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sábado, 22 de septiembre de 2018

El ABC de la causa “Cuadernos de la corrupción”… @dealgunamanera...

El ABC de la causa “Cuadernos de la corrupción”…


El juez Claudio Bonadio procesó a Cristina Fernández de Kirchner y a otros 41 imputados. Qué delitos se investigan, qué jueces intervienen, cómo le fue a los arrepentidos y cuánto dinero está bajo sospecha.

© Escrito por Manuel Tarricone y publicado el miércoles 19/09/2018 por Chequeado.com de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El juez federal Claudio Bonadio procesó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como jefa de una asociación ilícita en la causa conocida como “Cuadernos de la corrupción”. Además, le dictó la prisión preventiva y solicitó al Senado su desafuero para el caso de que la Cámara Federal ratifique su resolución. Procesó también a otros 41 imputados en este expediente. Un repaso por los puntos más importantes del fallo.

¿Qué se investiga?

En la causa se investiga una asociación ilícita, presuntamente liderada por la ex presidenta, dedicada al cobro de coimas vinculadas con el reparto de obras públicas. La actual senadora del Frente para la Victoria (FPV), que ya había prestado declaración indagatoria en dos oportunidades, fue procesada como jefa de esta asociación. Se le imputaron, además, los delitos de admisión de dádivas y cohecho pasivo. El delito de asociación ilícita tiene penas de tres a diez años, el de cohecho tiene penas de uno a seis años y el de admisión de dádivas contempla penas de un mes a dos años.

El caso salió a la luz el 1° de agosto último, cuando el juez Bonadio dispuso una serie de detenciones y allanamientos a partir de las revelaciones que publicó el diario La Nación de los cuadernos de viaje de Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta, ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal durante el kirchnerismo.

¿Cuántos imputados hay en la causa?

En el expediente figuran 66 imputados, de acuerdo con el Observatorio de Corrupción del Centro de Información Judicial (CIJ) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ese total se compone de cerca de 20 ex funcionarios del gobierno de Fernández de Kirchner y ex empleados de organismos públicos y más de 40 empresarios y directivos de compañías acusados de pagar coimas a funcionarios. Esta semana Bonadio resolvió la situación procesal de 50 imputados.

Hay otros involucrados, como Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de Gabinete entre 2011 y 2013, y Martín Larraburu, ex funcionario de esa misma dependencia, que ya declararon en indagatoria y el juez aún no resolvió si los procesa, sobresee o dicta su falta de mérito. Y hay otros imputados, como los diputados nacionales del FPV, Andrés Larroque y Eduardo De Pedro; el diputado provincial por Peronismo Kirchnerista, José Ottavis; y el ex titular del Grupo Veintitrés, Sergio Szpolski, que prestarán declaración indagatoria la próxima semana.

El recorrido de la causa penal.

¿Cuántas personas fueron procesadas ayer?

Bonadio dispuso el procesamiento de 42 imputados. Hay 17 de este total que son ex funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional o empleados públicos durante el kirchnerismo, como la ex presidenta, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, Baratta y Oscar Parrili, ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Otros 25 son empresarios o directivos de empresas que presuntamente pagaron coimas a funcionarios. Entre ellos se encuentran el primo del Presidente, Ángelo Calcaterra (ex CEO de IECSA), Carlos Wagner (Esuco), Luis Betnaza (Grupo Techint), Gerardo Ferreyra (Electroingeniería SA) y Benito Roggio (Benito Roggio e Hijos SA).

Hay seis empresarios a los que se le dictó falta de mérito (cuando no hay suficiente prueba para procesar o sobreseer) y un empresario al que se lo sobreseyó, Raimundo Peduto (Industrias Secco). El restante es el lobbista Jorge “Corcho” Rodríguez. Bonadio declaró su incompetencia respecto de este imputado y remitió estos hechos al juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi por conexidad con una causa que tramita en su tribunal.

¿Cuántos detenidos hay?

El fallo de Bonadio dispuso la detención de 16 imputados, sin contar a la ex presidenta, sobre quien se dictó prisión preventiva, aunque no se hará efectiva (al menos por el momento) porque tiene fueros. En realidad, estas 16 personas ya se encontraban detenidas a disposición de Bonadio desde antes del procesamiento. Son 11 ex funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo, como Baratta y De Vido, y seis empresarios, como Ferreyra y Carlos Mundin (BTU SA). A estos 16 se sumó ayer el ex funcionario de la Entidad Binacional Yacyretá Oscar Thomas, que se encontraba prófugo y hoy fue detenido en un departamento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿Cuántos imputados firmaron un acuerdo de colaboración?

Desde que surgió la causa “Cuadernos” muchos empresarios y ex funcionarios acordaron con el fiscal federal del caso, Carlos Stornelli, para declarar como arrepentidos y mejorar así su situación procesal, como establece la Ley 27.304Hasta el momento hay 23 imputados que firmaron acuerdos de colaboración que fueron homologados por el juez Bonadio, aunque en la resolución de ayer se resolvió la situación procesal de 20 de ellos.

De los 20 arrepentidos sobre los que falló ayer el juez, ninguno quedó detenido, salvo el ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, que está preso por otro expediente. Por su declaración como arrepentido, López fue incluido en el Programa Nacional de Protección de Testigos y no se conoce su paradero actual.

Aunque no fueron detenidos, hay 14 de los arrepentidos que fueron procesados, todos por asociación ilícita y a la mayoría se le suman los delitos de cohecho o dádiva. Por otro lado, hay cinco arrepentidos a los que se le dictó la falta de mérito, entre ellos, Héctor Sánchez Caballero (IECSA), Héctor Zabaleta (Techint) y Francisco Valenti (Grupo Pescarmona).

¿Cuánto dinero hay en juego?

Según Bonadio, “los recaudadores de la asociación ilícita contaron con la participación de empresarios que pagaron sumas de dinero por un monto aproximado” de US$ 55.460.000 entre 2003 y 2015.

¿Qué jueces y fiscales intervienen en cada instancia?

La instrucción de la causa está a cargo del juez federal Bonadio y del fiscal Stornelli, dos magistrados con más de dos décadas en sus actuales cargos (para conocer más sobre su trayectoria ingresá a Justiciapedia).

Los procesamientos dispuestos por Bonadio, en caso de ser apelados, quedarán a cargo de la Sala I de la Cámara Federal. Esta sala la componen Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, pero este último se excusó de intervenir porque en la causa está detenido su primo, Rafael Llorens, ex funcionario del Ministerio de Planificación. En su reemplazo intervino hasta ahora Martín Irurzun, miembro de la Sala II, aunque hoy el Poder Ejecutivo oficializó el traslado a esta Sala del juez del Tribunal Oral Federal N° 4, Pablo Bertuzzi, que recomendó el Consejo de la Magistratura la semana última.

En la última instancia del fuero penal, la Cámara Federal de Casación Penal, intervienen el fiscal Ricardo Wechsler y la Sala I del tribunal, que componen Diego Barroetaveña, Ana María Figueroa y Daniel Petrone.


42 PROCESADOS
17 son ex funcionarios y 25 son empresarios o directivos de empresas que pagaron coimas.

17 DETENIDOS
Son los imputados que actualmente están presos en esta causa. Ayer se sumó Oscar Thomas, que estaba prófugo desde hace casi 50 días.

23 ARREPENTIDOS
Son los imputados que firmaron acuerdos de colaboración. La mayoría son empresarios. Ninguno quedó detenido tras el fallo, a excepción de José López.

US$ 55,4 MILLONES
Es el total de coimas que, según Bonadio, recibieron los recaudadores de la asociación ilícita.

Fuente: elaboración de Chequeado en base al fallo del juez federal Claudio Bonadio.

*Datos actualizados al 19 de septiembre de 2018.


miércoles, 22 de agosto de 2018

Onda expansiva… @dealgunamanera...

Onda expansiva…


Con su mensaje contra Uberti, Cristina confirma sus maltratos. Y falta Odebrecht.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 19/08/2018 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tengo miedo de enfrentarme al pasado que vuelve a enfrentarme con la vida”. Es lo que debe haber pensado Claudio Uberti cuando se presentó a declarar ante el fiscal federal Carlos Stornelli en calidad de "arrepentido". El ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) –hombre clave en el armado y el funcionamiento de la corrupta embajada paralela en Venezuela que armó Néstor Kirchner– nunca olvidó aquella madrugada para él fatal del 4 de agosto de 2007, cuando el vuelo privado proveniente de Caracas que llevaba pasajeros vip que transportaban valijas llenas de dólares llegó con demoras al Aeroparque Jorge Newbery. Ninguno de ellos imaginaba que, entre el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, había una persona honesta y convencida de la importancia de su trabajo. Fue esa persona, María del Luján Telpuk, la que le exigió a Alejandro Guido Antonini Wilson que abriera su valija.

Aparecieron entonces ante la vista de la joven funcionaria cientos de miles de dólares, prueba irrefutable de un delito indeleble. Recuerda Telpuk la mirada de Uberti, que tuvo plena conciencia del escándalo que sobrevendría.

Semilla de arrepentido.

El ostracismo al que fue sometido el ex funcionario –que aquel día llamó a la Residencia de Olivos para hablar con el presidente Kirchner–, el despecho por el maltrato sufrido más la comprometida situación en la que lo dejaron los cuadernos de Centeno lo condujeron a una decisión: declarar y acogerse al régimen del imputado colaborador. Su testimonio fue un terremoto que derrumbó el muro del silencio imperante hasta aquí en el núcleo duro de la corrupción kirchnerista. Es un derrumbe monumental al que contribuyó aún más en la larga jornada del viernes José Francisco López.

Lo que está sucediendo es inédito en la historia de Argentina. Y, al paso que va, esto promete superar al Lava Jato. El efecto es el mismo que se produce cuando se arroja una piedra a las aguas de un lago en calma. Sobreviene una serie de ondas concéntricas que se expanden cada vez más.

La declaración de Uberti tocó a Cristina Fernández de Kirchner. Su tuit del viernes es la prueba de ello. Es interesante detenerse en un breve análisis. CFK trata al ex titular del Occovi de "funcionario de cuarta". Es muestra de su maltrato hacia quienes fueron sus colaboradores. Unos –Uberti– son "de cuarta", y otros –Parrilli– son unos "pelotudos". Es curioso cuando habla del pijama, porque son varios los integrantes de sus gobiernos que recuerdan haberla visto así vestida cuando asistían a la Quinta de Olivos. Y cuando niega la posibilidad de que Uberti hubiera estado en su dormitorio, hay que recordar que de la misma manera se negaba la presencia de Antonini Wilson en la Casa Rosada, cosa que después se comprobó a través de un video que era cierta.

Lo que se vivió en el Senado el miércoles demuestra el grado de desconcierto, de división y de falta de liderazgo.

Las consecuencias de los cuadernos de Centeno se vienen produciendo a un ritmo vertiginoso. Lo que está aconteciendo en el frente empresarial es volcánico. Los arrepentidos cuentan cosas que callaron y negaron por años. Ya hay inversiones en el área de la obra pública que han quedado paralizadas debido a que ningún banco internacional o empresa podrá embarcarse en negocios con firmas que estén involucradas en este affaire que no para de crecer. Uno de los programas gubernamentales clave, la PPP –participación público-privada–, ha quedado seriamente afectado y es un golpe muy fuerte al corazón del desvaído programa económico de la gestión Macri.

Un detalle sobre estos comportamientos de los empresarios involucrados en el escándalo. Todos aceptaron participar de la operatoria en cuestión. Todos los que participaron ganaron plata. Ninguno se fundió. Es importante tenerlo en cuenta. A ninguno le fue mal. El "club de la obra pública" funcionó como un mecanismo de relojería. ¡Cuán diferente habría sido la historia si Rocca, Wagner, Chediack y compañía hubieran denunciado en conjunto esta operatoria delincuencial! Esto va a obligar a las compañías involucradas a cambios muy profundos de su línea gerencial y de sus prácticas.

Paso al costado.

La renuncia de Aldo Roggio a la presidencia de dos empresas de su grupo es indiciaria de lo que va a pasar a muchas otras. La situación de Paolo Rocca es ya muy delicada, no solo por el caso por el cual está denunciado en Italia sino también por lo que le va a ocurrir en Estados Unidos, donde la Securities and Exchange Commission (SEC), que es la Comisión de Bolsa y Valores, va a investigar estas conductas del Grupo Techint. 

En su declaración por el caso Odebrecht, Carlos Wagner negó rotundamente el pago de sobornos. "De ninguna manera hemos pagado coimas", dijo con cara de póker ante el fiscal federal Federico Delgado, quien lleva adelante la investigación en la causa del gigante brasileño de la construcción que tiene a ex presidentes y empresarios presos no solo en Brasil, sino también en toda América Latina. Habrá que ver qué dice cuando próximamente deba comparecer ante el fiscal como seguro imputado a prestar declaración por este caso. El affaire Odebrecht va a multiplicar los efectos devastadores de los cuadernos de Centeno. En la entrevista que dio a Radio Continental el viernes pasado, Delgado esbozó ya los muchos elementos de prueba que complican seriamente a Julio De Vido y compañía y a empresarios. El sitio web de Odebrecht destaca tres grandes obras que la empresa realizaba en Argentina: los gasoductos y plantas compresoras de gas para Cammesa e YPF, la planta potabilizadora de Paraná de Las Palmas (Tigre) para la empresa Aysa, y el soterramiento del tren Sarmiento.

Para el peronismo, esto es un golpe a la mandíbula. Lo que se vivió en el Senado el miércoles demuestra el grado de desconcierto, de división y de falta de liderazgo. Para Miguel Ángel Pichetto, fue la muestra de que su liderazgo está en crisis y sus aspiraciones presidenciales están en problemas serios. Cristina Fernández de Kirchner representa un verdadero galimatías para el PJ. Su piso alto y su techo bajo no se modifican y eso da una ecuación letal para todos los peronistas que desesperan por la vuelta al poder. Con CFK no ganan, y sin CFK tampoco. Las encuestas son claras al respecto. Mauricio Macri viene cayendo sin cesar semana tras semana. Pero CFK no sube. Los desilusionados de Macri –que son muchos– no irán a parar a las arenas del kirchnerismo. Penan por lo que hoy se vive, pero no penan mucho más de solo pensar que el kirchnerismo pudiera volver al poder. 

"Los hombres y pueblos en decadencia viven acordándose de dónde vienen; los hombres geniales y pueblos fuertes solo necesitan saber adónde van". (José Ingenieros)

Producción periodística: Lucía Di Carlo.

(Fuente: www.perfil.com). El periodismo profesional es costoso y por eso debemos defender nuestra propiedad intelectual. Robar nuestro contenido es un delito, para compartir nuestras notas por favor utilizar los botones de "share" o directamente comparta la URL. Por cualquier duda por favor escribir a: perfilcom@perfil.com



lunes, 6 de noviembre de 2017

Internismo judicial… @dealgunamanera...

Internismo judicial…

Boudou Blues. Dibujo: Pablo Temes

Las cinco claves que habrían impulsado la detención de Boudou. Cruce de argumentos.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 05/11/2017 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La asociación desarrolló sus designios criminales, por lo menos desde principios de agosto de 2009, momento en que Amado Boudou asumió como ministro de Economía y Finanzas de la Nación,  hasta el mes de diciembre de 2015, cuando finalizó su mandato como vicepresidente de la Nación”, reza la resolución del juez federal Ariel Lijo, quien ordenó la detención y posterior indagatoria de Amado Boudou sorprendiendo así a casi todos, incluyendo al imputado. Sin embargo, para el magistrado las razones de su resolución son claras e indubitables: lo acusó de ser el jefe de una asociación ilícita para enriquecerse, y de lavado de dinero.

José María Núñez Carmona, Juan Carlos López y Alejandro Vandenbroele –supuestos testaferros del ex vicepresidente– también fueron acusados como miembros de dicha asociación. Núñez Carmona comparte ya la prisión con el ex vicepresidente mientras que los otros dos deberán presentarse la próxima semana a declarar ante el juez. A su vez, Agustina Kämpfer –ex novia de Boudou– fue imputada por lavado de dinero.

Fuentes de la fiscalía a cargo de Jorge Di Lello no ocultaron su sorpresa y su malestar por el accionar de Lijo: “La investigación no ha cambiado. No hay nuevos elementos. Me gustaría saber por qué se lo detiene ahora y no antes o después. No sabemos qué criterio usó el juez. Esto es un mamarracho”, dijeron visiblemente molestos.

Fundamentos. 

Según Lijo establece en su escrito, “la razón de ser de las medidas de coerción” está basada en “relaciones residuales con actores que podrían configurar una vía de colaboración para eludir la actividad jurisdiccional”, aludiendo así a la posible capacidad de fuga del imputado. A ello le agrega que, por la propia naturaleza de la maniobra investigada, Boudou conserva  el “poder económico para la elusión o la obstaculización del proceso”.

Cabe destacar que el juez contempla lo que se ha venido denunciando y evidenciando en los medios de comunicación al describir la escandalosa obscenidad del comportamiento del ex vicepresidente. Lijo marca el accionar de manera abierta y aún no cuantificada de manera definitiva señalando que “por medio de la modalidad descripta, se habrían llevado a cabo un número indeterminado de acciones ilícitas que van desde la compra de automotores hasta la adquisición de la Imprenta Ciccone” (...).

En la dinámica de los hechos que derivaron en la prisión tanto de Boudou antes de ayer como de Julio De Vido la semana posterior a las elecciones, está el fallo de principios de septiembre de la Sala II de la Cámara Federal en lo Penal por el que se ordenó que se revisara el pedido de indagatoria y detención sobre Julio De Vido que el juez federal Carlos Stornelli le había denegado al fiscal Carlos Stornelli en la causa por los desvíos millonarios de fondos que debían llegar al yacimiento de Río Turbio.

En sus argumentos, el camarista Martín Irurzun consideró que el pedido de Stornelli se sustentaba  “en la necesidad de sujeción de los imputados al proceso y garantizar el esclarecimiento de los graves episodios en trámite y evitar que se conforme una trama de complicidades que fomente el ocultamiento de evidencias y el consenso de estrategias”. Léase, posible fuga u obstrucción a la Justicia por posición de poder. En la fiscalía de Di Lello no convencen estos argumentos, pero cierto es que la relación entre el juez y el fiscal no es de las mejores. Incluso han dejado trascender que “no estaban al tanto de la inminente detención y que el juez no les atendió el teléfono en las horas posteriores”.

Fuentes de primera línea que conocen el accionar del juez ratifican lo actuado:

1- Hay nuevos resultados periciales que aconsejan celeridad en las actuaciones.

2- Como resultado de la investigación se ha determinado la existencia de nuevas cuentas no declaradas que aún no han sido inhibidas; por ejemplo en España. “Sabemos que miembros de la asociación están moviendo y disponiendo libremente de ese dinero”.

3- El antecedente de la Cámara (antes citado).

4- Las dos nuevas imputaciones: jefe de asociación ilícita y lavado de dinero.

5- Hay quienes especulan  que la investigación de Di Lello no fue tan contundente, y otros que piden graciosamente “un manto de piedad sobre él”.

Esta es la demostración de las internas que atraviesan a un Poder Judicial que está en deuda con la ciudadanía. No hay duda de que tanto Boudou como De Vido serán condenados. No hay duda de que pasarán un buen tiempo en la cárcel. Esas certezas existen desde hace largo tiempo. Son certezas que surgieron de las evidencias que arrojaron decenas de investigaciones periodísticas y de legisladores como Elisa Carrió, que aportaron material y documentación que, salvo alguna excepción, muchos jueces cajonearon o investigaron con supina molicie. El peritaje sobre el caso de enriquecimiento ilícito que tiene a Boudou tras las rejas en el penal de Ezeiza demoró dos años.

¿Cómo es posible tamaña demora en una causa tan sensible?

La prisión preventiva está contemplada en el Código Procesal Penal en sus artículos 312, 313, 314 y 315. Pero su aplicación exige prudencia e, implícitamente, un accionar judicial diligente que complete las investigaciones para llevar al imputado a juicio. Si posamos la mirada sobre los casos de Lázaro Báez y de José López (que llevan ya un largo tiempo detenidos y sobre los que no hay indicios sobre las fechas de juicio) vemos que esa diligencia no se ha observado: la investigación no está completada y, que se sepa, hasta el momento no hay fecha cierta de juicio.

Momento clave. 

El procedimiento del viernes demanda una explicación del juez Lijo. La pronta difusión del video sobre la detención de Boudou en su domicilio, dormido y descalzo, es violatoria de los derechos y garantías que toda persona tiene.

Este despertar poseleccionario de la Justicia no ayuda a forjar la idea de un poder independiente. Esta Justicia que actúa según sean los tiempos y los vientos de la política no le sirve a la sociedad porque cuando emite sus veredictos ya es tarde para todo. A los fallecidos en la tragedia de Plaza Once nadie les devolverá la vida.

Producción periodística: Santiago Serra.



sábado, 28 de octubre de 2017

De Vido – Río Turbio: si hay algo turbio, están IECSA y los Macri… @dealgunamanera...

De Vido – Río Turbio: si hay algo turbio, están IECSA y los Macri…



La empresa española ISOLUX CORSÁN, involucrada en graves denuncias de corrupción en España y en los negociados relacionados con Rio Turbio, es socia de IECSA, empresa que hasta hace poco era propiedad de Ángelo Calcaterra Macri, primo del presidente Macri. Durante el kirchnerismo y la gestión del ministro Julio De Vido, la UTE ISOLUX CORSÁN IECSA fue adjudicataria de millonarios y polémicos contratos. Como el frustrado Tren Bala, y la construcción de dos usinas termoeléctricas, que el propio gobierno de Cambiemos terminó rescindiendo el año pasado, sin dar mayores explicaciones. De tal manera las acusaciones contra De Vido por parte del fiscal Stornelli, quien responde al operador macrista Daniel Angelici, dan una vuelta en redondo señalando a los Macri y su entorno.


© Escrito por Lea Ross el martes 11/07/2017 y publicado por https://stripteasedelpoder.com de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Nuevamente, los ribetes entre la política y la justicia, o la “judicialización de la política”,  volvieron a aparecer en los escenarios, en momentos en que cada vez se acercan más las fechas de las elecciones. Esta vez: las denuncias y pedidos de desafueros contra el diputado nacional Julio de Vido, por las irregularidades de una obra pública que estaba bajo su órbita del Ministerio de Planificación de ese entonces.

Y nuevamente, aparecieron los oportunistas de la política para sacarle su jugo y atraer la atención del electorado, mediante acciones inútiles para el bien común. Emprendiendo una carrera de renuncias a sus respectivos fueros, que realizaron distintos legisladores, entre ellos: Sergio Massa, Margarita Stolbizer (ambos, encabezan el flamante frente 1PAIS), Florencio Randazzo, el oficialista Nicolás Massot, etc.

Que no conducen a nada, porque los fueros no son personales sino institucionales, y lo debe decidir las Cámaras que integran. Y  según el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, la única forma de renunciar a ellos es renunciando al cargo. Pero eso poco importa en una Argentina donde reina la apariencia, el marketing, y la impostura.

Por su parte según Clarín De Vido le dijo a sus pares de distintos colores en el Congreso: “esto forma parte de la campaña política del PRO para las elecciones … Que el Gobierno siga jodiendo y yo voy a dar a conocer las cuentas de Franco Macri con Ricardo Jaime y las de (Nicolás) Caputo con (José) López”… El tercer contratista del Estado durante mi gestión fue la familia Macri”.


Nuevamente queda expuesto así lo que este portal viene publicando una y otra vez: el Gobierno kirchnerista y las empresas del grupo Macri y relacionadas, compartiendo millonarios negocios de la obra pública. Y encima, con se verá seguidamente, el mismo mediador de siempre: Ángelo Calcaterra, el primo del actual presidente Mauricio Macri, y sus profundos entendimientos con ISOLUX CORSAN, la empresa involucrada en los negociados en Rio Turbio.


En esta ocasión, la polémica fue disparada por las inversiones en la mina de carbón de Rio Turbio, y la obra sin terminar de la central termoeléctrica del mismo nombre, un megaplan de la provincia de Santa Cruz, ideado desde el año 2006 y que hasta el día de la fecha no ha terminado y, muy probablemente, no cumpla con sus expectativas.

Considerada como la generadora de electricidad más austral del mundo, se trata de un proyecto que consiste en la extracción de entre 1,2 y 2 millones de toneladas de carbón en el yacimiento de la localidad santacruceña de Río Turbio, para su correspondiente incineración y con ello generar 240 megavatios de electricidad mediante dos turbinas aportadas por la alemana Siemens (otra empresa involucrada en escándalos de corrupción) y conectadas a un tendido eléctrico. Las obras se habían iniciado en 2008, con la promesa que iban a tener un plazo de 42 meses. Una década después, el proyecto todavía no está concluido.

Central térmica Río Turbio. Ph: Isolux Corsán.

La obra está a cargo de la empresa estatal Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) perteneciente a la cartera ministerial de Julio de Vido. Durante esa gestión, fue denunciada por sobreprecios, irregularidades de fondos, atrasos en las obras, escasez de avances en la construcción, realización de obras inservibles, falta de sustentabilidad ambiental y siniestros laborales. Hablando los grandes medios de costos que como para impresioanr a sus audiencias, van desde los 2.600 a los 26 mil millones de pesos.

La colateral de Rio Turbio con la UTN

La semana pasada, el fiscal federal Carlos Stornelli pidió el procesamiento y la detención, previo quitarle los fueros del actual diputado De Vido, por una denuncia (de las tantas sobre el caso) por el supuesto desvío de 264 millones de pesos, que se canalizaron mediante fundaciones intermediarias, a través de convenios con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Básicamente, para supuestamente evitar las licitaciones públicas, los fondos para las contrataciones no se transferían directamente a YCRT, sino a filiales santacruceñas de la UTN en la provincia de Santa Cruz. Luego, la universidad fraccionaba las compras con la intervención de una fundación de propiedad de ella, quedándose con un 21% de comisión para solventar los gastos administrativos, lo cual totalizaría el monto de 260 millones de pesos, muy lejano de los 2.600 o 26 mil millones que habla la prensa.

El dinero se destinó para obras que son señaladas como inservibles para una usina termoeléctrica. Como es el caso de la adecuación con finalidades turísticas del denominado Ramal Ferro Industrial Eva Perón, que va de Rio Turbio a Punta Loyola, pasando por Rio Gallegos. Por ende, la denuncia apuntó a una maniobra para captar fondos públicos de manera ilegal.

Sin embargo, el juez Luis Rodríguez que era sindicado como perteneciente a la escudería judicial de “Jaime” Stiusso, y que ahora tendría serias diferencias con este, rechazó los pedidos del fiscal. Por insuficiencia en las pruebas, ordenando que se amplíen, y por considerar innecesaria las detenciones, que solo podrían hacerse ante peligro de fuga, o de entorpecimiento de la investigación.

Isolux Corsán, la empresa a cargo de la Central de Río Turbio, socia de Calcaterra

Dicha cuestión, se trata evidentemente de un petardo electoral, acorde con el mecanismo judicial mediático que desde hace unos años opera en Argentina. En lo que el fallecido Humberto Eco en su último libro, dedicado a la mala prensa como pensado para Argentina (Número Cero) denomina “la máquina del fango”.

Así los grandes medios, especialmente Clarín, en una confusa información, mezclan ese asunto colateral menor, con la cuestión de la construcción de la usina de Rio Turbio, a cargo de tres empresas españolas, ISOLUX CORSAN, TECNA, y GHESA. Pero ocultando esas empresas son socias de Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri. Y que encima, trabajan juntos en otros negocios ligados a la generación termoeléctrica.

En el año 2008, la obra de la construcción de la Central Termoeléctrica de Río Turbio fue adjudicada por licitación a la UTE conformada por esas tres empresas españolas. En sus pliegos, el presupuesto oficial fue de 1.500 millones de pesos, equivalente a unos 400 millones de dólares de entonces. Hoy, el proyecto recibió más de 1.500 millones de dólares y sin acabar todavía.

Llamativamente, en el estudio de impacto ambiental de la obra, figura el logo de IECSA en lugar de Ghesa. Lo cual es llamativo, ya que hasta donde se sabe IECSA no forma parte de la UTE. Y más llamativo porque en sus furibundas críticas, Clarín objeta hasta el estudio de impacto ambiental de esa obra, diciendo que se hizo en terrenos inundables.


Para ese entonces, la constructora dirigida por Franco y Mauricio Macri, estaba siendo transferida a su sobrino y primo hermano respectivamente, Ángelo Calcaterra Macri. Y paralelamente, ISOLUX e IECSA registraron su propia UTE (Unidad Transitoria de Empresas)  en la AFIP, bajo el nombre de “ISOLUX INGENIERIA S.A E IECSA S.A. – UTE”, con fecha de contrato el 6 de agosto de 2008 y CUIT 30-71068183-6, creada para ir tras el negocio de la construcción y explotación de usinas de generación termoeléctrica, el mismo rubro que el del Río Turbio.


Pero según un archivo de febrero de 2008 del Cronista Comercial, dicha unión de ISOLUX e IECSA era aún más estrecha, ya que se iba a conformar con una sociedad comercial bajo el nombre de Corpus Energía. Precisamente, en el Boletín Oficial, un mes previo, se cita al nombre de la empresa como la unión de estas dos empresas en donde figuran en el directorio los respectivos directores. Por un lado, Ángelo Calcaterra, de IECSA, y por el otro, Juan Carlos de Goycoechea, que era el director de la filial latinoamericana de ISOLUX CORSÁN.


A su vez, ISOLUX CORSAN ARGENTINA S.A. figura su fecha de registro el 16 de agosto de 2007 en la Inspección General de Justicia. En el caso de Calcaterra, este recurrió al Grupo Empresarial Obras y Desarrollo Social, conocida por sus siglas como ODS SA, que consistió en la unión de empresarios locales y sus socios italianos, encabezados por Lorenzo Ghella de GHELLA SA, su socia en el Soterramiento del tren Sarmiento. Teniendo a IECSA como la empresa más grande el emporio. Su fecha de registro: el 18 de julio de 2007, un mes antes que Isolux lo hiciera en Argentina.

También aparecen Ricardo Dinna y Javier Sánchez de Caballero, cuyos nombres figuraron en los intercambios de email incautados a un ordenador de ejecutivos de Odebrecht, sindicalizados de haber participado en el pago de coimas.

El primer negocio frustrado de Isolux e IECSA: el “tren bala”

Antes que IECSA e ISOLUX probaran suerte con el negocio de la energía termoeléctrica, se habían presentado juntos para tratar de obtener el megaproyecto del “Tren Bala” a Rosario y Córdoba. El criticado plan del presidente Néstor Kirchner, equiparable al “transportador espacial” de Carlos Menem para viajar a Japón en dos horas.

Este se aprobó el 19 de junio del 2007, mediante la resolución 338/07, que llevó la firma del hoy preso Ricardo Jaime. Secretario de Transporte en ese entonces, y sospechado de haber recibido coimas por parte de Odebrecht por el Soterramiento del tren Sarmiento, la otra gran obra ferroviaria investigada ahora por la justicia.

El tren bala tenía un presupuesto inicial de 3.500 millones de dólares, pero esta monto inusitadamente era su Valor Actual en términos financieros. Que escondía que el verdadero monto a desembolsar era de 13 mil millones de dólares, según una denuncia penal del ex diputado Mario Cafiero, que lo calificó como un “asalto a las arcas públicas”.

Jaime se lo pre-adjudicó al consorcio “Veloxia”, integrado por la francesa ALSTOM, EMEPA; IECSA, e ISOLUX, la misma constructora que competía con IECSA en la licitación por el Soterramiento del tren Sarmiento. Vinculaciones que demuestran lo promiscuo que es la gran obra pública argentina. Por ese entonces Mauricio Macri se había lanzado a la jefatura de gobierno porteño, y estaba cediéndola IECSA a su primo Calcaterra Macri.

Seguidamente para las elecciones presidenciales de 2007, los hermanos Fabio y Ángelo Calcaterra fueron los principales aportantes de la campaña de Cristina Fernández de Kirchner. Al asumir como presidenta, apenas llegó a la Casa Rosada, el 16 de enero del 2008, en pleno receso veraniego, CFK firmó el decreto 96/2008, adjudicándole al consorcio Veloxia la construcción del Tren Bala.

El decreto llevaba también la rúbrica de De Vido, ministro de Planificación; Alberto Fernández, actual dirigente del Frente Renovador, y Martín Lousteau, por entonces ministro de Economía K, y hoy integrante díscolo de Cambiemos. Una semana después de esta adjudicación, el 23 de enero de 2008, Cristina, Alberto Fernández, De Vido, y Lousteau firmaron el decreto 151/08, adjudicándole al consorcio IECSA – Odebrecht – Comsa – Ghella, las tres etapas de Soterramiento del Sarmiento.


Por falta de financiamiento, el contrato del Tren Bala nunca se pudo ejecutar. Aunque sí recibió duras denuncias en su contra. Algunas actualmente activas en la justicia. Una de ellas es la que lleva adelante el juez Luis Rodríguez, el mismo que le rechazó al fiscal  Stornelli la detención a De Vido por el caso de Río Turbio UTN.

Los negocios termoeléctricos de Isolux IECSA: de la obtención a la rescisión

 

En paralelo a que ISOLUX iniciaba en Santa Cruz la Central de Río Turbio, la UTE ISOLUX IECSA ganó dos licitaciones muy importantes para la construcción de usinas termoeléctricas. Se trata de la construcción de las centrales Ensenada de Barragán y Brigadier López.

La Central Ensenada de Barragán se ubica en el polo petroquímico de la localidad de Ensenada, provincia de Buenos Aires, sobre la Ruta Provincial N° 11 y el canal del Gato, a aproximadamente diez kilómetros de La Plata y 50 km de la CABA. Con una potencia instalada de 560 MW, fue habilitada para operar comercialmente desde abril del 2012. La UTE ISOLUX IECSA fue la única oferente en la licitación. Y, al igual que el proyecto de ISOLUX en Río Turbio, propusieron a Siemens como proveedor de las turbinas.

Mientras que la Central Brigadier López se encuentra en el parque industrial de la localidad de Sauce Viejo, sobre la Ruta Nacional N° 11, en la provincia de Santa Fe, a veinte kilómetros de la ciudad del mismo nombre. Con una potencia instalada de 280 MW y está habilitada desde agosto del 2012.

Estas dos centrales, tanto la bonaerense como la santafesina, bajo la supervisión estatal de ENARSA, en ese entonces también bajo la órbita del ministerio de De Vido, al igual que el mega proyecto santacruceño, no han terminado de construirse de manera completa.

En diciembre de 2016, el gobierno nacional de la mano de Mauricio Macri, ordenó rescindir los contratos de las dos centrales con ISOLUX e IECSA. La razón oficial fue que Calcaterra le exigía al Estado mayores fondos para completar las obras. En particular, un reclamo de casi 9.000 millones de pesos. De allí que ENARSA decidió quitarles los contratos.

Pero no hizo lo mismo el ministerio de Energía a cargo de Juan José Aranguren, con el de ISOLUX CORSAN en Rio Turbio, con quien mantiene herméticas negociaciones, igual que las tuvo con su socia IECSA. Y justo a las pocas semanas después, en el comienzo del presente año, las dos empresas quedaron envueltas en frondosos casos de corrupción, cada una por su lado.

Las razones de la rescisión: Odebrecht y la corrupción en España

 

En el caso de IECSA, la empresa de Calcaterra quedó comprometida con el escándalo del Lava Jato en Brasil, por dos hechos. Uno, por las revelaciones judiciales y periodísticas respecto los fondos que recibió en el 2013 Gustavo Arribas, actual presidente de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) y amigo íntimo e inquilino del presidente Macri. Por parte de un operador de Odebrecht, con sospechas de que se destinaron para el pago de coimas para el avance del soterramiento del tren Sarmiento.

Y por otro lado, por el circuito de las coimas de dicha obra, develadas por un informe de la Policía Judicial de Brasil, al mencionar a directores del Grupo ODS, Javier Sánchez de Caballero, Ricardo Dina, y Lorenzo Ghella, como participes de las reuniones secretas para acordar los pagos clandestinos. Figurando los dos primeros como directores de la empresa Corpus Energía, junto con De Goycoechea y Calcaterra.


Mientras que ISOLUX, en su tierra natal de España, siguió entrando en más problemas con los escándalos de corrupción que la salpican por todos lados. Esta vez, en el llamado “caso ADIF”, en el que se sospecha que empresarios de ISOLUX CORSAN pagaron coimas a dirigentes de la Convergencia Democrática de Catalunia, mediante la inflación de facturas. Para la construcción de obras en la estación ferroviaria del tren rápido AVE en La Sagrera, a cargo de la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) empresa estatal a cargo del Ministerio de Fomento.

En febrero del actual año, Isolux quedó aún más comprometida, debido a que aparecieron más coimas relacionadas con obras en todo la región española. Como así también la filtración de escuchas grabadas entre empleados de la compañía, donde se confirmaría los acuerdos para el pago de ellas.

Archivo de febrero de 2017 de El País, donde asegura que las coimas de Isolux Corsán fueron en toda España.

A su vez, ISOLUX está implicado en otro mega-escándalo: el “caso Pujol”, en el que se sospecha que el CEO de la empresa, Luis Delso, pagó 14 millones de euros al primogénito del ex presidente catalán Jordi Pujol, como soborno para también beneficiarse en las licitaciones de obra pública.

Por esta razón, desde mayo de 2016, ISOLUX CORSAN fue intervenida por sus acreedores, lo cual significó la expulsión de Delso. Como así también, la creación de una comisión de investigación interna para verificar las pagos indebidos por los que está denunciada. Para finalmente presentarse recientemente en concurso de acreedores, al estar imposibilitada de hacer frente a sus deudas, por los graves affaires en los que quedó enredada.

Como consecuencia de eso en marzo de este año, mientras Calcaterra llevaba adelante la venta de IECSA a Marcelo Mindlin, desde España ISOLUX CORSÁN ordenó el despido de Juan Carlos de Goycoechea y varios de sus socios de la filial argentina y latinoamericana. Sin dar precisiones, explicaron que la decisión se debió que su despido se debió a la nueva política de “prevención del delito penal”.

Con el fin de evitar comportamientos irregulares, la compañía está diseñando un modelo integral de Cumplimiento, empezando por el apartado de prevención del delito penal. La política de Cumplimiento impulsada por el nuevo Consejo de Administración tiene como principal referencia el Código Ético del Grupo Isolux Corsán, cuya última revisión data del pasado mes de septiembre y que será actualizado y ampliado en consonancia con el modelo integral de Cumplimiento a medida que éste se desarrolle a lo largo de 2017.
En aplicación de esta nueva política se ha producido recientemente el despido disciplinario de la cúpula directiva del Grupo en Argentina, incluido el director regional, Juan Carlos de Goycoechea. Todos los despidos realizados en este ámbito están respaldados por el resultado de una investigación interna previa realizada por indicación del nuevo equipo de gestión.

En nuestro país, se sospecha que el caso Río Turbio fue lo que impulsó el despido a la cúpula argentina y latinoamericana, encabezada por De Goycoechea. Sin embargo, ISOLUX también ha tenido escándalos en otros países vecinos. Una de ellas ocurrió en 2015 en la República de Chile, donde las oficinas de ISOLUX CORSÁN fueron allanadas por sospechas de tráfico de influencias y pago de coimas a autoridades de la Universidad de Santiago de Chile (USACH) para recibir contratos de obras que se desarrollaron dentro del campus universitario.

Escándalo que fue revelado por el Centro de Investigación Periodística, a partir de la filtración de intercambios de emails entre De Goycoechea y sus pares de España. La investigación judicial todavía está en curso.


Stornelli, el operador de Angelici


En el 2011, el fiscal Carlos Stornelli se afilió a la lista que encabezó el dirigente de fútbol Daniel “Tano” Angelici, amigo y operador del presidente Macri. Lo realizó semanas después de haber archivado una causa contra el actual presidente del Club Atlético Boca Junior por el delito de amenaza y coacción contra el sindicato de trabajadores de juegos de azar, negocio del cual también trabaja el “Tano”.

En diciembre de 2011, el portal La Política Online publicó como primicia una fuerte imagen, de baja resolución, de un acto organizado por la agrupación oficialista xeneize donde arriba del escenario, se lo ve a Angelici (centro) levantándole el brazo desde su costado izquierdo al mismísimo Stornelli.

Un ejemplo de cómo logra operar el amigo del presidente dentro del ámbito judicial, que explica las penosas actuaciones de esta. Con un festival de procesamientos y sobreseimientos, según de qué color sea la camiseta del imputado. Como un referí enloquecido que trata de encantar a una hinchada, y enojar a la otra. Lo cual no puede hacerse ostensiblemente sin que a la corta o la larga, no tenga consecuencias.

Con lo cual, Stornelli solo tuvo que seleccionar dentro de las causas del Río Turbio, una que no “enturbiara” al socio de Calcaterra, con el fin de salpicar una vez más la imagen de Julio de Vido. Blanco fácil a la hora de enchastrar al kirchnerismo con los casos de corrupción, en este período de campañas electorales, donde el macrismo realiza sonados esfuerzos por evitar una derrota con su principal competidor, el kirchnerismo.

Tal como hizo con Aníbal Fernández durante la campaña presidencial del 2015. Lo cual tratándose de la corrupción en la obra pública, se ve sumamente complicado, dada la profunda tramazón desarrollada durante décadas por el grupo Macri y sus integrantes con ella. Que explica su súbita fortuna en pocas décadas, a la par que Argentina se hundía en la debacle y la pobreza.