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domingo, 18 de marzo de 2018

Una semana de fallos… @dealgunamanera...

Una semana de fallos…
¡SALE UNO!’ Cristóbal López. Dibujo: Pablo Temes

La Corte apartó al tribunal de CFK, Cristóbal López se fue a casa y Báez quiere imitarlo. Los ojos sobre Cuccioli.

 

© Escrito por Nelson Castro el domingo 18/03/2018 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los hechos políticos de mayor impacto ocurridos en la semana han tenido como escenario el ámbito judicial. La Corte Suprema de Justicia, en un fallo sin precedentes, se negó a habilitar como tribunal con competencia federal a aquel integrado por los jueces nacionales Alejandro Nocetti, Silvia Mora y Alejandro Becerra, del Tribunal Oral Federal 9, que había quedado a cargo de dos causas elevadas a juicio oral que involucran a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner: el encubrimiento del atentado contra la AMIA y el direccionamiento de la obra pública en favor de Lázaro Báez, así como también del tramo elevado a juicio de la causa llamada “Ruta del dinero K”. Dos años atrás, en 2016, el Gobierno había convertido en federales a jueces del fuero ordinario, a través de la Ley de Fortalecimiento de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal y de los Tribunales Orales en lo Penal Económico, publicada en el Boletín Oficial con firmas de Federico Pinedo y Emilio Monzó.

La decisión sobre el TOF 9 de la Corte se basó en considerar que la creación de estos tribunales orales federales, debe realizarse –según la Constitución– a través de lo que se llama un acto complejo federal, es decir, respetando estrictamente el procedimiento constitucional de nombramiento de jueces federales. Solo cumpliéndose ese procedimiento la CSJN estaría en condiciones de habilitar un tribunal. Así contesta mediante el trámite de acordada al reclamo enviado por la Cámara Federal de Casación Penal.

“La habilitación de Tribunales es una atribución constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la ha ejercido sin interferencias de ninguna especie, antes y después de la reforma constitucional de 1994”, señala el fallo. Nuestros constituyentes de 1953 tomaron como base la Constitución de los Estados Unidos. En ese país existió un fallo histórico que aún hoy se enseña como leading case en las principales universidades del mundo. Se trata del caso Marbury contra Madison, de 1803,  los inicios del funcionamiento del Estado norteamericano, cuando los poderes se disputaban entre sí qué rol iba a tener cada uno. La Corte norteamericana con este caso asentó una doctrina que empoderó al Poder Judicial como último intérprete de la Constitución. La Ley de Fortalecimiento impulsada por el Gobierno, según el entender de la Corte, alteró el sistema constitucional de nombramiento, y en esos términos es un fallo histórico que vuelve a poner a la Corte y al Poder Judicial en el lugar de garante de la Constitución. Ante el peso de la evidencia, sería milagroso que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner no fuera condenada por lo que habría hecho, flaco favor al concepto de justicia que quien estuviera a cargo de su juzgamiento fuese un tribunal cuestionado.

El caso Báez. 

Por otro lado, estamos en vísperas de definiciones importantes en relación con la posible prórroga de la prisión preventiva de Lázaro Báez, la que debe ser definida por el tribunal oral –aún no designado– en la causa de lavado de dinero. Esta decisión depende de dos factores: la complejidad de la causa –que es extremadamente intrincada– y si la parte demandada –Báez– muestra, a través de su conducta procesal, la intención de generar demoras en la causa. Para la Justicia, esto quedó demostrado en la denuncia que el empresario realizó en 2015, cuando pidió recusar al juez de la causa, Sebastián Casanello, por parcialidad. Báez aseguraba a través de un escrito que había visto al magistrado en la antesala del despacho de Cristina Fernández de Kirchner en la quinta de Olivos. Hoy en día, los testigos presentados por la defensa del empresario, Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino, fueron procesados y pidieron probation, es decir, asumieron la responsabilidad del delito de “falso testimonio” y piden hacer tareas sociales en lugar de encarcelamiento. Todo apunta a que la prisión preventiva se prorrogaría, y el empresario de la construcción Lázaro Báez seguiría en Ezeiza.

Lectura veloz. 

La liberación de Cristóbal López es un hecho de alto impacto político no solo por la liberación en sí –el tema de las prisiones preventivas es caliente y controvertido– sino por el cambio de carátula. El fallo dividido de la Sala I de la Cámara Federal produjo un cambio que beneficia notablemente la situación procesal del empresario K al ordenar que sea investigado por delitos tributarios, lo que le da la posibilidad de reclamar el cambio al fuero Penal Económico. De todos modos, el fallo para la fiscalía no es vinculante. La AFIP, todavía de la mano de Alberto Abad, lo apelará y llegará inexorablemente a la Cámara de Casación que, entre otras cosas, podría revocar la prisión preventiva –hecho poco probable–. Desde la fiscalía hubo críticas a la decisión de la Cámara. “Es un fallo ilógico”, sostienen los que conocen la trama del veredicto y no dejan de señalar con curiosidad que el doctor Eduardo Farah haya leído en cuatro horas un expediente que llevó más de cuatro años de investigación. La lógica jurídica indica que la causa no solo debería volver a la calificación original, sino que existe la posibilidad de ampliar la causa a lavado de dinero, ya que además de evadir impuestos se utilizó ese dinero para negocios personales y compras de bienes, motivo por el cual el fiscal Gerardo Pollicita tiene embargados los bienes del grupo.

Las declaraciones de López en la puerta de su casa, el viernes por la noche, son útiles para apreciar el razonamiento de un hombre que indiscutiblemente se siente impune. Habrá que ver cómo se moverá el designado nuevo director de la AFIP, Leandro Cuccioli, en relación al caso. Recuérdese que entre sus antecedentes está haber trabajado durante algún tiempo con Ignacio Rosner, el empresario que pretende quedar al frente del Grupo Indalo. En medio de tanta controversia, un hecho de la historia sirve para darle a la causa por la cual es investigado López –evasión fiscal– su real dimensión. El 17 de octubre de 1931, uno de los personajes más nefastos de la historia del hampa de los Estados Unidos fue condenado a once años de prisión por evasión impositiva. Su nombre lo dice todo: Al Capone.

Producción periodística: Lucía Lopreiato.



domingo, 10 de diciembre de 2017

El fallo del Juez Bonadío. Paradojas y excesos… @dealgunamanera…

 Paradojas y excesos…

Papá Cruel. Claudio Bonadio. Dibujo: Pablo Temes

Detalles poco conocidos de la decisión judicial más controvertida de los últimos tiempos. Enojo de Macri.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 10/12/2017 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Nadie sabe a ciencia cierta qué motivó el giro copernicano que tuvo la trama política que llevó a la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, a dar semejante golpe de timón, pero lo cierto es que un día los argentinos nos despertamos con la novedad de que había en marcha un memorándum de acuerdo con Irán que cambiaba radicalmente el curso de la investigación del cruel atentado terrorista contra la AMIA. Fue Pepe Eliaschev quien, desde las páginas de Perfil, nos anotició sobre esta increíble novedad que dejó atónitos a todos. Entre los integrantes de ese todo había mucha gente del gobierno K que se resistía a creer lo que el artículo decía. Pepe describía con todo detalle las características de la reunión secreta entre Héctor Timerman –entonces canciller– y su par iraní, Alí Akbar Salehí, en la ciudad siria de Aleppo. 

Como ocurría en aquellos días del kirchnerato, Eliaschev debió soportar el escarnio que bajaba de las altas esferas de aquel gobierno. El mismísimo fiscal Alberto Nisman tuvo un trato despectivo con nuestro querido e inolvidable colega, actitud de la cual luego se arrepintió. Más allá de todas las desmentidas que ensayaron tanto CFK como Timerman, el transcurrir del tiempo demostró que lo único que perseguía Teherán era el cese de las alertas rojas que pesaban sobre sus funcionarios y ex funcionarios.
Cuando finalmente el tratado fue aprobado por la Cámara de Senadores –el 13 de febrero de 2013– y una semana después por la Cámara de Diputados, Nisman cayó pues en la cuenta de que lo denunciado por Eliaschev era absolutamente cierto y dio comienzo a su investigación, la que lo llevaría a su muerte.
En el decurso de los hechos, hay un dato significativo que da idea del propósito de impunidad que buscaba Irán: cuando su Parlamento se dio cuenta de que el cese de las alertas rojas no era aceptado por la Justicia argentina, se negó a aprobarlo.

Hay un famoso artículo del periódico Teheran Times que ilustra la absoluta falta de disposición que tenía el gobierno de Mahmoud Ahmadinejad para cooperar con el juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral. Eso es lo que afirma el párrafo en que se lee lo siguiente: “Como los interrogatorios serán tomados en Irán, prevalecerá la ley iraní, y un juez iraní será quien presida la reunión. (...) Según la ley y la Constitución, los iraníes sólo pueden ser citados e interrogados por un tribunal iraní sobre la base de pruebas firmes. Los acusados no estarán obligados a ir a la reunión”.

Este texto clausuraba cualquier posibilidad del magistrado argentino de someter a interrogatorio indagatorio a los sospechados de haber participado en las distintas fases del atentado contra la AMIA.

Los que saben lo que pasó en aquellos febriles días de enero de 2015 señalan que la denuncia hecha por Nisman contra CFK por el delito de traición a la patria la perturbó seriamente. Esa fue la razón por la que, tras la muerte del fiscal, buscó afanosamente ser exculpada. Cuando el juez federal Daniel Rafecas dictaminó que no había razones para investigar la denuncia de Nisman, la ex presidenta se sintió aliviada y blandió ese fallo por doquier como muestra de su inocencia. Eran días en que ni siquiera imaginaba que el kirchnerato estuviera cercano a su fin. Fueron varios –entre ellos, esta columna– los que señalaron entonces lo endeble de esta circunstancia ya que, al no haberse producido la investigación, la causa quedaba abierta a una reapertura ante un eventual nuevo tiempo político que liberara a la Justicia del yugo del kirchnerismo.

Lo que al final ocurrió. 

El controvertido juez federal Claudio Bonadio no es un lobo solitario. Es un hombre astuto (de quien, en 2010, la entonces diputada K Diana Conti dijo: “Claudio es para mí un ejemplo de juez independiente. Resuelve de acuerdo con sus convicciones siempre. Desde que Carlos Kunkel y yo estamos en el Consejo él nunca tuvo que presentarse a declarar”), y no ha hecho esto sin tener realizado al menos un mínimo chequeo de cómo actuará luego la Sala II de la Cámara Federal en lo Penal integrada por Martín Irurzun, Carlos Farah y Horacio Cattani, quien enfrenta problemas de salud. Por ello, es altamente probable que el tribunal de alzada ratifique sus medidas y luego la pelota quede en manos del Congreso, pero eso ya no importa. El juez ya habrá realizado su parte.

El fiscal Gerardo Pollicita no le ve sustentabilidad a la acusación por el delito de traición a la patria. Desde el punto de vista jurídico-constitucional debería haber casi un acto de guerra, y en la fiscalía no se considera el atentado contra la AMIA como tal. Pollicita determinó claramente que para él se trataba de encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público para los implicados cuando a mediados de septiembre pidió la indagatoria de los procesados por Bonadio. Para el fiscal, el tipo penal por el que debe declarar la ex mandataria es agravado por tratarse de encubrimiento, de un hecho precedente que es un delito de lesa humanidad, y por tratarse de funcionarios públicos que estaban en actividad. Además, contaron con la colaboración de la ex procuradora del Tesoro, Alejandra Abbona, del ex jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, Juan Martín Mena, y del diputado Andrés “Cuervo” Larroque, entre otros. Para los canales no oficiales de este andamiaje habrían intervenido Luis D’Elía, Fernando Esteche, Ramón Bogado, Héctor Yrimia y Alejandro Khalil.

Molestia. 

La prisión preventiva es una medida no compartida por el fiscal. Durante todo el jueves, en el Gobierno hubo enojo con Bonadio. El Presidente estaba molesto con la decisión del juez, que, políticamente, perjudicaba al Gobierno. “Ganamos las elecciones sin ninguno de estos ex funcionarios presos”, señalaba una de las voces que conocen el pensamiento de Macri. 

Tan paradojal es todo, que en el Gobierno se está pensando en enviar un proyecto de ley para regular la prisión preventiva. Esta figura está contemplada en el Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, su aplicación debe ser muy claramente fundamentada. Lo ordenado por Bonadio constituye un exceso por donde se lo mire. Téngase en cuenta que una interpretación amplia de la hoy llamada “doctrina Irurzun” –que ordena la prisión preventiva de quienes desde una posición de poder tengan la posibilidad de obstruir una investigación judicial– habría podido dar vía libre a la detención del entonces jefe de Gobierno Mauricio Macri cuando, en la causa por las escuchas ilegales, fue procesado por el ex juez Norberto Oyarbide, procesamiento luego confirmado por la Sala I de la Cámara Federal.

La Argentina: un país de paradojas, excesos y ausente sosiego.

Producción periodística: Santiago Serra.


domingo, 10 de septiembre de 2017

Judicializados… @dealgunamanera...

Judicializados…

¿Donde está Eugenio Burzaco? Dibujo: Pablo Temes

Desde los desmanejos K a Maldonado, los tribunales serán gravitantes en la política.


© Escrito por Nelson Castro el domingo 10/09/2017 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Unidad Ciudadana y, Cristina Kirchner en particular, deberán sostener su campaña de cara a los comicios de octubre, en medio de las turbulencias judiciales que la complican y le recuerdan su pasado desprolijo a cada paso que da. El fiscal Gerardo Pollicita pidió indagar a la ex presidenta, al ex canciller Héctor Timerman, a Luis D’Elía y otros personajes, por el supuesto encubrimiento a los acusados iraníes de volar la AMIA. De acuerdo con la investigación que llevó adelante el fallecido fiscal Alberto Nisman, la moneda de cambio –bajo pretexto de avanzar en el esclarecimiento del hecho– fue restablecer relaciones comerciales con ese país. En tribunales dan por seguro que el juez Claudio Bonadio citará a la ex presidenta a prestar declaración indagatoria antes de los comicios del 22 de octubre.  

Ese camino también lo recorrerán Amado Boudou (cuyo juicio por el caso Ciccone comenzará el 3 de octubre) y Julio De Vido (en el juicio por la tragedia de Once que tiene fecha el 27 de septiembre). En el caso de los ex funcionarios y escoltas de CFK, la corrupción y el mal desempeño pesan sobre sus espaldas. Pero en el caso AMIA, Bonadio puede elevar la acusación de encubrimiento a la de traición a la Patria.

En este marco las arenas de campaña no llegan cargadas de optimismo para Unidad Ciudadana como ocurrió en las PASO. CFK retomó las recorridas proselitistas esta semana en su propio terreno, donde más cómoda se siente. “Hay que hacer crecer la mística, la mayoría de la Provincia es kirchnerista y eso se tiene que volver a notar” –aseguró un militante que estuvo en un acto de Avellaneda–.

Allí, en compañía del intendente Jorge Ferraresi, recibió algo de lo que más le gusta: proclamas de los devotos, banderas de bienvenida, clamores por la vuelta y toda la puesta en escena kirchnerista. 

“Ella no come vidrio, aceptó las nuevas directivas para una campaña sobria y sin grandes alocuciones, pero una parte suya no se termina de convencer y necesita de esto. ¿Acaso a uno no le gusta sentir el afecto de los que lo rodean?” –se preguntó la misma fuente–.

Por el escenario levemente adverso, según marcan los sondeos, se programó para la ex presidenta una mayor exposición con recorridas, en su mayoría por territorio amigo. Sus estrategas saben que es difícil superar su techo, pero apuestan a convencer a los indecisos de aquellos bastiones que siempre fueron suyos. Hay que sacarle todo el jugo a los propios, aseguran. Por eso las presiones sobre los acólitos de Florencio Randazzo se han redoblado por estos días. No hacía falta esperar a las denuncias del candidato de Cumplir para conocer el tenor de los ofrecimientos y las presiones que desde el kirchnerismo se despliegan para cooptarlos.   

Casa Rosada. 

Para el Gobierno el frente judicial se mantiene ajeno a casos de corrupción resonantes, pero se encuentra en vilo por el grave hecho que representa la desaparición de Santiago Maldonado. Una fuente de Cambiemos asegura que: “Por lógica y por sentido común sabemos que es antipático hacer pronósticos electorales vinculados al tema, pero creemos que al votante de nuestro espacio –que quiere saber la verdad igual que nosotros–, no le mueve el amperímetro la politización que se está haciendo del caso”.

La voluntad de Mauricio Macri es respaldar a Patricia Bullrich todo lo que se pueda. Esto implica reconocer el imperio de los hechos. La ministra cometió errores en la forma de manejar y de comunicar el caso. La idea del Presidente es insistir en la necesidad de presentar todas las acciones que el Gobierno lleve adelante sobre el caso como producto de un trabajo en equipo.

El Gobierno en general y Macri en particular carecieron de reflejos políticos para apreciar la verdadera significación y dimensión del hecho. El Presidente debería haber hablado antes y, así como se hizo en el caso Gómez Centurión, a los cuarenta gendarmes involucrados, separarlos preventivamente de la fuerza para alejar cualquier sospecha de obstrucción a la investigación judicial. 

Dicho sea de paso y por lo que se conoce hasta aquí, la investigación también deja dudas que el juez federal Guido Otranto, o alguno de los fiscales intervinientes, tendría que aclarar. Entre esas dudas, hay una que ya tiene respuesta. Es la referida a la falta de autorización por parte del magistrado para realizar un rastrillaje en el terreno situado al otro lado del río Chubut. Esa prueba, que se intentó efectuar el 5 de agosto pasado, no se pudo realizar debido a la presencia en esa área de gente armada, circunstancia que al juez le generó temor.

En el Sur. 

“Qué habría pasado si alguien hubiera abierto fuego sobre algún miembro de la Gendarmería y alguno de ellos hubiese respondido?”, era la pregunta que se hacían en el entorno del juez.

La actitud de Otranto luce prudente, pero falta de carácter, la situación así planteada es inquietante. ¿Significa esto reconocer que hay partes del territorio de nuestro país en donde no rigen ni las autoridades legítimas ni las leyes aprobadas por el Congreso de la Nación? 

Un reconocido Fiscal de la Nación publicó en su cuenta de Facebook una crítica al desarrollo de las actuaciones que tiene sentido: “¿Hasta cuándo hay que soportar designaciones de gente comprometida con intereses que no sienten el rol de fiscal y la vocación de servicio? Si la justicia federal no puede resolver casos como el de Nisman o aclarar que pasó con Santiago Maldonado creo que es mejor que Gils Carbo renuncie”.

En medio de todo y  como consecuencia de esto, los ciudadanos que habitan esas tierras –muchos de ellos mapuches que no comparten para nada la violencia con la que actúa el RAM, al que se oponen–quedan totalmente desprotegidos. ¿Es esto aceptable? Si esta lógica anacrónica y con aires tribales se impusiera, la Argentina dejaría de ser una nación.


domingo, 1 de enero de 2017

Procesan a Cristina Fernández de Kirchner por supuesta asociación ilícita… @dealgunamanera...

Procesan a Cristina Fernández de Kirchner por supuesta asociación ilícita…


El magistrado ha dictado un embargo sobre los bienes de Fernández de Kirchner por 10.000 millones de pesos (unos 616 millones de euros)

© Escrito por César G. Galero y publicado el martes 27/12/2016 por el Diario El Mundo de la Ciudad de Madrid, España.

Argentina acabará el año tal como lo comenzó. Con malas noticias económicas, por un lado, y con la inagotable sucesión de escándalos de corrupción del kirchnerismo, por otro. Un año después de dejar el poder, la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner es cada día más complicada.

El juez Julián Ercolini ha decidido procesar a la ex mandataria por un presunto delito de asociación ilícita y administración fraudulenta en la adjudicación de obra pública durante su mandato (2007-2015), una medida que deja a Kirchner a un paso del juicio oral. El magistrado ha ordenado además el embargo a la líder peronista por un valor de 10.000 millones de pesos (unos 616 millones de euros).

En su resolución, el juez Ercolini dictó también el procesamiento del ex ministro de Planificación kirchnerista Julio de Vido; su "número dos", José López (el ex funcionario que trató de esconder nueve millones de dólares en un convento); el empresario Lázaro Báez (principal receptor de las concesiones de obra pública) y otros ex funcionarios.

Con su acusación de "asociación ilícita", el juez Ercolini ha avalado la investigación realizada por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, para quienes hubo durante la etapa kirchnerista un "plan criminal" orquestado desde el poder para favorecer principalmente a Báez, el empresario convertido en emblema de la corrupción y recluido en prisión preventiva desde hace ocho meses.


Según la justicia, Austral Construcciones, la compañía de Báez (un estrecho colaborador en su día del fallecido ex presidente Néstor Kirchner) habría recibido el 78% de las licencias de obra pública otorgadas en la sureña provincia de Santa Cruz durante los doce años de gobiernos kirchneristas. 

Los contratos (por un valor total de unos 3.300 millones de dólares) se habrían sobrepreciado sistemáticamente y la mitad de las obras nunca se llegaron a realizar. Para los fiscales y el juez, una parte del dinero retornaba al entorno presidencial.

Arropada por la fiel militancia kirchnerista, la ex mandataria pidió la nulidad de la causa cuando acudió a declarar el pasado 31 de octubre. "Es un disparate que se acuse de asociación ilícita a un poder ejecutivo. Se trata de una clara maniobra política, un hostigamiento mediático y una persecución judicial de aquellos dirigentes que pueden ser candidatos", dijo entonces, en referencia a la posibilidad de presentar su candidatura a las elecciones legislativas que se celebrarán en 2017.


Para Kirchner, la ofensiva judicial en su contra sólo sería una estrategia política para "tapar el desastre económico y social" causado, a su juicio, por el Gobierno del conservador Mauricio Macri.

Con la resolución dictada por el juez Ercolini, Kirchner cuenta ya con dos procesamientos abiertos. La ex presidenta ya fue procesada por el juez Claudio Bonadio por una causa de menos enjundia: la venta de dólares a futuro aprobada en los últimos meses de su gobierno, una polémica decisión que provocó millonarias pérdidas al Fisco.


En esta ocasión, la medida adoptada por el juez Ercolini es mucho más grave. Se trata de la primera causa de corrupción que podría llevar a Kirchner ante un juicio oral en un año crucial para su futuro político.


El calvario judicial de Kirchner comenzó en abril. Desde entonces ha declarado varias veces en los tribunales. Además de las dos causas en las que ya hay un procesamiento, la ex presidenta está involucrada en otros casos ("Hotesur", "Los Sauces") en los que la justicia la investiga por un presunto desvío de fondos y blanqueo de capitales, con Báez y otros empresarios afines al kirchnerismo como supuestos socios de un entramado de corrupción institucional.


El anuncio del procesamiento se produce un día después de que Macri sufriera su primera crisis de Gobierno al relevar a su influyente ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay. El primer año de Macri en el poder se ha caracterizado precisamente por ese ping-pong mediático. Cada vez que la economía arrojaba una mala noticia, afloraba un nuevo caso de corrupción kirchnerista.


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domingo, 21 de agosto de 2016

Caras largas… @dealgunamanera...

Caras largas…

No tiene recreo, Marcos Peña. Foto: Pablo Temes

El fallo de la Corte Suprema golpeó políticamente al Gobierno y agitó las aguas dentro de Cambiemos. Mauricio Macri se reunió con parte de su mesa chica para replantear la estrategia.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 21/08/2016 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El fallo de la Corte Suprema golpeó políticamente al Gobierno y agitó las aguas dentro de Cambiemos. Mauricio Macri se reunió con parte de su mesa chica para replantear la estrategia futura con la mira en las audiencias. En el encuentro participaron la vicepresidenta Gabriela Michetti; el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; el secretario de Coordinación Administrativa y Evaluación Presupuestaria, Mario Quintana, y el secretario de Gabinete, Gustavo Lopetegui. Macri, a quien la decisión judicial malhumoró, les solicitó no perder de vista ningún detalle, y en el entorno de los presentes aseguraron que el Presidente “dio vuelta la página” sin rencores. Pero ¿qué sucedió realmente y cómo quedaron los ánimos dentro del Gobierno?

Lo primero que hay que resaltar es que, dentro del Gobierno, el fallo de la Corte significó un triunfo del ala política sobre el ala técnica. En el primer grupo se inscriben Rogelio FrigerioAlfonso Prat-GayEmilio Monzó y algunos rescatan a Quintana, de quien aseguran: “Tiene más sentido común que su par Lopetegui”. Del otro lado, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y sus asesores, Lopetegui y la Secretaría Legal y Técnica cometieron un grueso error de apreciación y manifestaron una increíble negativa a reconocer la validez de la información que provenía de fuentes de la Corte que alertaban sobre el contenido de su fallo. Marcos Peña jugó como un engranaje conciliador entre ambos grupos, intentó hacer equilibrio, pero con una tendencia a llevar agua para el molino del ala técnica. En tanto, la vicepresidenta Gabriela Michetti buscó algo similar haciendo lo propio a favor del ala política.

“La Corte interpreta realidades políticas y el ala técnica del Gobierno tenía una visión distorsionada de la realidad. No comprendieron en ningún momento que, tal como se estaban haciendo las cosas, tenían todo para perder y nada por rescatar”, aseguró una fuente de Cambiemos de peso en el Congreso. Una vez conocido el fallo, bastó con mirar algunas caras para darse cuenta del reparto entre ganadores y marginados.

Una vez más Elisa Carrió escribió un párrafo aparte y fue blanco de las críticas internas. “Ultimamente se monta sobre los resultados. Marcó posición cuando ya llovían los amparos, y encima salió a hacer alarde de ello públicamente”, se quejaron cerca del Gobierno.

En la UCR se dibujaron varias sonrisas. Pero existe dentro del partido un malestar por su actuación institucional, como conjunto: “Más allá de cuatro o cinco individualidades que marcaron la necesidad de las audiencias públicas, hubo un silencio generalizado puertas afuera”, puntualizó un legislador que conoce lo que allí está pasando. El otro ganador es, sin dudas, Ernesto Sanz. “Cuando en los comienzos planteó un gran acuerdo partidario y parlamentario junto con el PRO, lo sacaron carpiendo. Ahora desde el Gobierno están hablando de acuerdos políticos y de un pacto federal energético”, dice entre lamentos y sonrisas una fuente de la UCR que se había anticipado a los hechos.

Dentro del ala política de Cambiemos creen sin embargo que, a pesar del revés judicial, la Corte terminó salvando la ropa del Gobierno al indicarle el camino a seguir no sólo en el tema del gas sino también de los servicios de agua y electricidad. De no ser así, esto se volvería a judicializar.

Casos K

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques consideran a los Kirchner responsables de los delitos de defraudación contra el Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. Pidieron al juez federal Julián Ercolini que cite a indagatoria a la ex presidenta y a otras 33 personas, entre las que están Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el empresario Lázaro Báez, Martín Báez, uno de sus hijos, y Carlos Santiago Kirchner, primo del ex presidente fallecido, quien fue subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal de la Nación.

“Hubo una matriz sistemática de corrupción que beneficiaba a empresarios amigos con la adjudicación de obra pública”, aseguraron en Comodoro Py. En este caso los fiscales pusieron la lupa en Lázaro Báez y su entorno, y en la provincia de Santa Cruz como escenario. Pero hay más. Austral Construcciones realizó obras en otros puntos del país. Pero el feudo del kirchnerato bastó para probar los casos más escandalosos. A Báez se le adjudicaron contratos con fondos públicos por más de 16 mil millones de pesos, lo que significó el 80% de las obras adjudicadas en esa provincia. Recibió 11,2% del presupuesto total, lo mismo que otras ocho provincias juntas.

Para los fiscales, los alquileres de los hoteles podrían haber sido “un retorno” pagado por Báez. Pero saben que el supuesto “retorno” es materia del caso Hotesur. Según Pollicita y Mahiques, entre 2008 y 2013 Báez aportó mediante la explotación y el alquiler del hotel Alto Calafate una cifra cercana a los cuatro millones de dólares y 12 millones de pesos a las arcas de los Kirchner.

Sin dudas, Hotesur es lo que viene y hay suficientes elementos para probar que los hoteles eran parte del circuito para blanquear dinero de la corrupción. Pero es posible ir más allá. En el entorno de la fiscalía aseguran que se está trabajando en una hipótesis que sostiene que “Lázaro es Cristina, que el empresario por sí mismo no es nadie, pero que prestó su nombre voluntariamente para generar un escudo entre la propia Cristina y las maniobras con los hoteles que le permitiría a la ex presidenta y su familia blanquear mucha más plata”. Viendo cómo se formaron las empresas y los vínculos, es probable llegar a la conclusión de que Lázaro es la pantalla.

Un detalle no menor, hasta ahora desconocido, de la mecánica empleada: la cúpula eran Néstor y Cristina, De Vido y López eran ejecutores, pero los Kirchner eran tan desconfiados y tan básicos que ponían familiares a fiscalizar que todo se cumpliera. Ese era el rol de Carlos Santiago Kirchner para que no se cortaran solos De Vido y López. El primo de Néstor era subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal de la Nación y actuaba como un veedor que controlaba que todo negocio con la obra pública terminara en Báez.

La semana terminó con el impacto del caso de corrupción que involucra a quien se venía desempeñando como director de la Aduana, Juan José Gómez Centurión. Nombrarlo fue un craso error. Echarlo, un rotundo acierto que produjo alivio dentro y fuera del Gobierno.

Producción periodística: Santiago Serra.