El ABC de la causa “Cuadernos de la corrupción”… @dealgunamanera...

El ABC de la causa “Cuadernos de la corrupción”…

El juez Claudio Bonadio procesó a Cristina Fernández de Kirchner y a otros 41 imputados. Qué delitos se investigan, qué jueces intervienen, cómo le fue a los arrepentidos y cuánto dinero está bajo sospecha.

© Escrito por Manuel Tarricone y publicado el miércoles 19/09/2018 por Chequeado.com de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El juez federal Claudio Bonadio procesó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como jefa de una asociación ilícita en la causa conocida como “Cuadernos de la corrupción”. Además, le dictó la prisión preventiva y solicitó al Senado su desafuero para el caso de que la Cámara Federal ratifique su resolución. Procesó también a otros 41 imputados en este expediente. Un repaso por los puntos más importantes del fallo.

¿Qué se investiga?

En la causa se investiga una asociación ilícita, presuntamente liderada por la ex presidenta, dedicada al cobro de coimas vinculadas con el reparto de obras públicas. La actual senadora del Frente para la Victoria (FPV), que ya había prestado declaración indagatoria en dos oportunidades, fue procesada como jefa de esta asociación. Se le imputaron, además, los delitos de admisión de dádivas y cohecho pasivo. El delito de asociación ilícita tiene penas de tres a diez años, el de cohecho tiene penas de uno a seis años y el de admisión de dádivas contempla penas de un mes a dos años.

El caso salió a la luz el 1° de agosto último, cuando el juez Bonadio dispuso una serie de detenciones y allanamientos a partir de las revelaciones que publicó el diario La Nación de los cuadernos de viaje de Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta, ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal durante el kirchnerismo.

¿Cuántos imputados hay en la causa?

En el expediente figuran 66 imputados, de acuerdo con el Observatorio de Corrupción del Centro de Información Judicial (CIJ) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ese total se compone de cerca de 20 ex funcionarios del gobierno de Fernández de Kirchner y ex empleados de organismos públicos y más de 40 empresarios y directivos de compañías acusados de pagar coimas a funcionarios. Esta semana Bonadio resolvió la situación procesal de 50 imputados.

Hay otros involucrados, como Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de Gabinete entre 2011 y 2013, y Martín Larraburu, ex funcionario de esa misma dependencia, que ya declararon en indagatoria y el juez aún no resolvió si los procesa, sobresee o dicta su falta de mérito. Y hay otros imputados, como los diputados nacionales del FPV, Andrés Larroque y Eduardo De Pedro; el diputado provincial por Peronismo Kirchnerista, José Ottavis; y el ex titular del Grupo Veintitrés, Sergio Szpolski, que prestarán declaración indagatoria la próxima semana.

El recorrido de la causa penal.

¿Cuántas personas fueron procesadas ayer?

Bonadio dispuso el procesamiento de 42 imputados. Hay 17 de este total que son ex funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional o empleados públicos durante el kirchnerismo, como la ex presidenta, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, Baratta y Oscar Parrili, ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Otros 25 son empresarios o directivos de empresas que presuntamente pagaron coimas a funcionarios. Entre ellos se encuentran el primo del Presidente, Ángelo Calcaterra (ex CEO de IECSA), Carlos Wagner (Esuco), Luis Betnaza (Grupo Techint), Gerardo Ferreyra (Electroingeniería SA) y Benito Roggio (Benito Roggio e Hijos SA).

Hay seis empresarios a los que se le dictó falta de mérito (cuando no hay suficiente prueba para procesar o sobreseer) y un empresario al que se lo sobreseyó, Raimundo Peduto (Industrias Secco). El restante es el lobbista Jorge “Corcho” Rodríguez. Bonadio declaró su incompetencia respecto de este imputado y remitió estos hechos al juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi por conexidad con una causa que tramita en su tribunal.

¿Cuántos detenidos hay?

El fallo de Bonadio dispuso la detención de 16 imputados, sin contar a la ex presidenta, sobre quien se dictó prisión preventiva, aunque no se hará efectiva (al menos por el momento) porque tiene fueros. En realidad, estas 16 personas ya se encontraban detenidas a disposición de Bonadio desde antes del procesamiento. Son 11 ex funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo, como Baratta y De Vido, y seis empresarios, como Ferreyra y Carlos Mundin (BTU SA). A estos 16 se sumó ayer el ex funcionario de la Entidad Binacional Yacyretá Oscar Thomas, que se encontraba prófugo y hoy fue detenido en un departamento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿Cuántos imputados firmaron un acuerdo de colaboración?

Desde que surgió la causa “Cuadernos” muchos empresarios y ex funcionarios acordaron con el fiscal federal del caso, Carlos Stornelli, para declarar como arrepentidos y mejorar así su situación procesal, como establece la Ley 27.304. Hasta el momento hay 23 imputados que firmaron acuerdos de colaboración que fueron homologados por el juez Bonadio, aunque en la resolución de ayer se resolvió la situación procesal de 20 de ellos.

De los 20 arrepentidos sobre los que falló ayer el juez, ninguno quedó detenido, salvo el ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, que está preso por otro expediente. Por su declaración como arrepentido, López fue incluido en el Programa Nacional de Protección de Testigos y no se conoce su paradero actual.

Aunque no fueron detenidos, hay 14 de los arrepentidos que fueron procesados, todos por asociación ilícita y a la mayoría se le suman los delitos de cohecho o dádiva. Por otro lado, hay cinco arrepentidos a los que se le dictó la falta de mérito, entre ellos, Héctor Sánchez Caballero (IECSA), Héctor Zabaleta (Techint) y Francisco Valenti (Grupo Pescarmona).

¿Cuánto dinero hay en juego?

Según Bonadio, “los recaudadores de la asociación ilícita contaron con la participación de empresarios que pagaron sumas de dinero por un monto aproximado” de US$ 55.460.000 entre 2003 y 2015.

¿Qué jueces y fiscales intervienen en cada instancia?

La instrucción de la causa está a cargo del juez federal Bonadio y del fiscal Stornelli, dos magistrados con más de dos décadas en sus actuales cargos (para conocer más sobre su trayectoria ingresá a Justiciapedia).

Los procesamientos dispuestos por Bonadio, en caso de ser apelados, quedarán a cargo de la Sala I de la Cámara Federal. Esta sala la componen Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, pero este último se excusó de intervenir porque en la causa está detenido su primo, Rafael Llorens, ex funcionario del Ministerio de Planificación. En su reemplazo intervino hasta ahora Martín Irurzun, miembro de la Sala II, aunque hoy el Poder Ejecutivo oficializó el traslado a esta Sala del juez del Tribunal Oral Federal N° 4, Pablo Bertuzzi, que recomendó el Consejo de la Magistratura la semana última.

En la última instancia del fuero penal, la Cámara Federal de Casación Penal, intervienen el fiscal Ricardo Wechsler y la Sala I del tribunal, que componen Diego Barroetaveña, Ana María Figueroa y Daniel Petrone.

Datos sobre la causa "Cuadernos"

42 PROCESADOS

17 son ex funcionarios y 25 son empresarios o directivos de empresas que pagaron coimas.

17 DETENIDOS

Son los imputados que actualmente están presos en esta causa. Ayer se sumó Oscar Thomas, que estaba prófugo desde hace casi 50 días.

23 ARREPENTIDOS

Son los imputados que firmaron acuerdos de colaboración. La mayoría son empresarios. Ninguno quedó detenido tras el fallo, a excepción de José López.

US$ 55,4 MILLONES

Es el total de coimas que, según Bonadio, recibieron los recaudadores de la asociación ilícita.

Fuente: elaboración de Chequeado en base al fallo del juez federal Claudio Bonadio.

*Datos actualizados al 19 de septiembre de 2018.

Caminos oscuros… @dealgunamanera...

Caminos oscuros…

En 2005, Lavagna lo denunció antes de irse. La Justicia esquiva juzgar al poder de turno.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 05/08/2018 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

E 22 de noviembre de 2005, siendo aún ministro de Economía del entonces presidente Néstor Kirchner, Roberto Lavagna pronunció un recordado discurso ante la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción. Dijo en ese ámbito Lavagna: “Hay un cierto grado de cartelización entre las empresas que construyen las obras públicas que hace el Estado, con los sobrecostos que ello implica”. Ante el silencio y el azoramiento de los asistentes, el ministro continuó: “El caso de Vialidad es bien conocido por ustedes y saben que está siendo investigado por Defensa de la Competencia e incluso por el Banco Mundial”. El caso en cuestión tenía que ver con las irregularidades detectadas por las investigaciones que había realizado el Departamento de Integridad Institucional del  Banco Mundial (BM) relativas al Crema (Contratos de Rehabilitación y Mantenimiento por Resultados), hecho que obligó a aquel gobierno de Kirchner a suspender diez licitaciones. Lo que el BM detectó fue que se había presentado un grupo de empresas con precios parecidos, todos los cuales estaban por arriba del rango superior a los valores de mercado. Kirchner, enfurecido por esta declaración de su ministro de Economía, hizo dos cosas: la primera, decirles a las empresas constructoras que ellas eran “la columna vertebral del país”; la segunda, echar a Lavagna luego de cortarle el diálogo por varios días.

Siempre más.

Cuando creíamos haber visto todo acerca de la corrupción del kirchnerismo, la historia de los cuadernos de Oscar Centeno, el hombre que de ser chofer de la madre de Julio de Vido pasó a serlo de Roberto Baratta –su mano derecha en el Ministerio de Planificación–, nos pone frente a un episodio más de la frondosa casuística de la corrupción a lo largo de los 12 años que el matrimonio Kirchner ejerció el poder. Este hecho, sin embargo, presenta un addendum que lo hace aún más impactante: el involucramiento de un grupo de poderosos empresarios que hoy están presos. Lo que se vivió entre el miércoles, el jueves y el viernes en las sedes de muchas importantes corporaciones y en los domicilios de sus gerentes y dueños es ya parte de un anecdotario frondoso y variopinto. “¿Vendrán por mí?”, se preguntó con desasosiego más de uno de esos poderosos hombres de negocios al ver el despliegue policial que llegaba a casas vecinas.

La opinión pública ya estaba “acostumbrada” a los bolsos en los que circulaba el dinero de la corrupción K. Se habían visto en La Rosadita y en el caso del ex secretario de Obras Públicas José López. Lo que no se había visto aún era la aparición de un partícipe de la corrupción K que, con una pertinaz obsesión, se dedicó a anotar días, horas, minutos, segundos, domicilios, lugares y trayectos del derrotero del delito. El único empresario K detenido en esta ocasión es Gerardo Ferreyra, uno de los dueños de Electroingeniería, una mediana empresa dedicada al armado de tableros electrónicos que, a partir del advenimiento de los Kirchner, tuvo dinero para expandirse a la construcción de empresas hidroeléctricas, medios de comunicación, y otras áreas sobre las cuales su experiencia y capacidad operativa eran nulas.

El así llamado “Club de la Obra Pública” representa uno de los grandes males de la Argentina. Negado cuando se habla en “on” por las diferentes autoridades de la Cámara de la Construcción de todos los tiempos y confirmado en las conversaciones en “off”.

Conviven y comparten la metodología empresarios como Carlos Wagner –un “mimado” de Cristina y aportante a sus campañas– de Esuco, la empresa donde trabajó en sus comienzos el arquitecto Julio de Vido, con Javier Sánchez Caballero, CEO de Iecsa, la ex empresa de Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri. En la información existente en los cuadernos, las coimas giran alrededor de las obras energéticas. Wagner, por ejemplo, aparecería muy complicado en el tema Yacyretá. En el caso de Iecsa llama la atención que aquí el detenido haya sido solo el CEO de la empresa y no su propietario. El mismo interrogante vale para la empresa del Grupo Pescarmona. A ese “Club de la Obra Pública” supo pertenecer también la empresa de la familia del Presidente. No solo perteneció sino que compartió sus mismos vicios. El escandaloso contrato para la colocación de cloacas entre Sideco –firma de la Sociedad Macri (Socma) y la intendencia de Morón en tiempos del intendente Juan Carlos Rousselot– en nada se diferencia de lo que fue norma en el kirchnerato.

La corrupción se vio despuntar tempranamente en el caso Skanska. En el libro de Pablo Abiad, El Club K de la Obra Pública, se consigna una ya famosa grabación en la que el gerente comercial de la empresa hablaba de llevar valijas “al pingüino de acá a dos cuadras”.  Por eso, las objeciones que se esgrimen desde el kirchnerismo como intento de neutralización de la denuncia – ¿por qué ahora?; esto es una bomba de humo lanzada por el Gobierno para tapar la realidad socioeconómica; etc. – resultan fatuas. Los hechos son tan irrefutables que ameritan solo una cosa por hacer: investigarlos en profundidad y juzgar y condenar a sus culpables. En las últimas horas hubo una circunstancia de alto valor para el caso: la decisión del empresario Juan de Goycoechea de ser “arrepentido”. Es decir, hablar y aportar evidencias comprobables.

El controvertido juez federal Claudio Bonadio y el fiscal federal Carlos Stornelli tienen la gran oportunidad de demostrarle a la sociedad que están dispuestos a cumplir con su deber republicano. Porque es en el comportamiento de la Justicia donde se debe poner el foco del problema que deja expuesto este y el resto de los casos de corrupción de la historia reciente de la Argentina. La Justicia ha demostrado ser escandalosamente ineficiente para juzgar la corrupción del poder. La causa más emblemática que ratifica esta afirmación es la de la venta ilegal de armas a Croacia y a Ecuador, en 1995. Carlos Menem, condenado a 7 años de prisión 22 años después de cometido el ilícito, anda libre por la vida gozando de la inmunidad que le da su condición de senador. Por eso, no fue casual que el material sobre el que gira toda la causa se lo hayan enviado a un periodista de primer nivel, Diego Cabot –implacable en su rigurosidad e intachable en su honestidad– y no a un juez o a un fiscal.

La Justicia lenta no es Justicia. ¿Lo seguirá siendo o no? Parece una pregunta salida de Hamlet. Nada que sorprenda. “Algo huele mal en Dinamarca” es una frase que podría aplicarse a la Argentina de cada día, del presente y del pasado.

Producción periodística: Lucía Di Carlo.

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