Contra la resignación... @dealgunamanera...

Contra la resignación...

El «ajuste más grande de la historia», mencionado recurrentemente por el presidente Javier Milei, va horadando con rapidez el nivel de vida de las grandes mayorías sociales. De allí que se preanuncian diversas reacciones de los núcleos más perjudicados, quienes avizoran con preocupación que su actual situación lejos está de mejorar, en realidad, se prevé lo contrario.

© Escrito por Juan Carlos Junio, Dirigente Cooperativista, el lunes 24/09/2024 y publicado por la Revista Acción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

Así surge del proyecto de Presupuesto nacional enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento, en el que se establecen restricciones muy severas a todo lo relacionado con la inversión social: salud, educación, transporte, cultura, previsión social, vivienda, fomento a la industria, entre otros.

A ese escenario de fondo se debe adicionar la situación en el Congreso, que en sus últimas sesiones infligió algunas derrotas a las políticas nodales del Gobierno nacional. Una de ellas fue el rechazo al DNU que otorgaba 100.000 millones de pesos extra a la Side. La otra, más trascendente aún, es la aprobación del proyecto que otorga financiamiento a las universidades nacionales, accediendo al reclamo de los docentes, trabajadores y estudiantes de las casas de altos estudios del todo el país.

En tal sentido, el presidente ya anunció que esta ley será vetada, lo cual inevitablemente generará una nueva confrontación en el Congreso. Sin embargo, en esta oportunidad el debate será influenciado por lo que seguramente será una masiva marcha de carácter nacional, que ya fue convocada por las instancias universitarias.

En esta oportunidad, además, se sumará el fuerte reclamo de los jubilados a favor del aumento de sus ingresos que fuera vetado por el presidente de la Nación.

A la vez, los principales gremios del transporte (ferrocarriles, colectiveros, portuarios, camioneros y aeronáuticos) se declararon en estado de alerta y movilización «frente al juste y en solidaridad con los sindicatos aeronáuticos», y también anuncian un plan de lucha.
 

Mensaje desde Roma.
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En ese marco, irrumpió la voz del papa Francisco, quien eludiendo el habitual lenguaje vaticano, con sus respectivos cuidados diplomáticos, salió a confrontar directamente con el Gobierno nacional, fundamentalmente en cuestiones de carácter ideológico.

El papa hizo públicas sus críticas a la gestión mileísta, saliendo al cruce de la narrativa presidencial de que la justicia social es un robo, consecuentemente los recursos son finitos y por lo tanto no se puede aceptar que ante una necesidad existe un derecho, porque alguien tiene que pagarlo. El papa fue contundente: «Si no hay buenas políticas nacionales que afiancen la justicia social para que todos tengan tierra, techo, trabajo, un salario justo y derechos sociales adecuados, la lógica del descarte se va a extender dejando a su paso violencia y desolación».

El pontífice argentino tomó la decisión de influir en la opinión pública y en las fuerzas sociales y políticas, defendiendo a los núcleos más humildes, las clases medias y a los jubilados reprimidos con gas pimienta, y criticando a los políticos «que se entregan a los cocodrilos».

Consecuente con esta prédica convocó a los referentes sociales a «ser protagonistas de la historia. Ustedes van al frente –dijo– y son custodios de la justicia social. Protesten y realicen obras de inclusión».

Al final, con un sentido positivo y desde una perspectiva histórica afirmó que «tarde o temprano las cosas cambiarán para bien». Así, en el marco de creciente rechazo al ajuste que registran encuestas de opinión y se verifica en las reacciones sociales y sindicales mencionadas, Francisco convocó al pueblo a «no resignarse» y manifestó: «Los acompaño en su camino».

Una sociedad en estado de shock… @dealgunamanera...

 Una sociedad en estado de shock… 

Otros tiempos. Fernández en 2022, durante un encuentro sobre inclusión y diversidad organizado por la CELAC. Fotografía: Getty Images.      

Estado de shock. Así podría describirse a la sociedad y la política argentinas tras la difusión de las imágenes de la ex primera dama, Fabiola Yañez, supuestamente golpeada por quien era su pareja, el expresidente Alberto Fernández. El «supuestamente» vale hasta que la Justicia convalide la denuncia de Yañez aunque, como las luchas del feminismo nos enseñaron, la voz de la víctima debe prevalecer en los análisis.  

© Escrito Jorge Vilas el viernes 09/08/2024 y publicado por la Revista Acción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

La sociedad, en medio de una debacle social y económica causada por las políticas del actual Gobierno, ve ahora desde los medios y las redes sociales la degradación de la institución presidencial, ya que los episodios difundidos habrían ocurrido en el ejercicio del mandato de Fernández y, además, en la propia residencia de Olivos, aquella que el Estado destina para morada del titular del Poder Ejecutivo.  Y el shock apunta en distintas direcciones. En lo político, seguramente, por sus consecuencias hacia dentro del peronismo, por la crisis evidente de liderazgo y porque el caso de Fernández no es el único.

Otros dirigentes relevantes de ese espacio están condenados o procesados por episodios de esa naturaleza. Esa vinculación, justamente, es la que utilizan los enemigos de las conquistas de los últimos años en materia de una mayor equidad de género, algunas de ellas materializadas durante el gobierno de Alberto Fernández.  En esa ensalada conceptual y mal intencionada que drena por las redes sociales –ejércitos de trolls de ultraderecha mediante–, la denuncia de Yañez es utilizada para burlarse y atacar al feminismo y criticar cada una de sus banderas. Para los simpatizantes de un Gobierno que en poco tiempo desarticuló los espacios de contención y defensa de los derechos de las mujeres y diversidades, la debacle moral del expresidente anularía la lucha feminista, que fue acompañada por vastos sectores de la sociedad y llevada a la discusión política, donde logró los consensos necesarios para convertir parte de esas demandas en políticas estatales.   

La propia repercusión pública, las condenas unánimes al expresidente y hasta la posibilidad de Fabiola Yañez de hacer la denuncia son consecuencias de la lucha inclaudicable del feminismo que, no sin costos, logró revertir el sentido común de una sociedad machista e hizo posible, por ejemplo, que hoy ante una denuncia de esta naturaleza, la víctima tenga acompañamiento y espacios de contención, hasta hace pocos años, inexistentes o marginales.   

Otro efecto político de los sucesos denunciados es la «cosecha» en favor del presidente Javier Milei. Además de las balas que le aporta a su «batalla cultural», la degradación de la institución presidencial suma para su prédica «anticasta» y horada al principal espacio opositor. Asimismo, la omnipresencia mediática del tema oculta –al menos en la agenda informativa– los crecientes y devastadores efectos de su política económica. Sin ir más lejos, el aumento de la pobreza y la desocupación, los constantes incrementos de tarifas de servicios públicos y transporte y la pauperización de una gran parte de la sociedad. En un momento en que las encuestas de opinión pública comienzan a mostrar un desgaste en el apoyo que la gestión libertaria registra desde diciembre, y a días de una masiva expresión de rechazo plasmada en Plaza de Mayo el miércoles, sale de la agenda mediática dominante la aguda crisis social.   

Alberto Fernández deberá responder ante la justicia por los hechos denunciados. Eso no opaca ni mancha ni roza en lo más mínimo la lucha de las mujeres y diversidades por sus derechos. La violencia de género es un drama social inocultable y no se lo puede ni debe banalizar ni utilizar políticamente. En todo caso, los hechos que cobran notoriedad pública, como este caso, deben servir para ratificar la necesidad de políticas públicas de defensa, promoción y preservación de los derechos que hoy algunos pretenden poner en cuestión en aras de ideologías reaccionarias y violentas.

 

Carta Abierta De Un Fiscal a Cristina Kirchner… @dealgunamanera…

Fue Ficción… 

© Escrito por Marcelo Carlos Romero, Fiscal del Ministerio Público, el miércoles 24/08/2016 y publicado por Tribuna de Periodistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sra. Cristina Fernández, de mi consideración:

Soy un simple Fiscal de Instrucción del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires. No pertenezco al grupo de colegas que la investigan en múltiples causas penales. Tampoco integro el partido político “Justicia Legítima”, creado durante su último mandato constitucional, en un hecho inédito en la historia judicial argentina.

Utilizo esta forma de comunicación —carta abierta—, ya que desde su salida del Poder Ejecutivo, nos ha dedicado a los magistrados judiciales de este país, numerosas misivas a través de las redes sociales, en especial, Facebook.

Debo reconocer, Sra. Fernández, que prefiero la gráfica —su gráfica— y no la oratoria —su oratoria— desde los atriles oficiales, con dedos índices levantados, gestos adustos y personas aplaudiendo cada verbo o frase verbal.

En su última creación literaria, amén de enumerar —uno por uno— los logros de su gobierno y el de su difunto esposo, escribe nuevamente sobre el PJ (partido judicial), como si éste no se tratara de una facción de magistrados, funcionarios y empleados judiciales, afines a “sus” ideas políticas, abierta y orgullosamente reconocido por ellos.

También escribió sobre “ficciones”… Esta reflexión es, a mi juicio, la más interesante de su libelo.

Las “ficciones” fueron un capítulo cardinal durante sus mandatos.

Podemos recordar alguna de ellas:

* Fue ficción la inseguridad, el aumento de los índices delictivos y el incremento de la violencia en casi todas las formas de comisión criminal.

* Fue ficción la implementación —como catecismo laico obligatorio— del abolicionismo penal como condición sine qua non para acceder a los cargos judiciales por concurso, a las cátedras universitarias, a los institutos de posgrado, etc.

* Fue ficción que esta pseudo-doctrina haya perturbado severamente el juicio crítico de estudiantes de Derecho, abogados y magistrados judiciales de todas las instancias. Que se haya invertido en forma grotesca el paradigma milenario del Derecho Penal, donde la víctima resulta ser el victimario y el victimario la “víctima de un sistema capitalista neoliberal” que le quitó oportunidades y lo “empujó hacia el delito”, o mejor dicho, hacia el “conflicto”, según la terminología progre.

Que el delito es una creación político-capitalista que le quitó a los particulares la posibilidad de dirimir pacíficamente el conflicto, para que el Estado pueda mantener el negocio de la inseguridad, llenando las cárceles, o “jaulas de exterminio”, de pobres y oprimidos.

* Fue ficción que, durante la década pasada, no haya existido una política criminal seria y duradera y que, en su reemplazo, se haya instaurado un programa coyuntural, caracterizado por el pendulismo ideológico, espasmódico y esquizofrénico. Un vaivén de posturas y maquillajes que fueron desde la “mano dura” y la “tolerancia cero” hasta el actual y pretendido “minimalismo penal”. Siempre al compás de las encuestas de opinión, los sondeos de imagen y el calendario electoral.

* Fue ficción que la fuerza de seguridad federal de fronteras, Gendarmería Nacional Argentina, se haya dedicado a cuidar autopistas urbanas, que la fuerza de seguridad federal de vías navegables, Prefectura Naval Argentina, se haya dedicado a cuidar barrios chic, y que las policías locales hayan sido formadas en seis meses, otorgando en ese plazo a sus flamantes integrantes placa, pistola y autoridad.

* Fue ficción el incremento exponencial del narcotráfico y del consumo masivo de estupefacientes. Fue ficción también la directísima incidencia de estos factores en la inaudita ola de inseguridad que nos asola.

* Fue ficción la derogación explícita de la garantía del libre tránsito en la República Argentina (art. 14 de la CN), bajo la excusa de “no poder criminalizar la protesta social”.

Como verá, Sra. Fernández, no me he referido ni a bóvedas, propiedades suntuosas, bolsos ni cajas de seguridad. Son investigaciones judiciales en trámite que no conozco en profundidad y, además, respeto su derecho de Defensa.

Sólo quise arrimar a sus reflexiones vía Facebook otras “ficciones” de sus mandatos no enumeradas por Ud… Tal vez le sirvan para la elaboración de futuras misivas.

La saludo con mi consideración más distinguida.

Poder impune… De Alguna Manera...

Poder impune…

 "LO MANDARON A CORTAR SUPREMAS..." Ricardo Lorenzetti. DIBUJO: PABLO TEMES.

Contra la justicia. El Gobierno va por todo ahora hacia el Poder Judicial. Relativismo moral ilimitado.

La así llamada “democratización de la Justicia” no es más que otro paso en su objetivo hacia el “vamos por todo” que puso en marcha la Presidenta no bien comenzó su segundo mandato. Este proceso –que no es otra cosa que un embate contra los jueces independientes– es emblemático del ADN del kirchnerismo. Estas acciones son siempre la consecuencia de circunstancias en las que el oficialismo se enfrenta a una adversidad que es contraria a sus proyectos de lograr la suma de los poderes públicos. El ejemplo más relevante es el de la Ley de Medios, cuya génesis estuvo en el conflicto entre el Gobierno y el campo por la 125. Este proceso al que asistimos por estos días es el producto de la frustración sufrida por el Gobierno el 7 de diciembre del año pasado, cuando se vio impedido por la Justicia de avanzar en su intención de destruir al Grupo Clarín.

Al igual que hizo con la Ley de Medios, en este caso el kirchnerismo enmascara sus reales intenciones con una hojarasca que, como tal, no es más que letra muerta. En la Ley de Medios, el propósito supuesto que se repetía a modo de eslogan era “más voces y más pluralidad”. Los hechos se encargaron de demostrar que ese eslogan no tenía nada que ver con lo que el Gobierno quería, que era –y es– “más medios oficialistas” para que haya cada vez menos lugar para las voces críticas e independientes.

Con este proyecto de “democratización de la Justicia” pasa lo mismo. Así, el kirchnerismo termina erigiéndose en una réplica del menemismo. Aquí hay que recordar que una de las primeras medidas que tomó Carlos Menem tras haber asumido la Presidencia por primera vez, fue la de aumentar el número de miembros de la Corte Suprema con el objeto de lograr la famosa “mayoría automática”. El proyecto de aumento del número de miembros del Consejo de la Magistratura es asimilable al aumento del número de miembros de la Corte con que Menem aseguró aquella “mayoría automática” que le dio vía libre a todos sus proyectos y que, fundamentalmente, dio cobertura y garantizó la impunidad de todos y cada uno de los hechos de corrupción de su gobierno. 

El fenómeno se repite a la manera de un calco. He ahí los casos del escandaloso enriquecimiento de la familia presidencial y el de la ex Ciccone, que compromete cada vez más seriamente a Amado Boudou. Además, con la modificación del sistema de remoción de los magistrados, para la que será suficiente una mayoría simple y no especial como es hasta ahora, su estabilidad se verá seriamente afectada. La ecuación habrá de ser muy simple: los jueces que osen contradecir la voluntad del Poder Ejecutivo podrán ser removidos de sus cargos de la noche a la mañana. Habrá estabilidad sólo para aquellos que digan amén a todas y cada uno de los abusos del Gobierno. Por si ello fuera poco, el método de elección de los candidatos, que estará ligado a la elección general, cierra cualquier posibilidad a la oposición de actuar en forma mancomunada a los fines de poder equilibrar la situación dominante que le da al oficialismo el uso de todos los recursos del Estado para imponer su voluntad.

El proyecto de “democratización de la Justicia” pone a la ciudadanía, además, en un pie de notable desigualdad y desprotección frente a las arbitrariedades del Estado. Hay un ejemplo que ilustra, el de los jubilados. Si hasta ahora el Gobierno no ha dudado en desobedecer fallos contundentes, confirmados en todas sus instancias, que reconocieron la legitimidad del reclamo por reajuste de haberes hechos por miles de ellos, ¡cuánto peor serán las cosas en el futuro de prosperar con esos y otros reclamos!

La Justicia es un factor de contrapoder. Ser un contrapoder no equivale a ser oposición. Ser un contrapoder significa controlar que en el ejercicio de sus funciones los otros dos poderes del Estado –el Ejecutivo y el Legislativo– lo hagan con observancia absoluta de la Constitución. Es esa tarea de control de constitucionalidad la que ha perturbado profundamente a la Presidenta. Es que la Constitución, que juró observar y hacer observar, representa hoy el principal escollo para la concreción de su anhelado sueño de permanencia eterna en el poder.

En el famoso discurso de junio de 2003, en el que Néstor Kirchner dio el puntapié inicial para la renovación de la Corte Suprema menemista, la crítica fundamental fue a la estructura de “mayoría automática” con que funcionaba el organismo. En aras de una mejor justicia, el entonces presidente abogó por la necesidad de conformar una Corte prestigiada por la calidad de sus integrantes y por su independencia de su gobierno y de los que vinieren. Esa postura gubernamental ya no corre más. Ahora lo que se busca es debilitar a la Corte lo más posible.

En 2006, la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner impulsó e impuso el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura consistente en la reducción del número de sus miembros. La razón para tal modificación era la de hacerlo más independiente de los otros poderes. Eso tampoco va más.

Así es el kirchnerismo: lo que hoy es bueno mañana es malo y viceversa; su relativismo moral no tiene límites. El fin justifica el uso de cualquier medio. Lo único importante es el ejercicio impune del poder.

Producción periodística: Guido Baistrocchi.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 14/04/2013 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Corporaciones y modelo K… De Alguna Manera...

Corporaciones y modelo K…

Los comienzos de año suelen ser agitados en nuestro país. Hace un año se producía la pueblada de Famatina, en La Rioja, la cual visibilizaba a nivel nacional las luchas contra la megaminería que desde 2003 vienen disputando las poblaciones, de cara a las grandes corporaciones, avaladas por los gobiernos provinciales. Poco después, la presidenta Cristina Fernández dejaría en claro la posición del Gobierno nacional sobre el tema: con argumentos muy débiles y denigratorios, fustigaría al ambientalismo, evocaría una vacua idea de “sustentabilidad”, apoyaría a rajatabla a los gobernadores promineros y reafirmaría su alianza estratégica con las corporaciones mineras. Después de este claro alineamiento con las empresas transnacionales, las luchas se tornaron aún más desiguales, pero el Famatinazo tuvo un efecto político y simbólico mayor, pues desnudó uno de los grandes puntos ciegos del discurso épico del oficialismo, a la hora de hablar de las corporaciones.

Algo similar sucedió con la tragedia ferroviaria de Once: el hecho, que costó la vida de 51 ciudadanos, puso de manifiesto que la precariedad no es un tema del pasado neoliberal y que los subsidios millonarios no hacen más que apuntalar las ganancias de  los empresarios, con total desprecio por la vida de los usuarios. Esta semana, al cumplirse once meses de la tragedia, los familiares y amigos de las víctimas anunciaron una gran movilización hacia Plaza de Mayo para el mes próximo. Los familiares leyeron un duro documento donde expresaban su satisfacción por el avance de la causa penal, y subrayaban “el silencio del Poder Ejecutivo”. Pocos días antes, el Gobierno había acordado la compra directa de 409 vagones a la empresa china CRS y un programa de mejoramiento de la infraestructura ferroviaria para municipios. El anuncio, que no hizo alusión alguna a las víctimas de la tragedia de Once, vino a refrendar también la convicción de que el Gobierno no está pensando el sistema ferroviario en clave de reconstrucción de la industria nacional.

Otro punto de actualidad donde naufraga el discurso oficial sobre las corporaciones aparece cuando hablamos de la expansión de la frontera agropecuaria. Este proceso ha significado mayor acaparamiento de tierras en manos de agentes económicos poderosos, más desforestación, más criminalización, más desalojos rurales y asesinatos de campesinos e indígenas. Este verano, por ejemplo, los qom, que mantienen un largo litigio por la titularidad de sus tierras en Chaco y Formosa, volvieron a ser noticia fúnebre: entre diciembre de 2012 y enero de 2013, cuatro integrantes de esta comunidad fueron muertos en circunstancias más que sospechosas, frente a la indiferencia del Gobierno nacional. A raíz de ello, están circulando declaraciones de repudio y cartas abiertas a la Presidenta, de parte de la comunidad académica, que demandan, además de la implementación de medidas urgentes, que el Gobierno nacional condene moral y públicamente estos hechos aberrantes.

Un último ejemplo del rol cada vez mayor que asumen las corporaciones es la llegada del fracking, a partir de la expansión de la frontera hidrocarburífera. Recordemos que la estatización de YPF reverdeció el discurso épico del Gobierno, que venía en baja, luego de lo sucedido con la megaminería y la tragedia de Once. Lo cierto es que, más allá de los anuncios ditirámbicos, la YPF Modelo 2012 apuesta a la asociación con grandes empresas extranjeras, como la americana Chevron (que, a través de Texaco, fue condenada por graves delitos ambientales y violación de derechos indígenas, en Ecuador).

YPF apunta a la explotación del gas no convencional (shale gas), a través de una metodología muy cuestionada en el mundo, la fractura hidráulica, más conocida como fracking. Es una técnica que consiste en el bombeo de fluido (grandes cantidades de agua y sustancias químicas) y arena, a elevada presión, a fin de producir microfracturas en la roca madre que almacena los hidrocarburos. Los riesgos ambientales son muchos y de corto plazo: contaminación de aguas subterráneas y superficiales, lubricación de fallas geológicas que originan movimientos sísmicos y utilización intensiva del territorio. Por ello, el fracking ya fue prohibido en varios estados de Estados Unidos, en Francia, Bulgaria e Irlanda del Norte.

La geógrafa Silvia Leanza, de la Fundación Ecosur, habla de “geocoincidencias” entre cuencas gasíferas y cuencas hídricas, “ya que los proyectos más avanzados coinciden con importantes fuentes de agua potable (y el agua es el insumo de mayor importancia para la “eficiencia” en la explotación de gas no convencional)”. Argentina cuenta con varias geocoincidencias, entre ellas, la Cuenca Neuquina, donde está Vaca Muerta (acuífero Zapala y cuencas de ríos norpatagónicos), la del Chaco-Paraná (acuífero Guaraní y ríos de la Cuenca del Plata), el golfo San Jorge (cuenca del río Senguer). Más claro, imposible…

Nada indica que el Gobierno abrirá la discusión sobre el fracking; todo lo contrario, como ya sucedió con la soja y la megaminería. Argentina se apresta así a sumar nuevos conflictos socio-ambientales que preanuncian un enfrentamiento directo, ya no sólo con las transnacionales, sino con una empresa nacional, YPF Modelo 2012. Pero la acumulación de luchas en defensa del agua es tal que la población ya comienza a movilizarse: esto sucede en Entre Ríos, provincia en la cual distintas organizaciones promueven una ley que prohíba el fracking; en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, donde se han organizado en asambleas –siendo Allen la localidad más amenazada–, y donde la ciudad de Cinco Saltos acaba de convertirse en el primer municipio en el país  en prohibir el fracking; por último, están las luchas de las comunidades mapuches en el norte neuquino, cerca de Zapala y en Loma de la Lata.

En fin, enero de 2013 nos recibe con nuevas bofetadas de realidad que reafirman cuál es verdadero rol que el modelo kirchnerista asigna a las corporaciones y a los grandes actores económicos en el esquema del extractivismo dependiente.

© Escrito por Maristella Svampa, socióloga y escritora, miembro de Plataforma 2012, publicado el sábado 26/01/2013 por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Las mentiras de Alak”... De Alguna Manera...

“Las mentiras de Alak”: dura respuesta de Clarín al Ministro de Justicia...

Con un comunicado, el grupo intenta refutar al kirchnerismo. Luego de la conferencia brindada por Julio Alak, donde acusó al grupo Clarín de presionar a la Justicia en torno a la Ley de Medios, el multimedios salió a responder a través de un duro comunicado. 

Dice el documento:

Una vez más, el Ministro de Justicia volvió a usar los micrófonos para amenazar descaradamente al Poder Judicial y para lanzar falsedades que involucran al Grupo Clarín.

Aquí se detallan algunas de las más groseras:

1) El ministro dijo que el gobierno estaba sufriendo "denegación de justicia". Resulta escandaloso que el responsable de que hace 3 meses la Justicia no se expida en ninguna de sus instancias, pretenda dar vuelta los argumentos y erigirse en víctima. La única denegación de justicia, reconocida expresamente por la Corte Suprema, es la que está viviendo el Grupo Clarín, que tiene derecho a una sentencia de fondo o una prórroga de cautelar de manera urgente, tal como lo estableció el Máximo Tribunal. Y quien provocó este estado es el Gobierno, que intentó desmantelar un fuero completo para evitar cualquier fallo judicial, y que ahora quiere repetir desvergonzadamente la maniobra, desafiando la orden de la Corte.

2) Alak volvió a insistir en que el fuero Civil y Comercial Federal no es competente para tratar la ley de medios. Y volvió a desconocer que la competencia de este fuero fue ratificada en varias oportunidades por la Justicia, incluyendo la Corte Suprema. Mal que le pese al Gobierno, la competencia de los jueces la determina el Poder Judicial, no el Poder Ejecutivo.

3) Insólitamente, Alak pretendió adjudicarle responsabilidad en la demora de la causa al Grupo Clarín y al Poder Judicial. Está absolutamente acreditado en el expediente que las únicas dilaciones fueron atribuibles a conductas del Poder Ejecutivo. En 2010, por maniobras procesales (planteos de incompetencias y caducidades), el Gobierno logró paralizar el expediente durante casi 8 meses. Luego, se tomó 4 meses en contestar la demanda. Luego demoró varios meses en contestar oficios al AFSCA. Este año, impugnó o buscó anular todas las pruebas, porque no eran funcionales a sus intereses. Y desde el 27 de septiembre, cuando la causa estuvo lista para sentencia, llevó adelante interminables presiones y amenazas para que ningún juez se anime a fallar.

4) El ministro volvió a mentir respecto de la relación del Grupo Clarín con una entidad internacional, de la que participan jueces, especialistas, reguladores e investigadores de más 15 países, y que es auspiciada por numerosas instituciones públicas, intermedias y privadas.

5) También volvió a mentir respecto de una supuesta relación profesional de un abogado con el Grupo Clarín, relación que nunca existió.

6) Otra de sus falacias fue decir que "la Corte sostuvo que el 7/12 vencía inexorablemente la cautelar" o que "la misma no podía extenderse". Jamás la Corte dijo eso. Por el contrario, en su fallo del 22/5/12, dijo expresamente que la cautelar podía prorrogarse.

7) El ministro intentó sembrar dudas respecto de las resoluciones conocidas esta semana por su pronto diligenciamiento. Pero omite mencionar, a sabiendas, que esta fue una orden expresa de la Corte Suprema, para evitar, justamente la "denegación de justicia" denunciada por el Grupo Clarín. Además, los camaristas que comenzaron a desatar el nudo creado por el Gobierno fueron miembros de otro fuero, el Contencioso Administrativo, cuya intervención había pedido el mismo Gobierno.

8) La razón por la que Alak no quiere ninguna resolución –ni de fondo ni cautelar- antes del 7 de diciembre es muy simple. Porque el Gobierno quiere avanzar de facto, desconociendo abiertamente el fallo de la Corte y la propia ley de medios. La prueba más clara de su intención de atropellar el estado de derecho es el cambio de reglamentos que hizo la AFSCA en las últimas horas, donde eliminó el plazo de 30 días para la presentación de planes y habilitó al Estado a confiscar no sólo las licencias sino los bienes de los medios.

9) Finalmente, la amenaza de un ministro del Poder Ejecutivo de que un fallo distinto al que el Gobierno quiere sería un "alzamiento contra la ley, la división de poderes, la Corte y el pueblo", es sin dudas de una gravedad inédita en toda la historia democrática argentina. El desafío a la división de poderes, base misma del sistema republicano, pocas veces ha llegado tan lejos.

 © Escrito en la Redacción de Tribuna dePeriodistas el miércoles 5 de Diciembre de 2012.