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martes, 28 de abril de 2020

Quién es quién en el plan que está en marcha para liberar presos masivamente… @dealgunamanera...

Quién es quién en el plan que está en marcha para liberar presos masivamente…

El violento motín se desencadenó la semana pasada y la tensión continúa pese al acuerdo.

Un mapa de los protagonistas y sus planes para utilizar al COVID-19 como excusa en una negociación que solo busca dejar en libertad a delincuentes.

© Escrito por Luis Beldi el martes 28/04/2020 y publicado por el Diario Digital Infobae de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de los Argentinos.

En la provincia de Buenos aires, el Servicio penitenciario está alerta. El fin de semana, los jefes hicieron inspecciones en las unidades clave, por temor a que se desaten motines y mandaron a agentes a recabar información. Ellos están haciendo un verdadero trabajo de inteligencia. La mayoría cree que la paz firmada con los presos de Devoto, penal que están en la órbita del Servicio Penitenciario Federal, mantendrá en suspenso las rebeliones programadas en la provincia hasta el jueves, fecha de vencimiento del acta y cuando se dará a conocer qué puntos del acuerdo se van a cumplir.

Por de pronto y como muestra de buena voluntad, el domingo liberaron a Francisco Ignacio Salas, que estaba detenido en Devoto y los agentes lo custodiaron hasta su domicilio en un lote de Capilla del Señor a la altura del kilómetro 74. Mejor llegada a casa, imposible: auto con chofer y dos custodias, un gasto exagerado que sale de los impuestos pero que aluden que debe hacerse así por el aislamiento.

Pero el proceso comenzó mal, porque el acuerdo fue firmado violando una de las primicias del manual del buen carcelero: no se debe negociar bajo presión.

No es una demanda inocente que los encarcelados pidieran elevar el número de presos que deben cumplir prisión domiciliaria de 1.350 a 1.600. En la diferencia incluyen homicidas porque para ellos no cuenta el delito que cometieron, sino la vulnerabilidad al COVID-19.

Por otra parte, hay una curiosidad entre los firmantes del acta. El secretario de Justicia, Juan Martín Mena, está entre los acusados en el juicio que se hará por la firma del Memorándum con Irán y entre los delegados de los presos, hay un múltiple homicida con cuatro asesinatos en su prontuario.

Pero esta es una parte de una historia que se inició con la gente más allegada a Cristina Kirchner, aunque la ex presidente no está presente ni apoya esta situación que parece no conformarla. Una de las caras visibles es la del ex juez Eugenio Zaffaroni vinculado a la Comisión de la Memoria que preside Roberto Cipriano García, este último fue quien llamó públicamente a los presos “compañeros prolibertad”. Por supuesto, los presos estrenaron sus celulares, enviando audios con la arenga de García. 

Eugenio Zaffaroni ex ministro de la Corte Suprema durante la administración kirchnerista.

Los integrantes de la Comisión albergan la idea de que los presos pueden ser parte de una fuerza revolucionaria si se canaliza su violencia hacia una sociedad más justa. Los abogados de esa organización fueron los que presentaron miles de recursos para liberar detenidos vulnerables al COVID-19.

Los primeros logros fueron la liberación de algunos presos por pedido de la Comisión de la Memoria. Dos de los que consiguieron prisión domiciliaria son violadores de un chico de 8 años y de una nena de 6 años. Los dos violadores viven cerca de los violados. Uno es vecino y el otro está radicado a cincuenta cuadras del domicilio de su víctima.


El juez que les concedió la liberación fue Víctor Violini, un apellido que en estas circunstancias parece una condena del destino. El hombre integra en soledad una sala de Casación, fue oficial de policía y se recibió trabajosamente de abogado. No había alcanzado los puntos suficientes en el examen final. Pero su adhesión al kirchnerismo le facilitó la vida profesional y comenzó a ejercer la profesión. Es el responsable de que los presos hayan recibido celulares que conectan a todas las cárceles para preparar un plan de motines, si las liberaciones no llegan al nivel que quieren, es decir a casi toda la población carcelaria.

Violini, un férreo defensor de las libertades, no cumple con sus deberes: todavía no presentó su declaración jurada patrimonial como lo exige la ley.

La paradoja, es que fue ayudado en su momento por actual ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak y ahora están en veredas opuestas porque en el gobierno bonaerense no aprueban ninguna de sus medidas tomadas por el juez.

El otro motor es Andrea Casamento, fundadora de la Asociación de Familiares de Detenidos de Cárceles Federales (ADAF) que está casada con Alejo Fernández preso en Devoto y uno de los firmantes del acta. La mujer fue premiada por su defensa de los derechos de los detenidos.

Sus conexiones políticas parecen infinitas según el relato que le hace a los presos, es allegada a Mena, el secretario de Justicia, a varios intendentes de la provincia de Buenos aires, entre ellos Pablo Zurro, el intendente de Pehuajó, un defensor de la llegada de los médicos cubanos al país.

Casamento quiere sumar delegados en cada cárcel y hace públicas sus relaciones con el poder. Alejandro Alagia, que fue fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, de estrecha relación con Alejandra Gils Carbó y cercano a la vicepresidente de la Nación. Casamento es profesora en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo que fundó Hebe de Bonafini y donde estuvo involucrado Sergio Schocklender.

Ella habría arengado a los delegados de los penales de la provincia para que comiencen a presionar para armar una verdadera mesa de diálogo como la del penal de Devoto, ignorando que esa mesa ya existe oficialmente y sesionó por primera vez el miércoles 22 en la Unidad 48 de San Martín, un establecimiento que aloja a delincuentes con penas severas. No hubo avances en los diálogos, pero los presos saben que el Servicio Penitenciario Bonaerense no tiene la intención de liberar a los 2.300 internos con riesgo de contraer el Corona virus, porque 1.100 son de alta peligrosidad. Ellos están opuestos a las decisiones individuales de Violini y las frenaron por ahora, ya que debe consultar a un comité integrado por jueces y funcionarios policiales y del Servicio Penitenciario bonaerense.

Durante el motín hubo incidentes con familiares que se acercaron al lugar.

Por el otro lado, Violini tiene un problema: hay jueces encarcelados que le recuerdan a diario favores recibidos. Entre ellos, está César Melazzo detenido en Ezeiza. También le demandan ayuda ex policías y sindicalistas. “Hay un verdadero pase de facturas”, señaló un ex juez que no quiso ser nombrado.

Lo cierto es que la pandemia dejó al descubierto una alianza entre los abolicionistas más puros y los que buscan beneficios políticos y económicos. El problema más grande es que en los juzgados de ejecución federales y de la provincia, priman los jueces abolicionistas.

Un ex jefe penitenciario teme que, si triunfa la asonada de los presos, haya problemas. “No olvide que en la primera línea de fuego están los guardia cárceles que están muy nerviosos. Luego los siguen los policías y los gendarmes y en la última línea están los ciudadanos que pueden ser víctimas de los homicidas y de los ladrones liberados”.

Fotografías: Adrián Escandar, Franco Fafasuli

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domingo, 1 de noviembre de 2015

Hacia el Balotaje… @dealgunamanera...

Un país distinto... 


Tensión en el sciolismo. Malhumor de Macri por los reclamos de cargos. CFK, patológica.

Desde lo numérico, la primera vuelta de la elección presidencial la ganó Scioli. Desde lo político, en cambio, el triunfador fue Macri. Para el candidato del FpV, el resultado fue una sorpresa; para el de Cambiemos, también. El batacazo lo dio María Eugenia Vidal.

El corte de boleta en la provincia de Buenos Aires explicó su victoria, cuya clave estuvo en su llegada a la gente que la percibió como una persona del común, honesta y con ganas de seguir siendo alguien del común. A su muy buena campaña la ayudó la muy mala imagen de su adversario, Aníbal Fernández.

La noche del domingo tuvo un componente dramático. Eso explica por qué los resultados se conocieron a última hora del día. Fuentes judiciales a cargo de la elección coinciden en afirmar que a las tres horas de haberse cerrado los comicios –es decir a las 21– en la mayoría de las mesas del país el escrutinio estaba terminado. Ante lo inexplicable de la demora, pasadas las 22.30 hubo una comunicación de uno de los jueces electorales con el ministro Alak.

La conversación fue tensa. Alak terminó reconociendo que la demora se debía a una decisión de la Presidenta, disgustada con los guarismos que lo ponían a Macri dos puntos delante de Scioli, había ordenado que no se difundiera ningún dato oficial hasta tanto no cambiara la tendencia. El ministro recibió un ultimátum: tenía 5 minutos para comenzar a hacer pública esa información si no quería que el Gobierno se viese expuesto a que la Cámara Electoral denunciara la maniobra.

Toda la semana se vio a un Scioli con rostro tenso. La estrategia de campaña del oficialismo tiene un leitmotiv: alimentar el miedo a Macri. A eso apuntan los miles de mensajes que se difunden por las redes sociales que se originan desde las usinas del kirchnerismo. Eso fue lo que hizo Cristina Kirchner el jueves. Ese acto representó un vademécum de los rasgos patológicos de su conducta y de lo que se vive en su entorno. Más allá de las apelaciones a votar por el candidato del FpV –a quien nunca nombró– y de una mención a Vidal, se la pasó hablando de ella y de su esposo. Para la Presidenta lo especial de la semana tenía que ver con una situación personal y familiar y no con el hecho institucional de la elección. En los sucesivos discursos de ese día, no hizo más que hablarle a la militancia. Parece no haber advertido que con eso no alcanza para que el oficialismo gane el 22-N.

En la reunión que Scioli tuvo con los gobernadores alineados por ahora en el FpV, se hizo un análisis crudo del resultado electoral, se señalaron errores de la campaña y hubo reproches para CFK y su estilo de confrontación, algo que hoy rechaza la mayoría de la sociedad.

Las vivencias dentro del Gobierno hablan del zafarrancho que produjo el resultado electoral. En Economía todo se paralizó, hay menos gente en las oficinas y las cocheras están vacías. Ya se vieron varios ágapes de despedida. La elección cayó como una bomba puertas adentro. Hay una movida muy fuerte para tratar de asustar empleados. “Los pocos cargos que se concursaron tienen un período de prueba de un año –a diferencia del sector privado que es de tres meses– entonces será el próximo gobierno el encargado de ratificar o rectificar esos nombramientos. El ministerio aparece empapelado con notas y carteles que dicen que Macri nos va a echar a todos. Incluso están usando una vieja tapa de Clarín de cuando Macri asumió en la Ciudad, que decía que haría una limpieza en la administración porteña”, cuenta un funcionario de carrera.

La noche del escrutinio, Alak recibió un ultimátum de la Cámara Electoral.

En materia de comercio exterior comenzó a circular el rumor que indicaba que La Cámpora –en retirada– había montado un sistema paralelo para vender las DJAI (Declaración Jurada de Anticipación de Importaciones) al 15% del valor de lo que se deseaba importar. Tan fuerte fue que la subsecretaria de Comercio Interior, Paula Español, decidió suspender las actividades del jueves y viernes. No ingresó nada.

La consecuencia: aquellos importadores de estaban aguardando la autorización de su DJAI terminaron recurriendo a la Justicia para pedir un amparo que los proteja. Los amparos pasaron del 30% al 70% en las últimas semanas. “Augusto Costa, (secretario de Comercio), Español y Ariel Langer (subsecretario de Comercio Exterior) tienen los días contados. Sabían que tenían el futuro complicado con Scioli y sus allegados intentaban realizar operaciones en los medios afines indicando que el comercio exterior fluía y que había coordinación de trabajo con los equipos sciolistas, lo cual era falso”, señala otra fuente de Economía.

Sorprendidos. Para Cambiemos el resultado también tuvo sorpresas. El objetivo de máxima era llegar al ballottage con una diferencia no mayor a 8 puntos. Como siempre ocurre en una elección, los resultados mandan y son los que determinan cursos de acción y consagran o no a las personas que los encarnan. Por eso, el domingo también fue la hora de la victoria para Ernesto Sanz, Elisa Carrió, Marcos Peña y Jaime Duran Barba.

En este momento de euforia, Macri, que sabe que no es poco lo que aún le falta para ganar, está enojado con el festival de llamadas y operaciones que recibe. No todos, pero algunos sectores ya están desesperados por cargos, circunstancia que lo malhumoró por lo que bajó la orden de poner fin a toda esa parafernalia.

El grueso de la elección lo definirán los cinco millones de votos que fueron a Massa. Según números que se manejan allí, del 21% obtenido, 9 puntos van a Macri, 6 a Scioli y los otros 6 están indecisos. “Sólo en Córdoba es seguro que Macri gana el 22. En el resto del país, no”, sostienen desde el massismo.

Respecto a posibles acuerdos, siguiendo lo sostenido, las fuentes de UNA aseguran que Massa no quiere que gane Scioli ni tampoco quiere apoyar a Macri. “Hay un punto central: Sergio está en un aprieto, porque si bien no quiere que gane Scioli, tampoco quiere que gane Macri y que él sea el culpable de que el peronismo pierda el poder. Una cosa es que gane Macri y otra es que gane Macri con su apoyo”.

Gane quien gane la elección, lo cierto es que desde el domingo la Argentina es un país distinto: nadie tendrá el poder absoluto, por lo que quien llegue al gobierno deberá negociar acuerdos con las otras fuerzas. Esa necesidad de acuerdos es la que representa el fundamento de la democracia y de la república, valores que a lo largo de la así llamada “década ganada” el kirchnerismo desdeñó.

Producción periodística: Guido Baistrocchi, con la contribución de Santiago Serra.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 1º/11/2015 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.




domingo, 2 de noviembre de 2014

Tolerancia Cero… De Alguna Manera...


Tolerancia Cero…

William Bratton, jefe de policía de Nueva York en 1994.

El Senado suprimiría la conmoción social como condición de la prisión preventiva y modificaría la expulsión de extranjeros. Ningún código mejora la seguridad porque se aplica después del delito. La estigmatización de los extranjeros es un mensaje que nadie entiende mejor que la policía, gozosa de haber recuperado el autogobierno. Solidaridad oficialista con el agredido diputado Del Caño. La tasa de muertes violentas es la más baja en 30 años. Detalles estremecedores en el caso Arruga.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos Julio Alak acordó con los senadores de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, suprimir la conmoción social de un delito y las condiciones del imputado como criterio para evaluar el riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación (artículo 185 del proyecto). Y el secretario de Justicia Julián Alvarez y el subsecretario de Política Criminal Juan Martín Mena intentarán reformular el artículo 35, inciso c, sobre expulsión de extranjeros en situación irregular en el país sorprendidos en el momento de cometer un delito. Por lo menos media docena de legisladores del Frente para la Victoria anunciaron que no aprobarían esas cláusulas contradictorias con la política aplicada por el gobierno nacional desde 2003. 

Un síntoma más de ello se produjo en la otra Cámara del Congreso, cuando el diputado del PTS Nicolás del Caño presentó una cuestión de privilegio por la agresión con balas de goma que padeció cuando acompañaba a los trabajadores de la multinacional Lear en conflicto. La diputada Diana Conti adhirió en nombre del Frente para la Victoria y el diputado Héctor Recalde abrazó al colega mendocino y le dijo que se oponía a cualquier forma de represión del conflicto social. El jefe del bloque de Senadores, Miguel Pichetto, se comunicó con la presidente CFK, quien admitió la posibilidad de esas modificaciones al Código Procesal Penal. La verdadera conmoción se produjo cuando el Poder Ejecutivo y los legisladores supieron que la repercusión social de algunos delitos y la personalidad del imputado como motivo para abandonar el principio de la libertad durante el proceso fueron introducidos en el Código por el dictador Jorge Videla. 

El Boletín Oficial del 6 de mayo de 1976, con su decreto mal llamado Ley 21.306, fue reproducido aquí el domingo pasado. Quien asesoró a Videla fue el penalista Eduardo Aguirre Obarrio, ministro de Defensa del ex dictador Agustín Lanusse en 1972, y defensor del almirante Isaac Anaya en el juicio de 1985. Quien derogó esa provisión autoritaria fue el presidente Raúl Alfonsín a los dos meses de asumir la presidencia. Otra figura central de la bancada oficialista, para quien se hacía difícil consentir semejante retroceso, es el ex ministro Aníbal Fernández, quien intervino en la sanción y promulgación de la Ley de Migraciones 25.871, vigente desde 2004, y en su decreto reglamentario, de 2010. Al contemplar la expulsión por delitos con pena mínima inferior a tres años, el artículo 35 del proyecto modifica sin decirlo esa ley. 

La posibilidad de expulsión ya estaba legislada, pero sólo para delitos graves y con condena en firme. Ahora se aplicaría a los presuntos autores de delitos de menor gravedad y sin realizar un juicio que establezca su autoría, por la sola definición policial y el consentimiento del imputado para que se suspenda el proceso. El verdadero problema de seguridad es que la principal forma que tiene la policía de desbaratar una banda, integrada por argentinos o por extranjeros, es cruzárselos en la calle, como habría ocurrido con la custodia del fiscal Carlos Stornelli y los colombianos sospechosos.

Inversión de criterios

Según el artículo 17 de la ley vigente la situación irregular sólo puede ser definida por la autoridad política migratoria. Por el artículo 61, si la irregularidad se constata, esa autoridad debe intimar al migrante a que regularice su situación y facilitarle el modo de hacerlo. La Dirección de Migraciones sólo puede declarar la ilegalidad de la permanencia si el migrante no regulariza la situación al ser intimado. En ese caso Migraciones debe pedirle a un juez contencioso administrativo la confirmación del acto de expulsión, cuya validez y razonabilidad se discutirá ante el tribunal. 

El artículo 29.c considera como límite a la concesión de residencia en el país “haber sido condenado o estar cumpliendo condena (...) o tener antecedentes por tráficos de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres años o más”. El decreto reglamentario especificó que condenado es quien tenga una condena firme, y antecedente es “la condena no firme o el procesamiento firme”. La Corte Suprema de Justicia confirmó ese criterio en el Caso Granados Poma, de 2012. ¿Cuál puede ser el sentido de esa inversión, de expulsar a condenados y procesados por delitos graves a correr del país bajo la amenaza de prisión a personas detenidas por la policía por delitos menores? 

Es ilustrativo repasar qué delitos castiga el Código Penal con penas mínimas inferiores a tres años: participar en una riña en la que intervengan varias personas y no conste quien causó las lesiones o la muerte de la víctima (artículo 95); apoderarse de una cosa mueble ajena (162); usar la violencia para ello (164); despojar a otro de la posesión o tenencia de un inmueble (181); tener o portar armas de fuego sin autorización (189); detener o entorpecer la circulación de un tren (191); tirarle piedras cuando está en marcha (193); impedir o estorbar el normal funcionamiento de cualquier medio de transporte o los servicios públicos de comunicaciones, provisión de agua, electricidad o energía (194); suscitar tumultos o desórdenes (211); emplear la intimidación o la fuerza contra un funcionario público (237); desobedecerle o resistírsele (239); estorbarle el cumplimiento de sus funciones (241); violar los sellos colocados por la autoridad para asegurar la conservación o identidad de una cosa (254); quebrantar una inhabilitación impuesta por un juez (281 bis). 

Aparte de los robos y hurtos con o sin armas, surge transparente la criminalización del conflicto social y los métodos de lucha usuales: ocupación de tierras y viviendas, en las que participan con asiduidad inmigrantes de países vecinos; corte de rutas y de vías, manifestaciones en la calle, todo tipo de roces con policías, gendarmes y sus jefes, como el coronel Roberto Angel Galeano que exigió a un automovilista que bajara de su auto en la Panamericana y a los uniformados que lo sacaran a palazos.

¿Y por casa?

En todo el mundo los entusiastas de la Tolerancia Cero se inspiran en la tarea del ex alcalde de Nueva York Rudolf Giuliani, pero fuera de Estados Unidos pocos saben que el impulsor del concepto fue William Bratton, su jefe de policía. Bratton asumió el cargo en 1994 y su éxito en la reducción del crimen fue tan notable que Giuliani lo despidió en 1996: la popularidad del cana opacaba al político republicano. Luego de su también exitoso desempeño como jefe de policía de Los Angeles, adonde llegó después de los terribles tumultos raciales de 2002, Bratton recibió el ofrecimiento de hacerse cargo de la policía británica, pero el Parlamento lo vetó por su nacionalidad. No obstante, lo contrataron como asesor.

Hace diez meses, el nuevo alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, lo devolvió a su antigua responsabilidad en la Gran Manzana. De Blasio tiene dos hijos adolescentes, Dante y Chiara, que pese a sus nombres clásicos tienen la tez morena como su madre y fueron protagonistas de la espectacular victoria del padre, con casi el 75 por ciento de los votos. El aviso que decidió la elección fue grabado por Dante. Con su peinado afro a lo Angela Davis decía que Bill era el único demócrata con pelotas como para oponerse a las medidas discriminatorias del intendente Michael Bloomberg, por las que la policía puede cachear en busca de armas o drogas a cualquiera que le parezca sospechoso. Y ya se sabe quiénes siempre le parecen sospechosos. Por más que el presidente sea un afroamericano, los prejuicios siguen prevaleciendo y Obama postergó hasta después de las elecciones de pasado mañana el prometido decreto que aliviaría la situación de once millones de inmigrantes ilegales amenazados con la deportación. 

Las cadenas CBC y CNN informaron la semana pasada sobre el hostigamiento en una escuela del Bronx a dos chicos de 11 y 13 años, cuyos compañeros les gritaron “Ebola” mientras los golpeaban hasta dejarlos de hospital. Venían de Senegal, donde sólo se diagnosticó un caso de la enfermedad. Este es el riesgo de los estereotipos. Es probable que la expulsión de extranjeros no se incorpore al Código Procesal en los términos que anunció Cristina. Pero el mero discurso asociando extranjeros con delincuencia constituye un mensaje que la policía decodifica con entusiasmo y amplía la permisividad para los comportamientos tradicionales que tanto costó desterrar con la Ley de Migraciones. 

Por otro lado, cada ablandamiento de garantías procesales que se introduce con cualquier pretexto, tiende a generalizarse para cualquier otro uso. Si bien fue sobreseído, ya hubo un periodista de Santiago del Estero acusado por la ley antiterrorista y al mismo tiempo, en Estados Unidos, se descubrió que la ley de seguridad interior (la Patriot Act sancionada para librar la denominada Guerra contra el Terrorismo) se está aplicando con frenesí para otros fines. Esa ley permite a la policía ingresar a una vivienda y revisar todo lo que encuentren, sin notificar de ello a sus habitantes para que no sepan que los están investigando. 

La Fundación Nueva Frontera Electrónica informó ahora que entre septiembre de 2001 y abril de 2003 hubo 47 de esas incursiones sigilosas; el año pasado fueron 11.129, de las cuales apenas el 0,5 por ciento por sospechas de terrorismo. Radley Balko, autor del libro Rise of the Warrior Cop: The Militarization of America’s Police Forces escribió que cuando una ley concede nuevos poderes al gobierno “hay que dar por sentado que será interpretada en la forma más vaga, más expansiva y más favorable al gobierno posible. Si no ocurre así, bien. Pero ¿por qué correr el riesgo, por qué dejar esa posibilidad abierta. Lo mejor es escribir las leyes en forma muy cuidadosa, restrictiva y con explícitas garantías contra su abuso”.

¿Fue una contradicción que una vez electo, De Blasio convocara al artífice de la Tolerancia Cero? Para nada. Lo que sus epígonos sudamericanos nunca mencionan es que para Bratton esa inflexibilidad debe comenzar por la propia fuerza policial. Lo hizo durante su primera gestión, lo repitió en Los Angeles y lo está haciendo otra vez ahora. En un discurso ante más de 800 comisarios y oficiales, prometió que apartaría a las manzanas podridas que dan una mala imagen a la policía y los describió como “brutales, corruptos, racistas e incompetentes”, que “no entienden el juramento que prestaron ni están comprometidos a obedecer la ley”, por lo cual “no deberían estar aquí”. 

En su conferencia, Bratton mostró videos de oficiales que patean a un vendedor callejero y tiran al suelo a una mujer embarazada. Hace dos meses una gran manifestación protestó en Nueva York por la muerte del también afroamericano Eric Garner, quien vendía cigarrillos sin estampilla fiscal. Un policía le hizo una toma de estrangulación y lo asfixió. El presidente de la mutual hispana de policías, el detective Dennis González, aprobó la decisión de Bratton y le sugirió que comenzara por revisar con Asuntos Internos los legajos de los oficiales contra quienes hay quejas, para detectar patrones de abuso. ¿Suena familiar?

Autogobierno y complicidad

Esa depuración de las filas policiales es la misma línea que comenzaron los ex ministros Carlos Arslanian en la provincia de Buenos Aires y Nilda Garré en el Ministerio de Seguridad de la Nación y que abandonaron sus sucesores. Con Arturo Puricelli y Cecilia Rodríguez, asistidos por el médico que quisiera ser militar Sergio Berni, la Policía Federal recuperó la autonomía perdida y se orienta según la pauta del autogobierno que practica la Bonaerense. Lo sucedido con Luciano Arruga dista de ser un caso aislado. En 2009 el juez Luis Arias dijo que la policía bonaerense usaba las detenciones de menores por averiguación de antecedentes como método de reclutamiento para delinquir. 

Cuando los ministros de Seguridad, Carlos Stornelli, y de Justicia, Ricardo Casal, lo intimaron a precisar la denuncia, Arias enumeró 23 investigaciones penales de 2008 y 2009 por torturas a chicos, en las que se advierte “la idea de reclutamiento”. Poco después, el propio Stornelli se presentó para denunciar ante la justicia esa práctica perversa. Pero ya estaba de salida y Casal asumió las dos carteras, fusionadas en una hasta el año pasado. No habrá código que valga, mientras los presuntos encargados de brindar seguridad comanden la rapiña y formen parte de grandes redes de ilegalidad, por más fotos con Giuliani o con Alvaro Uribe que se saquen los políticos en campaña.

Esta semana, el Senado bonaerense convirtió en ley la expropiación del destacamento policial de Lomas del Mirador, donde Arruga estuvo detenido y fue torturado, y la instalación allí de un Espacio para la Memoria que llevará su nombre. Ese destacamento se creó a solicitud de los vecinos que reclamaban mayor seguridad. No es seguro que se hayan sentido defraudados por este nuevo episodio de higiene social, como los que producía en Don Torcuato el policía Beto Hugo Cáceres, porque el objetivo de eliminar a los negritos cuenta con inserción en sectores más acomodados de la sociedad, como se puede verificar en el foro de lectores de La Nación que se congratularon por la muerte de Arruga. En la misma sesión el vicegobernador Gabriel Mariotto planteó la unificación y el aceleramiento del caso contra los funcionarios judiciales que dilataron la investigación y encubrieron a los policías acusados. 

Así, el juez Gustavo Banco, que rechazó el hábeas corpus presentado por la familia de Arruga en cuanto se produjo la desaparición, deberá responder en el mismo jury de enjuiciamiento que las fiscales Roxana Castelli (quien delegó el sumario a la propia policía que lo extorsionaba) y Celia Cejas (cuya principal disposición investigativa fue espiar a la familia de la víctima). El juez federal de Morón Juan Manuel Salas mantiene el secreto del sumario mientras avanza en la obtención de pruebas, que le permitirían dejar de lado la cómoda hipótesis de un accidente de tránsito y confirmarían lo que la mamá Mónica Alonso y la hermana Vanesa Orieta sostuvieron desde el primer momento, sobre la responsabilidad policial en la muerte de Luciano. El estudiante que conducía el auto que lo atropelló declaró que Luciano “corría desesperado” y “parecía que estaba escapando”. El mismo juez Salas sobreseyó al dirigente sindical Rubén Sobrero por el corte de una autopista con un piquete durante el paro de una central en abril, aduciendo quienes ocupan el espacio público para que las autoridades los escuchen no deben ser sometidos a la acción penal que en ese caso criminalizaría “manifestaciones sociales pacíficas”.

© Escrito por Horacio Verbitsky el Domingo 02/11/2014 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todo el contenido publicado es de exclusiva propiedad de la persona que firma, así como las responsabilidades derivadas.