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domingo, 3 de mayo de 2020

Operativo impunidad. Loteos en el Gobierno… @dealgunamanera...


Operativo impunidad. Loteos en el Gobierno…

“Conmigo esto no pasaba...” Mauricio Macri. Dibujo: Pablo Temes

En el juego de la oca que se vive en el seno del poder, la vicepresidenta sigue avanzando.

© Escrito por Nelson Castro el Sábado 02/05/2020 t publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de los Argentinos.

No es cierto que Alberto Fernández no haya estado involucrado en el escandaloso asunto de la liberación de los presos que indignó a la inmensa mayoría de la sociedad.

Este episodio, que tuvo su origen en la inexplicable prisión domiciliaria otorgada a Amado Boudou, continuó con la desembozada gestión del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, en pos de la obtención del mismo beneficio para Ricardo Jaime y Martín Báez.

Tras una versión errónea –que señalaba que el Presidente se había enojado con esta actitud de Pietragalla– se hizo público un apoyo abierto del jefe de Estado hacia su secretario.

En el medio apareció el titular de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, Cipriano García, diciendo que “hay que lograr la liberación de la mayor cantidad de presos posible”. Ya no quedaron pues dudas. Era un intento indiscutible de utilizar la pandemia para avanzar en un plan con un objetivo claro: la impunidad. Todo esto, agregado a la irresponsable decisión de otorgarles a los detenidos teléfonos celulares para que se comunicaran sin restricciones con quienes quisieran, tuvo como resultado el motín del penal de Villa Devoto.

En el documento que se firmó en la tarde del viernes 24 de abril se incluía la palabra “conmutación” de penas.    

El cacerolazo del jueves fue una cachetada para el Gobierno. El tardío mensaje de AF intentando despegarse del operativo impunidad que quisieron montar sectores de su gobierno no alcanzó a frenar la indignación de mucha gente que incluso lo votó.

El episodio, además, generó internas fuertes dentro del gabinete. No son un secreto las diferentes posturas que en este caso –como en otros– vienen manifestando la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el secretario de esa cartera, Juan Martín Mena.

Mena es un cuadro del kirchnerismo. Losardo, una abogada destacada que históricamente trabajó al lado de AF, quedó descolocada y disgustada con la maniobra de Pietragalla Corti invocando la figura del amicus curiae para pedir la virtual liberación de Jaime y de Báez.  “Fue una disputa caliente, pero estuvo manejada”, afirman desde el entorno de la ministra.  

Los derechos humanos de los presos deben ser respetados absoluta y puntillosamente. Eso no significa su liberación ni consagrar su impunidad. El presidente de la Asociación de Fiscales, Carlos Rívolo, fue muy claro al fijar su posición sobre el tema y la de la asociación: “Hay que respetar las normas de aislamiento e higiene. Para eso hay que utilizar dependencias de la Escuela de Policía, cuarteles de la Gendarmería y de las fuerzas de seguridad, para darles albergue durante el tiempo que dure la cuarentena”, dijo con total claridad.

Otra de las falacias fue decir que las excarcelaciones serían solo para los detenidos por delitos leves y no para narcotraficantes, asesinos, femicidas y violadores. Los hechos demuestran que esto no se ha cumplido. Hay más de un violador con domiciliaria a metros de donde viven sus víctimas, sin ningún tipo de control.  

Este conflicto también interpela al Poder Judicial. Casos como el del juez que le otorgó la domiciliaria a un individuo con graves trastornos psiquiátricos que vive en situación de calle y no tiene domicilio, o el del juez Víctor Violini –un militante kirchnerista devenido juez–, que abrió las puertas de las cárceles bonaerenses a unos 2.300 presos, o el de los jueces de Neuquén Liliana Deiub, Federico Sommer y Richard Trincheri, integrantes del Tribunal de Impugnación, que liberaron a una persona acusada de abusar de su propio nieto, son escandalosos.

Otras de las falacias por parte del poder político y de los sectores K ha sido la de querer asimilar la situación a lo ocurrido en España y en Italia, donde las domiciliarias fueron muy pocas y limitadas a personas con delitos leves. Nada que ver con lo que sucedió aquí.

Loteos del poder. Esta semana hubo dos. El más resonante fue en la Anses, con la cesación de Alejandro Vanoli y la designación en su reemplazo de Fernanda Raverta. Vanoli había quedado muy golpeado por su irresponsabilidad al mandar a cientos de miles de jubilados y pensionados a hacer largas colas en medio del frío para cobrar sus magros haberes. No fue el único tema. La mala implementación del Ingreso Familiar de Emergencia, más otros desmanejos, lo dejaron colgando de un piolín.

Las voces dentro del poder que no quieren a Vanoli –que no son pocas– subrayaron que para el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, fue un verdadero placer pedirle la renuncia. Igual, ya le dieron otro puesto. Parece que el Presidente volvió a olvidar su promesa de volver para ser mejores.

El ascenso de Raverta representa la apropiación de ese organismo por parte de La Cámpora. "La Anses ya es nuestra", expresan sin tapujos conspicuos referentes de la organización K. No es un dato menor. La Anses es caja  para proyectos políticos electorales y para hacer negocios. Y el kirchnerismo las domina todas. Las otras dos son el PAMI e YPF.  

Hablando de la empresa petrolera, ahí también hubo novedades de peso y de pesos: la designación del nuevo CEO. Se trata de Sergio Affronti. Sus antecedentes profesionales son muy buenos, pero el dato más significativo es su vinculación con Miguel Galuccio, es decir, con Cristina Kirchner.  

En el juego de la oca que se vive dentro del poder, la vicepresidenta sigue avanzando. Mal que le pese al Presidente, esa es la verdad. La situación no deja de ser paradojal porque, en el colectivo social, la valoración de AF sigue siendo muy positiva. Su figura se ha venido consolidando a partir de la cuarentena. Habrá que ver cómo lo afecta el bochornoso tema de la liberación de los presos.

La cuarentena fue un acierto sanitario y político que, más allá de la comunicación llena de contradicciones del anuncio de la fase 4, ha permitido al Presidente consolidarse en el poder. La relación fluida con los intendentes del conurbano bonaerense lo ha ayudado y le ha permitido dejar a un lado tanto a Axel Kicillof como a La Cámpora.

Todo esto no hace más que acentuar la evidencia de un gobierno bicéfalo en el que el kirchnerismo busca avanzar en su objetivo doble de lograr impunidad y manejar las cajas del Estado para consolidar su poder. Alberto Fernández debería presentar mucha atención a esto. Lo ayudaría recordar la frase de Montesquieu: “Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder”.






martes, 28 de abril de 2020

Quién es quién en el plan que está en marcha para liberar presos masivamente… @dealgunamanera...

Quién es quién en el plan que está en marcha para liberar presos masivamente…

El violento motín se desencadenó la semana pasada y la tensión continúa pese al acuerdo.

Un mapa de los protagonistas y sus planes para utilizar al COVID-19 como excusa en una negociación que solo busca dejar en libertad a delincuentes.

© Escrito por Luis Beldi el martes 28/04/2020 y publicado por el Diario Digital Infobae de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de los Argentinos.

En la provincia de Buenos aires, el Servicio penitenciario está alerta. El fin de semana, los jefes hicieron inspecciones en las unidades clave, por temor a que se desaten motines y mandaron a agentes a recabar información. Ellos están haciendo un verdadero trabajo de inteligencia. La mayoría cree que la paz firmada con los presos de Devoto, penal que están en la órbita del Servicio Penitenciario Federal, mantendrá en suspenso las rebeliones programadas en la provincia hasta el jueves, fecha de vencimiento del acta y cuando se dará a conocer qué puntos del acuerdo se van a cumplir.

Por de pronto y como muestra de buena voluntad, el domingo liberaron a Francisco Ignacio Salas, que estaba detenido en Devoto y los agentes lo custodiaron hasta su domicilio en un lote de Capilla del Señor a la altura del kilómetro 74. Mejor llegada a casa, imposible: auto con chofer y dos custodias, un gasto exagerado que sale de los impuestos pero que aluden que debe hacerse así por el aislamiento.

Pero el proceso comenzó mal, porque el acuerdo fue firmado violando una de las primicias del manual del buen carcelero: no se debe negociar bajo presión.

No es una demanda inocente que los encarcelados pidieran elevar el número de presos que deben cumplir prisión domiciliaria de 1.350 a 1.600. En la diferencia incluyen homicidas porque para ellos no cuenta el delito que cometieron, sino la vulnerabilidad al COVID-19.

Por otra parte, hay una curiosidad entre los firmantes del acta. El secretario de Justicia, Juan Martín Mena, está entre los acusados en el juicio que se hará por la firma del Memorándum con Irán y entre los delegados de los presos, hay un múltiple homicida con cuatro asesinatos en su prontuario.

Pero esta es una parte de una historia que se inició con la gente más allegada a Cristina Kirchner, aunque la ex presidente no está presente ni apoya esta situación que parece no conformarla. Una de las caras visibles es la del ex juez Eugenio Zaffaroni vinculado a la Comisión de la Memoria que preside Roberto Cipriano García, este último fue quien llamó públicamente a los presos “compañeros prolibertad”. Por supuesto, los presos estrenaron sus celulares, enviando audios con la arenga de García. 

Eugenio Zaffaroni ex ministro de la Corte Suprema durante la administración kirchnerista.

Los integrantes de la Comisión albergan la idea de que los presos pueden ser parte de una fuerza revolucionaria si se canaliza su violencia hacia una sociedad más justa. Los abogados de esa organización fueron los que presentaron miles de recursos para liberar detenidos vulnerables al COVID-19.

Los primeros logros fueron la liberación de algunos presos por pedido de la Comisión de la Memoria. Dos de los que consiguieron prisión domiciliaria son violadores de un chico de 8 años y de una nena de 6 años. Los dos violadores viven cerca de los violados. Uno es vecino y el otro está radicado a cincuenta cuadras del domicilio de su víctima.


El juez que les concedió la liberación fue Víctor Violini, un apellido que en estas circunstancias parece una condena del destino. El hombre integra en soledad una sala de Casación, fue oficial de policía y se recibió trabajosamente de abogado. No había alcanzado los puntos suficientes en el examen final. Pero su adhesión al kirchnerismo le facilitó la vida profesional y comenzó a ejercer la profesión. Es el responsable de que los presos hayan recibido celulares que conectan a todas las cárceles para preparar un plan de motines, si las liberaciones no llegan al nivel que quieren, es decir a casi toda la población carcelaria.

Violini, un férreo defensor de las libertades, no cumple con sus deberes: todavía no presentó su declaración jurada patrimonial como lo exige la ley.

La paradoja, es que fue ayudado en su momento por actual ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak y ahora están en veredas opuestas porque en el gobierno bonaerense no aprueban ninguna de sus medidas tomadas por el juez.

El otro motor es Andrea Casamento, fundadora de la Asociación de Familiares de Detenidos de Cárceles Federales (ADAF) que está casada con Alejo Fernández preso en Devoto y uno de los firmantes del acta. La mujer fue premiada por su defensa de los derechos de los detenidos.

Sus conexiones políticas parecen infinitas según el relato que le hace a los presos, es allegada a Mena, el secretario de Justicia, a varios intendentes de la provincia de Buenos aires, entre ellos Pablo Zurro, el intendente de Pehuajó, un defensor de la llegada de los médicos cubanos al país.

Casamento quiere sumar delegados en cada cárcel y hace públicas sus relaciones con el poder. Alejandro Alagia, que fue fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, de estrecha relación con Alejandra Gils Carbó y cercano a la vicepresidente de la Nación. Casamento es profesora en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo que fundó Hebe de Bonafini y donde estuvo involucrado Sergio Schocklender.

Ella habría arengado a los delegados de los penales de la provincia para que comiencen a presionar para armar una verdadera mesa de diálogo como la del penal de Devoto, ignorando que esa mesa ya existe oficialmente y sesionó por primera vez el miércoles 22 en la Unidad 48 de San Martín, un establecimiento que aloja a delincuentes con penas severas. No hubo avances en los diálogos, pero los presos saben que el Servicio Penitenciario Bonaerense no tiene la intención de liberar a los 2.300 internos con riesgo de contraer el Corona virus, porque 1.100 son de alta peligrosidad. Ellos están opuestos a las decisiones individuales de Violini y las frenaron por ahora, ya que debe consultar a un comité integrado por jueces y funcionarios policiales y del Servicio Penitenciario bonaerense.

Durante el motín hubo incidentes con familiares que se acercaron al lugar.

Por el otro lado, Violini tiene un problema: hay jueces encarcelados que le recuerdan a diario favores recibidos. Entre ellos, está César Melazzo detenido en Ezeiza. También le demandan ayuda ex policías y sindicalistas. “Hay un verdadero pase de facturas”, señaló un ex juez que no quiso ser nombrado.

Lo cierto es que la pandemia dejó al descubierto una alianza entre los abolicionistas más puros y los que buscan beneficios políticos y económicos. El problema más grande es que en los juzgados de ejecución federales y de la provincia, priman los jueces abolicionistas.

Un ex jefe penitenciario teme que, si triunfa la asonada de los presos, haya problemas. “No olvide que en la primera línea de fuego están los guardia cárceles que están muy nerviosos. Luego los siguen los policías y los gendarmes y en la última línea están los ciudadanos que pueden ser víctimas de los homicidas y de los ladrones liberados”.

Fotografías: Adrián Escandar, Franco Fafasuli

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