Cada vez menos espacio para pymes… @dealgunamanera...

 Cada vez menos espacio para pymes…

En crisis. La actividad comercial, con gran incidencia económica y laboral, sufrió una caída del 8%. Fotografía: NA​​​​

Los datos más recientes sobre la actividad económica muestran un panorama bien alejado de la supuesta recuperación que pregona el Gobierno. Y aun en las contadas excepciones sectoriales, es poco lo que cabe esperar como fuente de creación de puestos laborales, luego del crecimiento de la desocupación, consecuencia de la drástica recesión inducida por las mismas autoridades con la mega devaluación de la moneda desde diciembre pasado.

© Escrito por Carlos Heller, dirigente cooperativista, el viernes 15/11/2024 y publicado por la Revista Acción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

Lo que evidencia el programa económico desplegado, con eje en el ajuste del gasto público, las desregulaciones dispuestas y el plan de privatizaciones en marcha es un sesgo favorable a los grupos concentrados y perjudicial para las pymes. 

Un repaso a los indicadores muestra que la Utilización de la Capacidad Instalada de la Industria fue de apenas un 62,2% en septiembre, cuando un año atrás estaba en 67,9%. El único rubro con crecimiento interanual en el aprovechamiento de sus equipos fue Productos Alimenticios y Bebidas (que pasó del 62,4% en 2023 al 68,2% en 2024). Pero eso se debió principalmente a una mayor molienda de oleaginosas: la elaboración de aceites y subproductos experimentó un aumento extraordinario del 115,1% interanual debido a la comparación con un período afectado por la sequía. 

Diagnóstico preocupante. 

El preocupante escenario fue descripto incluso por un centro de estudios privado e insospechado de populismo, la Fundación Mediterránea (FM). Según su diagnóstico, solo 5 de los 14 principales sectores de actividad exhiben un nivel de actividad superior al del año pasado: Pesca, 17%; Minería, 6%; Agro, 4%; Electricidad, Gas y Agua, 2%; y Enseñanza, apenas 1%.  

El mismo informe de la Fundación Mediterránea advierte, sin embargo, que esos cinco sectores representan el 15% del empleo privado. En cambio, las actividades de mayor incidencia económica y laboral exhiben caídas importantes: Construcción, -18%; Comercio, -8%; y la Industria manufacturera, -7%. 

No puede sorprender que los propios autores del informe señalen «las dificultades que también comienzan a aflorar en el mercado laboral, y que podrían profundizarse».  

Hay que recordar que el desempleo abierto creció en un breve período de tiempo, durante la actual gestión, del 6,2 al 7,6%, mientras la tasa de subocupación pasó del 10,6% al 11,8% en igual lapso.  

Esta tendencia, según la Fundación Mediterránea, tendrá un impacto previsible: «La recuperación económica seguirá siendo lenta, debido a que está centrada en sectores con menores impactos en la masa salarial, y posterga el crecimiento de actividades económicas vinculadas al consumo masivo». 

Desde luego, las consecuencias del modelo en curso no son las mismas para el empresariado oligopólico que para las pequeñas y medianas compañías. Al respecto, si ya estaba claro que las distintas medidas oficiales que se van tomando no son favorables a las pymes, ahora el presidente Javier Milei fue más explícito.  

Dijo que «hacer distinciones entre grandes empresas y pequeños emprendedores» es «una aberración». Y continuó: «Se pasan preocupados por las pymes, así nunca van a crecer. ¿Cuál es el incentivo? Es un incentivo a ser chiquitos, no es un horizonte para un empresario. El empresario, si pudiera, se quedaría con todo el planeta y eso es lo que tiene que hacer».  

Esa defensa de las empresas de mayor participación en cada mercado choca con múltiples ejemplos en sentido contrario, a partir de conductas no competitivas, remarcación de precios, fuga de capitales. Se conjuga, además, con el desconocimiento de las dificultades de crecimiento de los países con escasa actuación de pymes en la economía y su contribución a la mejora en la distribución de los ingresos. 

Más allá de los discursos, el resultado de las políticas aplicadas es contundente: de acuerdo con informaciones de cámaras que agrupan a las pequeñas y medianas empresas, en lo que va del año cerraron 16.500 pymes. Solo entre julio y octubre dejaron de operar 6.500, en medio de un cuadro de aguda caída del consumo interno y aumentos de los costos de los servicios públicos, entre otras dificultades de contexto.  

Lo cierto es que este Gobierno frena a muchas empresas cuando no hace obras públicas, dispone tarifazos energéticos, achica el mercado interno y dificulta la exportación con la apreciación cambiaria. 

El presidente declaró, días atrás, al visitar la firma tecnológica Ualá: «Prefiero venir acá a felicitarlos y no a inaugurar una obra pública costosa e ineficiente, que nadie quiere. Dicho sea de paso, no puedo inaugurar obras públicas porque, además, las corté de cuajo». 

Un mercado cada vez más chico, donde solo se desarrollen grandes empresas y unicornios, dejando en el camino a las pymes argentinas, a los trabajadores y a los jubilados, generando una gran concentración del ingreso e inequidad distributiva no parece ser la solución para las necesidades insatisfechas de amplios sectores de la población.

Efectos del ajuste prolongado… @dealgunamanera...

 Efectos del ajuste prolongado…

Rumbo compartido. Milei con la titular del FMI, Kristalina Georgieva: coincidencias acerca de la profundización del ajuste. Fotografía: NA.

La esperada recuperación de la actividad económica comenzaría… en el segundo semestre, según acaba de vaticinar el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el reporte técnico divulgado tras la aprobación de la octava revisión del acuerdo vigente con el organismo. La ilusión, compartida con el Gobierno nacional, hace recordar a aquella esperanza nunca concretada de comienzos de la gestión Macri en 2016.      

© Escrito por Carlos Heller, Dirigente Cooperativista el sábado 21/06/2024 y publicado por la Revista Acción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.      

Todos los indicadores económicos y sociales que se van conociendo, sin embargo, demuestran que esos vaticinios solo reflejan el fervor que despierta –en Washington y en núcleos del poder local concentrado– la nueva experiencia neoliberal, ahora recargada, aunque con similares fines regresivos.  

Por este camino es bien difícil que «este año sea recordado como el punto de inflexión en donde volvimos a empezar a ser grandes», como expresó el presidente de la Nación Javier Milei en Rosario, durante el acto por el Día de la Bandera.  

Penurias.   

El propio reporte del FMI advierte que «la actual recesión económica podría prolongarse más y el proceso de desinflación podría resultar más difícil, provocando penurias prolongadas e intensificación de las tensiones sociales, incluso con el refuerzo del gasto social».  

Semejante enfoque resulta similar al que despliegan analistas de las más diversas tendencias, que no encuentran motivos para el optimismo a corto plazo.   

Son insoslayables las proyecciones del propio Fondo y del Banco Mundial, según las cuales la caída del producto bruto argentino será de 3,5%. Pero si se descuenta el repunte que experimenta este año el agro, tras la fuerte sequía de 2023, resulta que la previsión para el PIB no agrícola es un desplome de 5,7%, como consecuencia de las políticas aplicadas desde diciembre último.   

Ante este panorama, ¿Cuáles serían las supuestas señales positivas? El FMI, fiel a sus postulados ideológicos, aguarda que amaine «el viento en contra que enfrenta la consolidación fiscal». Es decir, que se profundice el ajuste en el gasto público.   

También apuesta a que «los salarios reales se empiecen a recuperar y la inversión repunte gradualmente en respuesta a los esfuerzos de reforma».  

Desde luego, el ejercicio de imaginación que se propone es notorio, toda vez que las remuneraciones en el sector laboral no parecen prontas a ganar terreno en el contexto recesivo mencionado. Y de seguro seguirán perdiendo capacidad de compra de bienes y servicios, ya que el propio Fondo pide a las autoridades que «continúen con la corrección de los precios relativos». Algo que ya viene ocurriendo con total libertad y que completarían los próximos ajustes de tarifas.  

Vale añadir que el FMI proyecta un desempleo para este año de 8,2% de la población económicamente activa; de 7,5% en 2025 hasta llegar a 2027 con un 7%. Esto es, varios años por delante con niveles de desocupación de entre 0,9 y 2,2 puntos más que el 6,1% registrado en 2023.   

No es de extrañar que la caída del poder adquisitivo actual y la que se proyecta se correspondan con los datos del derrumbe de ventas de supermercados y autoservicios mayoristas (-18,2% en abril, frente a doce meses atrás). 

Sede en Washington. El organismo financiero anticipa para 2024 una caída del 3,5% del producto bruto interno del país. Fotografía: Getty Images.     

Presiones.   

Con este telón de fondo, las preocupaciones de la mayor parte de la población difieren de las de aquellos que aguardan cambios favorables para sus megos negocios. Entre estos últimos, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) se manifestó con respecto a la aprobación de la Ley de Bases y el paquete fiscal en el Senado.   

La entidad propició una mayor desregulación administrativa del Estado, y señaló que la redacción final de la reforma laboral de la Ley de Bases «aún no genera las condiciones mínimas necesarias para un aumento sustancial de la empleabilidad, ni para la reducción significativa de la informalidad». Lo cual significa que demandan una mayor flexibilización y menor protección para los trabajadores.   

En cuanto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la (AmCham) objetó el «listado acotado de las industrias alcanzadas», que juzgó «limitativo e innecesario».  

Por otra parte, en una clara intención de incidir en el próximo tratamiento de las iniciativas en Diputados, la cámara empresaria rechazó la eliminación de los capítulos de Ganancias (porque «se recortan los recursos fiscales del Estado, tanto provinciales como nacionales, que son indispensables para alcanzar el objetivo del superávit fiscal»), como también de Bienes Personales.   

La actual legislación «presenta múltiples inequidades», evaluó la entidad, y solicitó a los diputados que insistan con el texto original con media sanción. En cuanto a Bienes Personales se preocupan porque afecta a la clase media, ya que impone un «carácter casi confiscatorio», cuando en verdad el proyecto beneficia mucho más a las grandes fortunas que a la clase media.   

No debe haber antecedentes de una cámara representante de empresas extranjeras que opine con ese nivel de intromisión en asuntos que son de competencia de poderes institucionales del país.

   

El frío de la recesión… @dealgunamanera...

El frío de la recesión…

En picada. El consumo en supermercados registró una caída interanual del 9,6% en marzo.

Después de soportar en lo que va de 2024 el rigor de la recesión productiva y niveles de inflación altísimos, con un claro impacto sobre el poder adquisitivo de la mayor parte de la población, aún lucen lejanas las perspectivas de una mejora que, en caso de producirse, tendría un saldo de empobrecimiento y exclusión social. Del mismo modo, es imprescindible que el drástico recorte en el gasto público sea revertido cuanto antes, particularmente en lo que respecta a servicios esenciales que benefician a millones de familias y fueron puestos en riesgo por decisión del Gobierno nacional. En tal sentido, están a la vista las consecuencias de los tijeretazos en las transferencias a provincias (véase, por ejemplo, la protesta policial en Misiones) y en las partidas para obras de infraestructura.

© Escrito por Carlos Heller, dirigente cooperativista, el viernes 24/05/2024 y publicado por la Revista Acción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Retroceso

Las expresiones oficiales de respaldo al ajuste pierden consistencia cuando se las coteja con la difícil coyuntura que atraviesan los sectores productivos, con excepción del agro. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró en enero-marzo una caída del 3% frente al trimestre previo y una baja interanual de un 5,3%. Esto quiere decir que el panorama, del conjunto de la industria, la construcción y los servicios (que nada hace pensar que se haya revertido en abril y mayo) es muy similar al de 2019.

Es lógico que la situación se corresponda con una fuerte caída del consumo, como muestran las estadísticas de ventas en supermercados y autoservicios mayoristas, cuya baja fue del 9,6% interanual en marzo.

El registro se ubica un 10,4% por debajo de noviembre pasado y es el peor dato desde que el INDEC empezó a elaborar las series en enero de 2017. 

Más allá de los pronósticos libertarios, en cuanto a que ya se llegó al punto «más bajo», cabría la pregunta sobre las probabilidades ciertas de recuperación de lo perdido en estos meses, en particular por las familias trabajadoras, jubilados/as y pymes.

Es preocupante en esta materia, dados los lineamientos estratégicos de este Gobierno, que el repunte en el dinamismo económico, si se produce en los próximos meses, se respalde en rubros como la minería, que no tienen grandes encadenamientos con la industria y el mercado interno. Un modelo de este tipo generaría muy poco empleo y de baja calidad, en consonancia con un ensanchamiento de la brecha distributiva y con un deterioro creciente de los ingresos populares.

Universidades 

Mientras en el Senado el tratamiento de los proyectos de ley «Bases» y de reforma fiscal se postergó sin fecha, ya que el oficialismo no consiguió los votos necesarios para emitir dictamen, en Diputados avanza una iniciativa para actualizar el presupuesto de las universidades. 

Esta semana se alcanzó en la Cámara Baja un acuerdo en plenario entre distintos bloques, entre ellos el de Unión por la Patria (UxP), al cual pertenezco, para que se trate en reunión conjunta de las comisiones de Educación y Presupuesto y Hacienda, la demanda de las casas de altos estudios y, además, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), vital para mejorar el salario de los educadores.  

El oficialismo venía dilatando el tratamiento de estos temas, pero en la sesión se consiguieron 152 votos y se conminó a que se reúnan las comisiones, lo cual ocurrió el pasado jueves, cuando se produjeron cuatro dictámenes. El de UxP fue el mayoritario, con 34 firmas, mientras el de la UCR, acompañado por Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica e Innovación Federal, reunió 21 firmas. Este último propone la actualización de las partidas para los gastos de funcionamiento de las universidades y los hospitales universitarios según la inflación, con ajustes bimestrales.  

A esos puntos UxP agregó la simultánea adecuación presupuestaria para ciencia y técnica, desarrollo de proyectos especiales y de institutos tecnológicos; el restablecimiento de todas las obras de infraestructura en ejecución; la actualización de los salarios docentes y no docentes; y el aumento de la cantidad y monto de las becas universitarias. En este, como en otros aspectos, las políticas públicas deben garantizar de forma prioritaria los derechos básicos de la población.

Menos democracia no es más libertad… @dealgunamaneraok...

Menos democracia no es más libertad…

Megaproyecto. El ministro del Interior, Guillermo Francos, entrega al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la propuesta del Gobierno.

La supuesta búsqueda de «la libertad de los argentinos», como define el proyecto de Ley «Ómnibus» enviado por el presidente Javier Milei al Congreso, es presentada como justificación para promover un drástico giro, de carácter claramente regresivo. Lo que se busca, en realidad, es un cambio estructural profundo en el actual funcionamiento de la sociedad en diversos ámbitos, sin que la mayor parte de las medidas propuestas signifiquen mejoras en las condiciones de vida de los sectores populares. Todo lo contrario.     

© Escrito por Carlos Heller el domingo 31/12/2023 y publicado por la Revista Acción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

Tanto la iniciativa, como el decreto de necesidad y urgencia (DNU) presentado la semana anterior, alientan modificaciones de extrema gravedad, dado que suponen el recorte de las libertades públicas y apuntan a acabar con todo atisbo de un proyecto de desarrollo nacional, inclusivo y soberano.

Por más que se diga perseguir la «modernización del Estado», «la reducción de la burocracia» o «el reordenamiento de la economía y el fin de intervenciones en los mercados», lo cierto es que se despliega una batería que pone en serio riesgo el mismo funcionamiento de las instituciones democráticas.

Resulta difícil aceptar que existe una situación de emergencia tal que haga urgente retroceder hacia un tipo de capitalismo que supone borrar de un plumazo toda una serie de derechos esenciales, hasta arribar a una situación como la que regía en el mundo y en el país hace más de un siglo, previamente al paradigma de los Estados de bienestar.

Entre el conjunto de disposiciones impulsadas, que incluso van mucho más allá de la plataforma sostenida durante la campaña electoral, acaso lo más riesgoso es la idea de delegar amplias facultades legislativas en el Poder Ejecutivo. Lo cual, como se propone hasta el 31 de diciembre de 2025 con posibilidad de extensión por dos años, prefigura la virtual eliminación de uno de los poderes del Estado.

Así lo entendimos legisladores y gobernadores de Unión por la Patria, en una declaración de rechazo al DNU 70/2023 «porque claramente avasalla atribuciones del Congreso y vulnera la división de poderes y el funcionamiento de la República». A la vez, advertimos, la ley ómnibus «ratifica la pretensión del presidente de contar con poderes y facultades extraordinarias, que son absolutamente inconstitucionales».

Quienes tenemos presente los períodos dictatoriales de mediados y fines del siglo pasado sabemos que la ausencia del Poder Legislativo es tan grave como lo es asimismo la limitación al derecho de reunirse y a manifestarse. O el establecimiento de sanciones para los organizadores de protestas que obstaculicen el espacio público.

Podemos preguntarnos, además, qué libertad es la que se promueve mediante la supresión o el desfinanciamiento de áreas culturales como el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto del Teatro o el Instituto del Cine. Tampoco se entiende el presunto beneficio de enajenar áreas de patrimonio público, mediante la privatización de empresas emblemáticas del desarrollo nacional, como el Banco de la Nación, YPF, Aerolíneas Argentinas o las integrantes del Sistema de Medios Públicos.

El impacto social del DNU y del proyecto de ley es también contundente. Véase, por ejemplo, la propuesta de suspender la fórmula de ajuste de haberes de los jubilados, para sustituirla mediante aumentos por decreto, la extensión del periodo de prueba de los trabajadores y trabajadoras de 3 a 8 meses, el recorte de indemnizaciones, la ampliación de la jornada laboral hasta 12 horas sin pago de horas extras y la eliminación de las multas por trabajo no registrado.

Esas y muchas otras modificaciones generan gran inquietud en la población. Al punto que gran cantidad de organizaciones políticas, sindicales, sociales y culturales iniciaron un proceso de movilización en busca de proteger sus derechos amenazados.

Las manifestaciones espontáneas de los últimos días serán continuadas por el paro nacional convocado para el próximo 24 de enero por la CGT y las CTA, una instancia que preanuncia la puesta en marcha de tradicionales formas de resistencia contra un modelo antidemocrático en lo social, lo político y lo económico. 

Megaproyecto. El ministro del Interior, Guillermo Francos, entrega al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la propuesta del Gobierno.

   

En contra y a favor del DNU... @dealgunamaneraok...

En contra y a favor del DNU...

Un amplio rechazo de amplios sectores políticos, sociales, empresarios y sindicales, junto con movilizaciones ciudadanas en distintos puntos del país, fueron las inmediatas respuestas registradas tras el discurso por cadena nacional en el que el presidente Javier Milei sintetizó el contenido del megadecreto de necesidad y urgencia (DNU) diseñado a medida de las grandes corporaciones privadas y mediante el cual se disponen modificaciones regresivas que recaen básicamente sobre trabajadoras, trabajadores y compañías locales, especialmente pymes.

© Escrito por Carlos Heller el sábado 23/23/2023 y publicado por la Revista Acción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

Claro que no todas fueron manifestaciones contrarias a los cambios de reglas propuestos desde la Casa Rosada. Hubo también respaldos entusiastas: de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, entre otras entidades. A ellos se sumó el expresidente Mauricio Macri y una porción significativa del PRO. 

Elegidos

Acaso esa disparidad de opiniones refleje de modo transparente cuáles fueron los segmentos elegidos para beneficiarse y cuáles los perjudicados, detrás de la maraña de derogaciones de leyes y normas que en muchos casos protegen conquistas históricas o preservan áreas clave vinculadas con el patrimonio estatal y el ejercicio de la soberanía nacional.

La mayoría de los pronunciamientos contrarios al DNU apuntan a su carácter anticonstitucional y antirrepublicano. Tales expresiones se reiteran en gran parte de la esfera política, mientras en el Congreso está en proceso de gestación una oposición amplia al DNU presidencial.

Una síntesis de los cuestionamientos fue expuesta por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al sostener que «a espaldas de la división de poderes» se anunció un decreto que «sin necesidad ni urgencia pretende derogar un conjunto de leyes de todo tipo». Así, continuó, «se propone privatizar todo, desregular todo, destruir derechos de los trabajadores, arrasar con sectores completos de la producción, rifar los clubes de fútbol y el patrimonio de los argentinos».

Advertencias similares fueron lanzadas por los gobernadores de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Río Negro, Alberto Weretilneck; y de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, entre otros. 

Flexibilización

La reacción de trabajadoras y trabajadores frente al DNU, en tanto, se originó particularmente por los artículos que anticipan la flexibilización laboral, el límite al derecho de huelga, el recorte de las indemnizaciones por despido y su reemplazo por fondos de cese, la eliminación de multas y penalizaciones a empleadores que no registren la relación de trabajo y la extensión del período de prueba de 3 a 8 meses, entre otros empeoramientos de las condiciones laborales.

Entre los que repudiaron este y otros apartados del DNU (como el que crea las condiciones para privatizar empresas públicas, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas) se incluyeron la CGT, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, la UTEP, la Asociación Bancaria, la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), por citar solo a algunas entidades.

Por otra parte, millones de asalariados, jubilados, profesionales, comerciantes y gran parte de las capas medias de la sociedad sufrirán pérdidas de su poder adquisitivo al suprimirse la Ley de Alquileres, permitir que las empresas de medicina prepaga fijen libremente las cuotas a sus asociados y derogarse las leyes de Abastecimiento y de Góndolas.

También se opusieron al DNU entidades como Industriales Pymes Argentinos (IPA) y la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme). Hay que recordar que el decretazo de Milei promueve la derogación de la Ley de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores, una herramienta para canalizar el poder de compra del Estado, así como la de Promoción Industrial.

En definitiva, resulta difícil evitar la comparación de la coyuntura actual con la de otras experiencias neoliberales extremas, como las impulsadas por José Alfredo Martínez de Hoz a partir del golpe de 1976, y por Domingo Cavallo desde 1991. Ambas con desastrosos resultados: altos niveles de desempleo y pobreza, enajenación del patrimonio público, fuerte desnacionalización y concentración oligopólica, megaendeudamiento y profundización de la desigualdad social, a partir de la desmejora en la distribución de la riqueza y los ingresos.

Se actualiza en estos días el viejo debate entre los dos modelos de país y la ciudadanía es interpelada sobre el partido a tomar, de modo que las urgencias coyunturales no den paso a desequilibrios aún más profundos y a mayores inequidades.

   

Los que van a pagar el ajuste… @dealgunamaneraok...

Los que van a pagar el ajuste…

Afectados. Para la CGT, «el ajuste de Milei recae sobre el pueblo». Fotografía: Jorge Aloy.       

El gran ajuste prometido por el entonces candidato Javier Milei, como supuesta solución a los problemas económicos y sociales del país, ya está en marcha. Pero las decisiones del ahora presidente de la nación evidencian claras diferencias con las propuestas preelectorales, particularmente en lo referido a quiénes iban a ser alcanzados por las medidas.

© Escrito por Carlos Heller el sábado 16 de diciembre de 2023 y publicado por la Revista Acción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. 

Milei dirigió sus ataques a la «casta» política y a la intervención del Estado en distintas áreas, pero lo principal del ajuste terminará recayendo sobre la ciudadanía. Lo advirtió el reciente comunicado de la Confederación General del Trabajo (CGT), al señalar que «el anunciado ajuste, no ajusta a la denominada “casta”, como se prometió en campaña», sino que «el ajuste de Milei, una vez más, recae sobre el pueblo».

El propio ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que los recortes que se proyectan en el área del Estado no pasarán del 0,5% del producto bruto interno (PIB), frente al 5,2% de reducción del déficit planteado como meta.

Aunque el nuevo Gobierno utiliza imágenes dramáticas para justificarse –el vocero presidencial Manuel Adorni definió las medidas como «urgentes e inevitables para evitar la catástrofe»– la realidad es que no es este el único camino para alcanzar el equilibrio en las cuentas públicas. 

Alternativas.

Como hemos señalado muchas veces: nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, sino enemigos del ajuste para resolverlo. Estamos de acuerdo en atacar el déficit. La cuestión es cómo lo hacemos.

La opción debe pasar por no ahogar el crecimiento de la economía, por la lucha contra la evasión impositiva, por la generación de una mayor progresividad tributaria, para que aporten los que más tienen. En ese marco, es factible la búsqueda de una mayor eficiencia en el gasto público, enfocándose prioritariamente en quienes más lo necesitan.

Dicho de otro modo, una vía (la que está hoy en curso en el país) consiste en desmejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población.

Otro camino es a través de medidas como la implementada en Brasil en estos días. Por primera vez se cobrarán impuestos a las inversiones de los llamados fondos exclusivos de inversión, también conocidos como «súper ricos», y a las empresas offshore.

El presidente Luis Ignacio «Lula» Da Silva espera recaudar 6.000 millones de dólares hasta 2025, mientras el ministro de Economía de ese país, Fernando Haddad, remarcó que la medida evitará un ajuste en las cuentas públicas. Un criterio claramente opuesto a la visión que tiene el Gobierno argentino.

En esta línea, creemos necesario implementar en la Argentina una política integral que ataque en simultáneo a la evasión impositiva, el contrabando y las distintas maniobras que se realizan para eludir las políticas fiscales (como la subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones). Debe insistirse, además, sobre la progresividad tributaria, para que los que más tienen sean los que más aporten. 

Jubilados.

En claro contraste, la orientación prevista por la Casa Rosada contempla, entre otras disposiciones altamente preocupantes, recortar en un 0,4% del PIB la partida presupuestaria destinada al sistema previsional. Es decir, las jubilaciones y pensiones deberán sobrellevar su cuota del ajuste.

También se estudia el cambio de la fórmula automática para actualizar haberes y el uso de decretos para «recomponer» ingresos, lo que deja abierto el riesgo de una importante licuación en los ingresos de la clase pasiva.

Se anticipó además la casi desaparición de las transferencias de la nación a las provincias, una drástica reducción de la obra pública y una fuerte disminución de los subsidios a la energía y el transporte.

Todo ello, mientras ya se verifica el pronóstico de estanflación. El tipo de cambio oficial fue elevado más del 110%. El valor de los combustibles acumula un alza del 67% en lo que va de diciembre. El precio de la carne se incrementó alrededor del 38% en el promedio de los distintos cortes, en el marco de la liberación de precios presuntamente «reprimidos».

Frente al impacto que recaerá principalmente sobre los sectores populares, un comunicado del bloque de diputados de Unión por la Patria, del que formo parte, advirtió que «había y hay otro camino: un cambio con producción, trabajo y cuidando a las y los argentinos».

   

Los dos modelos... @dealgunamaneraok...

Los dos modelos...

El presidente electo, Javier Milei, adelantó que en el futuro inmediato convivirán en la Argentina una economía estancada y altos índices de inflación. En sus palabras, “va a haber una estanflación, porque cuando hagamos el reordenamiento fiscal, impactará negativamente en la actividad económica”. Inmediatamente atribuyó esa situación a las políticas monetarias aplicadas por el gobierno saliente. Luego agregó: “por eso yo digo que la única billetera que va a estar abierta es la de Capital Humano, para darle contención a los caídos”.

© Escrito por Carlos Heller (*) el domingo 03/12/2023 y publicado en el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. 

Milei dice, y tiene razón, que es el primer presidente votado por un porcentaje significativo de la ciudadanía que, durante la campaña electoral, anticipó que si ganaba iba a llevar adelante un fuerte ajuste.  

Otros gobiernos que impulsaron planes similares no los anticiparon o, incluso, plantearon lo contrario. Fue el caso del de Carlos Menem, quien prometió “salariazo y revolución productiva” y a quien luego se le atribuyó la frase “si decía lo que iba a hacer no me votaban”. Mauricio Macri en 2015 transitó una senda parecida: en la campaña electoral aseguró que iba a respetar todo lo que estaba bien del gobierno anterior y que impulsaría una “revolución de la alegría”. 

Milei, como ya dijimos, viene sosteniendo que en la Argentina es indispensable un gran ajuste y que su implementación debe hacerse a través de una política de shock: resolver el déficit cuasifiscal generado por las Leliq, interrumpir la obra pública, eliminar ministerios, acelerar privatizaciones y despidos, entre otras iniciativas. Por supuesto: es imposible desarrollar un proceso de recortes de gran magnitud sin que haya “caídos”. 

Desde su perspectiva, el camino hacia el bienestar exige atravesar el malestar: si se toman esas medidas drásticas de ajuste, dice el presidente electo, se podrá derrotar a la inflación en un plazo que va desde los 18 a los 24 meses. La Argentina sin inflación es posible. Pero, según ellos, hay que pasarla mal un tiempo. En ese mismo sentido, Diana Mondino, futura canciller del nuevo gobierno, afirmó en una reunión con la UIA: “Aguanten seis meses que la Argentina va a ser el mejor país del mundo”. 

Hay, en estos planteos, cuestiones ideológicas de fondo. Milei no considera, por ejemplo, que en los procesos inflacionarios haya un componente importante de puja distributiva. Por eso en su diagnóstico sobresale la idea del atraso de ciertos precios relativos. Cuando se habla de ello hay que preguntarse, ¿relativos con relación a qué? La respuesta es respecto a los salarios, las jubilaciones y el resto de los ingresos fijos. Por lo tanto, actualizar los precios relativos supuestamente atrasados significa que todos los ingresos mencionados caigan en términos reales.  

En el corto plazo, es presumible que los que votaron al presidente electo le den un crédito. De lo contrario no lo hubieran votado. Ellos creen que el problema es “el costo de la política y  la casta” y que, si eso “se resuelve”, van a vivir mejor. Nadie vota conscientemente para empeorar. 

Seguramente el nuevo gobierno tratará de utilizar el tiempo inicial de mayor legitimidad para intentar hacer todo lo que quiere hacer. Allí también estará Macri aconsejando al nuevo presidente acerca de que tiene que desplegar sus políticas de modo veloz y que el gradualismo no es una opción. 

Hay dos modelos de país y Milei expresa de un modo nítido uno de ellos. En él todo está sujeto a la rentabilidad económica, la libertad de mercado y las desregulaciones. 

Pero así como el presidente electo expresa uno de los modelos, es importante identificar a quiénes expresamos el otro. Nuestro Bloque de Diputados va a ser el más grande de la Cámara y tendremos una enorme responsabilidad en el proceso político que se abre. 

Milei prometió que el 10 de diciembre, recién asumido, anunciará en la Asamblea Legislativa los proyectos de ley que enviará al Parlamento. Allí volverá a darse el debate estructural sobre los dos modelos de país, pero en torno a iniciativas concretas. Todo resultado electoral establece que quien gana gobierna y quien pierde expresa la oposición. Dentro de la estricta lógica institucional, ejerceremos con plena legitimidad y responsabilidad el rol asignado para esta nueva etapa. 

(*) Diputado nacional por el Frente de Todos y presidente del Partido Solidario.