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domingo, 1 de abril de 2018

Partidos difíciles… @dealgunamanera...

Partidos difíciles…

6-1 Mauricio Macri. Dibujo: Pablo Temes

El Gobierno se debate con la Justicia, se alivia con la baja de pobreza y teme que el Mundial no lo ayude.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 01/004/208 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los números revelados esta semana trajeron un enorme dolor de cabeza al Gobierno. Aun cuando en público fueron todas sonrisas, internamente un manto de preocupación invadió los despachos que en la Casa Rosada habitan conspicuos funcionarios, comenzando, naturalmente, por el de Mauricio Macri. En un año donde cada hilo se mueve en dirección a la reelección de 2019, que en los titulares de todos los diarios del país estuvieran esas cifras escalofriantes perturbó e inquietó. No estamos hablando de los datos publicados por el Indec; no estamos hablando de las 7.079.764 personas que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, ni de las 1.323.747 que están por debajo de la línea de indigencia. Estamos hablando de dos números: 6-1. 

Fue la derrota por paliza sufrida por la selección argentina ante España, la que cayó como una bombamolotov dentro del oficialismo que, como los oficialismos de otros turnos, deposita enormes expectativas en el “pan y circo” que trae bajo el brazo el Mundial de Fútbol. Ni hablar del clima social chauvinista sobre el que surfearía el oficialismo la campaña electoral si Messi trajese una tercera copa, sueño cada vez más lejano en la era Sampaoli.

Vamos bien. 

El Gobierno cree que le fue mejor. Eso es lo que representó el anuncio sobre el descenso de la pobreza que, con bombos y platillos, el Presidente reveló el miércoles pasado. El nuevo índice –25,7%– significa que 1,9 millones de personas salieron de la pobreza. Gol. 

Sin embargo, en la calle la sensación es otra. Los curas villeros cuestionan la cifra, los referentes sociales a cargo de comedores aseguran que aumentó la cantidad de gente que los frecuenta, y una simple caminata por la calle nos muestra la cruda realidad de mucha gente sin techo. “Tenemos cifras porque recuperamos el Indec”, se defienden en el oficialismo. Eso es verdad. 

No obstante el Gobierno no debe equivocarse en la lectura que hace. Las cifras del Indec se miden sobre la base de la valorización de la canasta básica comparada con los ingresos de los hogares, metodología que muchos analistas respetables e independientes cuestionan, ya que el análisis no contempla los numerosos aumentos tarifarios que sucedieron en el último semestre: electricidad, trenes, colectivos, celulares y nafta; y se vienen los aumentos del agua y del gas –hasta del 40%–. En este contexto la negociación paritaria del 15% augura un segundo semestre con una pérdida adquisitiva que traerá aún más dificultades sociales.

Montesquieu ha muerto”.  

Con esas palabras, en 1985, el diputado español Alfonso Guerra sepultó figurativamente a Charles Louis de Secondat –Barón de Montesquieu–, el filósofo de la Ilustración considerado padre de la división de poderes del sistema de gobierno, cuando el Partido Socialista aprovechó su mayoría parlamentaria para reformar la Ley de Poder Judicial. En nuestro país, desde el cambio de gobierno de Mauricio Macri, después de 12 años de kirchnerismo, somos testigos de la reestructuración de un organigrama que mueve a protagonistas inmersos en lo más profundo de un entramado de poder.

Las pronunciaciones de la Corte Suprema de Justicia respecto de la designación del TOF9 en la causa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner; el cuestionamiento de la Corte a la participación del juez Eduardo Farah en la Sala I de la Cámara de Apelaciones por el fallo López y el cuestionamiento público del presidente Mauricio Macri por su liberación; el dardo de Lilita Carrió hacia la Justicia insinuando el cobro de coimas; las excarcelaciones de Zannini y D’Elía; el apartamiento del fiscal Stornelli en la causa de Julio De Vido son algunos de los mensajes directos entre bandos que pelean por legitimación y permanencia dentro de las instituciones.

“En Comodoro Py hay pocos jueces y fiscales que son autónomos, que ejercen como verdaderos jueces; hay un grupo grande que debe muchos favores por sus nombramientos y subsistencia, que pertenece a diversas estructuras. Las decisiones que toman dependen de eso”, dice una fuente conocedora de la interna judicial. La “guerra” que se vive dentro de Tribunales responde a los intereses de esos poderes y sus influencias, y aquellos que osan tomar el camino de la independencia son sometidos a escandalosas operaciones mediáticas con el objetivo de amedrentarlos. 

Existe un ala ligada a la vieja SIDE de Stiuso, en donde se encuentra el operador judicial Javier Fernández, amigo del juez Luis Rodríguez (a cargo de la causa de Julio De Vido); existe otra estructura vinculada a los grandes medios hegemónicos; otra vinculada a Lorenzetti y otra vinculada a lo que quedó de la SIDE radical.

El poder es finito, y Macri sabe que los funcionarios que hoy le conceden sonrisas y que también le sonrieron a Cristina son potenciales adversarios cuando termine el mandato amarillo. Tal es el caso de Julián Ercolini, el juez que elevó a juicio oral a la ex presidenta en la causa de asociación ilícita, es el mismo magistrado que cerró la causa de enriquecimiento ilícito de los Kirchner entre 1994 y 2006. Esta desconfianza fue la que llevó al presidente Macri –con el pragmatismo de un ingeniero– a proponer como procuradora general a Inés Weinberg de Roca, una persona completamente ajena a las internas de Py.

El pedido de explicaciones de la Corte Suprema a la Agencia Federal de Inteligencia, a cargo de 
Gustavo Arribas, por la filtración de las escuchas de Cristina Fernández de Kirchner, fue otro ejemplo. La CSJN buscó con este pedido tirarle la pelota al Gobierno y desligarse de la responsabilidad por la escandalosa filtración. Pero es esa misma Corte la que tenía a cargo la Oficina de Escuchas cuando efectivamente se filtraron los audios, y la misma que actuó en connivencia con el Gobierno, cuando a inicios de 2017 extendieron las facultades de la oficina dándole la potestad también de investigar delitos complejos.

La pelea que atraviesa hoy la Argentina entre la Justicia y el Gobierno no hace más que revelar la relación simbiótica y cómplice entre aquellos sistemas que deberían funcionar de manera independiente para garantizarnos un legítimo sistema democrático. Montesquieu ha muerto.

Producción periodística: Lucía Lopreiato.



domingo, 25 de marzo de 2018

República Judicial. Excarcelandia… @dealgunamanera...

República Judicial. Excarcelandia…

“¡SALE OTRO!” Carlos Zannini. Dibujo: Pablo Temes.

Las liberaciones de nombres polémicos alientan la sensación general de impunidad.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 25/03/2018 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Si a esto lo llaman beneficiar a unos imputados, creo que están equivocados”. Con esas palabras Eduardo Farah, juez de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, quiso justificar su decisión ante una indignada sociedad que buscaba respuestas, luego de ver que Cristóbal López, empresario emblemático enriquecido de modo cuestionable durante el kirchnerato, volvía a gozar del derecho más preciado para el hombre: la libertad.

En estos últimos años, la Justicia fue una protagonista indiscutida del debate social. El destino de referentes políticos y sus allegados –que alguna vez supieron representar la esperanza de muchos– se ve hoy comprometido por bochornosas causas de corrupción, y la Liga de la Justicia que debe defendernos de sus atropellos es un gran misterio para la sociedad. Se trata de nombres resonantes que vemos a diario en los titulares de noticias, pero que pocas veces podemos identificar con una cara y una voz. Esta es la encrucijada que debió enfrentar el juez Farah, quien definió con su voto la libertad de López para la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones, que decidió romper el manto de misterio con una nota televisada e intentar así apaciguar la lluvia de críticas, tanto de la sociedad como hasta del propio presidente de la Nación, Mauricio Macri. El efecto que logró fue exactamente el contrario.

Contextos.

El camarista se centró en explicar las resoluciones más polémicas del fallo: el levantamiento de la prisión preventiva de López y su socio, De Sousa, y el cambio de carátula de “defraudación al Estado” a “apropiación indebida de tributos”, lo que implicaría que sea investigado bajo el fuero penal económico, dándole la posibilidad de acogerse a un plan de facilidades de pago, con quita de intereses, y pedir la extinción de la acción penal por pago. Farah niega tajantemente que la sentencia sea beneficiosa para el imputado y aduce que las penas no solo son las mismas, sino que el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, estaría más complicado. Pero vale la pena repasar el trayecto de la causa para comprender su contexto.

Factor Carrió. 

La causa se inició en marzo de 2016 tras una denuncia que Elisa Carrió realizó en el juzgado a cargo de Julián Ercolini, con la instrucción del fiscal Gerardo Pollicita, donde relató el modo en el que las autoridades de la AFIP habrían permitido, en connivencia con Cristóbal López y De Sousa, que la empresa Oil Combustibles no abonara el impuesto sobre los combustibles líquidos y utilizara indebidamente ese dinero para capitalizar otras sociedades del grupo Indalo. La intención de la diputada fue sumar la denuncia a la causa madre, iniciada en 2008 en ese juzgado por la asociación ilícita que encabezarían la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ex funcionarios públicos y sus empresarios amigos, elevada a juicio oral el pasado 2 de marzo.

Unos meses después de presentada la denuncia, el juez Ercolini se declaró incompetente en favor del juzgado penal económico, aduciendo premisas similares a las del fallo actual de la Cámara de Apelaciones. En dicha oportunidad, fue por un recurso de Casación presentado por el fiscal de Cámara Germán Moldes. La Cámara de Casación en noviembre de 2017 declaró la nulidad de la resolución de la Cámara de Apelaciones y devolvió la causa al fuero federal. Es decir, ya había existido un intento de que la causa fuese juzgada bajo la órbita del fuero penal económico. Ahora, ¿cuál es el problema principal del cambio de carátula, además de darle a López la posibilidad de financiar su deuda y ser eximido de la acción penal? Que al ser juzgado bajo el fuero penal económico, la defensa podría acogerse a éste para acceder a los beneficios que ella prevé e intentar desligarse de la causa madre que inició Carrió en 2008.

Carátulas. 

“La hipótesis delictiva no se agota en un posible delito de naturaleza tributaria, sino que comprende maniobras que suponen la intervención de diversos funcionarios públicos”, cita el fiscal Pollicita en el recurso de apelación presentado ante la declaración de incompetencia del juez Ercolini en 2016. Fuentes cercanas a la fiscalía aseguran que, al no ser vinculante, no cambiarán la carátula sea cual sea la resolución de Casación.
   
“No me voy a callar más, es algo de lo que me arrepiento”, decía un Cristóbal López enfurecido en la improvisada conferencia de prensa luego de su liberación. Pero después de los consejos de su abogado Carlos Beraldi, el empresario decidió mantener silencio para planificar su estrategia de defensa ante los medios.

En verdad, lo que sucedió es que frente a un coaching exigente el empresario K pudo contestar con fundamentos solo un par de preguntas. Allegados a López están convencidos de que la prisión fue de “alevosa arbitrariedad” y que detrás de la maniobra está el presidente Mauricio Macri, quien “quiere ver al empresario en quiebra para que sea un caso testigo”. “No se puede usar a la Justicia para operaciones políticas”, dijo Beraldi. que sostuvo además que el impedimento por parte de la Justicia y la AFIP de realizar el pago de la deuda llevó a un intencional estrangulamiento de la empresa.

A la calle.

Pero como “sobre llovido, mojado”, ayer recuperaron su libertad Luis D’Elía y el secretario de Legal y Técnica del kirchnerato, Carlos Zannini. Como dijimos desde esta columna, ambas prisiones preventivas eran de débil argumentación jurídica. Veamos la nómina de los liberados: Amado Boudou, Roberto Baratta –ex mano derecha de Julio De Vido– Cristóbal López, Fabián de Sousa. Esto no hace más que agregar descrédito a una Justicia crecientemente desprestigiada.

Las sospechas de coimas corren por los pasillos de tribunales a la velocidad de un rayo. Hay nombres, lugares y cifras exactas.

En muchos casos, la ley se interpreta de forma sesgada y, a veces, disparatada. Las causas están repletas de escaramuzas. Sentencias hay pocas y, en casos de corrupción, cuando se producen ya son inocuas.

Un ejemplo es el caso del ex presidente Carlos Menem y su exhibición de obscena impunidad. Es hora de recordar –una vez más– que sin justicia no hay república.

Producción periodística: Lucía Lopreiato.




domingo, 18 de marzo de 2018

Una semana de fallos… @dealgunamanera...

Una semana de fallos…
¡SALE UNO!’ Cristóbal López. Dibujo: Pablo Temes

La Corte apartó al tribunal de CFK, Cristóbal López se fue a casa y Báez quiere imitarlo. Los ojos sobre Cuccioli.

 

© Escrito por Nelson Castro el domingo 18/03/2018 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los hechos políticos de mayor impacto ocurridos en la semana han tenido como escenario el ámbito judicial. La Corte Suprema de Justicia, en un fallo sin precedentes, se negó a habilitar como tribunal con competencia federal a aquel integrado por los jueces nacionales Alejandro Nocetti, Silvia Mora y Alejandro Becerra, del Tribunal Oral Federal 9, que había quedado a cargo de dos causas elevadas a juicio oral que involucran a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner: el encubrimiento del atentado contra la AMIA y el direccionamiento de la obra pública en favor de Lázaro Báez, así como también del tramo elevado a juicio de la causa llamada “Ruta del dinero K”. Dos años atrás, en 2016, el Gobierno había convertido en federales a jueces del fuero ordinario, a través de la Ley de Fortalecimiento de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal y de los Tribunales Orales en lo Penal Económico, publicada en el Boletín Oficial con firmas de Federico Pinedo y Emilio Monzó.

La decisión sobre el TOF 9 de la Corte se basó en considerar que la creación de estos tribunales orales federales, debe realizarse –según la Constitución– a través de lo que se llama un acto complejo federal, es decir, respetando estrictamente el procedimiento constitucional de nombramiento de jueces federales. Solo cumpliéndose ese procedimiento la CSJN estaría en condiciones de habilitar un tribunal. Así contesta mediante el trámite de acordada al reclamo enviado por la Cámara Federal de Casación Penal.

“La habilitación de Tribunales es una atribución constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la ha ejercido sin interferencias de ninguna especie, antes y después de la reforma constitucional de 1994”, señala el fallo. Nuestros constituyentes de 1953 tomaron como base la Constitución de los Estados Unidos. En ese país existió un fallo histórico que aún hoy se enseña como leading case en las principales universidades del mundo. Se trata del caso Marbury contra Madison, de 1803,  los inicios del funcionamiento del Estado norteamericano, cuando los poderes se disputaban entre sí qué rol iba a tener cada uno. La Corte norteamericana con este caso asentó una doctrina que empoderó al Poder Judicial como último intérprete de la Constitución. La Ley de Fortalecimiento impulsada por el Gobierno, según el entender de la Corte, alteró el sistema constitucional de nombramiento, y en esos términos es un fallo histórico que vuelve a poner a la Corte y al Poder Judicial en el lugar de garante de la Constitución. Ante el peso de la evidencia, sería milagroso que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner no fuera condenada por lo que habría hecho, flaco favor al concepto de justicia que quien estuviera a cargo de su juzgamiento fuese un tribunal cuestionado.

El caso Báez. 

Por otro lado, estamos en vísperas de definiciones importantes en relación con la posible prórroga de la prisión preventiva de Lázaro Báez, la que debe ser definida por el tribunal oral –aún no designado– en la causa de lavado de dinero. Esta decisión depende de dos factores: la complejidad de la causa –que es extremadamente intrincada– y si la parte demandada –Báez– muestra, a través de su conducta procesal, la intención de generar demoras en la causa. Para la Justicia, esto quedó demostrado en la denuncia que el empresario realizó en 2015, cuando pidió recusar al juez de la causa, Sebastián Casanello, por parcialidad. Báez aseguraba a través de un escrito que había visto al magistrado en la antesala del despacho de Cristina Fernández de Kirchner en la quinta de Olivos. Hoy en día, los testigos presentados por la defensa del empresario, Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino, fueron procesados y pidieron probation, es decir, asumieron la responsabilidad del delito de “falso testimonio” y piden hacer tareas sociales en lugar de encarcelamiento. Todo apunta a que la prisión preventiva se prorrogaría, y el empresario de la construcción Lázaro Báez seguiría en Ezeiza.

Lectura veloz. 

La liberación de Cristóbal López es un hecho de alto impacto político no solo por la liberación en sí –el tema de las prisiones preventivas es caliente y controvertido– sino por el cambio de carátula. El fallo dividido de la Sala I de la Cámara Federal produjo un cambio que beneficia notablemente la situación procesal del empresario K al ordenar que sea investigado por delitos tributarios, lo que le da la posibilidad de reclamar el cambio al fuero Penal Económico. De todos modos, el fallo para la fiscalía no es vinculante. La AFIP, todavía de la mano de Alberto Abad, lo apelará y llegará inexorablemente a la Cámara de Casación que, entre otras cosas, podría revocar la prisión preventiva –hecho poco probable–. Desde la fiscalía hubo críticas a la decisión de la Cámara. “Es un fallo ilógico”, sostienen los que conocen la trama del veredicto y no dejan de señalar con curiosidad que el doctor Eduardo Farah haya leído en cuatro horas un expediente que llevó más de cuatro años de investigación. La lógica jurídica indica que la causa no solo debería volver a la calificación original, sino que existe la posibilidad de ampliar la causa a lavado de dinero, ya que además de evadir impuestos se utilizó ese dinero para negocios personales y compras de bienes, motivo por el cual el fiscal Gerardo Pollicita tiene embargados los bienes del grupo.

Las declaraciones de López en la puerta de su casa, el viernes por la noche, son útiles para apreciar el razonamiento de un hombre que indiscutiblemente se siente impune. Habrá que ver cómo se moverá el designado nuevo director de la AFIP, Leandro Cuccioli, en relación al caso. Recuérdese que entre sus antecedentes está haber trabajado durante algún tiempo con Ignacio Rosner, el empresario que pretende quedar al frente del Grupo Indalo. En medio de tanta controversia, un hecho de la historia sirve para darle a la causa por la cual es investigado López –evasión fiscal– su real dimensión. El 17 de octubre de 1931, uno de los personajes más nefastos de la historia del hampa de los Estados Unidos fue condenado a once años de prisión por evasión impositiva. Su nombre lo dice todo: Al Capone.

Producción periodística: Lucía Lopreiato.



miércoles, 10 de enero de 2018

Estados Unidos le negó el ingreso al país al ex canciller Héctor Timerman… @dealgunamanera...

Estados Unidos le negó el ingreso al país al ex canciller Héctor Timerman…

Héctor Timerman

El Departamento de Estado le revocó la visa. Se enteró cuando estaba en Ezeiza a punto de abordar un vuelo a Nueva York.

© Escrito por Gabriel Levinas el miércoles 10/01/2018 y publicado por el sitio Diario Digital Infobae de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El ex canciller Héctor Timerman no pudo viajar a Estados Unidos. Este martes por la noche, cuando se encontraba en el aeropuerto de Ezeiza a punto de embarcar, le informaron que el Departamento de Estado de EEUU había decidido revocarle la visa necesaria para ingresar a ese país. Timerman se encuentra actualmente procesado y con prisión preventiva en el marco de la causa por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del Memorándum con Irán. A raíz de su delicado estado de salud, el juez federal Sergio Torres -que subroga a Claudio Bonadio- lo había autorizado a salir del país para recibir tratamiento en Estados Unidos.

Timerman -que tiene prisión domiciliaria- llegó ayer por la tarde a Ezeiza para abordar el vuelo 954 de American Airlines que tiene previsto despegar a las 22:40 con destino a Nueva York. Según pudo saber Infobae, cuando se presentó ante el mostrador de la compañía aérea para hacer el check in, le notificaron que desde el Departamento de Estado de Estados Unidos se habían comunicado para informar que la visa del ex canciller había sido revocada.

Timerman tenía su pasaporte y su visa en regla. Y tenía todo listo para viajar a Estados Unidos. Pero en el mostrador de American Airlines se enteró de la decisión del gobierno de los Estados Unidos. En esa situación, Timerman hubiera podido subirse al avión, pero no hubiera podido ingresar a EE.UU.

En una misma resolución, el 7 de diciembre de 2017, Bonadio dictó el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Elisabet Kirchner y pidió su desafuero al Senado de la Nación. También ordenó las detenciones del ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, el piquetero Luis D'Elía, el lobbista y militante islámico Jorge Alejandro "Yussuf" Khalil, el ex líder de Quebracho Fernando Esteche y Timerman.

Para el fiscal de la causa, Gerardo Pollicita, existió un plan criminal destinado a dar ayuda que permitiera dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní por el atentado a la sede de la AMIA. Todo esto en desmedro de los intereses de las víctimas y el esclarecimiento del ataque terrorista.

El accionar delictivo denunciado por el fallecido fiscal Alberto Nisman habría sido orquestado y puesto en funcionamiento por las altas autoridades del anterior gobierno. El medio elegido para concretar el plan fue el Memorando de Entendimiento con Irán que se firmó el 27 de enero de 2013 en Etiopía. Este instrumento iba a permitir por un lado, remover, suspender o morigerar las restricciones a la libertad que afectaban a los acusados, y por el otro, el acuerdo disponía la creación de la Comisión de la Verdad cuyo rol central iba a ser en realidad exculpar a los imputados iraníes introduciendo una nueva hipótesis acerca de cómo fue el atentado.

"Todo lo que me imputaron es falso de falsedad absoluta", manifestó el ex canciller al defenderse de las acusaciones en su contra, y defendió la firma del memorándum al afirmar que era necesario porque como Argentina no puede juzgar en ausencia y, desde la época del Sha de Persia, Irán prohíbe la extradición de sus ciudadanos, eso constituía un impedimento para el avance de la causa por el atentado a la AMIA del 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos.

Bonadio autorizó a Timerman a salir de su domicilio para su tratamiento médico previa presentación de un "cronograma de visitas médicas programadas" y con la correspondiente autorización del juzgado. Pero rechazó su pedido de excarcelación al considerar "la seriedad del delito y la eventual severidad de la pena prevista" por los delitos por los que fue procesado. 

El juez federal Claudio Bonadio procesó a Timerman con prisión preventiva y le otorgó la domiciliaria.

El fallo de Bonadio fue confirmado por la Cámara Federal. Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah también pidieron la detención de Cristina Kirchner. Los jueces avalaron la decisión de Bonadio en cuanto al delito de encubrimiento agravado y mantuvieron las prisiones preventivas que había dictado el juez. Es decir que mantuvieron el pedido de desafuero ante el Senado para la detención de la ex presidente y las prisiones para Timerman, Zannini, D´Elía, Esteche y Youssef Kahlil.


domingo, 19 de junio de 2016

La libretita K… @dealgunamanera...

La libretita K…

Amén. Julio De Vido. Dibujo: Pablo Temes.

Néstor cooptaba intendentes con fondos que repartía López. Qué busca Lázaro.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 19/06/2016 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Una de las tareas a las que dedicaba más tiempo Néstor Kirchner durante la primera presidencia de su esposa fue el análisis de las necesidades de fondos para obra pública que tenían los municipios de los principales distritos electorales del país. Una vez concluido ese análisis, el ex presidente en funciones llamaba a sus intendentes para asegurarles la asignación directa del dinero en cuestión, cuyo monto anotaba en una libreta con tapas de hule. El funcionario encargado de instrumentar esos pagos era el secretario de Obras Públicas, José López, persona de trato diario y directo con el matrimonio Kirchner.

De los muchos casos de desmanejos de fondos públicos en los que estuvo involucrado el entonces Ministerio de Planificación Federal que conducía Julio De Vido y la Secretaría de Obras Públicas a cargo de su segundo, José Francisco “Josecito” López, uno de los más emblemáticos fue el programa Misión Sueños Compartidos, destinado a la construcción de más de 4.500 viviendas con fondos públicos a un costo para el Estado de $ 1.300 millones.

Ambos funcionarios eran los responsables de la operatoria de financiamiento, es decir, de la distribución de ese dinero, según consta en un informe de la Auditoría General de la Nación cuando estaba a cargo de Leandro Despouy. Esa auditoría dejó al descubierto datos sorprendentes que hoy cobran nueva relevancia.

El menú de irregularidades incluye la contratación directa de la Fundación Madres de Plaza de Mayo (FMPM), destinada al desarrollo del programa y a la ejecución de obra, la ausencia total de controles del Estado sobre el seguimiento de los trabajos y el cumplimiento de las reglas de los empleadores para con la mano de obra aplicada, la deficiente calidad de las viviendas, falsificaciones de firmas y documentos y las aprobaciones de obras sin los requisitos mínimos indispensables.

Tanto a López como a De Vido, responsables finales del control en sus respectivos cargos, se les “escapaban” millones de pesos que quedaban en el camino.

El caso del “ingeniero López”, como lo llama la ex presidenta en su increíble y desafortunada carta, ha producido una implosión de consecuencias imprevisibles dentro del Frente para la Victoria y del peronismo. La misiva de Cristina Fernández de Kirchner ha dejado perplejos a muchos de sus seguidores. En la mayoría del peronismo se vive un tembladeral. Resulta curioso apreciar cómo hay quienes se encuentran sorprendidos. La corrupción durante los años del kirchnerato “no fue magia”; por el contrario, tuvo una ejecución planificada.

A esos fines, el kirchnerismo actuó como una banda en la que tanto su jefe, Néstor Kirchner, como el resto de sus  integrantes procedían de Santa Cruz. El ex presidente dejó su impronta no sólo por haber sido su ideólogo sino también por haber determinado su modus operandi. De ahí la aparición repetida en cada uno de los episodios con que la realidad nos impacta cada día de cajas fuertes, bolsos, bolsas y valijas llenas de billetes, principalmente dólares y euros. Desde Antonini Wilson a Báez.

Hablando de Lázaro –en medio de un mediático operativo fogoneado por él mismo y otros sectores interesados–, pidió a la Sala II de la Cámara Federal presentarse ante el tribunal en lo que se presumía sería un aporte de pruebas de lo anteriormente dicho por su hijo Leandro en relación con el posible vínculo del juez Casanello con la ex presidenta que derivó en un pedido de recusación del juez.

En esa audiencia del lunes 6, Báez sorprendió por la pobreza de sus argumentos y ni siquiera hizo mención a los datos aportados por el abogado de su hijo menor, Santiago Viola. Es decir, no referenció aquel vínculo. El martes 7, los abogados de Leandro Báez se presentaron  en queja ante la Cámara observando que el tribunal “no había indagado lo suficiente al padre de su defendido y que en esas condiciones no se había podido explayar”.

En realidad, los miembros del tribunal Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah habían tomado todos los recaudos para que Báez pudiera dar detalles, pero no lo hizo. Los abogados avisaron que “tendrían que presentar un escrito” para ampliar aquella declaración. El escrito finalmente llegó el viernes 10 en forma de carta  de puño y letra por el propio Lázaro Báez. Carta que se filtró a los medios  y que sostenía que Báez había visto a Casanello en la quinta de Olivos.

La misiva estaba certificada por el agente penitenciario pero los jueces observaron un detalle no menor: la caligrafía era a simple vista, completamente distinta a la del primer escrito presentado por el zar de la construcción en tiempos de la era K. Estaba igualmente certificada que la anterior lo que podría haber pasado es que el primer escrito haya sido redactado por alguno de sus abogados, lo que evidenciaría una estrategia más que una palabra espontánea del investigado.

El abogado Santiago Viola confirmó que la segunda misiva fue escrita delante suyo de puño y letra por Lázaro. Primera duda despejada. Pero ¿porque el empresario recurrió al abogado de su hijo para presentar un escrito tan delicado y no acudió a sus propios letrados?

En los tribunales arriesgan dos hipótesis: la primera sostiene que lo hizo porque el “incidente de recusación no fue presentado por Báez padre y sus abogados sino por su hijo y Viola”; la segunda hipótesis tiene más adeptos y sostiene que “Báez ya no confía en sus abogados”. “Podría ver en ellos la mano del cristinismo”, dicen fuentes cercanas a la causa.

Por su parte, los jueces han decidido avanzar con pie de plomo. “Este partido se juega día a día”, sostienen allegados. El tribunal informó a los letrados de los Báez que podrían hacer una nueva presentación de manera escrita u oral para brindar más detalles sobre los posibles vínculos de Casanello. ¿Por qué? Porque en la carta que trascendió a los medios sólo se describe vagamente un encuentro en Olivos con fecha aproximada entre el juez de instrucción y la presidenta y, para colmo, en la misiva Báez dice: “Ustedes –en referencia a los camaristas– tienen todos los medios para corroborar lo dicho”. Sin embargo, fuentes inobjetables aseguran que “ni Leandro Báez ni su abogado tienen pruebas y no tienen la potestad de mover nuevas fichas porque Lázaro tiene sus propios abogados”. Esta información ya está en poder de la Cámara.  

Si es una coartada de Báez para mover al juez, el tiempo se le acaba para acreditar prueba; si dice la verdad, en Comodoro Py lo esperan hasta el lunes o martes inclusive. “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”, dijo Lord Acton. El kirchnerismo le dio la razón.

Producción periodística: Santiago Serra.





domingo, 12 de junio de 2016

Salud y balance… @dealgunamanera...

Salud y balance…

Lázaro Real State, Lázaro Báez. Dibujo: Pablo Temes

Cómo sigue el Presidente tras la arritmia. La frustración Báez. Y los seis meses de gestión.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 12/06/2016 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Mauricio Macri ha evolucionado bien de su fibrilación auricular. Los controles que se le hicieron en la semana lo confirmaron. Durante un mes estará medicado con un antiarrítmico –la droga que se eligió es la amiodarona– y un anticoagulante. Cumplido ese lapso se le realizará un Holter (que es un electrocardiograma de 24 horas) y, basándose en sus resultados, se decidirá qué hacer. Si, como esperan sus médicos, esos resultados son normales, se procederá a discontinuar la medicación.

Mientras tanto, el Presidente puede hacer una vida normal. Como lo contó el doctor Simón Salzberg, jefe de la Unidad Médica Presidencial y quien estuvo a cargo del caso, cuando se le informó que debía internarse la primera respuesta de Macri fue negativa. Luego del secretismo con el que se quiso ocultar el tema –el artículo de Jorge Fontevecchia del domingo pasado lo describe de manera impecable–, la información fue clara. Contribuyó a ello que el mismo Salzberg hablara con los medios para aclarar todas las preguntas que ningún parte médico puede satisfacer. Al respecto, una observación y una sugerencia.

La observación: el parte médico no llevaba firma. La sugerencia: sería bueno que dentro de un mes, cuando Salzberg deba informar los resultados del chequeo, se le asigne la Sala de Prensa de la Quinta de Olivos o de la Casa Rosada para que pueda hacerlo con el orden y la tranquilidad que amerita la importancia de la información que suministre y responder las preguntas que se deriven.

Lázaro Báez.

La semana previa a la declaración de Lázaro Báez ante la Sala II de la Cámara Federal estuvo plagada de expectativas que fueron fogoneadas por el entorno del empresario y por abogados y fuentes judiciales que funcionan como satélites interesados. La irrupción en escena de Leandro Báez, el hijo menor, asegurando que el juez Sebastián Casanello dirigía la investigación hacia su padre sin ahondar en los funcionarios aumentó la expectativa. El tribunal formado por Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, que esperaba la declaración de Lázaro con interés, debatió la forma y las garantías que se le darían para que todo lo que dijera el pasado lunes 6 quedara asentado.

El testimonio se grabó, pero el clima de expectativa se desinfló. Báez no sólo no hizo alusión al supuesto vínculo entre Casanello y Cristina, sino que se mostró hosco y medido en sus palabras. En la previa se creía que el empresario iría a declarar para acreditar ese vínculo, presentar los números de cuentas bancarias de la ex presidenta y acogerse al programa de arrepentidos. Nada de esto sucedió. Su exposición fue tan poco interesante que, a los veinte minutos, se dio por finalizada la audiencia.

Superada esta instancia, la calma volvió a Comodoro Py. No obstante, el clima sigue enrarecido. Una pregunta flota en el entorno de los jueces: si el dinero de Báez provenía de la obra pública, más allá de su asignación de manera preferencial y de los sobreprecios, se estaría ante un origen lícito. “Los sobreprecios son otra historia y el juez parece bien rumbeado en esa investigación, pero, por más que el delito de lavado de dinero suena bien ante la opinión pública, deberá quedar bien acreditado”, asegura una fuente tribunalicia.

Quienes conocen el proceder de la Sala II aseguran que el tribunal se tomará al menos diez días más para expedirse sobre la situación del juez Casanello y otros pormenores de la causa. “Los magistrados quieren volver a revisar todo el expediente para desentrañar una maraña de incógnitas que van más allá del accionar del juez”, aseguran.

Otro dato para recordar: en diciembre de 2015 Casanello dictó la falta de mérito de Báez en el caso del presunto lavado de dinero por la compra de un campo en Mendoza, fallo que el fiscal no apeló.

En la Justicia todos dan por segura la relación o sociedad entre Báez y la ex presidenta, pero hay demasiadas inconsistencias en el expediente que, de tomar decisiones apresuradas, complicarían la acreditación de ese vínculo.

Balance.

Se cumplieron los primeros seis meses de la gestión de Mauricio Macri. En el haber están el levantamiento del cepo, el arreglo del conflicto con los holdouts, el pago de la deuda con los jubilados y una actitud de diálogo con los opositores que antes no había.

En él debe están los decretos de necesidad y urgencia del comienzo de la gestión, los despidos, la inflación, el brutal ajuste tarifario, la falta de un plan de contingencia para defender a los consumidores del incremento de precios, el aumento de la pobreza, la inseguridad y el incumplimiento de la promesa de modificación de las escalas del impuesto a las ganancias.

Se deben agregar dos errores que se repiten. Uno es la falta de previsión de los efectos predecibles de algunas medidas, como el tarifazo. Es increíble advertir que nadie en el Gobierno pensó que para mucha gente esos aumentos son imposibles de pagar. Lo mismo vale para el decreto por el que se intentó designar a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como ministros de la Corte. Es verdad que luego hubo rectificaciones, pero en el primer caso son aún insuficientes para muchos, y en el segundo produjeron un daño político de difícil reparación.

El segundo error es el de la mala comunicación. Hay que reconocerle al Gobierno una actitud de apertura a la prensa que no existió durante el kirchnerismo. Hay conferencias de prensa del Presidente y de sus funcionarios, y hay pluralidad en los medios públicos.

El problema es el contenido de lo que se dice. Así pasó con el índice de inflación (se insistió durante meses con un índice del 25% que ahora se reconoce imposible de lograr), o con la reactivación para el segundo semestre que deberá aguardar hasta el último trimestre.

Se sabía que para cualquiera de los candidatos que hubiera ganado la elección habría sido imposible desactivar la bomba de tiempo que dejó el kirchnerismo sin generar efectos colaterales adversos para la mayor parte de la ciudadanía. Eso obligaba a quien ganase a tener elaborado un plan de contingencia. Y en muchos aspectos, el Gobierno demostró no tenerlos.

Es la moraleja que dejan estos primeros seis meses de Macri, en los cuales mucha gente la está pasando muy mal.

Producción periodística: Santiago Serra.