Procesan a Cristina Fernández de Kirchner por
supuesta asociación ilícita…
El
magistrado ha dictado un embargo sobre los bienes de Fernández de Kirchner por
10.000 millones de pesos (unos 616 millones de euros)
© Escrito por César G. Galero y publicado el martes 27/12/2016 por el
Diario El Mundo de la Ciudad de Madrid, España.
Argentina acabará el año
tal como lo comenzó. Con malas noticias económicas, por un lado, y con la
inagotable sucesión de escándalos de corrupción del kirchnerismo, por otro. Un
año después de dejar el poder, la situación judicial de Cristina Fernández de
Kirchner es cada día
más complicada.
El juez Julián Ercolini
ha decidido procesar a la ex mandataria por un presunto delito de asociación
ilícita y administración fraudulenta en la adjudicación de obra pública durante
su mandato (2007-2015), una medida que deja a Kirchner a un paso del juicio
oral. El magistrado ha ordenado además el embargo
a la líder peronista por un valor de 10.000 millones de pesos (unos 616 millones de euros).
En su resolución, el juez Ercolini dictó
también el procesamiento del ex ministro de Planificación kirchnerista Julio de
Vido; su "número dos", José López (el ex funcionario que trató de
esconder nueve millones de dólares en un convento); el empresario Lázaro Báez
(principal receptor de las concesiones de obra pública) y otros ex
funcionarios.
Con su acusación de
"asociación ilícita", el juez Ercolini ha avalado la investigación
realizada por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, para quienes hubo durante la etapa kirchnerista un
"plan criminal" orquestado desde el poder para favorecer principalmente a Báez,
el empresario convertido en emblema de la corrupción y recluido en prisión
preventiva desde hace ocho meses.
Según la justicia, Austral Construcciones,
la compañía de Báez (un estrecho colaborador en su día del fallecido ex
presidente Néstor Kirchner) habría recibido el 78% de las licencias de obra
pública otorgadas en la sureña provincia de Santa Cruz durante los doce años de
gobiernos kirchneristas.
Los contratos (por un valor total de unos 3.300 millones de dólares) se habrían sobrepreciado sistemáticamente y la mitad de las obras nunca se llegaron a realizar. Para los fiscales y el juez, una parte del dinero retornaba al entorno presidencial.
Los contratos (por un valor total de unos 3.300 millones de dólares) se habrían sobrepreciado sistemáticamente y la mitad de las obras nunca se llegaron a realizar. Para los fiscales y el juez, una parte del dinero retornaba al entorno presidencial.
Arropada por la fiel
militancia kirchnerista, la ex mandataria pidió la nulidad de la causa cuando
acudió a declarar el pasado 31 de octubre. "Es un disparate que se acuse
de asociación ilícita a un poder ejecutivo. Se trata de una clara maniobra
política, un
hostigamiento mediático y una persecución judicial de aquellos dirigentes que pueden ser
candidatos", dijo entonces, en referencia a la posibilidad de presentar su
candidatura a las elecciones legislativas que se celebrarán en 2017.
Para Kirchner, la ofensiva judicial en su
contra sólo sería una estrategia política para "tapar el desastre
económico y social" causado, a su juicio, por el Gobierno del conservador
Mauricio Macri.
Con la resolución
dictada por el juez Ercolini, Kirchner
cuenta ya con dos procesamientos abiertos. La ex presidenta ya
fue procesada por el juez Claudio Bonadio por una causa de menos enjundia: la
venta de dólares a futuro aprobada en los últimos meses de su gobierno, una
polémica decisión que provocó millonarias pérdidas al Fisco.
En esta ocasión, la
medida adoptada por el juez Ercolini es mucho más grave. Se trata de la primera
causa de corrupción que podría llevar a Kirchner ante un juicio oral en un año
crucial para su futuro político.
El calvario judicial de
Kirchner comenzó en abril. Desde entonces ha declarado varias veces en los
tribunales. Además de las dos causas en las que ya hay un procesamiento, la ex
presidenta está involucrada en otros casos ("Hotesur", "Los
Sauces") en los que la justicia la investiga por un presunto desvío de
fondos y blanqueo de capitales, con Báez y otros empresarios afines al
kirchnerismo como supuestos socios de un entramado de corrupción institucional.
El anuncio del
procesamiento se produce un día después de que Macri sufriera su primera crisis
de Gobierno al relevar a su influyente ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay. El primer año de Macri en el poder se ha caracterizado
precisamente por ese ping-pong mediático. Cada vez que la economía arrojaba una
mala noticia, afloraba un nuevo caso de corrupción kirchnerista.
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