Cooperación Antártica. ¿A qué costo?...
Mapa político de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Ni aun en nombre de la más alta ciencia Argentina puede
distraerse de su obligación jurídica, política e histórica de reivindicar sus
derechos sobre las islas.
© Escrito por Jorge Argüello, ex embajador de
Argentina ante la ONU, el domingo 11/10/2019 y publicado por el Diario Perfil
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Hace unas dos semanas, el 26 de septiembre pasado, el
Reino Unido registró en el puerto de las islas Malvinas a su nuevo y flamante
buque de investigación antártica, el RSS Sir David Attenborough, que lleva el
nombre de uno de los divulgadores científicos más reconocidos del mundo. Este
buque, dependiente del British Antarctic Survey, realizará tareas de
cooperación e investigación conjunta con nuestro país en la Antártida.
Hasta allí todo suena noble y encomiable. Salvo por un
detalle.
El Attenborough está registrado como nave en las islas
Malvinas y enarbola la bandera del ilegítimo gobierno de las islas. Conforme el
derecho del mar, el vínculo entre un buque y su bandera es un ejemplo claro del
ejercicio de la soberanía estatal.
Londres, al registrar el barco en Malvinas, produce un
hecho político; la afirmación de su pretendida soberanía sobre un territorio en
disputa con Argentina, situación reconocida por la comunidad internacional.
La controversia antártica. La Antártida configura
hoy uno de los principales reservorios mundiales de agua dulce y minerales.
Desde 1961, el Tratado Antártico establece el uso exclusivo del continente
blanco para fines pacíficos, con libertad de investigación científica y un
compromiso de intercambio de información al respecto.
El Tratado, y este es un punto clave, “congela” las
reclamaciones territoriales por parte de los siete Estados que originalmente
–al tiempo de la celebración del tratado– tenían pretensiones de soberanía
sobre distintas partes del continente antártico (Argentina, Chile, Francia,
Gran Bretaña, Noruega, Australia y Nueva Zelanda).
Argentina mantiene una ininterrumpida presencia en la
Antártida desde 1904. Hoy tiene 13 bases permanentes y temporarias, más que
cualquier otro país, y administra una serie de refugios que sirven de resguardo
y apoyo para los trabajos de campo de expediciones que operan alejadas de las
bases. Ello representa un espacio de casi 1,5 millones de kilómetros cuadrados
y se superpone con los reclamos soberanos del Reino Unido y Chile.
Las islas Malvinas, usurpadas por el Reino Unido desde
1833, se convirtieron en un punto de trascendental importancia para la
pretendida proyección antártica británica sobre la totalidad del Sector
Antártico Argentino. Tanto, que el Reino Unido considera propio ese territorio
y lo denomina British Antarctic Territory. Sin su presencia en las islas
Malvinas, el Reino Unido perdería esa proyección antártica.
Es por ese mismo motivo que Argentina ha firmado decenas
de acuerdos de cooperación científica bilateral con distintos países, pero
nunca –y ni siquiera bajo el “paraguas de soberanía” de los 90– con el Reino
Unido.
Así fue hasta la gestión del actual gobierno.
Fruto envenenado. El giro en la política
nacional antártica del actual gobierno es un fruto envenenado del acuerdo
internacional celebrado por los gobiernos del presidente Macri y la primera
ministra británica, Theresa May, en 2016 y que lleva el nombre de los
vicecancilleres que lo suscribieron: Foradori y Duncan. En palabras del
canciller argentino, se buscó con este inédito giro político “recrear confianza
y crear condiciones para un diálogo” con el gobierno británico.
Menos de dos años después, el 14 de mayo de 2018 se firmó
el Memorándum de Entendimiento en Cooperación Científica Antártica entre el
Instituto Antártico Argentino y el British Antarctic Survey, estableciendo un
peligroso precedente para nuestra posición jurídica.
Así, el país aceptó cooperar en materia de investigación
científica y tecnológica antártica en el área geográfica de la Convención sobre
la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (1980), pese a que el
Reino Unido, con sucesivas acciones unilaterales, ha violado sistemáticamente
el régimen multilateral prescripto por dicha Convención.
Precedentes. En particular, el caso del
Attenborough genera dos precedentes de riesgo jurídico para la posición
argentina. Una consiste en emprender tareas conjuntas con un buque registrado
ilegalmente en las Malvinas, una aceptación tácita de la capacidad del
ilegítimo gobierno isleño de hacerlo con otras embarcaciones. Aún más grave es
que el buque pretenderá amarrar en los puertos antárticos argentinos
constituyendo una violación flagrante y expresa de la Ley de la Provincia de
Tierra del Fuego 852 (Ley Gaucho Rivero), que prohíbe el amarre en puertos
provinciales de buques con la bandera del ilegítimo gobierno de Malvinas.
A ello sumemos el desaire del gobierno argentino al apoyo
regional concretado en distintos organismos y foros latinoamericanos: los
Estados miembros están comprometidos a no permitir el ingreso a sus puertos de
buques con bandera de la colonia británica instalada en Malvinas.
Concesiones cómplices. El Reino Unido continúa
con su política de consolidar su aspiración valiéndose de la buena voluntad, de
la complicidad y del inmovilismo del gobierno nacional en la cuestión Malvinas.
Resulta evidente que la estrategia nacional sostenida en los últimos años ha
demostrado ser ineficiente y contraria al interés nacional.
El propio canciller Jorge Faurie consideró a la Antártida
como “patrimonio común de la humanidad” en ocasión de la visita del rey de
Noruega en marzo de 2018, contrariando la histórica posición que nuestro país
ha mantenido ante la Asamblea General de las Naciones Unidas negando la
posibilidad de considerar a la Antártida de esta manera.
Como se sabe, el Tratado Antártico se limitó a mantener
la situación territorial existente al momento de su firma. Pero no impone –ni
impide– a un Estado parte que renuncie a sus derechos de soberanía sobre el
territorio. De allí la gravedad institucional de la posición pública del
canciller argentino.
En la proyección colonialista británica sobre el
Atlántico Sur, la ciencia y la geopolítica han ido de la mano desde las épocas
de Charles Darwin, que llegó a las Islas Malvinas semanas después de la usurpación
de 1833. El teórico de la evolución asentó en su bitácora la “sorpresa” que se
llevó cuando vio flamear la bandera inglesa en las islas.
Hoy, ni siquiera en nombre de la más alta ciencia el
Estado argentino puede distraerse de su obligación jurídica, política e
histórica de reivindicar sus derechos sobre las Malvinas y de mantener sus
lógicas reivindicaciones sobre el Sector Antártico Argentino.
Hasta Darwin lo
entendería.
