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domingo, 5 de abril de 2026

Juicio por la Reestatización de YPF - Revés en Nueva York... @elprofesorcapomasi...

Revés en Nueva York: se desploma el negocio de Burford y crece el misterio sobre los socios ocultos del litigio…


YPF free.
 Dibujo: Pablo Temes.

Más allá del lucro cesante del estudio que litigó contra nuestro país, los grandes derrotados del fallo de la Cámara neoyorquina son los inversores que compraron parte del juicio en el que la jueza Loretta Preska formuló su fallo en primera instancia. Pese a la derrota inesperada, lobistas del grupo norteamericano ya habían iniciado negociaciones con autoridades argentinas del Ministerio de Economía y la propia presidencia de la Nación. La historia de un juicio que aún tiene muchos misterios, que solo la magistrada estadounidense podrá dilucidar.

© Escrito por Carlos Burgueño, Periodista. Lic. en Ciencia Política. Máster en Economía y Sociología y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

Burford ganó unos 221 millones de dólares con el juicio por la manera en que se reestatizó YPF en 2012. Es la diferencia entre los 15 millones de dólares invertidos en la compra de la causa a la sindicatura del Tribunal Número 3 en la Justicia Civil y Comercial de Madrid, a donde fue a adquirir vía licitación los papeles necesarios para litigar; y la venta en tres momentos diferentes del 35% de la causa en unos 236 millones a diferentes inversores interesados en cobrar al final del juicio, en una situación que todos presuponían más que favorable a los demandantes.

Casi un caso definido a su favor con un solo riesgo: que Argentina, al final de la historia y con un inevitable fallo final de la Justicia norteamericana a su favor, no pagara y prefiriera entrar en default antes que pagar los US$ 16 mil millones que dictó en primera instancia la jueza Loretta Preska. 

En el momento de vender estas acciones, ese era el único riesgo. Por lo demás, solo restaba esperar un negocio seguro. Easy Money, como se dice en Wall Street. Pero algo pasó camino al cielo.  La Cámara de Apelaciones de Nueva York falló el mes pasado dos a uno a favor de la Argentina, y demolió el negocio. Quizá, para siempre.

Para Burford, la consecuencia fue una pérdida de ganancia de casi 10 mil millones de dólares, habiendo invertido originalmente US$ 15 millones. De ahí el hundimiento de sus acciones en el New York Stock Exchange (NYSE) en un 50%. En definitiva, un “Costo de Oportunidad”. O “Una Ganancia No Realizada”. Un “Lucro Cesante”, en términos más contables. O, como se dice en los floors de la Bolsa de Comercio de Nueva York, “Left The Money on The Table”, no haber ejecutado una ganancia cuando convenía. Habrá que decir, como se contó en estas líneas la semana pasada, que hacia agosto y septiembre de 2025 los lobistas de Burford Capital lo intentaron. Buscaron de todas las maneras posibles (y fueron muchas) de tomar contacto con Javier Milei o con Luis “Toto” Caputo y el secretario de Finanzas Pablo Quirno para que accedan a una mesa de negociación para investigar alternativas de pago bajo el paraguas de un acuerdo extrajudicial amparado y apañado por Loreta Preska. Sin embargo, no hubo caso.

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El gran misterio de este megajuicio es quiénes son los socios de Burford Capital.

El Presidente y sus funcionarios del quinto piso del Palacio de Hacienda dinamitaron todos los puentes aclarando que todo se dirimiría en la Justicia norteamericana. Y que solo al final de esta historia, luego de una intervención de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos con fallo eventualmente adverso, se podría hablar. No antes. Al final de la película, esta actitud pétrea del oficialismo libertario sería la adecuada. Burford, entonces, solo podrá contar como ganancias (al menos hasta aquí) esos 221 millones de dólares de diferencia, entre lo que se pagó por la causa al síndico madrileño y el 35% vendido en el caso. En definitiva, Casualities of War. Nada que un fondo de altísima especulación no tenga en su cartera de eventualidades.

El problema entonces es la pérdida absoluta de los inversores de ese 35%. Los que le compraron a Burford parte del juicio en una apuesta casi segura. Pero que falló. Son los integrantes de la famosa “Lista de Preska”. La jueza del segundo Distrito Sur de Nueva York que falló en contra de la Argentina tiene en sus manos uno de los grandes misterios de la democracia recuperada desde el 83. El gran misterio de este megajuicio es quiénes son los socios de Burford Capital. Esta persona, personas, sociedades o fondos de inversión le compraron parte de la causa al demandante, dinero que se utilizó para costear, supuestamente, los gastos de la presentación. Y quizá, para cubrir favores varios. La principal operación de este tipo se dio el 16 de junio de 2017, cuando luego de la presentación oficial y pública de la demanda ante la jueza de Nueva York, vendió el 15% del litigio a un grupo de inversores por unos US$ 66 millones; tres años después de haber adquirido en 2014 la causa total por unos US$ 15 millones al Tribunal N° 3 en la Justicia Civil y Comercial de Madrid; sede de la trifulca judicial original de Petersen Energía y Petersen Inversora, el nombre de fantasía legalista de todo el conflicto.

En aquella primera operación, el fondo de capitales ingleses especializado en adquirir por el mundo causas judiciales semimuertas para luego inyectarles capital y argumentos penales y comerciales para revivirlas y accionar en consecuencia; había valuado la totalidad de la causa por la renacionalización de YPF en unos US$ 440 millones; mientras le declaraba a Preska por un reclamo general de más de US$ 3 mil millones. Con esos 66 millones de dólares de venta original del 15% de la causa a los misteriosos accionistas, Burford Capital pudo solventar todos los gastos, tanto su adquisición en Madrid, como las acciones judiciales en el Segundo Distrito Sur de Nueva York que maneja Preska. La apuesta era enorme y entusiasta. Si se hubiera mantenido la sentencia de Preska, la ganancia final hubiera superado el 45 mil%. Superando incluso al más de 1.000% de ganancia de los fondos buitre contra Argentina en la causa iniciada en 2006 y finalizada en 2016. No pudo ser.

Pero menos para los “inversores” del juicio que entraron a un negocio casi seguro.

El gran misterio que continúa latente en este juicio es saber con nombre y apellido quiénes son los socios de este juicio. Algunas de esas especulaciones hablan de fuertes (y muy serias) vinculaciones políticas locales de los propietarios de las acciones que reclaman por los derechos de ese dinero. Profesionalmente es imposible que desde Burford o cualquier tribunal de los Estados Unidos dé los nombres de esos socios del fondo litigante, ya que hay un resguardo absoluto de parte de la jurisprudencia norteamericana de mantener a los accionistas en secreto. Solo por voluntad propia de Preska al considerarla información necesaria, o por un pedido expreso de algún juez local, algún colega norteamericano accedería a entregar esa información. También hubiera podido eventualmente ser un reclamo del Congreso Nacional, al momento de aprobar una hipotética ley para autorizar al Gobierno al que le caiga en suerte la liquidación de la deuda. En definitiva, es un derecho argentino saber a quién se le hubiera pagado semejante fortuna. Con el juicio a favor, paradójicamente, aparece este dato en contra. No se podrá pedir el listado desde el país.

Es un derecho argentino saber a quién se le hubiera pagado semejante fortuna. Depende de Preska.

El reclamo original del fondo es por los daños generados al resto de los accionistas de la petrolera argentina, luego del pago que se les hiciera a los españoles de Repsol por la reestatización del 49% de YPF en 2012. Burford les había comprado a dos empresas españolas, Petersen Energía SAU y Petersen Inversora SAU, el privilegio de presentar un caso contra la República Argentina y contra YPF, luego de la expropiación de Repsol en 2012. Finalmente, el 11 de julio de ese año, la compañía anunció que había comprado al fondo estadounidense Eton Park Capital una participación del 70% en un caso similar presentado contra el soberano e YPF en 2016. Petersen Energía y Petersen Inversora fueron las empresas se habían presentado en concurso en mayo de 2012, solo semanas después de la renacionalización y cuando desde el directorio de la petrolera reestatizada se prohibieron las distribuciones de dividendos. Sucedía que la forma de pago a los acreedores de Petersen que habían facilitado los dólares para que tomara el aproximadamente 26% de las acciones de la petrolera en tiempos de Néstor Kirchner, era con los ingresos por dividendos. Sin dividendos, no había posibilidad de pago. La solución fue la presentación del concurso en Madrid. Luego, la sindicatura del tribunal comercial lanzó la licitación del caso a la que se presentaron cinco candidatos. El triunfador fue Burford Capital, quien pagó los 15 millones originales. Lo demás es historia.

Habrá que ver ahora la voluntad de Preska de dilucidar el gran misterio que queda de esta causa. Quienes son los poseedores de ese 35% de las acciones del juicio contra Argentina; hoy por hoy, los grandes perdedores del caso. Podría ser cualquiera. Empresarios, políticos, fondos de inversión, interesados varios. Cualquiera. Y, de conocerse los nombres, podría provocar un maremoto jurídico, político, económico y financiero en el país. Depende de Preska. Quien no debe estar de buen humor en estos tiempos. Al menos con Argentina.




domingo, 25 de enero de 2026

Argentina, atrapada en la lógica de los dólares: exportar más para pagar deuda… #elprofesorcapomasi...

Argentina, atrapada en la lógica de los dólares: exportar más para pagar deuda…

No soplen, por favor... Dibujo: Pablo Temes

La economía argentina vuelve a mostrar una de sus certezas estructurales: sin dólares genuinos no hay estabilidad posible. El balance del comercio exterior de 2025 dejó un superávit de US$ 11.286 millones, impulsado por el agro, la energía y la minería, y confirmó que la acumulación de reservas depende, cada vez más, de exportar más de lo que se importa. En un contexto de fuertes vencimientos de deuda y con el FMI como observador permanente, el desafío hacia 2026 será sostener saldos comerciales positivos que permitan pagar compromisos externos sin volver a recurrir al endeudamiento. Vaca Muerta, el campo y nuevos socios estratégicos aparecen como piezas centrales de ese esquema. 

© Escrito por Carlos BurgueñoPeriodista. Lic. en Ciencia Política. Máster en Economía y Sociología, el domingo 25/01/2026 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.



La economía puede ser compleja. Pero, a veces, muestra algunas certezas. Una de ellas, casi irrefutable, es que Argentina tiene una sola manera de conseguir dólares genuinos, frescos, sostenibles, importantes. Exportar más de lo que se importa. Y de manera importante. Solo así podrá conseguir divisas para dos de las misiones más centrales que debe cumplir el país para los próximos años. Quizá décadas. Gobierne quien gobierne. Solo con dólares genuinos provenientes de una balanza comercial positiva, Argentina podrá acumular reservas y pagar los compromisos externos. Otra vez, gobierne quien gobierne. Y, quizá por los próximos veinte años. Quizá treinta. Dependerá, nuevamente, del saldo de la balanza comercial.

En esta máxima puede considerarse el saldo de 2025 como el punto de partida, ya que fue en abril del año pasado cuando se firmó el acuerdo de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo al que el país le debe casi 60 mil millones de dólares y que le impuso como una de las metas fijas e irrenunciables (junto con el superávit fiscal y la no emisión monetaria) la recuperación de las reservas en el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Y, para esto, solo hay dos opciones. Una sana y una virósica y contagiosa para mal. La primera es conseguir un saldo comercial en verde y respetable. La segunda es tomar deuda. Aun sea para rolear lo que se debe pagar. Y esto último, inevitablemente, fue la opción de 2025. Para 2026, y hacia delante, habrá que pensar en que sea el saldo de la balanza exterior la que le otorgue al país las divisas necesarias para cumplir con los compromisos de deuda. Por ejemplo, los pagos de los bonares y globales que, cada año, le implican al país un gasto directo e ineludible (salvo que se quiera caer en default) de unos US$ 18 mil millones. Este 2026 ya se pagó el vencimiento de US$ 4.300 millones; en su mayoría, con toma de deuda vía REPO y similares. Esto es, con poca acumulación de reservas. Habrá que decir que luego de ese pago del 9 de enero, el BCRA comenzó una política firme y sostenible de acumulación de reservas, que podría llevar a un fin de mes con un ahorro de más de US$ 1.000 millones. Disponibles para el pago de unos US$ 4.200 del 9 de julio próximo. Si la entidad que maneja Santiago Bausilli sigue así, podrá cumplir con ese compromiso con saldos de compra de divisas, provenientes de las liquidaciones de exportaciones. Esto es, se pagará el vencimiento con dólares sanos. Y sin tomar deudas. Todo lo que el FMI y el Tesoro de los Estados Unidos recomiendan. Y, vale el recuerdo, lo que el gremio de los economistas “mandriles” reclamaban a los gritos de marzo a octubre del año pasado. No es tiempo de reproches. Sino de decir que evidentemente el camino de acumulación de reservas era el recomendado. Más si se tiene en cuenta que la buena performance compradora de enero por parte del BCRA tendrá una ráfaga de oxígeno desde la última semana de febrero y hasta junio; cuando se hagan presentes en el ejercicio 2026 los liquidadores sojeros. Los que, aún sin estridencias, pueden anticipar un respetable ejercicio vendedor de commodities y liquidación de impuestos correspondientes. Toda la economía está a la expectativa de esto. Incluyendo el FMI.

Como aperitivo a lo que se vivirá en febrero, están los datos finales del comercio exterior.

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Como aperitivo a lo que se vivirá desde febrero, están los datos finales del comercio exterior, correspondientes a los 12 meses acumulados de 2025. Ejercicio que viene acompañado por la confirmación de una grata sorpresa esperada por todos. Comenzó ya a tallar fuerte en el ejercicio pasado, la balanza económica. Un eufemismo para decir que Vaca Muerta ya comenzó a dar grandes satisfacciones. Junto con el campo, más el aporte de la minería y algún otro rubro; son los responsables de haber mostrado en 2025 un muy buen resultado positivo de la balanza cambiaria del año pasado. En total el resultado positivo llegó a los US$ 11.286 millones, resultado de exportaciones por US$ 87.077 millones e importaciones por US$ 75.791 millones. Habrá que decir que la cifra es 40% menor al 2024 (cuando había sido US$ 18.928 millones), pero con un nivel de importaciones mucho más bajo que el de 2025.

Pero para conocer más la realidad es importante concentrarse en lo que sucedió en diciembre. Con un saldo positivo de US$ 893 millones, la balanza energética explicó el 47% del saldo de balanza comercial de diciembre, mientras que este rubro (Vaca Muerta), tuvo un aporte extra de US$ 2.085 millones en relación al 2024 y un saldo positivo de US$ 7.815 millones, explicando el 70% del saldo de balanza comercial del año. Ese saldo del 2025 mejoró en unos US$2.085 millones a lo que se había mostrado en diciembre de 2024, con un aporte de dólares proveniente de mayores exportaciones por US$ 1.369 millones y menores importaciones por US$ 716 millones. Esto implica que el país está exportando más energía e importando menos, con lo que la balanza final terminará siendo cada vez más superavitaria a medida que pasen los años. Siempre y cuando, obviamente, Vaca Muerta siga en el mismo ritmo de crecimiento exponencial, algo que, al menos por ahora (y por el largo plazo) nadie espera que suceda.

Al descomponer la variación de la balanza de dólares de la energía de diciembre, se tiene que el efecto precio generó una caída de US$ 119 millones. En lo que va del año, el saldo es una caída de US$ 628 millones.

En 2025 se registraron varias curiosidades en cuanto a las relaciones comerciales con los principales socios del país. Los dos primeros mercados para las exportaciones locales y de proveniencia de importaciones, resultados negativos para la Argentina. Tanto con China como con Brasil el saldo resultó a favor de estos países y en contra de las exportaciones locales. En el caso del país sudamericano, históricamente el principal socio argentino, el resultado fue rojo en unos US$ 5.653 millones. Las importaciones provenientes de ese mercado mostraron un incremento de 28,5%, mientras que las importaciones de productos argentinos desde Brasil cayeron un 6,3%. La industria automotriz fue la principal causa de este desbalance, además de una pérdida generalizada de ventas de productos locales. Habrá que decir que probablemente este desequilibrio se termine en dos años y pase a ser superavitario, cuando comience a generarse un envío fluido y constante de gas desde Vaca Muerta hacia el sur de Brasil, a partir del proceso de reconversión de los gasoductos que, hace ya mucho tiempo, proveían del combustible desde Bolivia al país. Para fines de 2026 terminarían las obras que le permitirían a la Argentina aprovechar la infraestructura existente y utilizada hasta hace algunos años para importar gas desde Bolivia, país al que, simplemente, se le acabó el combustible. Y ya no puede venderlo a Brasil. Lo que se hará entonces es aprovechar la red de tuberías para enviar gas desde Vaca Muerta hacia Brasil. Esto provocará en unos años que el saldo de la balanza comercial termine siendo favorable a la Argentina. Todo esto ocurre mientras Javier Milei y Luiz Inacio “Lula” da Silva tienen la peor relación histórica de presidentes de ambos países desde el retorno a la democracia.

El caso chino es diferente. En 2025 se registró un saldo negativo para el país de unos US$ 8.155 millones. Y, lo más probable es que este resultado se mantenga este año y, quizá, se profundice. No hay manera de contrarrestar esta realidad, mientras se sostengan las políticas de apertura comercial, y mientras el imperio de Shine y Temu continúe. Esto, además de la vigencia del préstamo Swap por unos US$ 6 mil millones activos, que obliga al país a sostener un intercambio comercial activo. Es esto o pagar esa deuda. Algo utópico para la Argentina de estos tiempos.

Los datos de comercio exterior del país de 2025 traen la consolidación de una sorpresa. Curiosamente, una de las pocas políticas de Estado que se mantienen según pasan los años y los últimos gobiernos. La India se convirtió, desde cero, en el principal socio del país en cuanto a la comparación de importaciones y exportaciones. El saldo comercial bilateral resultó positivo para el mercado local en unos US$ 5.472 millones positivos, provenientes en su mayoría de las exportaciones argentinas de aceite de soja que llegaron a los US$ 4.545 millones; con importaciones casi inexistentes. La India representa el mejor socio que encontró el país en años, con un mercado que podría incluso sumar, con el tiempo, el envío de combustible vía Vaca Muerta. Debería ser el ejemplo para seguir.

Como última conclusión, queda claro en el panorama de comercio exterior argentino del año pasado; que el país se consolida como exportador de agroalimentos procesados y no tanto; que las ventas de energía aumentan y son ya una realidad; que la minería ya aporta de manera considerable y que algunos sectores dan pelea, como la pesca y las ventas de vehículos, fundamentalmente camionetas. El resto de los sectores industriales, simplemente, la ven pasar.





domingo, 28 de diciembre de 2025

La gran amenaza desestabilizadora para 2026: los juicios internacionales que acechan al país… @dealgunamanera...

La gran amenaza desestabilizadora para 2026: los juicios internacionales que acechan al país…

Loretta Preska. Falló en contra de la Argentina en el juicio por la reestatización de YPF. Imagen: Pablo Temes.

Mientras el debate político se concentra en la coyuntura inmediata y en las urgencias del corto plazo, el país enfrenta una bomba de tiempo en los tribunales internacionales. Se trata de un volumen de pasivos judiciales que ronda los USS 30 mil millones, en su mayoría fuera del Presupuesto y prácticamente ausentes del debate público, que podrían comenzar a volverse exigibles a partir de 2026. Los casos más emblemáticos –el juicio por la reestatización de YPF en los tribunales de Nueva York, la causa por la manipulación del PBI y el no pago de los cupones atados al crecimiento económico en Londres– ya cuentan con fallos adversos.

© Escrito por Carlos Burgueño, Periodista. Lic. en Ciencia Política. Máster en Economía y Sociología, el domingo  28/12/2025 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

No está incluido en el Presupuesto. No está mencionado como crítica por parte de la oposición. Prácticamente es un tema ignorado por la clase política argentina. Pero se trata del factor más amenazante de inestabilidad económica, financiera y fiscal para el país. Se trata del altísimo volumen de pasivos que el país mantiene en juicios contra la Argentina en diferentes tribunales internacionales, que podrían estallar en gran parte durante el 2026; y que, de no mediar negociaciones infernales y aperturas amplias de los mercados internacionales, implicarían que el país no podría enfrentar semejante cantidad y calidad de pasivos. En total, sumando todas las causas existentes, se llega a la temeraria cifra de US$ 30 mil millones, con dos juicios emblemáticos a la cabeza: el encauzado por la manera en que se renacionalizó YPF en 2012 y que ya tiene fallo negativo en primera instancia en Nueva York, y el que involucra a la manipulación del PBI y los cupones de los bonos argentinos durante la última etapa del kirchnerismo. Causa que está radicada (y casi perdida) en Londres.

La causa por la petrolera tuvo novedades importantes esta semana. La jueza Loretta Preska anunció que no embargará acciones de la compañía en garantía, a la espera de una decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Ahora se abre un período de tiempo indefinido, donde los jueces de la Segunda de Apelaciones de Nueva York deberán tomar una decisión de fondo sobre la causa por la manera en que se renacionalizó YPF. Estos son Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson, quienes ya están en estudio de la situación, pero aún no dieron pistas sobre los tiempos. Por lo que se presume, no habrá novedades durante el primer trimestre del año, ya que aún no están citadas las partes para escuchar las argumentaciones de rigor; con lo que, a lo sumo, recién habría novedades para el período abril-junio del 2026. O aún más allá del tiempo también.

Los puntos fundamentales de la causa. Para muchos la necesidad de una reestatización de la petrolera era necesaria. Repsol estaba haciendo un desastre, invirtiendo más en Libia que en la Argentina.

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Se razona además que ante la aparición de Vaca Muerta, el proyecto de desarrollo de ese yacimiento debía tener como principal operador a una empresa argentina. En lo posible estatal.

El juicio no es por la decisión de reestatizar, cuestión que era necesaria. Es por la manera en que se reestatizó.

El estatuto de la privatización de 1992 (era Estenssoro) incluía una Oferta Pública de Adquisición (OPA). Esto implica que cualquier operación de toma de acciones en poder de privados, obliga a realizar una oferta similar al resto de los accionistas.

Desde el 26 de junio de 1993 Argentina decide (como país soberano) salir a cotizar parte de las acciones de YPF en la Bolsa de Nueva York. Desde ese momento, inevitablemente, acepta las normas de la SEC, que incluyen el respeto de la OPA. Y la jurisprudencia de EE.UU. indica que esto es superior, incluso a las normas de países. Esto puede gustar o no, pero es así. Y debía haberse tenido en cuenta.

En la decisión de reestatización de 2012 se decide pagar unos US$ 6 mil millones a Repsol, pero no aplicar la OPA. Se decide además dejar de distribuir dividendos a los accionistas.

El Grupo Petersen había acordado con Repsol pagar parte del 25,46% de las acciones a través del giro de esos dividendos. Como ya no se giraba el dinero, Petersen, a través de Petersen Energía y Petersen Inversora, se presentan en concurso (y posterior quiebra) en los tribunales comerciales de Madrid. Desde ese momento, el Grupo Petersen deja de tener que ver con esta causa; y, en consecuencia, probablemente no reciba un solo dólar de este caso. (Crean o no, es así).

El síndico de la causa radicada en Madrid, vende la causa (esto es habitual) el 4 de mayo de 2015. La compra Burford en US$ 15 millones. Lo hace a través de Prospect Capital (una subsidiaria semisecreta, para que no se sepa que Burford estaba detrás). Luego ampliaría “la inversión” en 70 millones.

En septiembre de 2015 Burford se presenta en los tribunales de Nueva York. Por sorteo toca Loretta Preska, heredera del sillón de Thomas Griesa como jueza de primera instancia en el Distrito Sur de Nueva York.

Entre diciembre 2016 y marzo 2018, Preska se toma su tiempo para analizar las leyes cruzadas de Argentina y EE.UU. En marzo 2019 define que las normas de la SEC son más importantes que las leyes locales. Se basa, otra vez, en jurisprudencia de EE.UU.

En septiembre de 2023 falla a favor de Burford y un segundo demandante llamado Eton Park (Dios sabe quién está atrás de estos).

El problema fue no haber extendido el pago a Repsol, a una oferta al resto de los accionistas. Luego estos podían aceptarla o no. Pero era obligación, por estatuto, abrir la oferta al 49% de los accionistas.

Sobre la obligación de esta operación, hay jurisprudencia en la Justicia de EE.UU. Argentina podría haber aceptado o no abrir las cotizaciones de una parte de las acciones de YPF en Wall Street. Pero si lo hacía, debía respetar las reglas de la SEC (autoridad del mercado de capitales norteamericano).

El fallo de fondo fue el de septiembre del 2023. Ahí se perdió el juicio. La Argentina está obligada por leyes locales a apelar. De no hacerlo, al Presidente en ejercicio le cabe la acusación de mal ejercicio en sus funciones.

Por su parte, la causa por la manipulación de títulos públicos en 2013, y el consecuente no pago de los intereses correspondientes al Cupón 2013, tiene ya fallo firme en los tribunales ingleses. La Argentina perdió el caso en primera y segunda instancia, en ambos casos con todos los votos de los jueces en contra, y acudió al máximo tribunal del Reino Unido como última alternativa jurídica para tratar de torcer la historia. Sin embargo, en octubre del año pasado, la Corte británica rechazó tratar la causa, con lo que dejó en firme el fallo de primera y segunda instancia. Son los fallos del juez Stephen Phillips y del Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales a favor de los demandantes Palladian Partners y Norinver Capital, entre otros; que denunciaron a la Argentina por haber abonado intereses correspondientes por el mecanismo de los títulos Cupón PBI emitidos durante el canje de deuda de 2006. Argentina esperaba que la causa en Inglaterra se cayera, dado que en abril de 2023, una causa espejo en el tribunal, curiosamente, de Loretta Preska, resolvió en contra del reclamo. Sin embargo, en marzo de 2024, Phillips ratificó su decisión, y cerró el caso a favor de los demandantes de Londres. Phillips se mantuvo en el criterio jurisprudencial inglés, afirmando que la Argentina efectivamente alteró el PBI de 2013, perjudicando a los ahorristas que habían confiado en el bono emitido por el país para salir del default de 2002, y durante el canje de deuda de 2006.

Según la decisión del juez Phillips del 8 de marzo pasado, “las declaraciones posteriores al fallo (correspondiente a los cupones PBI en euros) de funcionarios argentinos reflejan la misma postura desafiante adoptada frente a los fallos a favor de los holdouts (tenedores de títulos de deuda soberana argentina) años atrás”. Y agregó: “Si bien es cierto que hay un nuevo gobierno desde diciembre, aún no ha demostrado que adoptará un enfoque diferente para honrar los fallos de Cortes internacionales. En particular, la nueva administración no se ha distanciado públicamente de los comentarios realizados por los antiguos funcionarios. También es digno de destacar que la República no ha abonado ningún monto del fallo [YPF] del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ni ha cumplido con las condiciones para suspender la ejecución (embargos) pendiente de apelación en ese caso”.

La causa original fue iniciada en Nueva York por el fondo buitre Aurelius en enero de 2015 por la supuesta “mala fe” del país al alterar la medición del PBI del Indec para el ejercicio 2013; lo que derivó en una causa espejo en Londres, a partir de una presentación del fondo cautivo de Aurelius y Novoriver a la que luego se sumó Palladian con un grupo menor de tenedores de deuda argentina.

Según los demandantes, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof como ministro de Economía, alteró la base de cálculo del Emae para que el crecimiento final del PBI de ese año no superara el 3,22% y así no activar la cláusula de liquidación del Cupón PBI. El Indec calculó para ese año un crecimiento del 2,9%, pero modificando el cálculo base, una acción que para Aurelius fue “adrede” para perjudicar a los tenedores de este bono, en lo que representa “mal desempeño de sus funciones”.



sábado, 29 de noviembre de 2025

Sobre el crédito de los bancos de Wall Street... @dealgunamanera...

 Sobre el crédito de los bancos de Wall Street: fue culpa del señor Bessent que no llegaran…


Scott Bessent. Dibujo: Pablo Temes

La activación del préstamo por US$ 20 mil millones que los bancos privados de Wall Street analizaban para asistir a la Argentina quedó frenada por las demoras y recelos del Tesoro estadounidense, que no logró garantizar un esquema financiero y político de largo plazo. La falta de respaldo obligó a recurrir a un REPO de apenas US$ 5 mil millones para cubrir el vencimiento de enero, mientras el gobierno de Milei enfrenta exigencias del FMI, del Tesoro y del mercado para acumular reservas y reducir el riesgo país.

© Escrito por Carlos Burgueño, Periodista. Lic. en Ciencia Política. Máster en Economía y Sociología, el sábado 29/11/2025 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

El problema de la demora en la activación del préstamo por US$ 20 mil millones que un grupo de bancos privados norteamericanos iba a otorgar a la Argentina no fue responsabilidad de las entidades comandadas por JP Morgan. Las dificultades principales provinieron de la falta de celeridad y claridad en la aplicación de las garantías necesarias para activar el crédito puente desde el Tesoro de los Estados Unidos. Fue la repartición que maneja Scott Bessent la que no logró, en tiempo y forma, generar el respaldo financiero y político indispensable para que los bancos privados de Wall Street diseñaran el mecanismo de activación del crédito. Por eso, el dinero disponible para la Argentina para afrontar los US$ 4.300 millones que el país debe pagar el 9 de enero próximo –por los vencimientos de los Bonares y Globales reestructurados en octubre de 2020– provendrá de un más modesto mecanismo de REPO (Repurchase Agreement) por unos US$ 5 mil millones. Sin intervención del Tesoro y con garantías propias de las entidades financieras.

El problema está en Buenos Aires, donde la posibilidad de un default es real.

Luego, y tal como adelantó este diario, habrá que negociar durante el segundo semestre del año si se puede reactivar el apoyo por los US$ 15 mil millones restantes, para garantizar los tres pagos que le quedarán al gobierno de Javier Milei en el resto de su gestión hasta diciembre de 2027. Y si este dinero provendrá de la reactivación del préstamo de los bancos privados que operan en Wall Street o si se deberá recurrir al mercado financiero internacional voluntario de colocación de deuda, para lo cual la Argentina deberá garantizar un riesgo país inferior a los 400 puntos básicos, como máximo.

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El problema de Bessent para ser garante de la emisión de deuda surgió a comienzos de noviembre, y es estrictamente político. La deuda negociada con los bancos privados estaba diseñada, en principio, para una duración de diez años. Esto quiere decir que vencería teóricamente en enero de 2036. Hasta ese momento debía coexistir el pasivo con garantía del Tesoro de los Estados Unidos. El problema técnico surgió cuando, legalmente, se debía implementar un esquema de garantías financieras que permaneciera durante veinte semestres, asegurando que el país cumpla con los pagos. Si no lo hiciera, sería el Tesoro el encargado de cubrir ese eventual default local.

Ese lapso excede la gestión de Javier Milei y de su equipo económico, aun cuando eventualmente fuera reelegido por otros cuatro años en 2027. En ese caso, su mandato se extendería hasta diciembre de 2031, cinco años antes del vencimiento de la vida útil del bono emitido por los bancos norteamericanos con la venia del Tesoro. Para entonces, las eventualidades políticas de ambos países son un misterio.

Aventurar si en Estados Unidos continuará un gobierno republicano que mantenga la garantía es relativamente más sencillo, dada su institucionalidad probada. El problema está en Buenos Aires, donde la posibilidad de un default –por el pésimo currículum financiero internacional criollo (tres desde 1983)– hace que la alternativa de un incumplimiento esté siempre al acecho. Y que la necesidad eventual de la presencia del Tesoro sea permanente. Si el país entrara en una crisis financiera y requiriera un rescate de esta deuda, debería dar explicaciones Bessent y su equipo, quienes además deberían diseñar un esquema de seguros para cubrirse monetaria y legalmente ante una eventual trapisonda local.

Para los períodos políticos futuros, nada asegura que un signo político contrario al actual –en cordial convivencia con los republicanos de Washington– se mantenga en el tiempo. Y, según trascendió, había cierta reacción negativa de Bessent y su equipo a garantizar por un período tan extenso la posibilidad de un default argentino motivado por un cambio de signo político o una crisis que impidiera cumplir con los compromisos diseñados con JP Morgan.

Este cruce de dudas retrasó el diseño del préstamo por US$ 20 mil millones y dio lugar a la creación de un REPO más modesto.

La idea de Caputo era presentar antes de fin de año el acuerdo con los bancos privados, mostrar que el temor al potencial default de la gestión Milei estaba disipado y que había llegado el momento de volver al mercado financiero internacional de deuda voluntaria. Sin embargo, no podrá ser. En el mejor de los casos, el pago de enero se concretará con dinero que solo alcanzará para cumplir ese vencimiento con los bonistas.

La estrategia del Ministerio de Economía era aún más optimista, y sostenía que tampoco sería necesario aceptar el préstamo securitizado por el Tesoro: que, con solo presentarlo, automáticamente se abrirían para Finanzas los “cielos celestes” de la colocación internacional de deuda. En definitiva, los US$ 20 mil millones de los bancos privados más los US$ 20 mil millones del swap con el Tesoro sumarían unos US$ 40 mil millones que Caputo exhibiría en la vidriera internacional, garantizando un interés bajo en una colocación voluntaria de bonos públicos; mejorando plazos y montos respecto de la reestructuración de Guzmán, en la que se negoció una tasa del 3,07%.

Para tener una referencia de lo lejos que se está hoy de aquel porcentaje, la Argentina pagaría algo más del 9% anual en dólares.

La estrategia de Economía era optimista: no era necesario aceptar el préstamo.

Ahora, Luis “Toto” Caputo deberá trabajar a destajo en una estrategia que incluya un cambio drástico en la política cambiaria del primer semestre. Para el período sojero de 2026 (entre marzo y julio), Economía deberá mostrar una clara tendencia a la compra de dólares y al aumento de reservas del Banco Central. Es un requisito tripartito e ineludible: lo exige el FMI, el Tesoro de los Estados Unidos y los mercados financieros. Tanto Kristalina Georgieva, como Bessent y los técnicos de J.P. Morgan que trabajaban en el préstamo, se lo dejaron en claro al Palacio de Hacienda.

Si aun así se necesitara todo o parte del dinero de Donald Trump para el segundo vencimiento, el del 9 de julio de 2026, habría dos opciones: un simple swap de monedas (intercambio de pesos por dólares sin registrar deuda en los pasivos del Estado) o una recompra de bonos en poder del Estado a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Lo importante de ambas alternativas es que, según la visión oficial y la de la mayoría de los analistas, no requerirían una ley, ya que técnicamente no implican nueva deuda: solo recambio de vencimientos cortos por largos. Pero para eso, hay que replicar la tasa de Guzmán: 3,07%. De lo contrario, en términos reales habría mayor endeudamiento. Salvo que el 9 de enero se pague con reservas. Algo que no podrá ser.



sábado, 25 de octubre de 2025

El costo del poder - Milei gastó más de 7.400 millones de dólares para sostener el dólar antes de las elecciones… @dealgunamanera...

Milei gastó más de 7.400 millones de dólares para sostener el dólar antes de las elecciones… 

El "paisano" Benjamín. Dibujo: Pablo Temes.

Las elecciones legislativas del domingo llegan con un costo histórico: el Gobierno utilizó una cifra que podría trepar a US$ 8.400 millones con el aporte del Tesoro de EE.UU. –para contener al dólar en los dos meses previos al comicio–. Según el Banco Provincia, se trata del cuarto mayor episodio de ventas desde 2003. En paralelo, un informe del J.P. Morgan advierte que los mercados descuentan un resultado adverso para los libertarios, aunque algunas acciones locales aún ofrecen margen de recuperación si el oficialismo logra evitar una derrota contundente.

© Escrito por Carlos Burgueño, Periodista. Lic. en Ciencia Política. Máster en Economía y Sociología, el sábado 25/10/2025 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

 

Las elecciones en la Argentina cuestan caras. Quizá más que en cualquier otro país de la comarca latinoamericana. Y, en particular, el acto eleccionario de mañana salió carísimo. Concretamente, unos US$ 7.400 millones de dólares. Y podrían ser 7.500 millones de dólares. Ese es el dinero calculado que el Gobierno debió utilizar para sostener el dólar en los complicados últimos dos meses, el tiempo electoral previo al 26 de octubre. Y todo esto para llegar en una situación casi terminal.  

Medido en términos del último informe del J.P. Morgan presentado el miércoles pasado en sociedad en Buenos Aires, de la mano del propio CEO plenipotenciario del banco a nivel mundial, Jamie Dimon, el “praiceo” de los bonos y acciones argentinos navega cerca del 30% de los votos a los libertarios de mañana. El informe, llamado 
“Estrategia sobre Argentina. Perspectivas antes de las elecciones legislativas de medio término”, no necesariamente es negativo. Presentado ante la mirada de ilustres popes que visitaron Buenos Aires en las últimas horas, como Dimon, Condoleezza Rice y Tony Blair (ambos políticos hoy militando para el banco internacional), el trabajo del J.P. Morgan recomienda con mucha prudencia y selectividad algunas acciones argentinas de los sectores de energía y bancos, por su potencial de recuperación poselectoral y ante un panorama de posible castigo injustificado de los mercados en las últimas semanas sobre estos papeles; ante la visión de los operadores financieros de optar por el peor escenario ante la suerte del Gobierno en las elecciones de mañana. Según la visión del banco norteamericano, algunas acciones argentinas tienen cotización de un nivel de votos del 30% para los libertarios, porcentaje que si finalmente queda bajo y a las huestes de Javier Milei le va mejor, se convierten en alternativas de alta rentabilidad potencial. Para el J.P. Morgan, si no hay una nueva “paliza” electoral en la provincia de Buenos Aires, el mercado podría reducir su nivel de preocupación. Mientras tanto, se llega a mañana con alto temor por parte de los inversores. Muchos de ellos impulsados en el miedo por el otro famoso informe del mismo J.P. Morgan del 31 de junio pasado, donde se le recomendaba a sus clientes con posiciones en pesos, que abandonen ese barco y se refugien en el dólar. Recomendación que los tenedores de papeles en moneda criolla obedecieron.



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Desde ese informe, muchos operadores encuentran el momento del inicio de las plagas de Egipto para la estrategia cambiaria, financiera y electoral de los libertarios. A partir de los primeros días de julio, y ante el hecho inocultable había fracasado cualquiera que haya sido la estrategia del oficialismo para acumular reservas, comenzó una primero lenta y luego acelerada carrera para posicionarse en la verdadera moneda fuerte del país: el dólar. Nada nuevo. Ni nada que no se pudiera prever. Pero sí sorpresivo para un esquema libertario, donde lo que se debería haber respirado es confianza, en aquellos días de fines del primer semestre del 2025. Comenzaron así las políticas de intervención indirecta y después directa para intervenir en el mercado cambiario; lo que determina luego lo caro que salió la política de no dejar escapar al dólar para tener más chances electorales. Lo primero no se pudo lograr. El dólar terminó peleando los 1.500 pesos. Lo segundo se verá mañana.

El fenómeno fue tratado por otro informe. Según el trabajo “Semana Económica. Cuántos dólares necesitará la economía argentina en 2026 y 2027: haciendo cuentas raras para economías normales”, elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, se llega a la conclusión que el período de mayor intervención fue el de septiembre y octubre, donde se usaron unos US$ 7.400 millones para sostener la divisa. Que igualmente llegó a las elecciones peleando el tope de gama del sistema de bandas negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el Facilidades Extendidas firmado el 11 de abril. Según el trabajo, “entre septiembre y octubre, se usaron US$ 7.400 millones de fuentes exógenas –ajenas a la dinámica propia de mercado– para contener al tipo de cambio: el Banco Central vendió US$ 1.100 millones en el MULC, el sector agropecuario adelantó US$ 5.700 millones y el Tesoro vendió US$ 440 millones netos (US$ –550 millones en la primera semana de septiembre, luego le compró US$ 2.120 millones al sector agropecuario y finalmente vendió poco más de US$ 2 mil millones en octubre)”. A este dinero habría que sumar el glorioso aporte del Tesoro de los Estados Unidos, cuya cifra final es algo vidriosa, pero que podría haber al alcanzado los US$ mil millones, contabilizando el aporte inconmensurable de unos US$ 450 millones del miércoles 22 de octubre. Aporte que permitió cerrar la semana con más tranquilidad cambiaria que la proyectada por las fuerzas cambiarias locales.

El trabajo del Banco Provincia hace historia, y evalúa que “sin incluir las eventuales compras de pesos del Tesoro de Estados Unidos, este sería el cuarto mayor episodio de ventas desde 2003: la primera fue entre agosto y diciembre de 2015, cuando el Banco Central vendió US$ 9.900 millones, la segunda entre abril y mayo de 2018, cuando se sacrificaron US$ 7.750 millones de reservas y la tercera entre agosto y octubre de 2019, con US$ 7.650 millones”.

Habrá que ver desde el lunes, si este aporte de US$ 7.400 millones (que podrían ser más de 8.400 si contabilizamos al Tesoro de los Estados Unidos), resultó un buen negocio. Esto sucederá si se cumple la premisa que el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo lanzó el jueves pasado, donde aseguraba que desde el lunes 27 nada se modificará, que la política cambiaria no sufrirá alteraciones, que continuará el sistema de bandas y que, incluso, el valor del dólar retrocederá. Habrá que tomarle la palabra.

En algún momento de comienzos del 2023 pensaba el Gobierno que el trayecto económico a las elecciones del domingo serían una especie de desfile. Se pensaba en una inflación a septiembre del 2025 con un cero por delante (fue de 2,2%), un dólar dominado (pelea los 1.500 pesos con una devaluación acumulada de 40%), una actividad altiva (quizá estemos en proceso de recesión) y un consumo reactivado (entre septiembre y agosto cayó 0,2%). Se llega además, con un salvataje de los Estados Unidos y un FMI esperando que se terminen de contar los votos para presionar por las reservas.

Sin embargo, en la economía como en el fútbol, siempre hay revancha. Mañana se sabrá si Javier Milei y Luis “Toto” Caputo la tendrán. 

Y el lunes, los que votarán serán los mercados.