Transformar el
Banco Nación en una sociedad anónima viola la ley...
Fue el primero del país, creado en
1891 por Carlos Pellegrini para estar al servicio del agro, la industria
nacional y el comercio y no para lucrar. Con 721 sucursales nunca le debió nada
al Estado –fue al revés- y ayudó con créditos a pymes a ciudadanos de lugares
recónditos.
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Escrito por Alejandro Olmos Gaona el
viernes 21/02/2025 y publicado por el Diario
Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.
El 17 de abril de 1933, ante una consulta que le hicieran, el célebre
historiador Carlos Ibarguren Uriburu, abogado consultor del Banco de la Nación
expresó: “el Banco de la Nación es el banco del Estado hecho, no para
lucrar sino para fomentar la producción y el comercio del país, y que en la
intensa crisis que azotara al mundo y a nuestra patria, este establecimiento
había sido el apoyo que tenía la Argentina y que había evitado una catástrofe
bancaria, comercial e industrial”.
Nadie ignora, y las evidencias documentales son abrumadoras, sobre la
labor llevada adelante por esta señera institución del Estado instalada hasta
en los más lejanos lugares de la Argentina, ayudando con su actividad
crediticia a pymes, ciudadanos y empresas que se han visto asistidas
reiteradamente por el primer banco del País.
Hoy más que nunca Suscribite
Sus 721 sucursales que atraviesan todo el territorio argentino dan
cuenta no solo de que los objetivos con los que se fundó el banco se
cumplieron, sino que hasta el día de hoy ha sido una institución que no
necesitó nunca asistencia del Estado sino muy por el contrario le aportó muchas
veces fondos que se necesitaban para la cancelación de obligaciones.
Ese criterio de “no lucrar” sino de fomentar el desarrollo y la
producción, ha sido el objetivo fundamental con el que se creó el banco, y que
ahora a través de un plumazo va a desaparecer, debido a las propuestas de
Sturzenegger, el gran privatizador, que está siguiendo lo que hizo Cavallo en
la década del 90. Y en esto existe una lógica que se observa cada día ya que
para el presidente Milei, solo tiene valor lo privado, y el Estado es una
institución execrable, por lo que no debe extrañar cuales son la reales
intenciones, que han sido plasmadas en el DNU 116/2025.
Durante la gestión de Menem para desguazar a YPF tal como fuera pedido
por el Banco Mundial en 1992 y el FMI, se comenzó por dictar tres decretos
desreguladores de la actividad petrolífera, después se procedió a convertir a
YPF en S.A, para finalmente privatizarla, con los resultados conocidos. Son los
procesos habituales que se utilizan para desapoderar al Estado de instituciones
que han sido puntales en el desarrollo de la Nación.
Es falso como se sostiene en el Decreto 116/2025 que “el actual régimen de entidad
autárquica limita la capacidad del Banco de la Nación Argentina para competir
en igualdad de condiciones con otras entidades del sector financiero” y que “,
Que la transformación del Banco de la Nación
Argentina en sociedad anónima contribuirá a modernizar su
estructura jurídica y operativa, permitiendo una mayor flexibilidad en su
gestión y adaptación a las mejores prácticas del mercado financiero”.
Privatización: el Gobierno acelera la transformación del Banco Nación a
una Sociedad Anónima
El banco en su conformación no tiene las limitaciones señaladas y su
estructura jurídica y operativa responde a los mejores estándares de la
administración, por lo cual es el más importante de los bancos que actúan en el
sistema, y el que mayor cantidad de depósitos tiene, por la confianza que
genera la institución.
Sturzenegger considera un privilegio que los depósitos judiciales vayan
a Banco de la Nación, olvidando que esto fue una decisión histórica que arranca
desde la misma constitución del banco a través de la Ley 2841 del año 1891
debida a Carlos Pellegrini. Se tuvo muy claro el objetivo de que las rentas
fiscales, los depósitos de las administraciones públicas y los depósitos del
poder judicial fueran a la institución como una manera de fortalecerla en
cuanto a su capacidad operativa. Pero como el actual gobierno no solo desprecia
la estructura del Estado y la tradición histórica de la Argentina ha decidido
comenzar el trabajo de zapa, para lograr sus propósitos, lo que comenzó con el
DNU 70/23, y la achicada ley Bases.
No solo existe un desprecio por lo que representa el Estado, sino un
reiterado desconocimiento del ordenamiento legal de la República debido a lo
cual, se gobierna a través de decretos de necesidad y urgencia, aunque tales
urgencias no existan como en el caso del Banco de la Nación.
Se viola la ley en forma expresa, ya que un Decreto no puede modificar una ley, lo que tiene que
ver con principios elementales del sistema jurídico que nos rige, pero que solo
resultan fruslerías para el gobierno, ya que usa los decretos a diestra y
siniestra, porque a pesar de la obsecuencia de muchos legisladores, no le
resulta fácil la aprobación de leyes que necesita. Cabe recordar que de la ley
bases se excluyó la modificación de la estructura del Banco de la Nación.
Como broche de oro de este proceso plagado de ilegalidades, que sigue
convirtiendo a la Argentina en un país “ al margen de la ley” como lo mostrara
ese gran jurista que fue Carlos Nino, allá por 1992, se puede advertir que
el Decreto 116/2025, viola expresamente lo establecido en el inciso 3
del artículo 99 de la Constitución que determina que el Poder
Ejecutivo “podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que
serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos,
conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”.
El DNU 116/ 2025 no fue resuelto
en acuerdo general de ministros ni refrendado por ellos, ya que solo tiene la
firma del Presidente, el jefe de gabinete Francos, y el Ministro Luis Caputo,
aunque no creo que esta clara transgresión constitucional les importe ni al
presidente ni a los dos ministros que lo firmaron, aunque claramente representa
la comisión del delito previsto y
reprimido por el Artículo 248 del Código Penal.
La Libertad Avanza no solo en el cercenamiento de las libertades
públicas, el ocultamiento de decisiones estatales, el soslayar al Poder
Legislativo, la reiteradas expresiones calumniosas respecto a periodistas y
dirigentes que no siguen los lineamientos del gobierno, sino que ahora el Banco
de la Nación se convierte a través del decreto que he cuestionado en un
relevante factor para seguir desarticulando al Estado y afectando el patrimonio
nacional.
