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lunes, 13 de mayo de 2024

Panorama económico. La bestia que avanza y nadie le presta atención… @dealgunamanera...

 Panorama económico. La bestia que avanza y nadie le presta atención…

Picosaurio. Dibujo: Pablo Temes

El desenlace del juicio en EE.UU. por la reestatización de YPF va a encontrar a una Argentina desarmada e inerte.

© Escrito por Carlos Burgueño el domingo 11/05/2024 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

La bestia avanza. Nadie la puede parar. Y en algún momento, embestirá fuerte contra Argentina. Y, de no cambiar radicalmente la realidad económica y financiera local, será un golpazo del que se tardarán años, quizá décadas, en salir. Sorprende la inacción, no sólo del Gobierno, sino de toda la clase política criolla; la que a esta altura debería estar resolviendo cómo enfrentará el problema cuando explote, y represente un bombazo enorme contra la estabilidad financiera del país. A cambio de esto, los políticos locales se señalan como los responsables, culpan a fantásticas conspiraciones o, directamente, niegan que sea un problema. Y, como no, apuntan a ver cómo ganar algunos votos con la cuestión. Lo cierto, es que cuando llegue el punto final de un proceso que amenaza demoledor, y de no cambiar la inactiva realidad, la conclusión de un proceso judicial contra la Argentina en los Estados Unidos, donde hay casi nulas chances de ganar; encontrará al país desarmado e inerme.

El juicio contra el país por la manera en que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner reestatizó YPF, continúa su derrotero, con novedades más que peligrosas para la muy débil posición argentina. Como se sabe, las últimas novedades son que el fondo vencedor Burford Capital sobreactúa que quiere cobrar, y le pide a la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska quien falló en contra de la posición local, que avance con embargos a las acciones que el Estado argentino tiene en YPF, el Banco Nación, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), Aerolíneas Argentinas, la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales SA, (Arsat) y Energía Argentina SA (Enarsa). No reclama los embargos para cobrar, sino para garantizarse que el gobierno argentino lo hará en el futuro, cuando el caso termine su derrotero que hoy tiene parado en la Cámara de Apelaciones de Nueva York; donde es muy difícil que el país logre dar marcha atrás lo que ya decidió Preska. Habrá, además, una estación más antes del desenlace. Argentina probablemente apele ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos; una instancia donde el país nunca tuvo suerte. El proceso total puede demandar unos dos años, y culminar en algún momento del 2026. Demasiado tiempo para pensar soluciones en un país acostumbrado en que el corto plazo es semanas, el mediano un mes y el largo un semestre. Sin embargo, un país que se maneje seriamente debería estar analizando cómo pagará los US$ 16 mil millones que reclaman con un fallo de primera instancia a su favor los Burford Capital y Eton Park, los que con intereses podrían incrementar el número a más de US$ 18 mil millones finales.

Esta causa empezó a ser negociada por el fondo Burford en junio de 2012. Pudo esperar una definición casi 11 años.

Para tener una idea de la dimensión de lo que se está hablando, es el caso de mayor pasivo en dólares en la historia de los juicios de Wall Street. Es la segunda deuda más importante del país luego de los US$ 44.800 millones que se le deben al Fondo Monetario Internacional (FMI). Es el juicio de un privado a un país más importante a nivel mundial. Y, lo más destacado, no hay ninguna manera que Argentina genere semejante cantidad de dólares y los deposite en las reservas del BCRA para cuando el juicio haya concluido. Al ritmo que vienen recuperándose las reservas netas del Banco Central, recién Argentina podría conseguir ese dinero en unos tres años. Pero, claro, debería olvidarse de abrir el cepo. O de pagarle al FMI. O de cumplir con las obligaciones financieras contraídas en el canje de deuda de octubre del 2020.

En paralelo, un tema explosivo navega el juzgado de Preska. Un gran misterio de este megajuicio es quiénes son los socios del principal fondo demandante y vencedor, Burford Capital. Esta persona, personas o sociedades recibirán, cuando Argentina pague, miles de millones de dólares que tendrá que pagarle el país. Para agregarle misterio al guion, Burford ya vendió el 15% del juicio en US$ 66 millones en junio de 2017; tres años después de haberlo adquirido en unos 35 millones de dólares en los tribunales madrileños donde se llevaba adelante el concurso de Petersen Energía y Petersen Inversora. En aquella operación, el fondo de capitales ingleses especializado en adquirir por el mundo causas judiciales semimuertas para luego inyectarles capital y argumentos penales y comerciales para revivirlas y accionar en consecuencia; había valuado la totalidad de la causa por la renacionalización de YPF en unos US$ 440 millones; mientras le declaraba a Preska por un reclamo general de más de US$ 3 mil millones. Con esos 66 millones de dólares de venta del 15% de la causa a los misteriosos accionistas de la causa, Burford Capital puedo solventar todos los gastos de la causa, tanto su adquisición en Madrid, como las acciones judiciales en el Segundo Distrito Sur de Nueva York que maneja Preska. Si la Justicia de los Estados Unidos mantuviera firme el fallo negativo contra el país (algo casi inevitable) hasta el de la causa para cuando llegue a la Corte Suprema de los Estados Unidos y sostuviera así, que el monto a pagar fuera de US$ 16 mil millones, la ganancia de Burford entre la compra de la causa y el cobro final treparía al 45 mil % en algo más de nueve años de juicio. Supera incluso al más de 1.000% de ganancia de los fondos buitre contra Argentina en la causa iniciada en 2006 y finalizada en 2016.

El reto de las reservas, una disputa de poderosos y la pesada deuda eléctrica.

La causa se basa en el reclamo de Burford por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem. Allí el país se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado.

La demanda fue iniciada por un especialista mundial en este tipo de batallas: el fondo Burford Capital. El tipo de maniobra en que se especializa Burford es ofrecer a tribunales de todo el mundo dinero al contado a cambio de la venta de la totalidad o parte de los derechos de estas causas. Burford, un gigante financiero con espaldas amplias, luego aplica el profesionalismo de sus abogados internacionales con toda la paciencia del mundo para esperar los fallos finales. De hecho, esta causa comenzó a ser negociada por Burford en junio de 2013; con lo que pudo esperar una definición de casi 11 años.

El reclamo original del fondo es por los daños generados al resto de los accionistas de la petrolera argentina, luego del pago que se les hiciera a los españoles de Repsol por la reestatización del 49% de YPF en 2012. Burford les había comprado a dos empresas españolas, Petersen Energía SAU y Petersen Inversora SAU (sin vinculaciones ya en ese momento con el grupo argentino Petersen), el privilegio de presentar un caso contra la República Argentina y contra YPF, luego de la expropiación de Repsol en 2012. Finalmente, el 11 de julio de ese año, la compañía anunció que había comprado al fondo estadounidense Eton Park Capital una participación del 70% en un caso similar presentado contra el soberano e YPF en 2016.



    

domingo, 7 de junio de 2020

Sin sorpresas. Claroscuros de cuarentena… @dealgunamanera…


Sin sorpresas. Claroscuros de cuarentena… 

Luchando contra los virus, Alberto Fernández. Dibujo: Pablo Temes

El Gobierno no se preparó para prever y enfrentar las consecuencias psico-socioeconómicas del aislamiento.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 07/06/2020 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La larga cuarentena continúa. Nada que sorprenda. En el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Gran Córdoba y Gran Chaco se encuentran los focos principales de la pandemia. Desde el anuncio del sábado 23 de mayo hasta el del jueves último, la cantidad de casos se triplicó. Y así como se multiplicaron los casos, se ahondó también la controversia acerca de la duración y dimensión de la cuarentena. Esto último es producto de la falta de planificación que el Gobierno ha tenido para prever y enfrentar las consecuencias psico-socioeconómicas de la cuarentena.

¿Fue acertada la decisión de instaurarla tempranamente? 
La respuesta es simple: sí. Si no hubiera sido así, el nivel de contagio de esta virosis por parte de los viajeros que venían desde Europa habría alcanzado dimensiones significativamente mayores a las que hoy exhibe la Argentina.

¿Es una sorpresa que la cuarentena sea tan larga? 
La respuesta también es simple: no. Todo lo que está ocurriendo fue pronosticado: el aumento del números de casos y su focalización principal en las zonas más vulnerables de los centros densamente poblados formaban parte de las proyecciones que los infectólogos y epidemiólogos hicieron desde el vamos.

¿Ha habido un uso político de la cuarentena? 
Otra vez, la respuesta es categórica: sí. El oficialismo sigue a través de las encuestas cuál es el humor social. Esas encuestas, que hasta hace unas tres semanas mostraban elevados niveles de aprobación hacia la gestión del Gobierno, han comenzado a cambiar. Los guarismos de imagen positiva del Presidente cercanos al 70 o al 80% han empezado a declinar. El hartazgo social al “Quedate en casa” y el deterioro económico se juntan en una combinación potencialmente explosiva. A eso hay que agregarle las situaciones institucionales inquietantes que forman parte del particular universo de la cuarentena. Es claro que el kirchnerismo está aprovechando para avanzar en pos de dos logros: la impunidad y la consolidación de su proyecto de permanencia en el poder. Para ello trabaja en el copamiento de las estructuras del Estado pertinentes a esos objetivos. Tal fenómeno se hace evidente en dos áreas: una, la Justicia; la otra, las cajas.

Esta semana se produjo un hecho relevante en el Senado: se dio el primer paso para quitarle el manejo de las escuchas telefónicas a la Corte Suprema. La idea es otorgarle esa potestad al procurador general, cargo en el que el oficialismo aspira a nombrar a Daniel Rafecas, un juez que le responde. El otro paso será el intento de copar la Corte.

Respecto del copamiento K de los lugares de la administración del Estado en donde se maneja dinero, en los párrafos que siguen encontrará el lector el detalle de un episodio que pasó inadvertido para la opinión pública.

Y péguele fuerte. 

Sobre el fin de la semana, la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, falló en contra de la Argentina, al decidir que el juicio por la expropiación de YPF –concretada en 2012– seguirá en los tribunales de los Estados Unidos.

La resolución sobre el futuro del millonario litigio se produjo un año después de que Preska –sucesora del juez Thomas Griesa– ordenara al gobierno argentino y a los demandantes, Burford Capital y Eton Park, que presentaran escritos para respaldar sus posturas respecto de dónde debía continuar y cómo debía resolverse el contencioso.

La administración de Mauricio Macri había presentado una moción para desechar la demanda bajo el argumento de “foro no conveniente”, por el cual los abogados del país aspiraron a que la jueza desestime la demanda sosteniendo que el litigio debería dirimirse en los tribunales argentinos, por ser la jurisdicción más apropiada.

El costo para la Argentina en caso de perder este juicio podría ubicarse entre los 3 mil y los 9 mil millones de dólares.

Desde YPF afirman que el fallo es adverso porque la imagen internacional de la Justicia de la Argentina no es buena. Por eso, la posibilidad de que pueda resolverse en los tribunales nacionales se veía muy difícil. “No era viable. No lo vimos así nunca”, afirma una voz de importancia de la petrolera. La mirada está puesta en los Eskenazi, que le vendieron los derechos de litigio a Burford Capital.

Simultáneamente, en la misma semana que se conoció el fallo adverso por el juicio por la expropiación de la petrolera YPF, se avanzó en la conformación del directorio de la empresa, con una fuerte impronta K.

Y entre los casilleros que se ocuparon está el de la Fundación YPF, donde se designó a Ofelia “Pipa” Cedale, amiga personal de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con quien compartió años de estudio en la Facultad de Derecho de la UNLP.  Pipa es además la “celestina” que presentó a Néstor Kirchner y Cristina Fernández en La Plata.

Sin el kirchnerismo en el poder, Cedale se convirtió en una pieza clave en la estructura de la Fundación Patria. Hasta diciembre de 2015 fue secretaria de Seguridad Social de la Nación; previamente se había desempeñado como secretaria de Legal y Técnica de la Anses y, durante el gobierno de Néstor Kirchner, como subsecretaria adjunta de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia.

Reemplaza en ese cargo a Anabel Perrone, una funcionaria histórica a la que acusaron de ser “filomacrista”.

Como se ve, donde hay plata están los K.

Los “servicios” siempre están. Son dos las denuncias vinculadas con tareas de seguimiento por parte de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) que comprometen al gobierno de Macri: una, la denuncia formulada por la interventora, Cristina Caamaño; la otra, la causa que lleva adelante el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. Son denuncias graves que deben ser investigadas a fondo. Representan para Juntos por el Cambio un golpe fenomenal. “Si uno nombra al frente de los “servicios” a  la dupla Arribas-Magdalani no se puede sorprender de que pasen estas cosas”, expresó por estas horas un conspicuo dirigente de la coalición que gobernó hasta el 10 de diciembre pasado.

De lo que se conoce respecto de la denuncia presentada por Caamaño, hay información concerniente a los perfiles ideológicos y a cuestiones de la vida personal de los afectados.

No debería rasgarse las vestiduras el kirchnerismo ante la verificación de estas prácticas que son lamentables, repudiables y profundamente antidemocráticas. Durante el kirchnerato existió el “Proyecto X”, que sometió a los mismos vejámenes a quienes osaron ejercer el derecho constitucional de expresarse y manifestarse en libertad. Parece que lo olvidaron.