Caminos oscuros…
En 2005, Lavagna lo denunció antes de irse. La Justicia esquiva juzgar al
poder de turno.
© Escrito por Nelson
Castro el domingo 05/08/2018 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
E 22 de noviembre de 2005, siendo
aún ministro de Economía del entonces presidente Néstor Kirchner, Roberto
Lavagna pronunció un recordado discurso ante la convención anual de la Cámara
Argentina de la Construcción. Dijo en ese ámbito Lavagna: “Hay un cierto grado
de cartelización entre las empresas que construyen las obras públicas que hace
el Estado, con los sobrecostos que ello implica”. Ante el silencio y el
azoramiento de los asistentes, el ministro continuó: “El caso de Vialidad es
bien conocido por ustedes y saben que está siendo investigado por Defensa de la
Competencia e incluso por el Banco Mundial”. El caso en cuestión tenía que ver
con las irregularidades detectadas por las investigaciones que había realizado
el Departamento de Integridad Institucional del Banco Mundial (BM)
relativas al Crema (Contratos de Rehabilitación y Mantenimiento por
Resultados), hecho que obligó a aquel gobierno de Kirchner a suspender diez
licitaciones. Lo que el BM detectó fue que se había presentado un grupo de
empresas con precios parecidos, todos los cuales estaban por arriba del rango
superior a los valores de mercado. Kirchner, enfurecido por esta declaración de
su ministro de Economía, hizo dos cosas: la primera, decirles a las empresas
constructoras que ellas eran “la columna vertebral del país”; la segunda, echar
a Lavagna luego de cortarle el diálogo por varios días.
Siempre más.
Cuando creíamos haber visto todo
acerca de la corrupción del kirchnerismo, la historia de los cuadernos de Oscar
Centeno, el hombre que de ser chofer de la madre de Julio de Vido pasó a serlo
de Roberto Baratta –su mano derecha en el Ministerio de Planificación–, nos
pone frente a un episodio más de la frondosa casuística de la corrupción a lo
largo de los 12 años que el matrimonio Kirchner ejerció el poder. Este hecho,
sin embargo, presenta un addendum que lo hace aún más impactante: el
involucramiento de un grupo de poderosos empresarios que hoy están presos. Lo
que se vivió entre el miércoles, el jueves y el viernes en las sedes de muchas
importantes corporaciones y en los domicilios de sus gerentes y dueños es ya
parte de un anecdotario frondoso y variopinto. “¿Vendrán por mí?”, se preguntó
con desasosiego más de uno de esos poderosos hombres de negocios al ver el
despliegue policial que llegaba a casas vecinas.
La opinión pública ya estaba
“acostumbrada” a los bolsos en los que circulaba el dinero de la corrupción K.
Se habían visto en La Rosadita y en el caso del ex secretario de Obras Públicas
José López. Lo que no se había visto aún era la aparición de un partícipe de la
corrupción K que, con una pertinaz obsesión, se dedicó a anotar días, horas,
minutos, segundos, domicilios, lugares y trayectos del derrotero del delito. El
único empresario K detenido en esta ocasión es Gerardo Ferreyra, uno de los
dueños de Electroingeniería, una mediana empresa dedicada al armado de tableros
electrónicos que, a partir del advenimiento de los Kirchner, tuvo dinero para
expandirse a la construcción de empresas hidroeléctricas, medios de
comunicación, y otras áreas sobre las cuales su experiencia y capacidad
operativa eran nulas.
El así llamado “Club de la Obra Pública” representa uno de los grandes males de la
Argentina. Negado cuando se habla en “on” por las diferentes autoridades de la
Cámara de la Construcción de todos los tiempos y confirmado en las
conversaciones en “off”.
Conviven y comparten la metodología
empresarios como Carlos Wagner –un “mimado” de Cristina y aportante a sus
campañas– de Esuco, la empresa donde trabajó en sus comienzos el arquitecto
Julio de Vido, con Javier Sánchez Caballero, CEO de Iecsa, la ex empresa de Ángelo
Calcaterra, el primo de Mauricio Macri. En la información existente en los
cuadernos, las coimas giran alrededor de las obras energéticas. Wagner, por
ejemplo, aparecería muy complicado en el tema Yacyretá. En el caso de Iecsa
llama la atención que aquí el detenido haya sido solo el CEO de la empresa y no
su propietario. El mismo interrogante vale para la empresa del Grupo
Pescarmona. A ese “Club de la Obra Pública” supo pertenecer también la empresa
de la familia del Presidente. No solo perteneció sino que compartió sus mismos
vicios. El escandaloso contrato para la colocación de cloacas entre Sideco
–firma de la Sociedad Macri (Socma) y la intendencia de Morón en tiempos del
intendente Juan Carlos Rousselot– en nada se diferencia de lo que fue norma en
el kirchnerato.
La corrupción se vio despuntar
tempranamente en el caso Skanska. En el libro de Pablo Abiad, El Club K de la
Obra Pública, se consigna una ya famosa grabación en la que el gerente
comercial de la empresa hablaba de llevar valijas “al pingüino de acá a dos
cuadras”. Por eso, las objeciones que se esgrimen desde el kirchnerismo
como intento de neutralización de la denuncia – ¿por qué ahora?; esto es una
bomba de humo lanzada por el Gobierno para tapar la realidad socioeconómica;
etc. – resultan fatuas. Los hechos son tan irrefutables que ameritan solo una
cosa por hacer: investigarlos en profundidad y juzgar y condenar a sus
culpables. En las últimas horas hubo una circunstancia de alto valor para el
caso: la decisión del empresario Juan de Goycoechea de ser “arrepentido”. Es
decir, hablar y aportar evidencias comprobables.
El controvertido juez federal
Claudio Bonadio y el fiscal federal Carlos Stornelli tienen la gran oportunidad
de demostrarle a la sociedad que están dispuestos a cumplir con su deber
republicano. Porque es en el comportamiento de la Justicia donde se debe poner
el foco del problema que deja expuesto este y el resto de los casos de
corrupción de la historia reciente de la Argentina. La Justicia ha demostrado
ser escandalosamente ineficiente para juzgar la corrupción del poder. La causa
más emblemática que ratifica esta afirmación es la de la venta ilegal de armas
a Croacia y a Ecuador, en 1995. Carlos Menem, condenado a 7 años de prisión 22
años después de cometido el ilícito, anda libre por la vida gozando de la
inmunidad que le da su condición de senador. Por eso, no fue casual que el
material sobre el que gira toda la causa se lo hayan enviado a un periodista de
primer nivel, Diego Cabot –implacable en su rigurosidad e intachable en su
honestidad– y no a un juez o a un fiscal.
La Justicia lenta no es Justicia. ¿Lo seguirá
siendo o no? Parece una pregunta salida de Hamlet. Nada que sorprenda. “Algo
huele mal en Dinamarca” es una frase que podría aplicarse a la Argentina de
cada día, del presente y del pasado.
Producción periodística: Lucía Di
Carlo.
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