Otra Argentina...
Imagen: Carolina Camps
En 2001, publicamos
nuestro primer documento en el que señalábamos la cercanía de una crisis que se
produciría en el país a raíz de la aplicación de un modelo que,
inexorablemente, nos llevaría al desastre económico, político y social como
finalmente ocurrió. Hoy, reafirmamos los principios que planteamos en aquella
coyuntura y alertamos sobre las graves, conocidas e inminentes consecuencias
económicas y sociales que el presente modelo está ocasionando al país.
© Fuente: Cátedra
Abierta Plan Fénix FCE-UBA. Publicado el domingo 17/12/2018 por el Diario
Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A
pesar de su generalizado descrédito, ha retornado con su anquilosado discurso y
camuflado bajo una renovada prosa. Es necesario señalar que las consecuencias
que acarreó este modelo neoconservador no se debieron a una supuesta falta de
profundización, o a la corrupción que lo caracterizó, sino a las deficiencias
estructurales inherentes al mismo, que lo tornaron inviable.
La
repetición de esta receta provocará retrocesos, arrojando a miles de ciudadanos
a la pobreza y al desempleo, con la exclusión y sufrimiento que esto acarrea.
Asimismo, las tensiones que provoca el retroceso económico y social generan el
deterioro del sistema democrático que está vigente.
Las
orientaciones de la política oficial que empujan a la economía hacia la
desigualdad y el endeudamiento externo -que señalamos en nuestro documento de
noviembre de 2016- no solo no se han revertido, sino que continuarán en pleno
despliegue.
Las
medidas redistributivas impulsan el salario real a la baja, y en consecuencia a
la declinación de la actividad productiva, en particular la industrial,
mientras se generan, desde el Banco Central, rentables negocios financieros
para el sector privado. Las políticas macroeconómicas contractivas introducen
la economía en una espiral de ajuste, destrucción masiva de puestos de trabajo,
empobrecimiento colectivo y nuevo desequilibrio en las cuentas públicas.
Soberanía y sector
externo
En
el ámbito de las relaciones económicas internacionales, el fortalecimiento de
los esquemas de integración regional en Sudamérica ha dejado de tener valor
estratégico para el Estado argentino, así como ha dejado de ser un objetivo fundamental
la ampliación de los márgenes de autonomía en el escenario internacional para
el despliegue de las propias políticas de desarrollo.
El
Gobierno argentino ha contribuido al desmantelamiento de las políticas e
institucionalidad del Mercosur y de la Unasur para fortalecer una mirada
centrada en lo comercial, desde la perspectiva del libre comercio.
La
liberalización del mercado cambiario que ha realizado el gobierno ha cedido la
capacidad regulatoria del Estado a los grandes intereses privados que manejan
las divisas. Así, se ha despojado al sector público de una herramienta clave
para la estabilidad macroeconómica y se ha incrementado la vulnerabilidad
externa de nuestra economía.
La
política de lograr competitividad externa a través de un único instrumento –la
devaluación– no ha surtido efectos reales. La entrada masiva de dólares por la
vía del endeudamiento y de la especulación financiera no protegerá la
producción nacional y alentará el consumo de bienes y servicios importados
fomentados por los grandes sectores económicos. La inestabilidad cambiaria
reinstala en la escena económica la especulación con el tipo de cambio,
desplazando el uso de la moneda local.
El
acelerado proceso de endeudamiento externo no está acompañado por ninguna
estrategia de repago de los compromisos adquiridos. El enorme ingreso de
préstamos externos está destinado a sufragar el gasto corriente de los diversos
niveles del Estado (nacional, provincial y municipal) y a alimentar la enorme
fuga de capitales que se viene observando.
Actividad y trabajo
Las
quitas impositivas a sectores productivos de altos ingresos no son reemplazadas
por otros tributos, lo que genera un incremento del déficit fiscal que
justifica la toma de nuevos préstamos en moneda extranjera y un recorte del
gasto público en particular en jubilaciones, pensiones y AUH para cubrir el
consecuente desfinanciamiento.
La
reforma impositiva a implantar no solo profundizará el déficit, sino que
agravará el sesgo regresivo de la política tributaria. Dicha política, junto a
la nueva Ley de Responsabilidad Fiscal, profundizará el ajuste en las
provincias, imposibilitará el uso de la política fiscal como herramienta
anticíclica y pondrá en grave riesgo al Sistema de Seguridad Social.
El
ajuste de las tarifas de servicios, impactará gravemente no solo en los
ingresos de los sectores asalariados, sino también en las pequeñas y medianas
empresas, poniendo a muchas de ellas al borde de la quiebra. Como en los años
90, el aumento de tarifas solo incrementa la rentabilidad privada generando una
transferencia de ingresos de la que se benefician únicamente los sectores
privados concentrados.
Los
salarios están siendo afectados negativamente por múltiples vías: la inflación,
los topes oficiales a las paritarias, el desempleo, el cierre de empresas y la
tendencia a la resolución represiva de los conflictos sociales que no solo no
ha resuelto los problemas, sino que evidencian una intencionalidad autoritaria
que ya rigieron en años que los argentinos queremos dejar atrás.
El
sector industrial atravesará una grave situación debido a la contracción del
mercado interno, las elevadas tasas de interés, los aumentos tarifarios y el
tipo de cambio combinado con una apertura económica, que habilitan el ingreso
de productos de todo el mundo, en un contexto de competencia agresiva de las
principales potencias por la captura de mercados, generando un aumento
considerable de la capacidad industrial ociosa, en particular, en las PyMES
industriales tradicionales.
Justicia
En
lo que va de este siglo, la sociedad argentina ha ido perdiendo la confianza
que había depositado en el Poder Judicial, el que debe asentarse sobre el
principio de actuar con equidad y con independencia respecto de los intereses
en juego. Es imposible pensar en un futuro de progreso en el país si esta
institución que comparte el poder del Estado con el Ejecutivo y el Legislativo
actúa en forma subordinada a los requerimientos de los poderes de turno, tanto
oficiales como privados.
Estamos
avanzando rápidamente hacia el deterioro del Estado de Derecho y, lejos de que
esto provoque un clamor social generalizado y salvo honrosas excepciones, nos
sorprende el silencio –¿cómplice?– de los ciudadanos formados en el estudio de
las leyes, incluida la opinión de las Facultades de Derecho, junto con el de
otros actores involucrados en la administración de justicia.
La
actuación e inacción de la Corte Suprema de Justicia es un ejemplo de lo que
señalamos. Convalida un grave retroceso en los derechos económicos y sociales
con fallos como el que consagra el “2x1” para condenas de crímenes de lesa
humanidad, desconociendo su propia jurisprudencia y los tratados
internacionales, o con su silencio ante apelaciones por la libertad de personas
acusadas de delitos excarcelables detenidas en operativos que utilizan, por
razones mediáticas, excesivos recursos públicos.
Simultáneamente,
la Corte Suprema de Justicia, sometida a las estrategias empresariales, busca
recortar el ámbito de incumbencia de los tribunales de Justicia del Trabajo
desplazando estos casos a los fueros civil y contencioso administrativo, como
la modificación de la ley que regula las ART, y la complicidad en la
persecución a jueces y fiscales que no convalidan las demandas del gobierno y
de sectores empresariales.
Inversiones
La
escasa predisposición a la inversión productiva, basada en el ahorro local,
aunada a la ausencia de inversiones directas del exterior, debe competir con la
elevada rentabilidad financiera que ofrecen las letras emitidas por el Banco
Central (Lebac).
El
aumento de la vulnerabilidad externa e interna no se debe solamente a la
constante expansión del stock de Lebac, sino también al aumento del
endeudamiento externo del Gobierno Nacional, del Banco Central y de
jurisdicciones provinciales. A eso se agrega la renovada emisión de deuda del
sector privado, en un contexto de política económica que favorece y estimula
este tipo de dinámica, inviable en el mediano plazo.
Además,
el pago de los abultados intereses de estas deudas han dado y darán origen a un
gasto público cuasifiscal tan elevado que ya supera a numerosas partidas claves
de la inversión social.
El
escenario de desequilibrio macroeconómico llevará inexorablemente a un recorte
en el gasto público que impactará negativamente en los salarios del personal
estatal y a la reducción de las inversiones en educación, salud y problemáticas
sociales, y a la desfinanciación del sistema científico.
Del
mismo modo, es de prever una reforma del sistema jubilatorio que, en su
esencia, reduciría el nivel real de las jubilaciones e incluiría la posibilidad
de reintroducir el sistema privado. En vez de un combate severo contra la
evasión y la elusión impositiva, el gobierno opta a través de sus propuestas
impositivas por obtener recursos de los ingresos de los trabajadores pasivos.
Propuestas
Si
bien es imprescindible un profundo análisis de la coyuntura, también lo es
alertar sobre los efectos de larga duración y de difícil reversibilidad que las
actuales decisiones políticas provocarán. El proceso de desindustrialización,
el desmantelamiento de nuestro sistema nacional de ciencia y tecnología, la
firma irresponsable de tratados de libre comercio y el desmesurado
endeudamiento externo llevarán a nuestro país a atravesar crisis estructurales
con graves consecuencias para la sociedad.
Así
como en el 2001 consideramos que debería aplicarse un modelo diferente al entonces
vigente, hoy creemos que deben ser propuestas a la opinión pública otras
opciones económicas para una Argentina que, por sus recursos, está en
condiciones de encarar con éxito un modelo basado en el desarrollo y la equidad
social, con un prudente pero firme manejo de las divisas y la administración
del libre acceso a la importación de bienes externos no destinados a la
inversión productiva.
Nuestro
país, tarde o temprano deberá clausurar el presente proceso signado por el
profundo deterioro de la economía y la calidad de vida de sus habitantes, y
reinaugurar un proceso de crecimiento con equidad.
La
destrucción del espacio público como ámbito de construcción de la democracia y
del bienestar social, la entronización del mercado como árbitro supremo de la
asignación de recursos y distribución de la riqueza, y la subordinación
incondicional a los criterios de los centros de poder mundial fracturarán a la
sociedad argentina y dilapidarán el potencial disponible de recursos arrojando
a parte creciente de población a la pobreza y a la marginación.
En
este contexto de crisis, inseguridad y frustración es necesario un amplio
debate nacional, que permita iniciar la marcha hacia nuestra recuperación.
Vivir con lo nuestro no es una utopía, por lo contrario, es un objetivo
posible. Nuestro país puede, en efecto, ponerse de pie por sus propios medios y
reinsertarse nuevamente en el orden mundial contemporáneo asumiendo el comando
de su propio destino.
En
materia de deuda externa, se deberá hacer el esfuerzo de suspender el proceso
de endeudamiento e, iniciar acciones destinadas a su reducción, renegociando
sus vencimientos y tasas. Por otra parte, se deberá impulsar desde el Estado la
rápida puesta en producción de los recursos hoy ociosos, expandir la oferta
para el mercado interno y nuevas exportaciones, y aumentar el empleo, los
salarios, las inversiones y la recaudación tributaria.
La
redistribución progresiva e inmediata del ingreso permitirá una rápida
recuperación de la demanda. Ello deberá ser viabilizado por una expansión del
crédito orientado a aumentar la producción y el empleo en el marco del
fortalecimiento de la situación fiscal y del balance de pagos. Este es un
requisito necesario para la estabilidad de precios, los equilibrios
macroeconómicos y para empalmar la resolución de la crisis actual con una
estrategia sostenible a largo plazo.
Un
sendero de recuperación y crecimiento requiere la expansión simultánea del
mercado interno y de las exportaciones. Para ambos fines, será indispensable y
posible aumentar la tasa de inversión proveniente de un Estado activo y del
ahorro interno.
El
ahorro interno es la fuente principal del financiamiento privado de la
inversión y, como sucede en los países exitosos, la inversión extranjera es un
complemento –nunca un sustituto– del ahorro y la inversión domésticos y deberá
materializarse principalmente bajo la forma de aportes de capital de riesgo.
Una
reforma tributaria será condición indispensable para la estrategia de
reactivación y crecimiento, así como también la transparencia del gasto
público, el aumento de la oferta de bienes públicos (salud, educación y
justicia) y el comportamiento de las cuentas fiscales compatibles con la
situación coyuntural de la economía.
Es
preciso instalar al peso como eje del sistema financiero argentino. La realidad
que hemos vivido y vivimos revelan las consecuencias de renunciar a una moneda
nacional y subordinar su existencia a la especulación financiera.
La
política cambiaria debe defender la competitividad de la producción argentina,
en el mercado interno y en los internacionales, de modo compatible con las
metas de equidad. En este escenario deberán tomarse medidas para desalentar la
fuga de capitales y orientarlos a la inversión.
Con
respecto a los servicios públicos, es necesario reformar los marcos
regulatorios para compatibilizar la defensa de los intereses de los
consumidores y del país con la viabilidad económica y financiera de las
empresas privadas.
Entregamos
a la sociedad estas ideas generales como bases de un proyecto orientado al
desarrollo y a la distribución equitativa de la riqueza entre todos los
argentinos. Lamentablemente, a 16 años de nuestro documento fundacional, nos
vemos en la necesidad de plantear, a través de similares textos, nuevamente los
principios básicos allí enunciados y alertar asimismo sobre las consecuencias
que la realidad actual traerá aparejada.
Por
nuestra parte, consecuentemente con el contenido de la presente declaración,
nos proponemos avanzar en propuestas inspiradas en la búsqueda de una sociedad
democrática y equitativa orientada hacia un desarrollo humano inclusivo,
respetuoso del medioambiente y sustentado en el ejercicio de la soberanía
política, el control autónomo de sus recursos y actividades productivas,
científicas y culturales, porque de esta manera otra Argentina será posible
