Renovada ofensiva desreguladora...
El próximo 6 de agosto el Gobierno nacional espera retomar su ofensiva política y lograr que el Senado le dé media sanción al proyecto que habilitaría sin ninguna restricción la compra de tierras por parte de individuos y corporaciones extranjeras.
© Escrito por Juan Carlos Junio, Dirigente Cooperativista, el martes 28/07/2026 y publicado por la Revista Acción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.
El
próximo 6 de agosto el Gobierno nacional espera retomar su ofensiva política y
lograr que el Senado le dé media sanción al proyecto que habilitaría sin
ninguna restricción la compra de tierras por parte de individuos y
corporaciones extranjeras. No se trata de una ley más, sino de una decisión
estratégica, ya que se abriría la puerta a que un bien preciado y único como la
tierra pueda ser enajenada en forma irrestricta. De este modo, grandes
corporaciones extranjeras, entre ellas, los denominados fondos de inversión
podrían acceder a zonas críticas donde están nuestros recursos mineros, la
biodiversidad, las fuentes de agua dulce, el petróleo y el gas. Y habría que
agregar las zonas agrarias, ya que también forman parte de la criticidad de la
época en materia alimentaria.
En
realidad, las rentas que se podrían extraer de esas riquezas no deberían nutrir
las ganancias y los patrimonios de esas grandes corporaciones internacionales
sino ser utilizadas por el propio país, que debe afrontar una fenomenal deuda
interna con su pueblo. Tenemos millones de ciudadanos y ciudadanas en situación
de pobreza, clases medias comprometidas en su nivel de vida, nuestros sistemas
de salud, educación y ciencia y tecnología deteriorados, al igual que el
sistema previsional ya muy debilitado a punto tal que millones de jubilados
tienen ingresos muy por debajo de la línea de pobreza.
Este proyecto, eufemísticamente llamado «Ley de
inviolabilidad de la propiedad privada» forma parte del dispositivo de
extranjerización que vienen aplicando Javier Milei y el ministro de
Desregulación, Federico Sturzenegger.
Grandes beneficiarios.
Pero no
es el único. Está a la espera otro grupo de proyectos de ley con el mismo
sentido de favorecer a núcleos del poder empresario y generar ajustes en los
ingresos de la sociedad y en los servicios que brinda el Estado. Entre ellos,
modificación de la carta orgánica del Banco Central, ahora exigida por el Fondo
Monetario Internacional (FMI), eliminación del régimen de zonas frías, reforma
de la ley de salud mental, derogación de la ley de etiquetado frontal, la
denominada ley hojarasca y un nuevo proyecto que no apunta a favorecer al
pequeño ahorrista, sino al blanqueo de grandes evasores. En esta ofensiva se
incluye también una iniciativa de carácter político-electoral con vistas al año
próximo: suprimir las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para
obstaculizar la unión de la oposición.
Además,
en la misma línea, también circula un nuevo proyecto, una suerte de ley ómnibus
II, iniciativa del «gran desregulador» Sturzenegger, que impulsa una catarata
de cambios que afectarían al sector editorial y librero, al vitivinícola, el
agro, el cooperativismo, el farmacéutico y el gas licuado de petróleo, entre
otros.
En lo
vinculado con las cooperativas, nuestro sector, si bien se trata de un
anteproyecto que no tiene estado parlamentario, ya se está generando un debate
al interior del movimiento con vistas a salir al cruce de esta nueva hipótesis
de gravar con impuesto a las Ganancias al cooperativismo en todas sus ramas.
Como es conocido, las cooperativas no desarrollan actividades con fines de
lucro, por lo que, consecuentemente, no generan ganancias sino excedentes. El
sector cooperativo cumple una función social muy relevante, aquí y en todo el
mundo, por lo tanto, la expectativa es que haya políticas de fomento del
cooperativismo y no lo contrario.
En el afán desregulador también se incluye la derogación
del precio único para la venta al público de los libros, que generó un fuerte
rechazo del sector editorial y librero, ya que –según señalan– compromete la
propia existencia de una de las redes de librerías más grandes del mundo, como
es la existente en nuestro país, así como la fuerte presencia de editoriales
independientes. Afirman que la iniciativa no abaratará el precio del libro,
como sostienen desde el Gobierno, sino que, por el contrario, lo encarecerá ya
que quedará a expensas de las grandes corporaciones editoriales locales y
extranjeras.
Apoyo y reclamos.
En el
contexto de esta compleja realidad que vive el país, la directora gerente del
FMI, Kristalina Georgieva, visita la Argentina para explicitar el apoyo del
Fondo al plan económico de Milei y su ministro Luis Caputo. Sus razones
resultan obvias: tiene que cobrarle a nuestro país, por lejos el deudor más
grande de la organización, los créditos que otorgaron, trasgrediendo su propio
estatuto, en cumplimiento de una orden del presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, ante los sucesivos requerimientos de endeudamiento de Mauricio Macri y
Milei.
Los vencimientos de capital e intereses de este y los
próximos años son cuantiosos, por lo tanto, el FMI tiene sus prevenciones
acerca de la posibilidad real de Argentina para afrontarlos, a pesar de la
adhesión irrestricta del actual Gobierno a sus lineamientos económicos.
El FMI,
como siempre, apoya, pero viene por más. En este caso reclama una «reforma
tributaria integral», una de cuyas prioridades es lo que denomina la reducción
del umbral del Impuesto a las Ganancias, que vendría a significar, en buen
romance, que millones de asalariados se sumen al pago de ese impuesto, como así
también incrementar el aporte de los monotributistas.
Además, no podía faltar el reclamo perentorio de que se realice una drástica reforma previsional que continúe recortando los beneficios que aún brinda el sistema jubilatorio nacional. Por último, resulta sugestiva la presencia de Georgieva en los yacimientos de Vaca Muerta. Queda claro que estiman que los fenomenales recursos energéticos del país podrían ser la fuente de recursos por la cual puedan cobrar sus acreencias.
