Tareas pendientes
del buen alumno...
El acatamiento, en exceso, del Gobierno nacional a las directrices del Fondo Monetario Internacional (FMI), junto con el respaldo del principal socio del organismo, mediante la reciente visita del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, son señales contundentes del regresivo encuadre socioeconómico presente y de la hoja de ruta que se pretende impulsar en el corto y mediano plazo.
© Escrito por Carlos Heller, dirigente cooperativista, el lunes 21/04/2025 y publicado por la Revista Acción de la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina.
El propio presidente Javier Milei definió el cuadro al comentar el encuentro con el funcionario norteamericano: «Los semejantes tienen que trabajar juntos, tanto para prosperar como para protegerse mutuamente, por eso la Argentina tiene la intención de ser un aliado firme de los Estados Unidos en la región».
Resulta cuestionable esa afirmación, en medio de la arremetida arancelaria global dispuesta por la Casa Blanca, al igual que la idea de que un tratado de libre comercio con Estados Unidos (EE.UU.) beneficiaría por igual a ambos países.
La argentina es una economía en desarrollo que necesita, entre otras cosas, un Estado que administre el comercio internacional para proteger y desarrollar la industria nacional, en particular el sector pyme.
Mientras, la forma más beneficiosa de vincularnos al mundo debería ser fortaleciendo el Mercosur, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y otros acuerdos regionales, de modo de tener mayor poder de negociación.
Más allá de la polémica calificación de «semejantes», lo cierto es que el apoyo de EE.UU. y el aval del FMI al rumbo emprendido no garantizan mejoras reales para la mayor parte de las empresas y de la población nacional. Todo lo contrario: casi siete décadas de permanencia de la Argentina en el Fondo y decenas de acuerdos previos (con endeudamiento creciente) no dejan demasiado margen para el optimismo.
Por eso insistimos en que no hay razones para festejar. Menos aún cuando el trámite seguido para conseguir financiamiento volvió a incumplir leyes vigentes, al solicitar mediante un decreto de necesidad y urgencia la aprobación del Congreso (meta lograda) para las operaciones de crédito público.
Los 20.000 millones de dólares comprometidos por el FMI se suman al megacrédito otorgado en 2018, el mayor de la historia para el país y para el organismo y, como siempre, el préstamo viene atado a mayores condicionamientos y costos financieros.
Como ya se difundió, los recursos que empezaron a llegar esta semana tienen como contracara la promesa de los funcionarios locales de avanzar en la flexibilización laboral, la reforma jubilatoria, privatizaciones de empresas públicas y una profundización de la apertura importadora.
Esos planes se contemplan para después de las próximas elecciones, suponiendo que las urnas mostrarán el éxito del camino libertario.
El Gobierno y el FMI acordaron, además, un impulso a las inversiones en minería y energía, lo cual, junto con los grandes agronegocios, tiende a consolidar un modelo de economía dependiente del sector primario.
Adicionalmente, y para mayor estímulo al arribo de divisas, el Banco Central dio luz verde a inversores extranjeros que ingresen dólares, los cambien por pesos y mantengan sus colocaciones por seis meses. Luego podrán hacerse nuevamente de dólares para remitirlos al exterior, es decir, tendrán una garantía para hacer «carry trade» hasta octubre.
Entretanto, dada la incertidumbre ligada a la flotación del tipo de cambio, habrá que esperar para ver si los exportadores liquidarán divisas a los actuales valores exhibidos por la moneda estadounidense.
De momento, para favorecer esa liquidación, quedó confirmado que a fin de junio finalizaría la reducción a las retenciones dispuesta meses atrás.
Elogios
La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, se apuró a justificar la nueva operación con la Argentina, tras elogiar la «rápida desinflación» y la «sólida recuperación económica», atribuidas a las políticas libertarias. Pero advirtió, a la vez, que el país aún enfrenta «vulnerabilidades externas y estructurales», por lo que, a su juicio, será clave mantener la «firmeza en las políticas y la flexibilidad para adaptarlas si el contexto global lo requiere».
Desde sus oficinas en Washington, Georgieva también avizoró «incipientes mejoras sociales», que aquí no alcanzan a percibirse.
Lo que sí se ve es que el pregonado «levantamiento del cepo», que arrancó con una devaluación del peso de 12% (luego levemente morigerada), podría derivar en un nuevo repunte inflacionario para perjuicio de la mayor parte de las familias nacionales.
Esta situación coincide con el fuerte deterioro del empleo. Según informó el Indec, el 42% de los/as trabajadores/as estaba bajo condiciones de informalidad laboral en el último trimestre de 2024. Pero esa proporción de trabajo en negro se elevaba al 58,7% entre los jóvenes de hasta 29 años, mientras ascendía al 51,9% en el comercio y al 76,6% en la construcción. Se sabe que más informalidad implica menor posibilidad de aportar al sistema previsional, y menor calidad de los empleos disponibles.
En este escenario, paradójicamente, las autoridades preparan reformas que se traducirán en una mayor desprotección y quita de derechos conquistados en decenios anteriores. A la vez, el probable rebrote inflacionario y los anticipos sobre un mayor ajuste fiscal desdibujan lo que deberían ser los objetivos centrales de la política económica. Esto es, crecer de modo equilibrado, con ejes en el fortalecimiento del mercado interno y las pymes locales, y con un Estado activo que intervenga en la economía para que los frutos de la eventual expansión se distribuyan más equitativamente entre la población.
