaron en claro al Palacio de Hacienda.
Si aun así se necesitara todo o parte del dinero de Donald Trump para el
segundo vencimiento, el del 9 de julio de 2026, habría dos opciones: un simple
swap de monedas (intercambio de pesos por dólares sin registrar deuda en los
pasivos del Estado) o una recompra de bonos en poder del Estado a través del
Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Lo importante de ambas alternativas es que, según la visión oficial y la
de la mayoría de los analistas, no requerirían una ley, ya que técnicamente no
implican nueva deuda: solo recambio de vencimientos cortos por largos. Pero
para eso, hay que replicar la tasa de Guzmán: 3,07%. De lo contrario, en
términos reales habría mayor endeudamiento. Salvo que el 9 de enero se pague
con reservas. Algo que no podrá ser.
