Quién es quién en el plan
que está en marcha para liberar presos masivamente…
El
violento motín se desencadenó la semana pasada y la tensión continúa pese al
acuerdo.
Un mapa de los protagonistas y sus planes para
utilizar al COVID-19 como excusa en una negociación que solo busca dejar en
libertad a delincuentes.
© Escrito por Luis Beldi
el martes 28/04/2020 y publicado por el Diario Digital Infobae de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, República de los Argentinos.
En la provincia de Buenos aires, el Servicio penitenciario
está alerta. El fin de semana, los jefes hicieron inspecciones en las unidades
clave, por temor a que se desaten motines y mandaron a agentes a recabar
información. Ellos están haciendo un verdadero trabajo de inteligencia. La
mayoría cree que la paz firmada con los presos de Devoto, penal que están en la
órbita del Servicio Penitenciario Federal, mantendrá en suspenso las rebeliones
programadas en la provincia hasta el jueves, fecha de vencimiento del acta y
cuando se dará a conocer qué puntos del acuerdo se van a cumplir.
Por de pronto y como muestra de buena
voluntad, el domingo liberaron a Francisco Ignacio Salas, que estaba detenido
en Devoto y los agentes lo custodiaron hasta su domicilio en un lote de Capilla
del Señor a la altura del kilómetro 74. Mejor llegada a casa, imposible: auto
con chofer y dos custodias, un gasto exagerado que sale de los impuestos pero
que aluden que debe hacerse así por el aislamiento.
Pero
el proceso comenzó mal, porque el acuerdo fue firmado violando una de las
primicias del manual del buen carcelero: no se debe negociar bajo presión.
No es una demanda inocente que los
encarcelados pidieran elevar el número de presos que deben cumplir prisión
domiciliaria de 1.350 a 1.600. En la diferencia incluyen homicidas
porque para ellos no cuenta el delito que cometieron, sino la vulnerabilidad al
COVID-19.
Por otra parte, hay una curiosidad entre los firmantes del acta. El secretario
de Justicia, Juan Martín Mena, está
entre los acusados en el juicio que se hará por la firma del Memorándum con
Irán y entre los delegados de los presos, hay un múltiple homicida con cuatro
asesinatos en su prontuario.
Pero esta es una parte de una historia
que se inició con la gente más allegada a Cristina Kirchner, aunque la ex
presidente no está presente ni apoya esta situación que parece no conformarla.
Una de las caras visibles es la del ex juez Eugenio
Zaffaroni vinculado a la Comisión de la Memoria que preside Roberto Cipriano García, este último fue
quien llamó públicamente a los presos “compañeros prolibertad”. Por supuesto,
los presos estrenaron sus celulares, enviando audios con la arenga de García.
Eugenio Zaffaroni ex
ministro de la Corte Suprema durante la administración kirchnerista.
Los integrantes de la Comisión albergan la idea de que los
presos pueden ser parte de una fuerza revolucionaria si se canaliza su
violencia hacia una sociedad más justa. Los abogados de esa organización fueron
los que presentaron miles de recursos para liberar detenidos vulnerables al
COVID-19.
Los primeros logros fueron la
liberación de algunos presos por pedido de la Comisión de la Memoria. Dos
de los que consiguieron prisión domiciliaria son violadores de un chico de 8
años y de una nena de 6 años. Los dos violadores viven cerca de los
violados. Uno es vecino y el otro está radicado a cincuenta cuadras del
domicilio de su víctima.
El juez que les concedió la liberación fue Víctor Violini, un apellido que en
estas circunstancias parece una condena del destino. El hombre integra en
soledad una sala de Casación, fue oficial de policía y se recibió
trabajosamente de abogado. No había alcanzado los puntos suficientes en el
examen final. Pero su adhesión al kirchnerismo le facilitó la vida profesional
y comenzó a ejercer la profesión. Es el responsable de que los presos hayan
recibido celulares que conectan a todas las cárceles para preparar un plan de
motines, si las liberaciones no llegan al nivel que quieren, es decir a casi
toda la población carcelaria.
Violini, un férreo defensor de las
libertades, no cumple con sus deberes: todavía no presentó su declaración
jurada patrimonial como lo exige la ley.
La
paradoja, es que fue ayudado en su momento por actual ministro de Justicia
bonaerense, Julio Alak y ahora están en veredas opuestas porque en el gobierno
bonaerense no aprueban ninguna de sus medidas tomadas por el juez.
El otro motor es Andrea Casamento, fundadora de la Asociación
de Familiares de Detenidos de Cárceles Federales (ADAF) que está casada con Alejo Fernández preso en Devoto y uno
de los firmantes del acta. La mujer fue premiada por su defensa de los derechos
de los detenidos.
Sus conexiones políticas parecen
infinitas según el relato que le hace a los presos, es allegada a Mena, el
secretario de Justicia, a varios intendentes de la provincia de Buenos aires,
entre ellos Pablo Zurro, el intendente de Pehuajó, un defensor de la llegada de
los médicos cubanos al país.
Casamento quiere sumar delegados en
cada cárcel y hace públicas sus relaciones con el poder. Alejandro Alagia, que fue fiscal de la
Unidad de Derechos Humanos, de estrecha relación con Alejandra Gils Carbó y cercano a la
vicepresidente de la Nación. Casamento es profesora en la Universidad de las
Madres de Plaza de Mayo que fundó Hebe de Bonafini y donde estuvo involucrado
Sergio Schocklender.
Ella habría arengado a los delegados de
los penales de la provincia para que comiencen a presionar para armar una
verdadera mesa de diálogo como la del penal de Devoto, ignorando que esa mesa
ya existe oficialmente y sesionó por primera vez el miércoles 22 en la Unidad
48 de San Martín, un establecimiento que aloja a delincuentes con penas
severas. No hubo avances en los diálogos, pero los presos saben que el Servicio
Penitenciario Bonaerense no tiene la intención de liberar a los 2.300 internos
con riesgo de contraer el Corona virus, porque 1.100 son de alta peligrosidad.
Ellos están opuestos a las decisiones individuales de Violini y las frenaron
por ahora, ya que debe consultar a un comité integrado por jueces y
funcionarios policiales y del Servicio Penitenciario bonaerense.
Durante el motín hubo
incidentes con familiares que se acercaron al lugar.
Por
el otro lado, Violini tiene un problema: hay jueces encarcelados que le
recuerdan a diario favores recibidos. Entre ellos, está César Melazzo detenido en Ezeiza.
También le demandan ayuda ex policías y sindicalistas. “Hay un verdadero pase
de facturas”, señaló un ex juez que no quiso ser nombrado.
Lo cierto es que la pandemia dejó al
descubierto una alianza entre los abolicionistas más puros y los que buscan
beneficios políticos y económicos. El problema más grande es que en los
juzgados de ejecución federales y de la provincia, priman los jueces
abolicionistas.
Un ex jefe penitenciario teme que, si
triunfa la asonada de los presos, haya problemas. “No olvide que en la primera
línea de fuego están los guardia cárceles que están muy nerviosos. Luego los
siguen los policías y los gendarmes y en la última línea están los ciudadanos
que pueden ser víctimas de los homicidas y de los ladrones liberados”.
Fotografías: Adrián Escandar, Franco Fafasuli
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