domingo, 12 de abril de 2026

Victorias y tropiezos - Riesgo de embriaguez… @elprofesorcapomasi...

Victorias y tropiezos - Riesgo de embriaguez…

Manuel de supervivencia. Dibujo: Pablo Temes

El Gobierno enfrenta una erosión creciente: el caso Adorni, errores políticos y tensiones sociales.


© Escrito por el
Doctor Nelson Castro el domingo 12/04/2026 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

Hay momentos a lo largo de un gobierno en los cuales el cúmulo de poder encandila. Le pasó a Cristina Fernández de Kirchner en 2011 luego de haber sido reelecta con el 54% de lo votos. “Vamos por todo”, fue la frase que resumió esa embriaguez de poder tan nociva para el país y para la mismísima expresidenta hoy cumpliendo una condena por el delito de corrupción. A Mauricio Macri le sucedió lo mismo tras el buen desempeño en las elecciones de medio término, en octubre de 2017, en la provincia de Buenos Aires. Ahora esto mismo le está ocurriendo a Javier Milei tras el resonante triunfo electoral de octubre pasado. Es evidente que tamaña suma de poder enceguece aquí y en el mundo y es un peligro que sin buen juicio y contexto adecuado puede perjudicar a cualquier gobierno.

Este es un momento de contrastes para el Gobierno: por un lado, viene de conseguir otra victoria parlamentaria importante con la aprobación de la media sanción del proyecto de Ley de Glaciares, el que se suma a los otros logros legislativos que el oficialismo cosechó durante el verano: por el otro, en cambio, el caso de Manuel Adorni que se complica y se enreda cada vez más con aristas y personajes casi novelescos. A esta altura de los hechos, la decisión más sabia que el jefe de Gabinete debería tomar es alejarse del Gobierno. Con solo leer los contenidos de las redes sociales que, hasta aquí, han sido un bastión de La Libertad Avanza, tendrían la comprobación de la creciente decepción que el episodio está generando en una parte de su base de apoyo ideológico y cultural. El comportamiento por parte del Presidente, de su hermana Karina y del núcleo duro que lo rodea es el propio de la casta. Hay que recordarle a Milei que los funcionarios son fusibles. El único irreemplazable es él y, probablemente para él, su hermana.

En la semana, ocurrió algo que hubiera sido impensado al comienzo de la actual gestión. Fue la entrevista que Milei concedió a Antonio Aracre y Ramiro Castiñeiras en el programa Economistas que se emite por la Televisión Pública. Todos recuerdan que el Presidente había condenado la actividad de los medios públicos. Junto con el Banco Central, tenía destino de extinción. Nada de eso ha ocurrido. Pero eso no es lo malo. Los medios públicos son importantes cuando dejan de lado la militancia y adquieren características de independientes y plurales. Lamentablemente no es esto lo que está sucediendo. Como lo hicieron otros antes, la así llamada “entrevista” fue absolutamente concesiva y se transformó en un vehículo de las descalificaciones del jefe a quienes lo critican y a una repetición de promesas de mejoras que se van posponiendo según pasa el tiempo. Hizo acordar a los famosos “brotes verdes” del también célebre “segundo semestre” de bonanza que se cansó de anunciar Mauricio Macri durante su mandato que nunca llegó. Como es costumbre, volvió a criticar a la prensa asegurando que “el 95% de los periodistas son delincuentes”. Pero uno de los puntos más curiosos que le costó críticas –incluso– entre sus propios seguidores fue la intrincada e infantil forma de evaluar el caso de los funcionarios públicos que tomaron créditos con el Banco Nación. “Los créditos se tomaron a la tasa de mercado, con lo cual no se violentó nada”, sentenció. Es posible desde lo técnico o legal, pero no es lo aconsejable desde un enfoque ético o moral. Seguramente para el común de la gente no sería tan fácil tramitarlo. Fue justamente en ese punto cuando ensayó una curiosa explicación desde el punto de vista de la moral libertaria: “Nosotros hemos definido nuestros valores morales; la pregunta es: ¿haber tomado ese crédito mató gente?; ¿violentó el derecho a la vida? ¿Acaso terminó con la libertad de alguien? Ustedes se pueden reunir libremente”, les dijo a sus interlocutores. Qué triste es ver a una persona inteligente justificando de forma tan retorcida algo que podría haberse subsanado de otra forma. De esta manera, el Presidente terminó expuesto a una situación de desgaste autoinflingida que fue el comentario de todo el mundo en las redes sociales durante días.


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El Adornigate tuvo esta semana la aparición en escena de la escribana que participó en las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete. Más allá del personaje pintoresco que compuso Adriana Nechevenko –la notaria en cuestión–, sus declaraciones públicas no solo no ayudaron a Adorni, sino que la complicaron, al punto de dejar abierta la puerta para eventuales sanciones que podrían afectar su matrícula. Fue cuando dijo que no tenía obligación de averiguar el origen del dinero utilizado en las operaciones inmobiliarias en cuestión. Esto es algo que, por la Resolución 242/23, específicamente se le requiere a cada escribano que solicite una declaración jurada por parte del comprador sobre el origen de los fondos que destine a la operación correspondiente. A ello hay que agregar que el jefe de Gabinete es una persona políticamente expuesta. Esto significa que, por causa de su poder, tiene a mano los elementos para llevar a cabo actos de corrupción. Un error de principiante que no resiste el menor análisis.

Lejos del juego de la política –o víctima de él–, el PAMI ha vuelto a ser noticia. El atraso en el pago a las prestaciones de las farmacias acumula más de dos meses y pone en jaque a uno de los actores principales del sistema de salud. Desde hace tiempo que los farmacéuticos hacen malabares para poder reponer los medicamentos. También hay retrasos en la entrega de medicamentos oncológicos y las clínicas y sanatorios han comenzado a suspender sus prestaciones. El problema no es estrictamente de la obra social de los jubilados. Desde allí alegan –con razón– que el Ministerio de economía no transfiere los fondos suficientes. Estamos ante un gobierno para el que, con buen criterio, el equilibrio fiscal es innegociable, pero, cuando los números no cierran, deberían establecerse mejor las prioridades en las asignaciones para que no sea el ciudadano de a pie el que pague las consecuencias.





miércoles, 8 de abril de 2026

Inteligencia de guerra… @elprofesorcapomasi...

Inteligencia de guerra…

Líbano. Bombardeos sobre Beirut. El uso bélico de la inteligencia artificial, debatido en el conflicto en Medio Oriente. Fotografía: Getty Images.

La IA empieza a ocupar un lugar central en el terreno militar. La reciente disputa entre Anthropic y el Pentágono reactivó el debate sobre los riesgos y dilemas éticos de entregar el control de armas letales a estas herramientas.

© Escrito por Esteban Magnani el martes 31/03/2026 y publicado por la Revista Acción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.


Uno de los principales incentivos para el desarrollo tecnológico a lo largo de la historia ha sido el uso militar. El ejemplo paradigmático es el Proyecto Manhattan, que durante la Segunda Guerra Mundial reunió en los Estados Unidos a los mejores cerebros y muchísimo dinero para desarrollar en solo tres años una bomba atómica antes de que lo hiciera, como se temía, el régimen de Adolf Hitler. El conocimiento desarrollado con apuro permitió luego, en tiempos de paz, aprovechar la energía nuclear. 


En la actualidad, la tecnología que podría compararse con ese ambicioso proyecto es la IA generativa: países como Estados Unidos y China, sobre todo, compiten por desarrollar sus modelos, a los que consideran clave para definir la disputa geopolítica entre ambas potencias. Esta tecnología podría incidir en cuestiones de distinto tipo, desde comerciales o científicas hasta logísticas o espaciales. Pero el área en el que esta herramienta podría resultar más determinante ‒y la más discutida‒ es la militar.


El uso bélico de la IA generativa se debate desde hace tiempo: un caso que avivó la discusión y la instaló en un primer plano internacional ocurrió en 2024, durante el contraataque de Israel a Palestina. Durante varios días prácticamente se delegó en una IA llamada Lavender el bombardeo sobre presuntos blancos terroristas, a pesar del margen de error estadístico de esta herramienta.


Ahora la discusión se reactivó en los Estados Unidos por la negativa de la empresa Anthropic a que su herramienta de IA generativa tenga control total sobre armas letales o sea usadas para tareas de vigilancia interior. La disputa entre la empresa desarrolladora de Claude y el Pentágono escaló y abrió un debate necesario sobre el uso militar de las IA.


Una empresa moral


Darío Amodei es el CEO de Anthropic, una empresa que fundó luego de abandonar OpenAI por discrepar con su CEO, Sam Altman. Desde el punto de vista de Amodei, la urgencia económica no daba tiempo para testear los potenciales usos peligrosos de las herramientas. Por eso, en 2021 decidió armar su propia compañía.


Anthropic no solo parecía la cara más «ética» de Silicon Valley, sino que lanzó una de las herramientas mejor valoradas del mercado de IA generativa: Claude. Gracias a su posterior asociación con Amazon, que le prestó infraestructura, dinero y contactos, la nueva empresa pudo conseguir algunos anhelados contratos con el Estado norteamericano, incluido el aparato militar, que le permitieron importantes ingresos.


El dinero fue bienvenido, pero generó una fuerte tensión con el discurso ético de
Amodei, quien se mostró independiente de su nuevo cliente, por ejemplo, criticando la política de volver a exportar chips a China. Sobre el tema específico de la IA generativa, denunció violaciones a acuerdos sobre el uso de una versión de Claude retocada para uso militar que fue utilizada en el secuestro de Nicolás Maduro. Amodei dio a conocer públicamente sus opiniones frente a un Gobierno al que no le gusta en absoluto la disidencia. 


El diálogo terminó de quebrarse el 26 de febrero cuando el CEO de Anthropic publicó una carta abierta en la que reconocía que era el Departamento de Guerra, «no empresas privadas, quienes toman las decisiones militares», pero que «en algunos pocos casos, la IA puede minar, más que defender, valores democráticos. Algunos usos también están fuera de los límites de lo que la tecnología de hoy puede hacer de manera segura y confiable». 


Al día siguiente de esta publicación se vencía el plazo para llegar a un acuerdo con el Pentágono que exigía, según Amodei, que se quitaran todas las salvaguardas que impedían a la IA ser usada para automatizar totalmente armas letales o usarlas para la vigilancia interna. Como era de esperar, la publicación fue leída como una declaración de guerra por el propio presidente Donald Trump quien respondió en su red social Truth Social con un extenso posteo: «Los locos izquierdistas de Anthropic acaban de cometer un ERROR DESASTROSO intentando torcer EL BRAZO del Departamento de Guerra». En el mismo tono escribieron otros funcionarios. 


Desde el Pentágono aseguraron que su plan no era hacer ninguna de las tareas que denunciaba Amodei, sino que simplemente querían disponer de toda la capacidad de la herramienta en caso de urgencia. Luego, el Gobierno de Estados Unidos declaró a Anthropic como un «riesgo para la cadena de suministro», prohibió sus herramientas en el Estado y también contratar a quienes tuvieran vínculos con ellas. El anuncio funcionó como una gigantesca advertencia para una industria a la que Trump viene protegiendo como a pocas.


Empleados de distintas empresas de IA apoyaron la posición de Amodei y convocaron a otros empresarios a imitarlo. Algunos de estos líderes, como Sam Altman, hablaron en favor de Anthropic, pero pronto se supo que habían firmado un contrato suficientemente ambiguo con el Pentágono como para que este pudiera hacer lo que quisiera con sus herramientas.


Urgido, el mismo Amodei pidió reabrir las negociaciones, sin suerte, por lo que presentó una demanda contra el Gobierno de los Estados Unidos para que se revierta su condición de «riesgo para la seguridad nacional». Aun si consigue un fallo favorable, su relación con los clientes más grandes quedará seriamente dañada, al menos hasta que haya un cambio de signo político en el Gobierno estadounidense.

Dinero y locura


La inversión en IA generativa que se está realizando en los Estados Unidos es tan desmedida que cada vez más especialistas señalan que va a ser imposible recuperarla. Por eso, cualquier contrato es valorado enormemente, no tanto por los ingresos que propicia (que no llegan a modificar una ecuación muy deficitaria), sino porque ayuda a generar un aura de sostenibilidad económica. Por eso, no resulta extraño que OpenAI y Google se hayan alineado rápidamente para conseguir los contratos del Estado que Anthropic acaba de perder. Negocios son los negocios.


Más allá de la problemática cuestión comercial, lo más preocupante es que el Gobierno de los Estados Unidos considere una buena idea delegar el control total de armas de guerra en IA generativas. Tal como explicó Amodei, estas no dan garantías suficientes para tareas que requieren certezas.


Es que, pese a lo engañoso del nombre, la inteligencia artificial no es inteligencia, sino estadística. Si bien resulta sorprendente lo que puede hacer, el mecanismo probabilístico sobre el que se construye también define sus límites. Por eso se repiten las historias en que distintas IA cometen lo que resulta un error evidente para cualquier humano. Al ser herramientas estadísticas que se basan en miles de millones de ejemplos, carecen de un criterio propio y pueden generar respuestas poco sensatas en áreas para las que no tienen suficientes datos, estos quedaron viejos o simplemente arrojan algo «posible» pero improbable simplemente porque los datos con los que cuentan avalan esa posibilidad.


Este límite puede no ser tan grave en casos de una tarea escolar o una receta de cocina, pero cuando se trata de un arma letal, puede costar miles de vidas. De hecho, se sabe que la IA Claude fue utilizada en el ataque a Irán pese a la prohibición publicada por Trump horas antes: durante ese ataque, según denuncia Irán, se bombardeó una escuela en la que murieron más de 170 niñas. El caso está en discusión, pero no debería descontarse un «error estadístico» o que estuviera basado en información vieja, como indican algunas investigaciones.


La disputa entre Anthropic y el Gobierno de los Estados Unidos es excepcional para ilustrar la relación simbiótica entre una industria que necesita contratos y desregulación, por un lado, y un Gobierno que busca automatizar decisiones con IA para conseguir un aura de neutralidad ideológica que reduzca las críticas y disidencias internas. 



domingo, 5 de abril de 2026

Liga Profesional - Torneo Apertura 2026 - Gimnasia y Esgrima de la Plata 0 vs. Huracán 3... @elprofesorcapomasi...

 Huracán goleó y se metió en zona de playoffs…

El Globo superó por 3-0 a Gimnasia La Plata en condición de visitante.


© Publicado el domingo 05/04/2026 por el Diario Jornada de la Ciudad de Trelew, Provincia del Chubut, República Argentina.


Huracán le ganó por 3 a 0 a Gimnasia en un duelo fundamental por los últimos puestos de clasificación a los playoffs que disputaron esta tarde, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la decimotercera fecha del Torneo Apertura 2026.

El “Globo” se impuso con goles de los defensores Ignacio Campo y Lucas Blondel, a 17 minutos del primer tiempo y 21 del segundo respectivamente, y el delantero Jordy Caicedo, a los 39 del complemento.

Con el triunfo, el equipo de Diego Martínez cortó una racha de tres partidos sin ganar y subió al octavo lugar del grupo B, con 17 unidades, teniendo que recibir en la próxima fecha a Rosario Central, el domingo 12 de abril a las 17:30.

Por su lado, el “Lobo” acumula tres derrotas seguidas, es undécimo con 14 unidades, y deberá visitar a Sarmiento, el lunes 13 a partir de las 16:30.

La visita abrió el partido con un golazo: a los 16 minutos, el lateral Ignacio Campo recibió sobre el costado derecho de área grande, a algunos metros de la misma, y sacó un derechazo potentísimo, que entró por el ángulo derecho del arquero Nelson Insfran.

A los 42 minutos, el mediocampista Ignacio “Nacho” Fernández quedó libre por el costado derecho y sacó un remate alto y cruzado, que fue desviado de gran manera por el arquero Hernán Galíndez.

Blondel tuvo su primera llegada a los 10 minutos del segundo tiempo, con un remate desde afuera del área de Blondel que dio en el travesaño.

El exjugador de Boca pudo convertir 10 minutos después, al recibir un centro atrás del extremo Óscar Cortés por el costado derecho del área y con una definición alta, que puso el 2-0.

A los 22 minutos hubo un nuevo palo, esta vez para el local: el extremo Maximiliano Zalazar eludió dos rivales desde la izquierda hace el centro y sacó un tiro potente que dio en el palo horizontal.

En 38 minutos de la segunda etapa, Caicedo presionó y aprovechó un grosero error del defensor Enzo Martínez en un intento de jugar hacia atrás, encaró a Insfran y lo venció con un tiro alto que sentenció el triunfo.


LA FICHA DEL PARTIDO:














Al terminar el partido, Galindez le entrega la cinta de capitán a un Combatiente de Malvinas. Video: ESPN.






Argumentos caídos - Un pacto se rompió… @elprofesorcapomasi

 Argumentos caídos - Un pacto se rompió…

Run, Manuel, run... Dibujo: Pablo Temes.

El Gobierno atraviesa su peor crisis de credibilidad, lo que le da una vida más a los diversos opositores.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 05/04/2026 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.


El presidente Javier Milei estableció “La moral como política de Estado” como el núcleo conceptual de su gestión durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso el domingo 1° de marzo de 2026. Seguramente el líder libertario no tomó la dimensión exacta del enunciado que acababa de postular. Lo que sí quedó claro es que, para la mayoría de la ciudadanía, se trató de algo más que un enunciado meramente aspiracional: se trató de un compromiso. Según la Real Academia Española (RAE), un compromiso es una obligación contraída, una palabra dada, un acuerdo o pacto entre partes. Al menos por ahora, ese pacto se ha roto y difícilmente se pueda reconstruir.

El Gobierno está atravesando la mayor crisis de credibilidad desde que asumió el poder. El affaire Adorni ha sido, sin lugar a dudas, el punto de inflexión que desató una catarata de investigaciones sobre hechos que han comenzado a salir a la luz. El viaje del jefe de Gabinete con su esposa en el avión presidencial fue la punta del iceberg. Ya no se trata del uso personal o familiar de un bien público, hay además, cuentas poco claras, jubiladas que oficiaron de prestamistas y que –en principio– negaron conocer al exvocero, posibles omisiones en su declaración jurada y un blanco que no cierra. Por si esto fuera poco la escribana que certificó la compra de las propiedades del jefe de Gabinete, había trabajado para narcos que traficaban efedrina. La función pública es tan delicada que exige ser y parecer. ¿Es posible que un economista que trabajó en los medios y fue crítico del poder en tiempos de los Fernández haya podido pasar por alto tantas luces amarillas? La respuesta es sí. El poder nubla la visión.

La orquestada defensa del Gobierno para uno de los alfiles de Karina Milei se cumplió a regañadientes. “Ponele que es cierto que Manuel es un tipo querido puertas adentro. Muchos de los que tuvieron que salir a poner la carita en fotos y agendas de trabajo no tuvieron opción. Hay un punto en que lo soltás o te hundís. Y nosotros estamos pagando un costo político altísimo” –dijo una fuente libertaria que conoce cómo está el humor en Balcarce 50. La cosa no terminaría ahí. El fiscal federal Gerardo Pollicita está investigando un nuevo viaje del jefe de Gabinete junto a su familia –esta vez a Aruba– la isla caribeña a fines del 2024.

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A mitad de semana otra alarma comenzó a sonar. Parte de la oposición en el Congreso pidió investigar el pasado miércoles los millonarios créditos hipotecarios que se otorgaron a través del Banco de la Nación Argentina (BNA) a funcionarios y legisladores del gobierno libertario. Cabe aclarar que desde 2024 existe una línea diferencial de préstamos para empleados y funcionarios públicos, con beneficios que no tienen los clientes regulares. Miembros del equipo económico, directivos del Banco Central (BCRA) y hasta un tuitero oficialista obtuvieron créditos hipotecarios de hasta US$ 350 mil. La información se divulgó desde el sitio web “¿Cuánto deben?”, desarrollado por el programador Andrés Snitcofsky. Parece que es más fácil el acceso al crédito cuanto más cerquita se está del mostrador.

Otros tiempos. En octubre de 2024 la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello exigió la renuncia de una funcionaria de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, ya que en su área se registró la compra de una cafetera por casi 2 millones de pesos. Es evidente que, con el correr del mandato, algunas buenas costumbres se fueron perdiendo.

Cuando estalló el caso de la criptomoneda $Libra, difundida por el Presidente en su cuenta de la red social X, un manto de duda tiñó el accionar del primer mandatario y de su hermana Karina. Para ser más claros: en los primeros días y por el desconocimiento de lo que para muchos son los vericuetos del mundo cripto, se les otorgó el “beneficio de la duda”. Ha transcurrido más de un año desde aquel 14 de febrero en que todo comenzó y la investigación periodística y judicial –que incluyó la apertura de celulares de los principales implicados– arrojó una cantidad abrumadora de datos que compromete seriamente al Presidente y su entorno y que terminó derribando de un plumazo todas las explicaciones oficiales. La Justicia tendrá la última palabra pero, a esta altura, la supuesta transparencia en la que creyeron millones de argentinos se aleja del capital político del Gobierno. Cuando la vara se pone alta, hay que ir con pie de plomo.

Asoma –también– un problema de política electoral. Si Adorni no da un paso al costado, o recibe asilo político en algún rincón del Gobierno con menos exposición, ya poco importa en términos de imagen. Una encuesta realizada por la consultora Zuban Córdoba reveló que el 70% cree que debería renunciar. Su supuesta candidatura a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pende de un hilo y, pese al disgusto que pudiera generarle a Karina, los porteños ven con muy buenos ojos a Patricia Bullrich. Las internas siguen a la orden del día y nadie está dispuesto a ceder.

Es justo mencionar que muchos de los que hoy se rasgan las vestiduras y señalan al Gobierno no tienen la más mínima autoridad moral para hacerlo. El kirchnerismo tiene a su conductora condenada y con tobillera. Si hurgamos tan sólo un poco en el pasado reciente –y no tanto– del peronismo no alcanzaría el espacio en esta columna para enumerar sus fechorías. El problema, sin embargo, sigue siendo del actual gobierno que, con su conducta, le ha dado una vida más a quienes pretende combatir. “Kukas”; “zurdos”; “comunistas” y muchos otros aplauden desde la tribuna.

Ni siquiera el Indec le dio un respiro al Gobierno. El anuncio de que la pobreza bajó al 28,2% en el segundo semestre de 2025 –el nivel más bajo desde 2018– no alcanzó para tapar los escándalos y, por otra parte, en el Ministerio de Economía saben que el dato no debería tomarse sólo cuantitativamente. La actividad, tal como reconoció el propio Luis Caputo, no se está reactivando a la velocidad deseada y los sueldos siguen siendo una de las preocupaciones principales de millones de argentinos. Familias con dos trabajos en blanco no llegan a fin de mes. El multiempleo –para quien tiene la suerte de alcanzarlo– es la regla entre quienes pueden llenar la heladera entrada la segunda quincena en el calendario.

En un país en donde los períodos entre elecciones son cortos, es una incógnita si el oficialismo podrá afrontar el 2027 sin sobresaltos.





Juicio por la Reestatización de YPF - Revés en Nueva York... @elprofesorcapomasi...

Revés en Nueva York: se desploma el negocio de Burford y crece el misterio sobre los socios ocultos del litigio…


YPF free.
 Dibujo: Pablo Temes.

Más allá del lucro cesante del estudio que litigó contra nuestro país, los grandes derrotados del fallo de la Cámara neoyorquina son los inversores que compraron parte del juicio en el que la jueza Loretta Preska formuló su fallo en primera instancia. Pese a la derrota inesperada, lobistas del grupo norteamericano ya habían iniciado negociaciones con autoridades argentinas del Ministerio de Economía y la propia presidencia de la Nación. La historia de un juicio que aún tiene muchos misterios, que solo la magistrada estadounidense podrá dilucidar.

© Escrito por Carlos Burgueño, Periodista. Lic. en Ciencia Política. Máster en Economía y Sociología y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

Burford ganó unos 221 millones de dólares con el juicio por la manera en que se reestatizó YPF en 2012. Es la diferencia entre los 15 millones de dólares invertidos en la compra de la causa a la sindicatura del Tribunal Número 3 en la Justicia Civil y Comercial de Madrid, a donde fue a adquirir vía licitación los papeles necesarios para litigar; y la venta en tres momentos diferentes del 35% de la causa en unos 236 millones a diferentes inversores interesados en cobrar al final del juicio, en una situación que todos presuponían más que favorable a los demandantes.

Casi un caso definido a su favor con un solo riesgo: que Argentina, al final de la historia y con un inevitable fallo final de la Justicia norteamericana a su favor, no pagara y prefiriera entrar en default antes que pagar los US$ 16 mil millones que dictó en primera instancia la jueza Loretta Preska. 

En el momento de vender estas acciones, ese era el único riesgo. Por lo demás, solo restaba esperar un negocio seguro. Easy Money, como se dice en Wall Street. Pero algo pasó camino al cielo.  La Cámara de Apelaciones de Nueva York falló el mes pasado dos a uno a favor de la Argentina, y demolió el negocio. Quizá, para siempre.

Para Burford, la consecuencia fue una pérdida de ganancia de casi 10 mil millones de dólares, habiendo invertido originalmente US$ 15 millones. De ahí el hundimiento de sus acciones en el New York Stock Exchange (NYSE) en un 50%. En definitiva, un “Costo de Oportunidad”. O “Una Ganancia No Realizada”. Un “Lucro Cesante”, en términos más contables. O, como se dice en los floors de la Bolsa de Comercio de Nueva York, “Left The Money on The Table”, no haber ejecutado una ganancia cuando convenía. Habrá que decir, como se contó en estas líneas la semana pasada, que hacia agosto y septiembre de 2025 los lobistas de Burford Capital lo intentaron. Buscaron de todas las maneras posibles (y fueron muchas) de tomar contacto con Javier Milei o con Luis “Toto” Caputo y el secretario de Finanzas Pablo Quirno para que accedan a una mesa de negociación para investigar alternativas de pago bajo el paraguas de un acuerdo extrajudicial amparado y apañado por Loreta Preska. Sin embargo, no hubo caso.

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El gran misterio de este megajuicio es quiénes son los socios de Burford Capital.

El Presidente y sus funcionarios del quinto piso del Palacio de Hacienda dinamitaron todos los puentes aclarando que todo se dirimiría en la Justicia norteamericana. Y que solo al final de esta historia, luego de una intervención de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos con fallo eventualmente adverso, se podría hablar. No antes. Al final de la película, esta actitud pétrea del oficialismo libertario sería la adecuada. Burford, entonces, solo podrá contar como ganancias (al menos hasta aquí) esos 221 millones de dólares de diferencia, entre lo que se pagó por la causa al síndico madrileño y el 35% vendido en el caso. En definitiva, Casualities of War. Nada que un fondo de altísima especulación no tenga en su cartera de eventualidades.

El problema entonces es la pérdida absoluta de los inversores de ese 35%. Los que le compraron a Burford parte del juicio en una apuesta casi segura. Pero que falló. Son los integrantes de la famosa “Lista de Preska”. La jueza del segundo Distrito Sur de Nueva York que falló en contra de la Argentina tiene en sus manos uno de los grandes misterios de la democracia recuperada desde el 83. El gran misterio de este megajuicio es quiénes son los socios de Burford Capital. Esta persona, personas, sociedades o fondos de inversión le compraron parte de la causa al demandante, dinero que se utilizó para costear, supuestamente, los gastos de la presentación. Y quizá, para cubrir favores varios. La principal operación de este tipo se dio el 16 de junio de 2017, cuando luego de la presentación oficial y pública de la demanda ante la jueza de Nueva York, vendió el 15% del litigio a un grupo de inversores por unos US$ 66 millones; tres años después de haber adquirido en 2014 la causa total por unos US$ 15 millones al Tribunal N° 3 en la Justicia Civil y Comercial de Madrid; sede de la trifulca judicial original de Petersen Energía y Petersen Inversora, el nombre de fantasía legalista de todo el conflicto.

En aquella primera operación, el fondo de capitales ingleses especializado en adquirir por el mundo causas judiciales semimuertas para luego inyectarles capital y argumentos penales y comerciales para revivirlas y accionar en consecuencia; había valuado la totalidad de la causa por la renacionalización de YPF en unos US$ 440 millones; mientras le declaraba a Preska por un reclamo general de más de US$ 3 mil millones. Con esos 66 millones de dólares de venta original del 15% de la causa a los misteriosos accionistas, Burford Capital pudo solventar todos los gastos, tanto su adquisición en Madrid, como las acciones judiciales en el Segundo Distrito Sur de Nueva York que maneja Preska. La apuesta era enorme y entusiasta. Si se hubiera mantenido la sentencia de Preska, la ganancia final hubiera superado el 45 mil%. Superando incluso al más de 1.000% de ganancia de los fondos buitre contra Argentina en la causa iniciada en 2006 y finalizada en 2016. No pudo ser.

Pero menos para los “inversores” del juicio que entraron a un negocio casi seguro.

El gran misterio que continúa latente en este juicio es saber con nombre y apellido quiénes son los socios de este juicio. Algunas de esas especulaciones hablan de fuertes (y muy serias) vinculaciones políticas locales de los propietarios de las acciones que reclaman por los derechos de ese dinero. Profesionalmente es imposible que desde Burford o cualquier tribunal de los Estados Unidos dé los nombres de esos socios del fondo litigante, ya que hay un resguardo absoluto de parte de la jurisprudencia norteamericana de mantener a los accionistas en secreto. Solo por voluntad propia de Preska al considerarla información necesaria, o por un pedido expreso de algún juez local, algún colega norteamericano accedería a entregar esa información. También hubiera podido eventualmente ser un reclamo del Congreso Nacional, al momento de aprobar una hipotética ley para autorizar al Gobierno al que le caiga en suerte la liquidación de la deuda. En definitiva, es un derecho argentino saber a quién se le hubiera pagado semejante fortuna. Con el juicio a favor, paradójicamente, aparece este dato en contra. No se podrá pedir el listado desde el país.

Es un derecho argentino saber a quién se le hubiera pagado semejante fortuna. Depende de Preska.

El reclamo original del fondo es por los daños generados al resto de los accionistas de la petrolera argentina, luego del pago que se les hiciera a los españoles de Repsol por la reestatización del 49% de YPF en 2012. Burford les había comprado a dos empresas españolas, Petersen Energía SAU y Petersen Inversora SAU, el privilegio de presentar un caso contra la República Argentina y contra YPF, luego de la expropiación de Repsol en 2012. Finalmente, el 11 de julio de ese año, la compañía anunció que había comprado al fondo estadounidense Eton Park Capital una participación del 70% en un caso similar presentado contra el soberano e YPF en 2016. Petersen Energía y Petersen Inversora fueron las empresas se habían presentado en concurso en mayo de 2012, solo semanas después de la renacionalización y cuando desde el directorio de la petrolera reestatizada se prohibieron las distribuciones de dividendos. Sucedía que la forma de pago a los acreedores de Petersen que habían facilitado los dólares para que tomara el aproximadamente 26% de las acciones de la petrolera en tiempos de Néstor Kirchner, era con los ingresos por dividendos. Sin dividendos, no había posibilidad de pago. La solución fue la presentación del concurso en Madrid. Luego, la sindicatura del tribunal comercial lanzó la licitación del caso a la que se presentaron cinco candidatos. El triunfador fue Burford Capital, quien pagó los 15 millones originales. Lo demás es historia.

Habrá que ver ahora la voluntad de Preska de dilucidar el gran misterio que queda de esta causa. Quienes son los poseedores de ese 35% de las acciones del juicio contra Argentina; hoy por hoy, los grandes perdedores del caso. Podría ser cualquiera. Empresarios, políticos, fondos de inversión, interesados varios. Cualquiera. Y, de conocerse los nombres, podría provocar un maremoto jurídico, político, económico y financiero en el país. Depende de Preska. Quien no debe estar de buen humor en estos tiempos. Al menos con Argentina.