Poder impune…
"LO MANDARON A CORTAR SUPREMAS..." Ricardo Lorenzetti. DIBUJO: PABLO TEMES.
Contra la justicia. El Gobierno va por todo ahora hacia el Poder Judicial. Relativismo moral ilimitado.
La así llamada “democratización de la Justicia” no es más
que otro paso en su objetivo hacia el “vamos por todo” que puso en marcha la
Presidenta no bien comenzó su segundo mandato. Este proceso –que no es otra
cosa que un embate contra los jueces independientes– es emblemático del ADN del
kirchnerismo. Estas acciones son siempre la consecuencia de circunstancias en
las que el oficialismo se enfrenta a una adversidad que es contraria a sus
proyectos de lograr la suma de los poderes públicos. El ejemplo más relevante
es el de la Ley de Medios, cuya génesis estuvo en el conflicto entre el
Gobierno y el campo por la 125. Este proceso al que asistimos por estos días es
el producto de la frustración sufrida por el Gobierno el 7 de diciembre del año
pasado, cuando se vio impedido por la Justicia de avanzar en su intención de
destruir al Grupo Clarín.
Al igual que hizo con la Ley de Medios, en este caso el
kirchnerismo enmascara sus reales intenciones con una hojarasca que, como tal,
no es más que letra muerta. En la Ley de Medios, el propósito supuesto que se
repetía a modo de eslogan era “más voces y más pluralidad”. Los hechos se
encargaron de demostrar que ese eslogan no tenía nada que ver con lo que el
Gobierno quería, que era –y es– “más medios oficialistas” para que haya cada
vez menos lugar para las voces críticas e independientes.
Con este proyecto de “democratización de la Justicia” pasa
lo mismo. Así, el kirchnerismo termina erigiéndose en una réplica del
menemismo. Aquí hay que recordar que una de las primeras medidas que tomó
Carlos Menem tras haber asumido la Presidencia por primera vez, fue la de
aumentar el número de miembros de la Corte Suprema con el objeto de lograr la
famosa “mayoría automática”. El proyecto de aumento del número de miembros del
Consejo de la Magistratura es asimilable al aumento del número de miembros de
la Corte con que Menem aseguró aquella “mayoría automática” que le dio vía
libre a todos sus proyectos y que, fundamentalmente, dio cobertura y garantizó
la impunidad de todos y cada uno de los hechos de corrupción de su gobierno.
El
fenómeno se repite a la manera de un calco. He ahí los casos del escandaloso
enriquecimiento de la familia presidencial y el de la ex Ciccone, que
compromete cada vez más seriamente a Amado Boudou. Además, con la modificación
del sistema de remoción de los magistrados, para la que será suficiente una
mayoría simple y no especial como es hasta ahora, su estabilidad se verá
seriamente afectada. La ecuación habrá de ser muy simple: los jueces que osen
contradecir la voluntad del Poder Ejecutivo podrán ser removidos de sus cargos
de la noche a la mañana. Habrá estabilidad sólo para aquellos que digan amén a
todas y cada uno de los abusos del Gobierno. Por si ello fuera poco, el método
de elección de los candidatos, que estará ligado a la elección general, cierra
cualquier posibilidad a la oposición de actuar en forma mancomunada a los fines
de poder equilibrar la situación dominante que le da al oficialismo el uso de
todos los recursos del Estado para imponer su voluntad.
El proyecto de “democratización de la Justicia” pone a la
ciudadanía, además, en un pie de notable desigualdad y desprotección frente a
las arbitrariedades del Estado. Hay un ejemplo que ilustra, el de los
jubilados. Si hasta ahora el Gobierno no ha dudado en desobedecer fallos
contundentes, confirmados en todas sus instancias, que reconocieron la
legitimidad del reclamo por reajuste de haberes hechos por miles de ellos,
¡cuánto peor serán las cosas en el futuro de prosperar con esos y otros
reclamos!
La Justicia es un factor de contrapoder. Ser un contrapoder
no equivale a ser oposición. Ser un contrapoder significa controlar que en el
ejercicio de sus funciones los otros dos poderes del Estado –el Ejecutivo y el
Legislativo– lo hagan con observancia absoluta de la Constitución. Es esa tarea
de control de constitucionalidad la que ha perturbado profundamente a la Presidenta.
Es que la Constitución, que juró observar y hacer observar, representa hoy el
principal escollo para la concreción de su anhelado sueño de permanencia eterna
en el poder.
En el famoso discurso de junio de 2003, en el que Néstor
Kirchner dio el puntapié inicial para la renovación de la Corte Suprema
menemista, la crítica fundamental fue a la estructura de “mayoría automática”
con que funcionaba el organismo. En aras de una mejor justicia, el entonces
presidente abogó por la necesidad de conformar una Corte prestigiada por la
calidad de sus integrantes y por su independencia de su gobierno y de los que
vinieren. Esa postura gubernamental ya no corre más. Ahora lo que se busca es
debilitar a la Corte lo más posible.
En 2006, la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner
impulsó e impuso el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura
consistente en la reducción del número de sus miembros. La razón para tal
modificación era la de hacerlo más independiente de los otros poderes. Eso
tampoco va más.
Así es el kirchnerismo: lo que hoy es bueno mañana es malo y
viceversa; su relativismo moral no tiene límites. El fin justifica el uso de
cualquier medio. Lo único importante es el ejercicio impune del poder.
Producción periodística: Guido Baistrocchi.
© Escrito por Nelson
Castro el domingo 14/04/2013 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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