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lunes, 13 de mayo de 2024

Panorama económico. La bestia que avanza y nadie le presta atención… @dealgunamanera...

 Panorama económico. La bestia que avanza y nadie le presta atención…

Picosaurio. Dibujo: Pablo Temes

El desenlace del juicio en EE.UU. por la reestatización de YPF va a encontrar a una Argentina desarmada e inerte.

© Escrito por Carlos Burgueño el domingo 11/05/2024 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

La bestia avanza. Nadie la puede parar. Y en algún momento, embestirá fuerte contra Argentina. Y, de no cambiar radicalmente la realidad económica y financiera local, será un golpazo del que se tardarán años, quizá décadas, en salir. Sorprende la inacción, no sólo del Gobierno, sino de toda la clase política criolla; la que a esta altura debería estar resolviendo cómo enfrentará el problema cuando explote, y represente un bombazo enorme contra la estabilidad financiera del país. A cambio de esto, los políticos locales se señalan como los responsables, culpan a fantásticas conspiraciones o, directamente, niegan que sea un problema. Y, como no, apuntan a ver cómo ganar algunos votos con la cuestión. Lo cierto, es que cuando llegue el punto final de un proceso que amenaza demoledor, y de no cambiar la inactiva realidad, la conclusión de un proceso judicial contra la Argentina en los Estados Unidos, donde hay casi nulas chances de ganar; encontrará al país desarmado e inerme.

El juicio contra el país por la manera en que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner reestatizó YPF, continúa su derrotero, con novedades más que peligrosas para la muy débil posición argentina. Como se sabe, las últimas novedades son que el fondo vencedor Burford Capital sobreactúa que quiere cobrar, y le pide a la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska quien falló en contra de la posición local, que avance con embargos a las acciones que el Estado argentino tiene en YPF, el Banco Nación, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), Aerolíneas Argentinas, la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales SA, (Arsat) y Energía Argentina SA (Enarsa). No reclama los embargos para cobrar, sino para garantizarse que el gobierno argentino lo hará en el futuro, cuando el caso termine su derrotero que hoy tiene parado en la Cámara de Apelaciones de Nueva York; donde es muy difícil que el país logre dar marcha atrás lo que ya decidió Preska. Habrá, además, una estación más antes del desenlace. Argentina probablemente apele ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos; una instancia donde el país nunca tuvo suerte. El proceso total puede demandar unos dos años, y culminar en algún momento del 2026. Demasiado tiempo para pensar soluciones en un país acostumbrado en que el corto plazo es semanas, el mediano un mes y el largo un semestre. Sin embargo, un país que se maneje seriamente debería estar analizando cómo pagará los US$ 16 mil millones que reclaman con un fallo de primera instancia a su favor los Burford Capital y Eton Park, los que con intereses podrían incrementar el número a más de US$ 18 mil millones finales.

Esta causa empezó a ser negociada por el fondo Burford en junio de 2012. Pudo esperar una definición casi 11 años.

Para tener una idea de la dimensión de lo que se está hablando, es el caso de mayor pasivo en dólares en la historia de los juicios de Wall Street. Es la segunda deuda más importante del país luego de los US$ 44.800 millones que se le deben al Fondo Monetario Internacional (FMI). Es el juicio de un privado a un país más importante a nivel mundial. Y, lo más destacado, no hay ninguna manera que Argentina genere semejante cantidad de dólares y los deposite en las reservas del BCRA para cuando el juicio haya concluido. Al ritmo que vienen recuperándose las reservas netas del Banco Central, recién Argentina podría conseguir ese dinero en unos tres años. Pero, claro, debería olvidarse de abrir el cepo. O de pagarle al FMI. O de cumplir con las obligaciones financieras contraídas en el canje de deuda de octubre del 2020.

En paralelo, un tema explosivo navega el juzgado de Preska. Un gran misterio de este megajuicio es quiénes son los socios del principal fondo demandante y vencedor, Burford Capital. Esta persona, personas o sociedades recibirán, cuando Argentina pague, miles de millones de dólares que tendrá que pagarle el país. Para agregarle misterio al guion, Burford ya vendió el 15% del juicio en US$ 66 millones en junio de 2017; tres años después de haberlo adquirido en unos 35 millones de dólares en los tribunales madrileños donde se llevaba adelante el concurso de Petersen Energía y Petersen Inversora. En aquella operación, el fondo de capitales ingleses especializado en adquirir por el mundo causas judiciales semimuertas para luego inyectarles capital y argumentos penales y comerciales para revivirlas y accionar en consecuencia; había valuado la totalidad de la causa por la renacionalización de YPF en unos US$ 440 millones; mientras le declaraba a Preska por un reclamo general de más de US$ 3 mil millones. Con esos 66 millones de dólares de venta del 15% de la causa a los misteriosos accionistas de la causa, Burford Capital puedo solventar todos los gastos de la causa, tanto su adquisición en Madrid, como las acciones judiciales en el Segundo Distrito Sur de Nueva York que maneja Preska. Si la Justicia de los Estados Unidos mantuviera firme el fallo negativo contra el país (algo casi inevitable) hasta el de la causa para cuando llegue a la Corte Suprema de los Estados Unidos y sostuviera así, que el monto a pagar fuera de US$ 16 mil millones, la ganancia de Burford entre la compra de la causa y el cobro final treparía al 45 mil % en algo más de nueve años de juicio. Supera incluso al más de 1.000% de ganancia de los fondos buitre contra Argentina en la causa iniciada en 2006 y finalizada en 2016.

El reto de las reservas, una disputa de poderosos y la pesada deuda eléctrica.

La causa se basa en el reclamo de Burford por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem. Allí el país se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado.

La demanda fue iniciada por un especialista mundial en este tipo de batallas: el fondo Burford Capital. El tipo de maniobra en que se especializa Burford es ofrecer a tribunales de todo el mundo dinero al contado a cambio de la venta de la totalidad o parte de los derechos de estas causas. Burford, un gigante financiero con espaldas amplias, luego aplica el profesionalismo de sus abogados internacionales con toda la paciencia del mundo para esperar los fallos finales. De hecho, esta causa comenzó a ser negociada por Burford en junio de 2013; con lo que pudo esperar una definición de casi 11 años.

El reclamo original del fondo es por los daños generados al resto de los accionistas de la petrolera argentina, luego del pago que se les hiciera a los españoles de Repsol por la reestatización del 49% de YPF en 2012. Burford les había comprado a dos empresas españolas, Petersen Energía SAU y Petersen Inversora SAU (sin vinculaciones ya en ese momento con el grupo argentino Petersen), el privilegio de presentar un caso contra la República Argentina y contra YPF, luego de la expropiación de Repsol en 2012. Finalmente, el 11 de julio de ese año, la compañía anunció que había comprado al fondo estadounidense Eton Park Capital una participación del 70% en un caso similar presentado contra el soberano e YPF en 2016.



    

domingo, 10 de marzo de 2024

Los ajustados de siempre… @dealgunamaneraok...

Los ajustados de siempre

 Javier Milei. Diujo: Pablo Temes. 

Ninguna repartición cercana o lejana a los libertarios aceptó la propuesta de reducir el gasto. El ajuste fue a los ciudadanos.    

© Escrito por Carlos Burgueño el sábado 09/03/2024 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.


Cuando dos osos pelean, el que pierde es el piso. Esto dice un viejo dicho ruso, muy utilizado durante la Guerra Fría en ambos lados del conflicto. Y que aplica al debate sobre el ajuste fiscal argentino versión 2024. En general, los 
conflictos por dinero entre la Nación y alguna provincia que nacen por la disminución del envío de fondos desde el Ejecutivo a algún gobernador no terminan con un ajuste en la región perjudicada, sino en un aumento en la presión impositiva en ese territorio.

Aunque el debate entre el gobernante que quita el dinero y el perjudicado se vea embanderado por el recorte de gastos públicos, por lo mucho que gasta “la casta” y el hecho de que “no hay plata”, y que en el bando contrario se afirme que en realidad los poderosos quieren ejecutar su venganza y multiplicar sus panes, quitándole fondos al pueblo, siempre estos conflictos por dinero que van de un lado a otro terminan de la misma manera.

El damnificado descubre la manera de cobrar el faltante en los ciudadanos a los que se quiere defender. Sea desde la cúpula gubernamental o desde el responsable de una provincia o municipio. En la historia reciente de la Argentina, nunca un responsable de manejar un territorio (sea de la ideología que sea) cubrió el faltante con un ajuste interno, con una disminución de gastos superfluos, con la suspensión de algún recital o la eliminación de algún privilegio. Siempre, la solución del conflicto fiscal se resolvió aumentando la presión de fondos sobre el contribuyente local. El debate es en realidad por el impuesto o tributo a incrementar. Nunca en su disminución. 

Es lo que se vive hoy en día. Y lo que, por ejemplo, están experimentando los residentes de provincias como Buenos Aires, La Rioja, Misiones, Córdoba y otras, donde las facturas y boletas de rentas, impuestos locales e ingresos brutos se están multiplicando; mientras sus gobernadores están en plena pelea con 
Javier Milei por los fondos quitados de la coparticipación o las líneas discrecionales varias.

Confirmado: Argentina no crece hace 12 años (pueden ser 13)

Y es lo que determina el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) publicado esta semana, y donde se estudia detenidamente el conflicto surgido durante el gobierno de Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, ante la quita de fondos de la Nación para reenviárselos a la provincia de Buenos Aires. Menciona la entidad que maneja Nadin Argañaraz que “los conflictos entre Nación y provincias por recursos fiscales terminan con subas de impuestos: el ejemplo reciente de CABA.

En 2023, el aumento de la presión tributaria de Ingresos Brutos originada en gravar intereses de pasivos monetarios del BCRA habría sido del 0,28% del PIB”. Afirma la entidad que “en 2023 CABA aumentó su presión tributaria efectiva de IIBB de manera significativa entre 2019 y 2023 respecto al grupo de provincias formado por Buenos Aires, Córdoba y Mendoza”. Menciona además que la presión tributaria efectiva de CABA aumentó 0,38 puntos porcentuales del PIB, mientras que la del grupo lo hizo solamente en 0,1 p.p. del PIB. El motivo principal que explica la diferencia, de 0,28 p.p. del PIB, habría sido el gravamen a las Leliq, que tuvieron un gran aumento en el año 2023.  


Aquel conflicto aún no resuelto marcó que como resultado neto final del descenso de envíos nacionales y la suba de presión tributaria de ingresos brutos, CABA en 2023 habría recuperado los ingresos perdidos y obtenido ingresos extras por $ 77 mil millones constantes de diciembre de 2023, pero terminó con un incremento de la presión tributaria efectiva del segundo impuesto más distorsivo que tiene la estructura tributaria argentina, más allá de estar oculto en el precio de bienes y servicios.

El FMI y el Papa advierten: sin clase media fracasará el ajuste

La metáfora del conflicto entre Alberto FernándezHoracio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof es que la provincia de Buenos Aires mantuvo los fondos gracias a la licuación de gastos, la Ciudad los recuperó y la Nación no perdió. Pero la presión tributaria general se incrementó.  

La semana pasada, Axel Kicillof anunció que en la provincia de Buenos Aires se aplicará próximamente un pago extraordinario del impuesto a los ingresos brutos, el más distorsivo de todo el sistema tributario argentino y aquel que todos los analistas afirman que debe ser el primero en ser desmantelado con el objetivo de cubrir parte de los fondos quitados desde la Nación en medio del ajuste libertario. Se afirma que solo lo pagarán los sectores de mayores ingresos y que por ahora quedarán fuera las pymes.

Sin embargo, el análisis del mosaico tributario afirma que quienes liquidan ingresos brutos en Buenos Aires (aun los mayores aportantes) son grandes empresas industriales. Muchas de las cuales están hoy al borde de ingresar en terapia intensiva. Y que están en condiciones paupérrimas de calcular “ingresos”, aunque sean brutos. Mientras tanto, también en Buenos Aires, se está aplicando un ajuste en las tarifas locales de rentas superiores al 200%; mientras que en los automóviles la suba es del 180%. Se replica la foto en el resto de las provincias.

Hasta marzo de 2024, ninguna repartición, ni cercana ni lejana a los libertarios, aceptó la propuesta del Presidente de reducir el gasto público. La elección del ajuste fue trasladar el costo a los ciudadanos. Que curiosamente coinciden con los votantes. A los que se les prometió otra cosa para este 2024. Tanto desde la Nación como desde las provincias.