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sábado, 21 de junio de 2025

 Caputo, Milei y el “siga, siga” del FMI: examen con guiño y reservas en rojo...

Kaput, el mago con dientes. Dibujo: Pablo Temes

El FMI desembarca en Buenos Aires para revisar el cumplimiento de las metas del acuerdo firmado en abril. El ministro Luis Caputo prepara un recibimiento triunfal con superávit fiscal y emisión cero, las joyas de la gestión libertaria. Sin embargo, la falta de acumulación de reservas obliga a pedir un waiver. El organismo no sancionará esta vez, pero marca su disconformidad con el tipo de cambio y la decisión oficial de no intervenir en el mercado pese a una liquidación récord del agro. La pulseada entre la ideología y las técnicas de manual reaparece y deja un aviso: en diciembre se acaba la tolerancia.

© Escrito por Carlos Burgueño el sábado 21/06/2025 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

Ahora sí. Luis “Toto” Caputo podrá ponerse el traje de gala para recibir a los visitantes que llegarán la semana que entra a Buenos Aires. La primera misión oficial del Fondo Monetario Internacional (FMI) para verificar el cumplimiento de las metas y objetivos del facilidades extendidas firmado con la Argentina el 11 de abril pasado y puesto en vigencia el 14 de ese mes, estará presente en el muy famoso quinto piso del Palacio de Hacienda, para ponerles el tilde verde a los números y porcentajes de la economía criolla del primer trimestre. Con un waiver: el de acumulación de reservas en el Banco Central, que no tendrá para la última semana de junio el nivel firmado con el organismo, pero que no ameritará sanciones desde Washington, que dejará los exámenes finales para diciembre de 2025. Mientras tanto, en este capítulo habrá un homenaje a aquel recordado árbitro argentino Francisco “Pancho” Lamolina, quien en las décadas de los 80 y 90 dejó para la historia la frase “siga, siga”. En definitiva, no será motivo de sanciones duras no haber acumulado dólares en tiempos difíciles, siempre que la promesa firmada quede firme para la medición anual. Para el último día del año, sí o sí, la casa de monedas que maneja Santiago Bausili deberá contabilizar US$ 2 mil millones en positivo. Si no, habrá que renegociar con caras amargas.

Mientras tanto, volviendo a la última semana de junio de 2025, Caputo y su gente podrán desplegar en los escritorios del Ministerio de Economía cómo el gobierno de Javier Milei se sacará un 10 felicitado en las otras dos metas innegociables que el país debe cumplir con el organismo. Y de lo que dependerá que desde Washington se liberen los US$ 2 mil millones comprometidos para julio de 2025 desde las arcas del FMI. Las dos metas sobre las que desde Hacienda se esperan aplausos de parte de los visitantes comandados por el encargado del caso argentino, el venezolano Luis Cubeddu, son obviamente el superávit fiscal y la no emisión monetaria. En el primer caso, Caputo exhibirá, orgulloso, el ahorro acumulado a mayo de 2025 del 0,8% del PBI. O, convertido a dólares, unos US$ 8 mil millones. Si se tiene en cuenta que para todo el ejercicio el compromiso llega a un superávit fiscal del 1,6% del PBI y, de seguir este ritmo, de superávit primario (recaudación vs. gasto) la meta pactada se completará antes de octubre. Y para noviembre habrá tiempo para alguna finta de lujo que permita alcanzar la meta del 1,8% de superávit, y repetir la performance del 2025. Para diciembre, como siempre, la situación siempre empeora con gastos como aguinaldos y proveedores, lo que hace imposible cerrar las cuentas en equilibrio. Con lo cual, la magia fiscal de Caputo terminará para noviembre. Pero, parece, el impulso alcanzará para cumplir con creces la meta primaria firmada con el FMI.

La segunda meta innegociable para el Fondo es la no emisión de moneda. Cero. Ni excepciones. Algo que Milei en persona gusta y disfruta cumplir, y considera la base de su modelo económico, político y social. Y que desde el primer día de permanencia en la Casa de Gobierno ordena cumplir a todo funcionario que se precie de tal. El FMI siempre consideró que Argentina tuvo históricamente un vicio impresor de billetes locales sin respaldo, y que el tándem Milei-Caputo fue el único par de responsables de la economía argentina, que entendió que por este capítulo está el verdadero motivo de los males del país, al menos los que dan origen al alza inflacionaria. El Fondo compró esta pasión del libertario asumida como un padrenuestro por su ministro, y asumió como un trío la misión de no emitir un solo peso sin respaldo en los cuatro años de vigencia del mandato de Javier Milei. Y todos cumplen su compromiso.

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Ante este panorama, y con las observaciones de rigor, no habrá problemas para que el FMI, en julio, libere los primeros 2 mil millones de pagos extra, por encima de los US$ 12 mil millones que el 14 de abril pasado llegaron a las reservas del BCRA. Y le permiten al Ejecutivo contabilizar dólares activos por más de 40 mil millones de dólares.

Los problemas, saben en Buenos Aires y en Washington, vienen por otro lado. Hay un dato importante de la marcha de la economía argentina que no les cierra a los técnicos del organismo mundial que monitorean al país. Y esto, más allá de la falta de acumulación de reservas en el Banco Central.

En el Staff Report publicado días después de firmado el facilidades extendidas del 11 de abril, el FMI recomienda que el tipo de cambio ejecutivo para el trimestre posterior al comienzo de la vigencia del acuerdo debería navegar por arriba del 20% de la cotización del día anterior a la entrada en vigencia del acuerdo. Esto implicaría, aproximadamente entre 1.315 y 1.320 pesos frente a la cotización de cierre de la semana; aun teniendo en cuenta el alza de las últimas jornadas de cierre de mayo. Aproximadamente, un 10% menos que la recomendación del FMI. El organismo consideraba apropiado un comienzo de vigencia del sistema de bandas a un dólar navegando entre los 1.200 y los 1.250 pesos, considerando que era un muy buen inicio de régimen. Más teniendo en cuenta que a ese nivel no hubo en los primeros días del nuevo sistema mucho traslado a inflación. O que, si lo hubo, podría haberse controlado entre el 2,5% y el 3%. Sin embargo, los firmantes de Washington del facilidades extendidas nunca tuvieron en carpeta la posibilidad de que el dólar oficial operara a la baja, y que navegara hacia aguas más cercanas a los $ 1.100 que a los más de $ 1.300 que consideraba el organismo como óptimos para el cierre del segundo semestre. Mucha diferencia. Más teniendo en cuenta que es el ítem que más le importa al fiscalizador general Luis Cubeddu.

Prima hermana de esta queja, aparece otro cuestionamiento desde Washington. No se entiende desde el FMI cómo es que el Gobierno renuncia a la acumulación de reservas vía compra de divisas a un valor incluso menor al estipulado desde el Fondo de más de 1.300 pesos dentro de la banda. Más teniendo en cuenta que hubo una liquidación sojera y aceitera de más de 3 mil millones de dólares en mayo, lo que implica un nuevo récord. Y que de ese dinero ni un solo dólar quedó de aumento de las reservas. El criterio del FMI es que si se hubiera intervenido en el mercado de demanda de divisas del BCRA, no menos de US$ 2 mil millones podrían haber ingresado a las arcas de la entidad. Y que, liquidación de los US$ 4.500 millones del 9 de julio mediante, los ahorros del Central se podrían haber incrementado en no menos de 1.000 millones de dólares. Con ese número igual habría habido necesidad de waiver, pero con un sabor más simpático desde Washington.

Sin embargo, la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda aplicaron durante mayo otra estrategia. Más ideológica que técnica. Esperar a que el dólar llegue a los 1.000 pesos para ahí comenzar a comprar. Y demostrarle a todo el que quiera analizar el sistema cambiario argentino que él tenía razón al asegurar que la divisa al primer trimestre de 2025 no necesitaba de una devaluación. Este fin de junio ratifica esa posición, pese a que está terminando el período lectivo de liquidación sojera, la que probablemente mostrará para fin de mes un nivel récord, sin que el BCRA haya mostrado subas en el nivel de reservas por la vía de compra de dólares.

Recuerda el Presidente que la batalla por la devaluación fue lo que hizo que se eyectara de las responsabilidades con la Argentina el aún director gerente para el hemisferio occidental, el chileno Rodrigo Valdés, que en las negociaciones de mediados de 2024 discutía con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, sobre la necesidad de corregir el tipo de cambio de entonces en un 20%. Mínimo. Valdés fue echado de las negociaciones, pero hacia abril de 2025 el FMI le dio, bastante, la razón.

Milei se negó todo lo que pudo al esquema de bandas, defendiendo su teoría de los 900 pesos. Pero, ya acosado por el mercado a fines del primer trimestre del año, tuvo que ceder. Y negociar las bandas cambiarias de la tercera etapa de su plan de estabilización. El techo de 1.400 pesos fue exigencia del FMI, que no quería ni quiere una banda de máximos bajos que obligue rápido al Central a vender dólares y perder reservas. La de 1.000 fue exigencia de Milei, que quería un piso por debajo de los 1.096 pesos de cierre del régimen anterior. Para demostrar que tenía razón, que el valor de su diseño anterior, 100% propio, era el correcto. Y que la economía argentina de hoy se mueve más cerca de la base que del techo del sistema de bandas cambiarias que regirá los destinos de la relación del dólar y el peso, al menos hasta las elecciones legislativas de octubre.

No pudo ser. Esa apuesta de compra a los 1.000 pesos nunca llegó. No se sumaron dólares al BCRA. Más bien se perdieron. Y ahora llega el momento de ir a negociar un waiver al FMI. A tres meses de firmado el facilidades extendidas.





domingo, 18 de diciembre de 2022

Cinismo e inflación… @dealgunamaneraok...

 Cinismo e inflación… 

Volador. Sergio Massa. Dibujo: Pablo Temes

La debacle inflacionaria se sostiene sobre una irracionalidad que construye su subrelato.

© Escrito por Nelson Castro el sábado 17/12/2022 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, república Argentina. 

La inflación sigue siendo el principal problema del Gobierno. Económico y político. El 4,9% registrado en el mes de noviembre generó suspicacias entre los analistas, festejos dentro del Frente de Todos contra Todos y hasta algunas reacciones desmedidas, como la de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, que dijo muy suelta de cuerpo que “entramos en un proceso de descenso de la inflación, lo notamos todos los que vamos al supermercado”. El nivel de cinismo y de pérdida de contacto con la realidad es una marca registrada del oficialismo. Sin embargo, desde el ala dura de la coalición no se lo dejaron pasar: “La gente está sufriendo y resignando cantidad y calidad cada vez que va a hacer las compras. Es inadmisible que ante la primera señal de una leve mejora alguien salga a hacer este tipo de declaraciones. El horno no está para bollos. Nos mancha a todos”.

Pero ¿qué le hace una mancha más a un tigre que ya se parece a una pantera?

Está claro que la suba de los precios sigue generando un daño irreparable en los consumidores argentinos.

El país sigue entre las naciones más afectadas por este flagelo y acumula un 92,4% anual. La semana pasada, el Banco Central de la República Argentina publicó el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).

Las consultoras y las entidades bancarias que participan de esa encuesta habían pronosticado un IPC de 6,1% para noviembre –el contraste generó algunas suspicacias respecto al número final–, también calcularon que subiría a 6,3% en diciembre y que sería del 6% en enero, Descendería en febrero al 5,9% y volvería a retomar la senda alcista en marzo al 6,2% impulsado por motivos estacionales.

El Gobierno sigue aferrado a lo simbólico. De eso se nutre para construir su subrelato. Por eso es tan importante cerrar el año con una inflación por debajo del 100%. Sin embargo, los consultores esperan que el año que viene termine con una inflación anual nuevamente muy cercana a esa cifra innombrable.

Desde lo político ya hemos narrado en esta columna la irracionalidad que sostiene y explica la debacle inflacionaria. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, es quien endulza los oídos de la vice en funciones con los cuentos de empresarios buenos y malos, teorías conspirativas y recetas de látigo y banquito. Son tal para cual. Los dos sostienen que el elevado gasto público y la descontrolada expansión monetaria no alteran los precios. Dale a la maquinita hasta que reviente.

Déjà vù. Por si todo esto fuera poco, gran parte de la economía argentina se encuentra paralizada por el abrupto cierre de importaciones como medida para cuidar las alicaídas reservas del BCRA. Cualquier similitud con la época del “supersecretario” de Comercio Interior Guillermo Moreno es pura coincidencia. Pasaron diez años de aquel gran fracaso y la historia se repite. Empresas que no pueden operar, suspensión de personal y adelantos de vacaciones. No entran productos terminados pero tampoco insumos, incluidos medicamentos de primera necesidad para patologías crónicas que afectan la calidad de vida de los pacientes. En estos casos se registran demoras de 45 días para aprobar el ingreso de algunos medicamentos. Pero hay más ejemplos: metales para la fabricación de herramientas, plásticos y chips para tarjetas de crédito, alimento para animales y hasta insumos para contenedores domésticos de alimentos. Nada funciona con normalidad en el país donde lo anormal es la regla.

Rápido de reflejos, el presidente Alberto Fernández dijo –entre otras cosas– hace exactamente una semana en el reportaje que le concedió a Jorge Fontevecchia, publicado en la edición impresa de este diario, que “este gobierno también es el gobierno de Cristina”. No piensa hundirse solo. El problema es que, efectivamente, está cada vez más solo y distanciado de los intendentes y los gobernadores de peso. Pasa sus horas haciendo equilibrio para ganar tiempo. Sus chances se esfuman mientras repite que las PASO (elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias) son una buena herramienta para dirimir el frente interno de cara a las elecciones, con la esperanza de tener alguna chance real de competir de manera digna. Las cosas tampoco están fáciles para la arquitecta egipcia, ahora condenada en primera instancia. Detesta su situación y la amenaza de no presentarse a ningún cargo electivo en las próximas elecciones tiene más que ver con la realidad que con un intento de operativo clamor: como están las cosas al día de hoy, nadie le asegura un triunfo. Por eso el debate en el seno del FdT tiene que ver con la ausencia de su figura en las boletas. Esa orfandad hace más difíciles las chances para quien quiera que se pruebe el traje de candidato ya sea un gobernador peronista, el ministro del Interior Wado de Pedro o el propio ministro de Economía Sergio Massa.

En la oposición el descalabro sigue. Diego Santilli lanzaría su candidatura a gobernador provincial en los primeros días de febrero. Acto seguido, lo haría Horacio Rodríguez Larreta. La relación con Mauricio Macri sigue fría. El témpano de hielo se instaló cuando el expresidente rompió los planes más o menos acordados y propuso a Cristian Ritondo en lugar de Santilli. La Unión Cívica Radical sigue siendo un misterio. Lo único seguro es que mantiene su encono por el destrato que recibió dentro de Cambiemos en la última gestión. Hay dirigentes que no olvidan pero suman al desconcierto general que pone en riesgo las chances de empezar a construir una Argentina coherente.

Si Argentina gana esta tarde el duelo ante Francia, el Gobierno debería ser muy cuidadoso en el uso político de un posible triunfo. La gente no es tonta, y el propio plantel albiceleste se ha venido cuidando mucho de no quedar como rehén de quienes quieren servirse de él.

El pan y circo es hoy una fórmula agotada.



  

viernes, 9 de febrero de 2018

Otra Argentina... @dealgunamanera...

Otra Argentina...

Imagen: Carolina Camps

En 2001, publicamos nuestro primer documento en el que señalábamos la cercanía de una crisis que se produciría en el país a raíz de la aplicación de un modelo que, inexorablemente, nos llevaría al desastre económico, político y social como finalmente ocurrió. Hoy, reafirmamos los principios que planteamos en aquella coyuntura y alertamos sobre las graves, conocidas e inminentes consecuencias económicas y sociales que el presente modelo está ocasionando al país.

© Fuente: Cátedra Abierta Plan Fénix FCE-UBA. Publicado el domingo 17/12/2018 por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A pesar de su generalizado descrédito, ha retornado con su anquilosado discurso y camuflado bajo una renovada prosa. Es necesario señalar que las consecuencias que acarreó este modelo neoconservador no se debieron a una supuesta falta de profundización, o a la corrupción que lo caracterizó, sino a las deficiencias estructurales inherentes al mismo, que lo tornaron inviable.

La repetición de esta receta provocará retrocesos, arrojando a miles de ciudadanos a la pobreza y al desempleo, con la exclusión y sufrimiento que esto acarrea. Asimismo, las tensiones que provoca el retroceso económico y social generan el deterioro del sistema democrático que está vigente.

Las orientaciones de la política oficial que empujan a la economía hacia la desigualdad y el endeudamiento externo -que señalamos en nuestro documento de noviembre de 2016- no solo no se han revertido, sino que continuarán en pleno despliegue.

Las medidas redistributivas impulsan el salario real a la baja, y en consecuencia a la declinación de la actividad productiva, en particular la industrial, mientras se generan, desde el Banco Central, rentables negocios financieros para el sector privado. Las políticas macroeconómicas contractivas introducen la economía en una espiral de ajuste, destrucción masiva de puestos de trabajo, empobrecimiento colectivo y nuevo desequilibrio en las cuentas públicas.

Soberanía y sector externo

En el ámbito de las relaciones económicas internacionales, el fortalecimiento de los esquemas de integración regional en Sudamérica ha dejado de tener valor estratégico para el Estado argentino, así como ha dejado de ser un objetivo fundamental la ampliación de los márgenes de autonomía en el escenario internacional para el despliegue de las propias políticas de desarrollo.

El Gobierno argentino ha contribuido al desmantelamiento de las políticas e institucionalidad del Mercosur y de la Unasur para fortalecer una mirada centrada en lo comercial, desde la perspectiva del libre comercio.

La liberalización del mercado cambiario que ha realizado el gobierno ha cedido la capacidad regulatoria del Estado a los grandes intereses privados que manejan las divisas. Así, se ha despojado al sector público de una herramienta clave para la estabilidad macroeconómica y se ha incrementado la vulnerabilidad externa de nuestra economía.

La política de lograr competitividad externa a través de un único instrumento –la devaluación– no ha surtido efectos reales. La entrada masiva de dólares por la vía del endeudamiento y de la especulación financiera no protegerá la producción nacional y alentará el consumo de bienes y servicios importados fomentados por los grandes sectores económicos. La inestabilidad cambiaria reinstala en la escena económica la especulación con el tipo de cambio, desplazando el uso de la moneda local.

El acelerado proceso de endeudamiento externo no está acompañado por ninguna estrategia de repago de los compromisos adquiridos. El enorme ingreso de préstamos externos está destinado a sufragar el gasto corriente de los diversos niveles del Estado (nacional, provincial y municipal) y a alimentar la enorme fuga de capitales que se viene observando.

Actividad y trabajo

Las quitas impositivas a sectores productivos de altos ingresos no son reemplazadas por otros tributos, lo que genera un incremento del déficit fiscal que justifica la toma de nuevos préstamos en moneda extranjera y un recorte del gasto público en particular en jubilaciones, pensiones y AUH para cubrir el consecuente desfinanciamiento.

La reforma impositiva a implantar no solo profundizará el déficit, sino que agravará el sesgo regresivo de la política tributaria. Dicha política, junto a la nueva Ley de Responsabilidad Fiscal, profundizará el ajuste en las provincias, imposibilitará el uso de la política fiscal como herramienta anticíclica y pondrá en grave riesgo al Sistema de Seguridad Social.

El ajuste de las tarifas de servicios, impactará gravemente no solo en los ingresos de los sectores asalariados, sino también en las pequeñas y medianas empresas, poniendo a muchas de ellas al borde de la quiebra. Como en los años 90, el aumento de tarifas solo incrementa la rentabilidad privada generando una transferencia de ingresos de la que se benefician únicamente los sectores privados concentrados.

Los salarios están siendo afectados negativamente por múltiples vías: la inflación, los topes oficiales a las paritarias, el desempleo, el cierre de empresas y la tendencia a la resolución represiva de los conflictos sociales que no solo no ha resuelto los problemas, sino que evidencian una intencionalidad autoritaria que ya rigieron en años que los argentinos queremos dejar atrás.

El sector industrial atravesará una grave situación debido a la contracción del mercado interno, las elevadas tasas de interés, los aumentos tarifarios y el tipo de cambio combinado con una apertura económica, que habilitan el ingreso de productos de todo el mundo, en un contexto de competencia agresiva de las principales potencias por la captura de mercados, generando un aumento considerable de la capacidad industrial ociosa, en particular, en las PyMES industriales tradicionales.

Justicia

En lo que va de este siglo, la sociedad argentina ha ido perdiendo la confianza que había depositado en el Poder Judicial, el que debe asentarse sobre el principio de actuar con equidad y con independencia respecto de los intereses en juego. Es imposible pensar en un futuro de progreso en el país si esta institución que comparte el poder del Estado con el Ejecutivo y el Legislativo actúa en forma subordinada a los requerimientos de los poderes de turno, tanto oficiales como privados.

Estamos avanzando rápidamente hacia el deterioro del Estado de Derecho y, lejos de que esto provoque un clamor social generalizado y salvo honrosas excepciones, nos sorprende el silencio –¿cómplice?– de los ciudadanos formados en el estudio de las leyes, incluida la opinión de las Facultades de Derecho, junto con el de otros actores involucrados en la administración de justicia.

La actuación e inacción de la Corte Suprema de Justicia es un ejemplo de lo que señalamos. Convalida un grave retroceso en los derechos económicos y sociales con fallos como el que consagra el “2x1” para condenas de crímenes de lesa humanidad, desconociendo su propia jurisprudencia y los tratados internacionales, o con su silencio ante apelaciones por la libertad de personas acusadas de delitos excarcelables detenidas en operativos que utilizan, por razones mediáticas, excesivos recursos públicos.

Simultáneamente, la Corte Suprema de Justicia, sometida a las estrategias empresariales, busca recortar el ámbito de incumbencia de los tribunales de Justicia del Trabajo desplazando estos casos a los fueros civil y contencioso administrativo, como la modificación de la ley que regula las ART, y la complicidad en la persecución a jueces y fiscales que no convalidan las demandas del gobierno y de sectores empresariales.

Inversiones

La escasa predisposición a la inversión productiva, basada en el ahorro local, aunada a la ausencia de inversiones directas del exterior, debe competir con la elevada rentabilidad financiera que ofrecen las letras emitidas por el Banco Central (Lebac).

El aumento de la vulnerabilidad externa e interna no se debe solamente a la constante expansión del stock de Lebac, sino también al aumento del endeudamiento externo del Gobierno Nacional, del Banco Central y de jurisdicciones provinciales. A eso se agrega la renovada emisión de deuda del sector privado, en un contexto de política económica que favorece y estimula este tipo de dinámica, inviable en el mediano plazo.

Además, el pago de los abultados intereses de estas deudas han dado y darán origen a un gasto público cuasifiscal tan elevado que ya supera a numerosas partidas claves de la inversión social.

El escenario de desequilibrio macroeconómico llevará inexorablemente a un recorte en el gasto público que impactará negativamente en los salarios del personal estatal y a la reducción de las inversiones en educación, salud y problemáticas sociales, y a la desfinanciación del sistema científico.

Del mismo modo, es de prever una reforma del sistema jubilatorio que, en su esencia, reduciría el nivel real de las jubilaciones e incluiría la posibilidad de reintroducir el sistema privado. En vez de un combate severo contra la evasión y la elusión impositiva, el gobierno opta a través de sus propuestas impositivas por obtener recursos de los ingresos de los trabajadores pasivos.

Propuestas

Si bien es imprescindible un profundo análisis de la coyuntura, también lo es alertar sobre los efectos de larga duración y de difícil reversibilidad que las actuales decisiones políticas provocarán. El proceso de desindustrialización, el desmantelamiento de nuestro sistema nacional de ciencia y tecnología, la firma irresponsable de tratados de libre comercio y el desmesurado endeudamiento externo llevarán a nuestro país a atravesar crisis estructurales con graves consecuencias para la sociedad.

Así como en el 2001 consideramos que debería aplicarse un modelo diferente al entonces vigente, hoy creemos que deben ser propuestas a la opinión pública otras opciones económicas para una Argentina que, por sus recursos, está en condiciones de encarar con éxito un modelo basado en el desarrollo y la equidad social, con un prudente pero firme manejo de las divisas y la administración del libre acceso a la importación de bienes externos no destinados a la inversión productiva.

Nuestro país, tarde o temprano deberá clausurar el presente proceso signado por el profundo deterioro de la economía y la calidad de vida de sus habitantes, y reinaugurar un proceso de crecimiento con equidad.

La destrucción del espacio público como ámbito de construcción de la democracia y del bienestar social, la entronización del mercado como árbitro supremo de la asignación de recursos y distribución de la riqueza, y la subordinación incondicional a los criterios de los centros de poder mundial fracturarán a la sociedad argentina y dilapidarán el potencial disponible de recursos arrojando a parte creciente de población a la pobreza y a la marginación.

En este contexto de crisis, inseguridad y frustración es necesario un amplio debate nacional, que permita iniciar la marcha hacia nuestra recuperación. Vivir con lo nuestro no es una utopía, por lo contrario, es un objetivo posible. Nuestro país puede, en efecto, ponerse de pie por sus propios medios y reinsertarse nuevamente en el orden mundial contemporáneo asumiendo el comando de su propio destino.

En materia de deuda externa, se deberá hacer el esfuerzo de suspender el proceso de endeudamiento e, iniciar acciones destinadas a su reducción, renegociando sus vencimientos y tasas. Por otra parte, se deberá impulsar desde el Estado la rápida puesta en producción de los recursos hoy ociosos, expandir la oferta para el mercado interno y nuevas exportaciones, y aumentar el empleo, los salarios, las inversiones y la recaudación tributaria.

La redistribución progresiva e inmediata del ingreso permitirá una rápida recuperación de la demanda. Ello deberá ser viabilizado por una expansión del crédito orientado a aumentar la producción y el empleo en el marco del fortalecimiento de la situación fiscal y del balance de pagos. Este es un requisito necesario para la estabilidad de precios, los equilibrios macroeconómicos y para empalmar la resolución de la crisis actual con una estrategia sostenible a largo plazo.

Un sendero de recuperación y crecimiento requiere la expansión simultánea del mercado interno y de las exportaciones. Para ambos fines, será indispensable y posible aumentar la tasa de inversión proveniente de un Estado activo y del ahorro interno.

El ahorro interno es la fuente principal del financiamiento privado de la inversión y, como sucede en los países exitosos, la inversión extranjera es un complemento –nunca un sustituto– del ahorro y la inversión domésticos y deberá materializarse principalmente bajo la forma de aportes de capital de riesgo.

Una reforma tributaria será condición indispensable para la estrategia de reactivación y crecimiento, así como también la transparencia del gasto público, el aumento de la oferta de bienes públicos (salud, educación y justicia) y el comportamiento de las cuentas fiscales compatibles con la situación coyuntural de la economía.

Es preciso instalar al peso como eje del sistema financiero argentino. La realidad que hemos vivido y vivimos revelan las consecuencias de renunciar a una moneda nacional y subordinar su existencia a la especulación financiera.

La política cambiaria debe defender la competitividad de la producción argentina, en el mercado interno y en los internacionales, de modo compatible con las metas de equidad. En este escenario deberán tomarse medidas para desalentar la fuga de capitales y orientarlos a la inversión.

Con respecto a los servicios públicos, es necesario reformar los marcos regulatorios para compatibilizar la defensa de los intereses de los consumidores y del país con la viabilidad económica y financiera de las empresas privadas.

Entregamos a la sociedad estas ideas generales como bases de un proyecto orientado al desarrollo y a la distribución equitativa de la riqueza entre todos los argentinos. Lamentablemente, a 16 años de nuestro documento fundacional, nos vemos en la necesidad de plantear, a través de similares textos, nuevamente los principios básicos allí enunciados y alertar asimismo sobre las consecuencias que la realidad actual traerá aparejada.

Por nuestra parte, consecuentemente con el contenido de la presente declaración, nos proponemos avanzar en propuestas inspiradas en la búsqueda de una sociedad democrática y equitativa orientada hacia un desarrollo humano inclusivo, respetuoso del medioambiente y sustentado en el ejercicio de la soberanía política, el control autónomo de sus recursos y actividades productivas, científicas y culturales, porque de esta manera otra Argentina será posible