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domingo, 24 de noviembre de 2024

Riesgosa apuesta a tomar más deuda... @dealgunamanera...

Riesgosa apuesta a tomar más deuda...​​​​​​​

FMI. El ministro Luis Caputo con Kristalina Georgieva, directora del organismo: en busca de un nuevo acuerdo. Fotografía: argentina.gob.ar


Al Gobierno nacional le bastan, tal parece, algunos datos aislados para afirmar que la recuperación productiva es un hecho. El Estimador Mensual de Actividad (EMAE) que publica el INDEC no respalda ese optimismo. Al contrario, el indicador mostró para septiembre una caída interanual del 3,3%, mientras el retroceso frente al mes anterior fue de 0,3%.  
 

© Escrito por Carlos Heller el sábado 23/11/2024 y publicado por la Revista Acción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


Lo que puede verse es una gran disparidad entre sectores, con once de ellos por debajo de los niveles de un año atrás. Por ejemplo, Industria manufacturera (-6,2%), Construcción (-16,6%) y Comercio mayorista y minorista (-8,3%).

El propio INDEC admite la relevancia de estos tres rubros, al punto que sus caídas le restan 2,7 puntos porcentuales a la variación interanual del Estimador de Actividad.

Desde luego, el resultado general no es peor debido a la buena  performance de cuatro sectores, entre ellos, particularmente Explotación de minas y canteras (que incluye combustibles, +7,6%) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+3,1%). Es decir, ganadores ligados al sector primario (beneficiado por el mejor clima respecto al ciclo anterior) y al extractivismo.

Entre otras afirmaciones y sin datos que lo corroboren, el presidente Javier Milei dijo en una entrevista reciente: «No sufrimos en actividad ni empleo, los salarios básicos reales están encima que cuando asumimos».

De nuevo, las estadísticas del propio Gobierno y del INDEC refutan estas declaraciones. Hasta septiembre, los salarios registrados reales estaban un 6,8% debajo del valor que tenían en noviembre de 2023 y los del sector público perdían un 16,1%. Solo algunos trabajadores registrados, con convenio, le empatan a la inflación en los últimos meses, pero nadie les devuelve lo que perdieron desde diciembre.

El impacto de la recesión puede observarse, por ejemplo, en el proyecto de presupuesto nacional, que estima para este año una caída del PBI del 3,8%. El INDEC, por su parte, muestra que la tasa de desocupación aumentó del 6,2% en el segundo trimestre de 2023 al 7,6% en el mismo período de 2024. 

Lo cierto es que el Gobierno ratifica su rumbo, más allá de las verdaderas consecuencias en términos productivos o sociales. En ese sentido, sostiene que la meta de déficit fiscal cero no se negocia. El gran problema de estas políticas es que el sacrificio termina siendo en vano, porque en vez de cumplir el objetivo propuesto, terminan por agravarlo. 

La experiencia indica que cuanto más se achica el gasto público para cumplir el equilibrio entre ingresos y egresos del Estado, hay menos actividad, menos recaudación y vuelve a aparecer el déficit.

Recesión. El comercio registró una caída del 8,3% en septiembre de este año comparando con 2023. Fotografía: Jorge Aloy.

El paso siguiente. 

Por el momento, en la Casa Rosada plantean que a las bajas del gasto, los subsidios, los pasivos del Banco Central, la emisión monetaria y la brecha cambiaria (todo eso que llaman la normalización de la economía, obviando la fuerte caída que experimentan la producción y el consumo), le seguirá la posibilidad de refinanciar deuda con bonistas privados que comienza a vencer a partir de 2025.

Por otra parte, el Gobierno anunció que está tomando nuevas deudas con organismos multilaterales. El miércoles pasado, el Banco Interamericano de Desarrollo anunció un préstamo por 2.000 millones de dólares, al día siguiente el Banco Mundial sumó otros 1.000 millones. También se hizo público que se busca un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que según las expectativas oficiales debería incluir el aporte de fondos frescos.

Para el sector privado, en tanto, se procura facilitar ese proceso mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 846/24, de septiembre pasado, que permite que se puedan canjear instrumentos de deuda en pesos por otros en moneda extranjera, o viceversa. 

¿Cuál sería el beneficio de canjear deuda en pesos por nuevos instrumentos en moneda extranjera? ¿O la urgencia para que una decisión tan importante, con canjes «a precios de mercado», no pase por el Congreso? Teniendo en cuenta, además, que se elimina la condición de que se obtenga la mejora de al menos dos de tres variables: tasa, plazo o monto. 

Ante esta especie de anormalidad institucional severa, legisladores y legisladoras de varios bloques políticos logramos que la presidencia de la Cámara de Diputados convoque a una sesión especial que tendrá lugar el próximo martes 26 con el objetivo de rechazar. 

Está claro que el mayor endeudamiento no es una solución, es un verdadero problema. En rigor, los mejores momentos de la Argentina fueron cuando le pagamos al FMI y nos libramos de su tutela, no cuando nos dieron 45.000 millones de dólares, ese fue el peor momento. 

Por eso, se deberían ir construyendo coincidencias en el plano legislativo para formar los consensos necesarios e ir poniendo frenos a los intentos del Poder Ejecutivo de obviar los procesos parlamentarios necesarios.  

El Congreso Nacional es un ámbito privilegiado para ir tejiendo esos consensos, buscando las coincidencias entre aquellos que tenemos la voluntad de poner límites a la avanzada neoliberal o anarco capitalista, como se la quiera definir.

miércoles, 3 de enero de 2024

Menos democracia no es más libertad… @dealgunamaneraok...

Menos democracia no es más libertad…

Megaproyecto. El ministro del Interior, Guillermo Francos, entrega al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la propuesta del Gobierno.

La supuesta búsqueda de «la libertad de los argentinos», como define el proyecto de Ley «Ómnibus» enviado por el presidente Javier Milei al Congreso, es presentada como justificación para promover un drástico giro, de carácter claramente regresivo. Lo que se busca, en realidad, es un cambio estructural profundo en el actual funcionamiento de la sociedad en diversos ámbitos, sin que la mayor parte de las medidas propuestas signifiquen mejoras en las condiciones de vida de los sectores populares. Todo lo contrario.     

© Escrito por Carlos Heller el domingo 31/12/2023 y publicado por la Revista Acción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

Tanto la iniciativa, como el decreto de necesidad y urgencia (DNU) presentado la semana anterior, alientan modificaciones de extrema gravedad, dado que suponen el recorte de las libertades públicas y apuntan a acabar con todo atisbo de un proyecto de desarrollo nacional, inclusivo y soberano.

Por más que se diga perseguir la «modernización del Estado», «la reducción de la burocracia» o «el reordenamiento de la economía y el fin de intervenciones en los mercados», lo cierto es que se despliega una batería que pone en serio riesgo el mismo funcionamiento de las instituciones democráticas.

Resulta difícil aceptar que existe una situación de emergencia tal que haga urgente retroceder hacia un tipo de capitalismo que supone borrar de un plumazo toda una serie de derechos esenciales, hasta arribar a una situación como la que regía en el mundo y en el país hace más de un siglo, previamente al paradigma de los Estados de bienestar.

Entre el conjunto de disposiciones impulsadas, que incluso van mucho más allá de la plataforma sostenida durante la campaña electoral, acaso lo más riesgoso es la idea de delegar amplias facultades legislativas en el Poder Ejecutivo. Lo cual, como se propone hasta el 31 de diciembre de 2025 con posibilidad de extensión por dos años, prefigura la virtual eliminación de uno de los poderes del Estado.

Así lo entendimos legisladores y gobernadores de Unión por la Patria, en una declaración de rechazo al DNU 70/2023 «porque claramente avasalla atribuciones del Congreso y vulnera la división de poderes y el funcionamiento de la República». A la vez, advertimos, la ley ómnibus «ratifica la pretensión del presidente de contar con poderes y facultades extraordinarias, que son absolutamente inconstitucionales».

Quienes tenemos presente los períodos dictatoriales de mediados y fines del siglo pasado sabemos que la ausencia del Poder Legislativo es tan grave como lo es asimismo la limitación al derecho de reunirse y a manifestarse. O el establecimiento de sanciones para los organizadores de protestas que obstaculicen el espacio público.

Podemos preguntarnos, además, qué libertad es la que se promueve mediante la supresión o el desfinanciamiento de áreas culturales como el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto del Teatro o el Instituto del Cine. Tampoco se entiende el presunto beneficio de enajenar áreas de patrimonio público, mediante la privatización de empresas emblemáticas del desarrollo nacional, como el Banco de la Nación, YPF, Aerolíneas Argentinas o las integrantes del Sistema de Medios Públicos.

El impacto social del DNU y del proyecto de ley es también contundente. Véase, por ejemplo, la propuesta de suspender la fórmula de ajuste de haberes de los jubilados, para sustituirla mediante aumentos por decreto, la extensión del periodo de prueba de los trabajadores y trabajadoras de 3 a 8 meses, el recorte de indemnizaciones, la ampliación de la jornada laboral hasta 12 horas sin pago de horas extras y la eliminación de las multas por trabajo no registrado.

Esas y muchas otras modificaciones generan gran inquietud en la población. Al punto que gran cantidad de organizaciones políticas, sindicales, sociales y culturales iniciaron un proceso de movilización en busca de proteger sus derechos amenazados.

Las manifestaciones espontáneas de los últimos días serán continuadas por el paro nacional convocado para el próximo 24 de enero por la CGT y las CTA, una instancia que preanuncia la puesta en marcha de tradicionales formas de resistencia contra un modelo antidemocrático en lo social, lo político y lo económico. 

Megaproyecto. El ministro del Interior, Guillermo Francos, entrega al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la propuesta del Gobierno.



   

domingo, 17 de diciembre de 2023

Los que van a pagar el ajuste… @dealgunamaneraok...

Los que van a pagar el ajuste…

Afectados. Para la CGT, «el ajuste de Milei recae sobre el pueblo». Fotografía: Jorge Aloy.       

El gran ajuste prometido por el entonces candidato Javier Milei, como supuesta solución a los problemas económicos y sociales del país, ya está en marcha. Pero las decisiones del ahora presidente de la nación evidencian claras diferencias con las propuestas preelectorales, particularmente en lo referido a quiénes iban a ser alcanzados por las medidas.

© Escrito por Carlos Heller el sábado 16 de diciembre de 2023 y publicado por la Revista Acción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. 


Milei dirigió sus ataques a la «casta» política y a la intervención del Estado en distintas áreas, pero lo principal del ajuste terminará recayendo sobre la ciudadanía. Lo advirtió el reciente comunicado de la Confederación General del Trabajo (CGT), al señalar que «el anunciado ajuste, no ajusta a la denominada “casta”, como se prometió en campaña», sino que «el ajuste de Milei, una vez más, recae sobre el pueblo».

El propio ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que los recortes que se proyectan en el área del Estado no pasarán del 0,5% del producto bruto interno (PIB), frente al 5,2% de reducción del déficit planteado como meta.

Aunque el nuevo Gobierno utiliza imágenes dramáticas para justificarse –el vocero presidencial Manuel Adorni definió las medidas como «urgentes e inevitables para evitar la catástrofe»– la realidad es que no es este el único camino para alcanzar el equilibrio en las cuentas públicas. 

Alternativas.

Como hemos señalado muchas veces: nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, sino enemigos del ajuste para resolverlo. Estamos de acuerdo en atacar el déficit. La cuestión es cómo lo hacemos.

La opción debe pasar por no ahogar el crecimiento de la economía, por la lucha contra la evasión impositiva, por la generación de una mayor progresividad tributaria, para que aporten los que más tienen. En ese marco, es factible la búsqueda de una mayor eficiencia en el gasto público, enfocándose prioritariamente en quienes más lo necesitan.

Dicho de otro modo, una vía (la que está hoy en curso en el país) consiste en desmejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población.

Otro camino es a través de medidas como la implementada en Brasil en estos días. Por primera vez se cobrarán impuestos a las inversiones de los llamados fondos exclusivos de inversión, también conocidos como «súper ricos», y a las empresas offshore.

El presidente Luis Ignacio «Lula» Da Silva espera recaudar 6.000 millones de dólares hasta 2025, mientras el ministro de Economía de ese país, Fernando Haddad, remarcó que la medida evitará un ajuste en las cuentas públicas. Un criterio claramente opuesto a la visión que tiene el Gobierno argentino.

En esta línea, creemos necesario implementar en la Argentina una política integral que ataque en simultáneo a la evasión impositiva, el contrabando y las distintas maniobras que se realizan para eludir las políticas fiscales (como la subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones). Debe insistirse, además, sobre la progresividad tributaria, para que los que más tienen sean los que más aporten. 

Jubilados.

En claro contraste, la orientación prevista por la Casa Rosada contempla, entre otras disposiciones altamente preocupantes, recortar en un 0,4% del PIB la partida presupuestaria destinada al sistema previsional. Es decir, las jubilaciones y pensiones deberán sobrellevar su cuota del ajuste.

También se estudia el cambio de la fórmula automática para actualizar haberes y el uso de decretos para «recomponer» ingresos, lo que deja abierto el riesgo de una importante licuación en los ingresos de la clase pasiva.

Se anticipó además la casi desaparición de las transferencias de la nación a las provincias, una drástica reducción de la obra pública y una fuerte disminución de los subsidios a la energía y el transporte.

Todo ello, mientras ya se verifica el pronóstico de estanflación. El tipo de cambio oficial fue elevado más del 110%. El valor de los combustibles acumula un alza del 67% en lo que va de diciembre. El precio de la carne se incrementó alrededor del 38% en el promedio de los distintos cortes, en el marco de la liberación de precios presuntamente «reprimidos».

Frente al impacto que recaerá principalmente sobre los sectores populares, un comunicado del bloque de diputados de Unión por la Patria, del que formo parte, advirtió que «había y hay otro camino: un cambio con producción, trabajo y cuidando a las y los argentinos».