Panorama económico. La bestia que avanza y nadie le presta atención…
El desenlace del juicio en
EE.UU. por la reestatización de YPF va a encontrar a una Argentina desarmada e
inerte.
La bestia avanza. Nadie la puede parar. Y en algún momento,
embestirá fuerte contra Argentina. Y, de no cambiar radicalmente la realidad
económica y financiera local, será un golpazo del que se tardarán años, quizá
décadas, en salir. Sorprende la inacción, no sólo del Gobierno, sino de
toda la clase política criolla; la que a esta altura debería estar resolviendo
cómo enfrentará el problema cuando explote, y represente un bombazo enorme
contra la estabilidad financiera del país. A cambio de esto, los políticos
locales se señalan como los responsables, culpan a fantásticas conspiraciones
o, directamente, niegan que sea un problema. Y, como no, apuntan a ver cómo
ganar algunos votos con la cuestión. Lo cierto, es que cuando llegue el punto
final de un proceso que amenaza demoledor, y de no cambiar la inactiva
realidad, la conclusión de un proceso judicial contra la Argentina en los
Estados Unidos, donde hay casi nulas chances de ganar; encontrará al país
desarmado e inerme.
El juicio contra el país por la manera en que el gobierno de Cristina
Fernández de Kirchner reestatizó YPF, continúa su derrotero, con novedades más que peligrosas
para la muy débil posición argentina. Como se sabe, las últimas novedades son
que el fondo vencedor Burford Capital sobreactúa que quiere cobrar, y le pide a
la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska quien falló en
contra de la posición local, que avance con embargos a las acciones que el
Estado argentino tiene en YPF, el Banco Nación, el Banco Central de la
República Argentina (BCRA), Aerolíneas Argentinas, la Empresa Argentina de
Soluciones Satelitales SA, (Arsat) y Energía Argentina SA (Enarsa). No reclama
los embargos para cobrar, sino para garantizarse que el gobierno argentino lo
hará en el futuro, cuando el caso termine su derrotero que hoy tiene parado en
la Cámara de Apelaciones de Nueva York; donde es muy difícil que el país logre
dar marcha atrás lo que ya decidió Preska. Habrá, además, una estación más antes del desenlace.
Argentina probablemente apele ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados
Unidos; una instancia donde el país nunca tuvo suerte. El proceso total puede
demandar unos dos años, y culminar en algún momento del 2026. Demasiado tiempo
para pensar soluciones en un país acostumbrado en que el corto plazo es
semanas, el mediano un mes y el largo un semestre. Sin embargo, un país que se
maneje seriamente debería estar analizando cómo pagará los US$ 16 mil millones
que reclaman con un fallo de primera instancia a su favor los Burford Capital y
Eton Park, los que con intereses podrían incrementar el número a más de US$ 18
mil millones finales.
Esta causa empezó a
ser negociada por el fondo Burford en junio de 2012. Pudo
esperar una definición casi 11 años.
Para tener una idea de la dimensión de lo que se está hablando, es el
caso de mayor pasivo en dólares en la historia de los juicios de Wall Street.
Es la segunda deuda más importante del país luego de los US$ 44.800 millones
que se le deben al Fondo Monetario Internacional (FMI). Es el juicio de un
privado a un país más importante a nivel mundial. Y, lo más destacado, no hay
ninguna manera que Argentina genere semejante cantidad de dólares y los
deposite en las reservas del BCRA para cuando el juicio haya concluido. Al
ritmo que vienen recuperándose las reservas netas del Banco Central, recién
Argentina podría conseguir ese dinero en unos tres años. Pero, claro, debería
olvidarse de abrir el cepo. O de pagarle al FMI. O de cumplir con las
obligaciones financieras contraídas en el canje de deuda de octubre del 2020.
En paralelo, un tema explosivo navega el juzgado de Preska. Un gran
misterio de este megajuicio es quiénes son los socios del principal fondo
demandante y vencedor, Burford Capital. Esta persona, personas o sociedades
recibirán, cuando Argentina pague, miles de millones de dólares que tendrá que
pagarle el país. Para agregarle misterio al guion, Burford ya vendió el 15% del juicio en US$ 66 millones en
junio de 2017; tres años después de haberlo adquirido en unos 35 millones de
dólares en los tribunales madrileños donde se llevaba adelante el concurso de
Petersen Energía y Petersen Inversora. En aquella operación, el fondo de
capitales ingleses especializado en adquirir por el mundo causas judiciales
semimuertas para luego inyectarles capital y argumentos penales y comerciales
para revivirlas y accionar en consecuencia; había valuado la totalidad de la
causa por la renacionalización de YPF en unos US$ 440 millones; mientras le
declaraba a Preska por un reclamo general de más de US$ 3 mil millones. Con
esos 66 millones de dólares de venta del 15% de la causa a los misteriosos
accionistas de la causa, Burford Capital puedo solventar todos los gastos de la
causa, tanto su adquisición en Madrid, como las acciones judiciales en el
Segundo Distrito Sur de Nueva York que maneja Preska. Si la Justicia de los
Estados Unidos mantuviera firme el fallo negativo contra el país (algo casi
inevitable) hasta el de la causa para cuando llegue a la Corte Suprema de los
Estados Unidos y sostuviera así, que el monto a pagar fuera de US$ 16 mil
millones, la ganancia de Burford entre la compra de la causa y el cobro final
treparía al 45 mil % en algo más de nueve años de juicio. Supera incluso al más
de 1.000% de ganancia de los fondos buitre contra Argentina en la causa
iniciada en 2006 y finalizada en 2016.
El reto de las reservas, una disputa de poderosos y la pesada deuda
eléctrica.
La causa se basa en el reclamo de Burford por la forma en que se
nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA),
tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización
impulsada en la presidencia de Carlos Menem. Allí el país se comprometía en la
Bolsa de Comercio de Nueva York a que cualquier operación de adquisición
posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta
por el total de las acciones del mercado.
La demanda fue iniciada por un especialista mundial en este tipo de
batallas: el fondo Burford Capital. El tipo de maniobra en que se especializa
Burford es ofrecer a tribunales de todo el mundo dinero al contado a cambio de
la venta de la totalidad o parte de los derechos de estas causas. Burford, un
gigante financiero con espaldas amplias, luego aplica el profesionalismo de sus
abogados internacionales con toda la paciencia del mundo para esperar los
fallos finales. De hecho, esta causa comenzó a ser negociada por Burford en junio
de 2013; con lo que pudo esperar una definición de casi 11 años.
El reclamo original del fondo es por los daños generados al resto de los
accionistas de la petrolera argentina, luego del pago que se les hiciera a los
españoles de Repsol por la reestatización del 49% de YPF en 2012. Burford les
había comprado a dos empresas españolas, Petersen Energía SAU y Petersen
Inversora SAU (sin vinculaciones ya en ese momento con el grupo argentino
Petersen), el privilegio de presentar un caso contra la República Argentina y
contra YPF, luego de la expropiación de Repsol en 2012. Finalmente, el 11 de
julio de ese año, la compañía anunció que había comprado al fondo
estadounidense Eton Park Capital una participación del 70% en un caso similar
presentado contra el soberano e YPF en 2016.
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