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domingo, 5 de abril de 2026

Juicio por la Reestatización de YPF - Revés en Nueva York... @elprofesorcapomasi...

Revés en Nueva York: se desploma el negocio de Burford y crece el misterio sobre los socios ocultos del litigio…


YPF free.
 Dibujo: Pablo Temes.

Más allá del lucro cesante del estudio que litigó contra nuestro país, los grandes derrotados del fallo de la Cámara neoyorquina son los inversores que compraron parte del juicio en el que la jueza Loretta Preska formuló su fallo en primera instancia. Pese a la derrota inesperada, lobistas del grupo norteamericano ya habían iniciado negociaciones con autoridades argentinas del Ministerio de Economía y la propia presidencia de la Nación. La historia de un juicio que aún tiene muchos misterios, que solo la magistrada estadounidense podrá dilucidar.

© Escrito por Carlos Burgueño, Periodista. Lic. en Ciencia Política. Máster en Economía y Sociología y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

Burford ganó unos 221 millones de dólares con el juicio por la manera en que se reestatizó YPF en 2012. Es la diferencia entre los 15 millones de dólares invertidos en la compra de la causa a la sindicatura del Tribunal Número 3 en la Justicia Civil y Comercial de Madrid, a donde fue a adquirir vía licitación los papeles necesarios para litigar; y la venta en tres momentos diferentes del 35% de la causa en unos 236 millones a diferentes inversores interesados en cobrar al final del juicio, en una situación que todos presuponían más que favorable a los demandantes.

Casi un caso definido a su favor con un solo riesgo: que Argentina, al final de la historia y con un inevitable fallo final de la Justicia norteamericana a su favor, no pagara y prefiriera entrar en default antes que pagar los US$ 16 mil millones que dictó en primera instancia la jueza Loretta Preska. 

En el momento de vender estas acciones, ese era el único riesgo. Por lo demás, solo restaba esperar un negocio seguro. Easy Money, como se dice en Wall Street. Pero algo pasó camino al cielo.  La Cámara de Apelaciones de Nueva York falló el mes pasado dos a uno a favor de la Argentina, y demolió el negocio. Quizá, para siempre.

Para Burford, la consecuencia fue una pérdida de ganancia de casi 10 mil millones de dólares, habiendo invertido originalmente US$ 15 millones. De ahí el hundimiento de sus acciones en el New York Stock Exchange (NYSE) en un 50%. En definitiva, un “Costo de Oportunidad”. O “Una Ganancia No Realizada”. Un “Lucro Cesante”, en términos más contables. O, como se dice en los floors de la Bolsa de Comercio de Nueva York, “Left The Money on The Table”, no haber ejecutado una ganancia cuando convenía. Habrá que decir, como se contó en estas líneas la semana pasada, que hacia agosto y septiembre de 2025 los lobistas de Burford Capital lo intentaron. Buscaron de todas las maneras posibles (y fueron muchas) de tomar contacto con Javier Milei o con Luis “Toto” Caputo y el secretario de Finanzas Pablo Quirno para que accedan a una mesa de negociación para investigar alternativas de pago bajo el paraguas de un acuerdo extrajudicial amparado y apañado por Loreta Preska. Sin embargo, no hubo caso.

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El gran misterio de este megajuicio es quiénes son los socios de Burford Capital.

El Presidente y sus funcionarios del quinto piso del Palacio de Hacienda dinamitaron todos los puentes aclarando que todo se dirimiría en la Justicia norteamericana. Y que solo al final de esta historia, luego de una intervención de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos con fallo eventualmente adverso, se podría hablar. No antes. Al final de la película, esta actitud pétrea del oficialismo libertario sería la adecuada. Burford, entonces, solo podrá contar como ganancias (al menos hasta aquí) esos 221 millones de dólares de diferencia, entre lo que se pagó por la causa al síndico madrileño y el 35% vendido en el caso. En definitiva, Casualities of War. Nada que un fondo de altísima especulación no tenga en su cartera de eventualidades.

El problema entonces es la pérdida absoluta de los inversores de ese 35%. Los que le compraron a Burford parte del juicio en una apuesta casi segura. Pero que falló. Son los integrantes de la famosa “Lista de Preska”. La jueza del segundo Distrito Sur de Nueva York que falló en contra de la Argentina tiene en sus manos uno de los grandes misterios de la democracia recuperada desde el 83. El gran misterio de este megajuicio es quiénes son los socios de Burford Capital. Esta persona, personas, sociedades o fondos de inversión le compraron parte de la causa al demandante, dinero que se utilizó para costear, supuestamente, los gastos de la presentación. Y quizá, para cubrir favores varios. La principal operación de este tipo se dio el 16 de junio de 2017, cuando luego de la presentación oficial y pública de la demanda ante la jueza de Nueva York, vendió el 15% del litigio a un grupo de inversores por unos US$ 66 millones; tres años después de haber adquirido en 2014 la causa total por unos US$ 15 millones al Tribunal N° 3 en la Justicia Civil y Comercial de Madrid; sede de la trifulca judicial original de Petersen Energía y Petersen Inversora, el nombre de fantasía legalista de todo el conflicto.

En aquella primera operación, el fondo de capitales ingleses especializado en adquirir por el mundo causas judiciales semimuertas para luego inyectarles capital y argumentos penales y comerciales para revivirlas y accionar en consecuencia; había valuado la totalidad de la causa por la renacionalización de YPF en unos US$ 440 millones; mientras le declaraba a Preska por un reclamo general de más de US$ 3 mil millones. Con esos 66 millones de dólares de venta original del 15% de la causa a los misteriosos accionistas, Burford Capital pudo solventar todos los gastos, tanto su adquisición en Madrid, como las acciones judiciales en el Segundo Distrito Sur de Nueva York que maneja Preska. La apuesta era enorme y entusiasta. Si se hubiera mantenido la sentencia de Preska, la ganancia final hubiera superado el 45 mil%. Superando incluso al más de 1.000% de ganancia de los fondos buitre contra Argentina en la causa iniciada en 2006 y finalizada en 2016. No pudo ser.

Pero menos para los “inversores” del juicio que entraron a un negocio casi seguro.

El gran misterio que continúa latente en este juicio es saber con nombre y apellido quiénes son los socios de este juicio. Algunas de esas especulaciones hablan de fuertes (y muy serias) vinculaciones políticas locales de los propietarios de las acciones que reclaman por los derechos de ese dinero. Profesionalmente es imposible que desde Burford o cualquier tribunal de los Estados Unidos dé los nombres de esos socios del fondo litigante, ya que hay un resguardo absoluto de parte de la jurisprudencia norteamericana de mantener a los accionistas en secreto. Solo por voluntad propia de Preska al considerarla información necesaria, o por un pedido expreso de algún juez local, algún colega norteamericano accedería a entregar esa información. También hubiera podido eventualmente ser un reclamo del Congreso Nacional, al momento de aprobar una hipotética ley para autorizar al Gobierno al que le caiga en suerte la liquidación de la deuda. En definitiva, es un derecho argentino saber a quién se le hubiera pagado semejante fortuna. Con el juicio a favor, paradójicamente, aparece este dato en contra. No se podrá pedir el listado desde el país.

Es un derecho argentino saber a quién se le hubiera pagado semejante fortuna. Depende de Preska.

El reclamo original del fondo es por los daños generados al resto de los accionistas de la petrolera argentina, luego del pago que se les hiciera a los españoles de Repsol por la reestatización del 49% de YPF en 2012. Burford les había comprado a dos empresas españolas, Petersen Energía SAU y Petersen Inversora SAU, el privilegio de presentar un caso contra la República Argentina y contra YPF, luego de la expropiación de Repsol en 2012. Finalmente, el 11 de julio de ese año, la compañía anunció que había comprado al fondo estadounidense Eton Park Capital una participación del 70% en un caso similar presentado contra el soberano e YPF en 2016. Petersen Energía y Petersen Inversora fueron las empresas se habían presentado en concurso en mayo de 2012, solo semanas después de la renacionalización y cuando desde el directorio de la petrolera reestatizada se prohibieron las distribuciones de dividendos. Sucedía que la forma de pago a los acreedores de Petersen que habían facilitado los dólares para que tomara el aproximadamente 26% de las acciones de la petrolera en tiempos de Néstor Kirchner, era con los ingresos por dividendos. Sin dividendos, no había posibilidad de pago. La solución fue la presentación del concurso en Madrid. Luego, la sindicatura del tribunal comercial lanzó la licitación del caso a la que se presentaron cinco candidatos. El triunfador fue Burford Capital, quien pagó los 15 millones originales. Lo demás es historia.

Habrá que ver ahora la voluntad de Preska de dilucidar el gran misterio que queda de esta causa. Quienes son los poseedores de ese 35% de las acciones del juicio contra Argentina; hoy por hoy, los grandes perdedores del caso. Podría ser cualquiera. Empresarios, políticos, fondos de inversión, interesados varios. Cualquiera. Y, de conocerse los nombres, podría provocar un maremoto jurídico, político, económico y financiero en el país. Depende de Preska. Quien no debe estar de buen humor en estos tiempos. Al menos con Argentina.




lunes, 13 de mayo de 2024

Panorama económico. La bestia que avanza y nadie le presta atención… @dealgunamanera...

 Panorama económico. La bestia que avanza y nadie le presta atención…

Picosaurio. Dibujo: Pablo Temes

El desenlace del juicio en EE.UU. por la reestatización de YPF va a encontrar a una Argentina desarmada e inerte.

© Escrito por Carlos Burgueño el domingo 11/05/2024 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

La bestia avanza. Nadie la puede parar. Y en algún momento, embestirá fuerte contra Argentina. Y, de no cambiar radicalmente la realidad económica y financiera local, será un golpazo del que se tardarán años, quizá décadas, en salir. Sorprende la inacción, no sólo del Gobierno, sino de toda la clase política criolla; la que a esta altura debería estar resolviendo cómo enfrentará el problema cuando explote, y represente un bombazo enorme contra la estabilidad financiera del país. A cambio de esto, los políticos locales se señalan como los responsables, culpan a fantásticas conspiraciones o, directamente, niegan que sea un problema. Y, como no, apuntan a ver cómo ganar algunos votos con la cuestión. Lo cierto, es que cuando llegue el punto final de un proceso que amenaza demoledor, y de no cambiar la inactiva realidad, la conclusión de un proceso judicial contra la Argentina en los Estados Unidos, donde hay casi nulas chances de ganar; encontrará al país desarmado e inerme.

El juicio contra el país por la manera en que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner reestatizó YPF, continúa su derrotero, con novedades más que peligrosas para la muy débil posición argentina. Como se sabe, las últimas novedades son que el fondo vencedor Burford Capital sobreactúa que quiere cobrar, y le pide a la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska quien falló en contra de la posición local, que avance con embargos a las acciones que el Estado argentino tiene en YPF, el Banco Nación, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), Aerolíneas Argentinas, la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales SA, (Arsat) y Energía Argentina SA (Enarsa). No reclama los embargos para cobrar, sino para garantizarse que el gobierno argentino lo hará en el futuro, cuando el caso termine su derrotero que hoy tiene parado en la Cámara de Apelaciones de Nueva York; donde es muy difícil que el país logre dar marcha atrás lo que ya decidió Preska. Habrá, además, una estación más antes del desenlace. Argentina probablemente apele ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos; una instancia donde el país nunca tuvo suerte. El proceso total puede demandar unos dos años, y culminar en algún momento del 2026. Demasiado tiempo para pensar soluciones en un país acostumbrado en que el corto plazo es semanas, el mediano un mes y el largo un semestre. Sin embargo, un país que se maneje seriamente debería estar analizando cómo pagará los US$ 16 mil millones que reclaman con un fallo de primera instancia a su favor los Burford Capital y Eton Park, los que con intereses podrían incrementar el número a más de US$ 18 mil millones finales.

Esta causa empezó a ser negociada por el fondo Burford en junio de 2012. Pudo esperar una definición casi 11 años.

Para tener una idea de la dimensión de lo que se está hablando, es el caso de mayor pasivo en dólares en la historia de los juicios de Wall Street. Es la segunda deuda más importante del país luego de los US$ 44.800 millones que se le deben al Fondo Monetario Internacional (FMI). Es el juicio de un privado a un país más importante a nivel mundial. Y, lo más destacado, no hay ninguna manera que Argentina genere semejante cantidad de dólares y los deposite en las reservas del BCRA para cuando el juicio haya concluido. Al ritmo que vienen recuperándose las reservas netas del Banco Central, recién Argentina podría conseguir ese dinero en unos tres años. Pero, claro, debería olvidarse de abrir el cepo. O de pagarle al FMI. O de cumplir con las obligaciones financieras contraídas en el canje de deuda de octubre del 2020.

En paralelo, un tema explosivo navega el juzgado de Preska. Un gran misterio de este megajuicio es quiénes son los socios del principal fondo demandante y vencedor, Burford Capital. Esta persona, personas o sociedades recibirán, cuando Argentina pague, miles de millones de dólares que tendrá que pagarle el país. Para agregarle misterio al guion, Burford ya vendió el 15% del juicio en US$ 66 millones en junio de 2017; tres años después de haberlo adquirido en unos 35 millones de dólares en los tribunales madrileños donde se llevaba adelante el concurso de Petersen Energía y Petersen Inversora. En aquella operación, el fondo de capitales ingleses especializado en adquirir por el mundo causas judiciales semimuertas para luego inyectarles capital y argumentos penales y comerciales para revivirlas y accionar en consecuencia; había valuado la totalidad de la causa por la renacionalización de YPF en unos US$ 440 millones; mientras le declaraba a Preska por un reclamo general de más de US$ 3 mil millones. Con esos 66 millones de dólares de venta del 15% de la causa a los misteriosos accionistas de la causa, Burford Capital puedo solventar todos los gastos de la causa, tanto su adquisición en Madrid, como las acciones judiciales en el Segundo Distrito Sur de Nueva York que maneja Preska. Si la Justicia de los Estados Unidos mantuviera firme el fallo negativo contra el país (algo casi inevitable) hasta el de la causa para cuando llegue a la Corte Suprema de los Estados Unidos y sostuviera así, que el monto a pagar fuera de US$ 16 mil millones, la ganancia de Burford entre la compra de la causa y el cobro final treparía al 45 mil % en algo más de nueve años de juicio. Supera incluso al más de 1.000% de ganancia de los fondos buitre contra Argentina en la causa iniciada en 2006 y finalizada en 2016.

El reto de las reservas, una disputa de poderosos y la pesada deuda eléctrica.

La causa se basa en el reclamo de Burford por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem. Allí el país se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado.

La demanda fue iniciada por un especialista mundial en este tipo de batallas: el fondo Burford Capital. El tipo de maniobra en que se especializa Burford es ofrecer a tribunales de todo el mundo dinero al contado a cambio de la venta de la totalidad o parte de los derechos de estas causas. Burford, un gigante financiero con espaldas amplias, luego aplica el profesionalismo de sus abogados internacionales con toda la paciencia del mundo para esperar los fallos finales. De hecho, esta causa comenzó a ser negociada por Burford en junio de 2013; con lo que pudo esperar una definición de casi 11 años.

El reclamo original del fondo es por los daños generados al resto de los accionistas de la petrolera argentina, luego del pago que se les hiciera a los españoles de Repsol por la reestatización del 49% de YPF en 2012. Burford les había comprado a dos empresas españolas, Petersen Energía SAU y Petersen Inversora SAU (sin vinculaciones ya en ese momento con el grupo argentino Petersen), el privilegio de presentar un caso contra la República Argentina y contra YPF, luego de la expropiación de Repsol en 2012. Finalmente, el 11 de julio de ese año, la compañía anunció que había comprado al fondo estadounidense Eton Park Capital una participación del 70% en un caso similar presentado contra el soberano e YPF en 2016.



    

jueves, 27 de febrero de 2014

Él y Ella, el matrimonio perfecto... De Alguna Manera...

El día que los Kirchner apoyaron la privatización de YPF…


La errática historia de YPF —con el capítulo de hoy incluido— es la postal de la sinuosidad del propio kirchnerismo. Muchos parecen olvidar que fue Néstor Kirchner quien gestó el ingreso de la familia Eskenazi al directorio de YPF en 2008, provocando la inevitable transferencia de divisas que debían utilizarse para exploración hacia los bolsillos de los mismos accionistas españoles que hoy denuesta Cristina.

Sin embargo, no es esa la peor contradicción del entonces matrimonio: en 1992/93, Néstor y su esposa fueron los impulsores más férreos de la privatización de YPF. Video y documento que se muestran a continuación, son irrefutables a ese respecto:


En realidad, no ha sido gratuito el apoyo de los Kirchner al impulso privatizador. A cambio, el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo —hoy curiosamente fustigado por los K— les "ofrendó" más de 500 millones de dólares bajo el engañoso concepto de "regalías mal liquidadas". Ese dinero, que pertenece al Estado, jamás apareció luego de que fuera girado al exterior por Néstor. Se trata de los evaporados fondos de Santa Cruz.

Solicitada publicada en 1992 por los principales diarios santacruceños

¿Cómo explica Cristina ese viraje, de apoyar la privatización de YPF a impulsar su expropiación? En efecto, la mandataria no explica nada porque nadie le pregunta nada.

Si alguien se atreviera a indagarla, la Presidenta debería responder, entre otras, las siguientes preguntas:

-¿Adónde estaban ella y su esposo cuando Repsol se encontraba vaciando la misma empresa que ahora "nacionaliza"? ¿Por qué no lo denunció antes?

-¿Por qué se impulsó el ingreso del grupo Eskenazi a YPF y luego se destrozó a esa misma familia públicamente?

-¿Por qué un año antes de expropiarla, la mandataria alabó el trabajo de esa misma empresa?

Como se dijo anteriormente, Cristina no responderá nada: no le interesa dar explicaciones de sus actos. Es su naturaleza, ni más ni menos.



© Escrito por Christian Sanz el Jueves 27/02/2014 y publicado por Tribuna de Periodistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


domingo, 13 de mayo de 2012

Binner y Alfonsín... De Alguna Manera...

Binner y Alfonsín en el laberinto progresista…


Quienes obtuvieron el segundo y tercer lugar en las últimas elecciones presidenciales han justificado en los últimos días su apoyo enfático (aunque “en general”) a la confiscación de YPF como un homenaje a los principios y las tradiciones históricas de sus respectivos partidos. Los argumentos utilizados fueron muy similares, y puede que convergentes : adhieren al proyecto oficial, dicen, para dejar en claro que son los auténticos heraldos del estatismo y el nacionalismo económico, y porque será a la luz de su testimonio iluminador en la defensa consecuente de esas ideas que tarde o temprano la sociedad habrá de reconocer que el kirchnerismo no es más que una simulación oportunista, una versión degradada de dichos ideales que debe ser “superada” y reemplazada por la que ofrecen alguno de ellos, o los dos juntos.

Aunque ni Binner ni Alfonsín se han referido a ellas, es oportuno llamar la atención sobre otras razones menos históricas y más inmediatas que los inclinaron a apoyar la “recuperación de YPF” y que, pese a no ser tan coincidentes como las anteriores, pueden también alentar la convergencia entre ellos: para los socialistas, y para el FAP en general, dar su apoyo a esta ley era la conclusión obligada de una estrategia que se viene desplegando desde hace tiempo, y de la que no cabría dudar pues sería la causa de los logros cosechados recientemente; en tanto para Alfonsín, igual que para otros radicales progresistas, votar la ley se presentó como lo contrario, la oportunidad para cambiar una estrategia equivocada que estaría en el origen de los últimos fracasos y desilusiones. Veamos.

Los socialistas entienden que los votos recibidos en octubre pasado, y que convirtieron a Binner en una figura nacional y al FAP en la “principal alternativa al kirchnerismo” cabe atribuirlos a su pretensión de encarnar el “progresismo verdadero” y a las consecuencias prácticas de dicha apuesta: la toma de distancia respecto a la “oposición de derecha” (el resto de la oposición política, los medios independientes, los empresarios, etc.) y el voto a favor de proyectos oficiales de tinte “progresista” como la ley de medios, la estatización de los fondos de pensión y otros por el estilo. 

Según esta interpretación, además, el FAP no debería preocuparse mayormente por las consecuencias que ha arrojado la aplicación de esas leyes por parte del kirchnerismo: al señalamiento de los efectos indeseados u objetables que varias de ellas han tenido tanto para los directamente afectados, los jubilados, los periodistas, etc., como para la economía y la democracia en general, los líderes socialistas replican que ellos no tienen por qué rendir cuentas de esos resultados porque votaron “de acuerdo a sus convicciones”, de cuyo carácter virtuoso no cabría dudar, y la buena o mala aplicación es exclusiva responsabilidad del Ejecutivo. 

En esta curiosa inflexión principista se evita cualquier consideración más pragmática y matizada sobre las razones del voto ciudadano: se ignora el hecho de que muchos de quienes escogieron las listas del FAP el año pasado lo hicieron a pesar de que sus legisladores habían adherido a esos proyectos oficiales y no debido a que lo habían hecho, y se desconoce la considerable distancia que existe entre las creencias de los militantes y las de la mayoría de los votantes, así como el hecho harto evidente de que a la enorme mayoría de la sociedad la coherencia doctrinaria le importa bien poco y tiende a valorar más que objetar eso que el FAP tanto le critica al gobierno, el hecho de que detrás de la declamada inflexibilidad y la supuesta gravitación de las convicciones progresistas en la gestión se esconde el muy flexible pragmatismo peronista.

En cuanto a los radicales de izquierda, la coyuntura también los está empujando a sobrevalorar algunas de sus creencias compartidas con socialistas y kirchneristas, aunque por las razones opuestas: estiman haberse corrido demasiado “a la derecha” cuando se aliaron con De Narváez y haber sido castigados en las urnas debido a ello, así que buscan corregirse alejándose lo más posible de esas influencias, que se expresan hoy, por caso, en el republicanismo de los medios, en las propuestas de alianza del macrismo o en los pronósticos de crisis de los economistas.  

 El sueño de “recuperar el voto radical recuperando la identidad histórica y la unidad de la UCR” aparece así como la guía práctica adecuada para devolver el rol de segunda fuerza al partido y el equilibrio a un sistema de partidos cada vez más inclinado hacia la hegemonía peronista. Como si la salida de su laberinto fuera sólo posible para el centenario partido retrocediendo en el tiempo hasta el momento en que, se cree, perdió el rumbo.

Puede que algo consigan Binner y Alfonsín con sus apuestas, pero difícilmente se acerque a lo que están buscando. Tal vez sería distinto si el peronismo no fuera capaz de generar su propia oposición, si no hubiera ya dispuestas en la arena otras ofertas competitivas, y si el constante y creciente abuso de poder por parte del oficialismo no despertara una también creciente expectativa de que alguien corra el riesgo de cargarse al hombro la defensa del estado de derecho y del liberalismo político. Valores que están presentes por cierto en los genes de radicales y socialistas, pero cuya defensa hoy no pareciera ser para ellos una urgente prioridad.

© Escrito por Marcos Navarro y ublicado por http://www.tn.com.ar el lunes 30 de Abril de 2012.