Los esfuerzos no fueron suficientes... @elprofesorcapomasi...

Los esfuerzos no fueron suficientes...

Persianas bajas. Comercios cerrados, una postal habitual en Buenos Aires y otras ciudades. Foto: Jorge Aloy.

«Deben continuar los esfuerzos para crear una economía más competitiva y abierta, incluso mejorando la previsibilidad de los marcos tributarios y regulatorios, para liberar el potencial de los sectores estratégicos de Argentina en agricultura, energía, minería y la economía del conocimiento». Lo dijo la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, esta semana, tras calificar de «impresionantes» los «avances en la desregulación de la economía y la adopción de legislación reformista en los ámbitos fiscal, comercial y laboral».

© Escrito por Carlos Heller el domingo 24/05/2026 y publicado por la Revista Acción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. 

A partir de esa cuestionable interpretación sobre los resultados reales del rumbo emprendido por el Gobierno libertario, el organismo liberó un nuevo desembolso de 1.000 millones de dólares. 

No es de extrañar el enfoque del FMI ni la promoción de sus habituales recetas, sustentadas en teorías neoliberales y aprovechadas por grupos concentrados de alta rentabilidad y también por Gobiernos del exterior ávidos de asegurarse la provisión de alimentos, minerales, hidrocarburos e insumos básicos para sus empresas.  

El «mayor esfuerzo» que se demanda desde Washington –coincidente con las propuestas gubernamentales– parece decir que no fueron suficientes los padecimientos de la mayor parte de la población y particularmente de su entramado pyme. 

Vale preguntarse, ¿fue poco el cierre de 257 empresas solo durante el mes de febrero pasado? ¿No basta con el cese de actividades de 24.347 firmas durante todo el período de gestión de Javier Milei? 

Esos datos fueron suministrados por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) y muestran que la situación en esta materia es peor que la registrada durante la pandemia de coronavirus, cuando quebraron 21.405 empresas.

Tendencia.

Las políticas actuales son en gran medida las responsables de la pérdida de 327.813 empleos registrados desde fines de 2023. Se pueden también medir los esfuerzos del grueso de la ciudadanía a través de la evolución de los salarios reales de los trabajadores registrados. Sería erróneo afirmar que esos ingresos eran óptimos en el primer trimestre de 2025. Pues bien, un año después retrocedieron 3,4% y están hoy 11,4% por debajo de enero-marzo de 2023. 

Otro indicador: el encarecimiento de la canasta de servicios públicos en menos de dos años y medio fue superior al registrado por el promedio de precios de la economía. Según los datos del INDEC, los primeros aumentaron 482% frente a 303,5% de la suba de precios en el nivel general. 

A falta de buenas noticias reales, y mientras siguen sin cumplirse los vaticinios de baja definitiva de la inflación formulados durante la campaña electoral de 2023, el Gobierno festejó la suba del Estimador Mensual de la Actividad Económica de marzo, que repuntó 3,5% con relación a febrero (en la serie sin estacionalidad) y 5,5% interanual. 

Si en cambio se toma el primer trimestre de 2026 y se lo compara con igual período del año anterior, la suba llega al 1,7% y es explicada en gran medida por Agricultura y Ganadería (18%); Minas y canteras (que incluye hidrocarburos, 18%) e Intermediación Financiera (7%).

A la vez, Industria manufacturera cayó 2,3%, al igual que Comercio mayorista y minorista (-2,4%). Una evolución que evidencia el resultado de las políticas del Gobierno.

Anuncios.

Se celebran asimismo en los despachos oficiales los anuncios de abultadas inversiones, muchas de ellas en áreas mineras y en infraestructura, como si se tratara de aportes de efectos inmediatos, cuando sus resultados concretos se verían en años, si no en lustros. 

La Argentina tiene petróleo, gas, agua, tierras raras, litio y casi todos los recursos naturales que actualmente están en el centro de las grandes disputas geopolíticas globales. Por lo tanto, es probable que en algún momento lleguen inversiones hacia estos sectores, que luego generen. 

Georgieva. Para la directora del FMI, pese a los impresionantes avances desreguladores, hace falta más ajuste. Foto: Getty Images. 

Pero con las condiciones favorables del RIGI, el beneficio para el país va a ser muy bajo, dadas las grandes concesiones impositivas y la posibilidad de remitir al exterior los dólares de sus exportaciones, además de no ser actividades que generen muchos puestos de trabajo. 

Por otra parte, no pocos analistas ponen en duda la continuidad del equilibrio fiscal conseguido a fuerza de ajustes en el gasto, aún en las áreas más elementales y con daños productivos y sociales. 

No obstante, el presidente Javier Milei acaba de señalar que van a seguir apretando la política monetaria hasta eliminar la inflación. Cuesta calcular cuánto desempleo adicional y caída de la demanda interna hacen falta para conseguir dicho objetivo. 

No hay que perder de vista que en abril la inflación mayorista se aceleró al 5,3%, impulsada principalmente por el rubro de petróleo crudo y gas, que subió un 22,9% en medio de las repercusiones del conflicto en Oriente Medio, lo cual en alguna medida se trasladará luego a la inflación al consumidor. 

En abril mismo, los ingresos totales del fisco marcaron una merma interanual del 2,1% en términos reales, noveno mes consecutivo con caídas, en gran medida consecuencia de la baja de alícuotas, de la eliminación de ciertas retenciones y otros impuestos, y de la menor recaudación producto de la merma en el consumo y del cierre de empresas. 

El Gobierno, ante cierto declive del superávit fiscal del mes pasado, decidió ajustar los gastos del Presupuesto 2026. 

También se le dio media sanción en Diputados a la modificación del Régimen de Zonas Frías, a fin de eliminar subsidios al gas natural para ahorrar casi 300.000 millones de pesos. Se busca restringir la bonificación de hasta el 50% de la tarifa de gas únicamente a la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna, excluyendo a las provincias que ingresaron en la ampliación de 2021, la cual benefició a unos tres millones de usuarios de gas natural por redes. 

Esta evolución podría haberse evitado: la Argentina es un país que se autoabastece energéticamente, y con voluntad política hubiera sido posible evitar el traslado a precios internos de la suba de los valores internacionales.

Alternativas.

En este marco, debemos aspirar a que en la próxima elección tengamos una propuesta lo suficientemente clara, amplia y plural como para poder plantear una alternativa verdadera al actual modelo. 

De nada sirve que por querer seducir al electorado la oposición termine cayendo en postulados básicos del actual Gobierno y en programas neoliberales. El modelo alternativo debe basarse en un Estado presente, a través de regulaciones y políticas que apunten al desarrollo del mercado interno y a sistemas de salud y educación pública fuertes, que bregue por el fortalecimiento de los sistemas de ciencia y tecnología públicos, y por el desarrollo regional y provincial, entre otros tantos temas. Y que, en definitiva, se oriente a mejorar el bienestar de la mayor parte de la ciudadanía.

Riesgosa apuesta a tomar más deuda... @dealgunamanera...

Riesgosa apuesta a tomar más deuda...​​​​​​​

FMI. El ministro Luis Caputo con Kristalina Georgieva, directora del organismo: en busca de un nuevo acuerdo. Fotografía: argentina.gob.ar

Al Gobierno nacional le bastan, tal parece, algunos datos aislados para afirmar que la recuperación productiva es un hecho. El Estimador Mensual de Actividad (EMAE) que publica el INDEC no respalda ese optimismo. Al contrario, el indicador mostró para septiembre una caída interanual del 3,3%, mientras el retroceso frente al mes anterior fue de 0,3%.  
 

© Escrito por Carlos Heller el sábado 23/11/2024 y publicado por la Revista Acción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Lo que puede verse es una gran disparidad entre sectores, con once de ellos por debajo de los niveles de un año atrás. Por ejemplo, Industria manufacturera (-6,2%), Construcción (-16,6%) y Comercio mayorista y minorista (-8,3%).

El propio INDEC admite la relevancia de estos tres rubros, al punto que sus caídas le restan 2,7 puntos porcentuales a la variación interanual del Estimador de Actividad.

Desde luego, el resultado general no es peor debido a la buena  performance de cuatro sectores, entre ellos, particularmente Explotación de minas y canteras (que incluye combustibles, +7,6%) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+3,1%). Es decir, ganadores ligados al sector primario (beneficiado por el mejor clima respecto al ciclo anterior) y al extractivismo.

Entre otras afirmaciones y sin datos que lo corroboren, el presidente Javier Milei dijo en una entrevista reciente: «No sufrimos en actividad ni empleo, los salarios básicos reales están encima que cuando asumimos».

De nuevo, las estadísticas del propio Gobierno y del INDEC refutan estas declaraciones. Hasta septiembre, los salarios registrados reales estaban un 6,8% debajo del valor que tenían en noviembre de 2023 y los del sector público perdían un 16,1%. Solo algunos trabajadores registrados, con convenio, le empatan a la inflación en los últimos meses, pero nadie les devuelve lo que perdieron desde diciembre.

El impacto de la recesión puede observarse, por ejemplo, en el proyecto de presupuesto nacional, que estima para este año una caída del PBI del 3,8%. El INDEC, por su parte, muestra que la tasa de desocupación aumentó del 6,2% en el segundo trimestre de 2023 al 7,6% en el mismo período de 2024. 

Lo cierto es que el Gobierno ratifica su rumbo, más allá de las verdaderas consecuencias en términos productivos o sociales. En ese sentido, sostiene que la meta de déficit fiscal cero no se negocia. El gran problema de estas políticas es que el sacrificio termina siendo en vano, porque en vez de cumplir el objetivo propuesto, terminan por agravarlo. 

La experiencia indica que cuanto más se achica el gasto público para cumplir el equilibrio entre ingresos y egresos del Estado, hay menos actividad, menos recaudación y vuelve a aparecer el déficit.

Recesión. El comercio registró una caída del 8,3% en septiembre de este año comparando con 2023. Fotografía: Jorge Aloy.

El paso siguiente. 

Por el momento, en la Casa Rosada plantean que a las bajas del gasto, los subsidios, los pasivos del Banco Central, la emisión monetaria y la brecha cambiaria (todo eso que llaman la normalización de la economía, obviando la fuerte caída que experimentan la producción y el consumo), le seguirá la posibilidad de refinanciar deuda con bonistas privados que comienza a vencer a partir de 2025.

Por otra parte, el Gobierno anunció que está tomando nuevas deudas con organismos multilaterales. El miércoles pasado, el Banco Interamericano de Desarrollo anunció un préstamo por 2.000 millones de dólares, al día siguiente el Banco Mundial sumó otros 1.000 millones. También se hizo público que se busca un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que según las expectativas oficiales debería incluir el aporte de fondos frescos.

Para el sector privado, en tanto, se procura facilitar ese proceso mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 846/24, de septiembre pasado, que permite que se puedan canjear instrumentos de deuda en pesos por otros en moneda extranjera, o viceversa. 

¿Cuál sería el beneficio de canjear deuda en pesos por nuevos instrumentos en moneda extranjera? ¿O la urgencia para que una decisión tan importante, con canjes «a precios de mercado», no pase por el Congreso? Teniendo en cuenta, además, que se elimina la condición de que se obtenga la mejora de al menos dos de tres variables: tasa, plazo o monto. 

Ante esta especie de anormalidad institucional severa, legisladores y legisladoras de varios bloques políticos logramos que la presidencia de la Cámara de Diputados convoque a una sesión especial que tendrá lugar el próximo martes 26 con el objetivo de rechazar. 

Está claro que el mayor endeudamiento no es una solución, es un verdadero problema. En rigor, los mejores momentos de la Argentina fueron cuando le pagamos al FMI y nos libramos de su tutela, no cuando nos dieron 45.000 millones de dólares, ese fue el peor momento. 

Por eso, se deberían ir construyendo coincidencias en el plano legislativo para formar los consensos necesarios e ir poniendo frenos a los intentos del Poder Ejecutivo de obviar los procesos parlamentarios necesarios.  

El Congreso Nacional es un ámbito privilegiado para ir tejiendo esos consensos, buscando las coincidencias entre aquellos que tenemos la voluntad de poner límites a la avanzada neoliberal o anarco capitalista, como se la quiera definir.

Menos democracia no es más libertad… @dealgunamaneraok...

Menos democracia no es más libertad…

Megaproyecto. El ministro del Interior, Guillermo Francos, entrega al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la propuesta del Gobierno.

La supuesta búsqueda de «la libertad de los argentinos», como define el proyecto de Ley «Ómnibus» enviado por el presidente Javier Milei al Congreso, es presentada como justificación para promover un drástico giro, de carácter claramente regresivo. Lo que se busca, en realidad, es un cambio estructural profundo en el actual funcionamiento de la sociedad en diversos ámbitos, sin que la mayor parte de las medidas propuestas signifiquen mejoras en las condiciones de vida de los sectores populares. Todo lo contrario.     

© Escrito por Carlos Heller el domingo 31/12/2023 y publicado por la Revista Acción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

Tanto la iniciativa, como el decreto de necesidad y urgencia (DNU) presentado la semana anterior, alientan modificaciones de extrema gravedad, dado que suponen el recorte de las libertades públicas y apuntan a acabar con todo atisbo de un proyecto de desarrollo nacional, inclusivo y soberano.

Por más que se diga perseguir la «modernización del Estado», «la reducción de la burocracia» o «el reordenamiento de la economía y el fin de intervenciones en los mercados», lo cierto es que se despliega una batería que pone en serio riesgo el mismo funcionamiento de las instituciones democráticas.

Resulta difícil aceptar que existe una situación de emergencia tal que haga urgente retroceder hacia un tipo de capitalismo que supone borrar de un plumazo toda una serie de derechos esenciales, hasta arribar a una situación como la que regía en el mundo y en el país hace más de un siglo, previamente al paradigma de los Estados de bienestar.

Entre el conjunto de disposiciones impulsadas, que incluso van mucho más allá de la plataforma sostenida durante la campaña electoral, acaso lo más riesgoso es la idea de delegar amplias facultades legislativas en el Poder Ejecutivo. Lo cual, como se propone hasta el 31 de diciembre de 2025 con posibilidad de extensión por dos años, prefigura la virtual eliminación de uno de los poderes del Estado.

Así lo entendimos legisladores y gobernadores de Unión por la Patria, en una declaración de rechazo al DNU 70/2023 «porque claramente avasalla atribuciones del Congreso y vulnera la división de poderes y el funcionamiento de la República». A la vez, advertimos, la ley ómnibus «ratifica la pretensión del presidente de contar con poderes y facultades extraordinarias, que son absolutamente inconstitucionales».

Quienes tenemos presente los períodos dictatoriales de mediados y fines del siglo pasado sabemos que la ausencia del Poder Legislativo es tan grave como lo es asimismo la limitación al derecho de reunirse y a manifestarse. O el establecimiento de sanciones para los organizadores de protestas que obstaculicen el espacio público.

Podemos preguntarnos, además, qué libertad es la que se promueve mediante la supresión o el desfinanciamiento de áreas culturales como el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto del Teatro o el Instituto del Cine. Tampoco se entiende el presunto beneficio de enajenar áreas de patrimonio público, mediante la privatización de empresas emblemáticas del desarrollo nacional, como el Banco de la Nación, YPF, Aerolíneas Argentinas o las integrantes del Sistema de Medios Públicos.

El impacto social del DNU y del proyecto de ley es también contundente. Véase, por ejemplo, la propuesta de suspender la fórmula de ajuste de haberes de los jubilados, para sustituirla mediante aumentos por decreto, la extensión del periodo de prueba de los trabajadores y trabajadoras de 3 a 8 meses, el recorte de indemnizaciones, la ampliación de la jornada laboral hasta 12 horas sin pago de horas extras y la eliminación de las multas por trabajo no registrado.

Esas y muchas otras modificaciones generan gran inquietud en la población. Al punto que gran cantidad de organizaciones políticas, sindicales, sociales y culturales iniciaron un proceso de movilización en busca de proteger sus derechos amenazados.

Las manifestaciones espontáneas de los últimos días serán continuadas por el paro nacional convocado para el próximo 24 de enero por la CGT y las CTA, una instancia que preanuncia la puesta en marcha de tradicionales formas de resistencia contra un modelo antidemocrático en lo social, lo político y lo económico. 

Megaproyecto. El ministro del Interior, Guillermo Francos, entrega al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la propuesta del Gobierno.

   

Los que van a pagar el ajuste… @dealgunamaneraok...

Los que van a pagar el ajuste…

Afectados. Para la CGT, «el ajuste de Milei recae sobre el pueblo». Fotografía: Jorge Aloy.       

El gran ajuste prometido por el entonces candidato Javier Milei, como supuesta solución a los problemas económicos y sociales del país, ya está en marcha. Pero las decisiones del ahora presidente de la nación evidencian claras diferencias con las propuestas preelectorales, particularmente en lo referido a quiénes iban a ser alcanzados por las medidas.

© Escrito por Carlos Heller el sábado 16 de diciembre de 2023 y publicado por la Revista Acción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. 

Milei dirigió sus ataques a la «casta» política y a la intervención del Estado en distintas áreas, pero lo principal del ajuste terminará recayendo sobre la ciudadanía. Lo advirtió el reciente comunicado de la Confederación General del Trabajo (CGT), al señalar que «el anunciado ajuste, no ajusta a la denominada “casta”, como se prometió en campaña», sino que «el ajuste de Milei, una vez más, recae sobre el pueblo».

El propio ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que los recortes que se proyectan en el área del Estado no pasarán del 0,5% del producto bruto interno (PIB), frente al 5,2% de reducción del déficit planteado como meta.

Aunque el nuevo Gobierno utiliza imágenes dramáticas para justificarse –el vocero presidencial Manuel Adorni definió las medidas como «urgentes e inevitables para evitar la catástrofe»– la realidad es que no es este el único camino para alcanzar el equilibrio en las cuentas públicas. 

Alternativas.

Como hemos señalado muchas veces: nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, sino enemigos del ajuste para resolverlo. Estamos de acuerdo en atacar el déficit. La cuestión es cómo lo hacemos.

La opción debe pasar por no ahogar el crecimiento de la economía, por la lucha contra la evasión impositiva, por la generación de una mayor progresividad tributaria, para que aporten los que más tienen. En ese marco, es factible la búsqueda de una mayor eficiencia en el gasto público, enfocándose prioritariamente en quienes más lo necesitan.

Dicho de otro modo, una vía (la que está hoy en curso en el país) consiste en desmejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población.

Otro camino es a través de medidas como la implementada en Brasil en estos días. Por primera vez se cobrarán impuestos a las inversiones de los llamados fondos exclusivos de inversión, también conocidos como «súper ricos», y a las empresas offshore.

El presidente Luis Ignacio «Lula» Da Silva espera recaudar 6.000 millones de dólares hasta 2025, mientras el ministro de Economía de ese país, Fernando Haddad, remarcó que la medida evitará un ajuste en las cuentas públicas. Un criterio claramente opuesto a la visión que tiene el Gobierno argentino.

En esta línea, creemos necesario implementar en la Argentina una política integral que ataque en simultáneo a la evasión impositiva, el contrabando y las distintas maniobras que se realizan para eludir las políticas fiscales (como la subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones). Debe insistirse, además, sobre la progresividad tributaria, para que los que más tienen sean los que más aporten. 

Jubilados.

En claro contraste, la orientación prevista por la Casa Rosada contempla, entre otras disposiciones altamente preocupantes, recortar en un 0,4% del PIB la partida presupuestaria destinada al sistema previsional. Es decir, las jubilaciones y pensiones deberán sobrellevar su cuota del ajuste.

También se estudia el cambio de la fórmula automática para actualizar haberes y el uso de decretos para «recomponer» ingresos, lo que deja abierto el riesgo de una importante licuación en los ingresos de la clase pasiva.

Se anticipó además la casi desaparición de las transferencias de la nación a las provincias, una drástica reducción de la obra pública y una fuerte disminución de los subsidios a la energía y el transporte.

Todo ello, mientras ya se verifica el pronóstico de estanflación. El tipo de cambio oficial fue elevado más del 110%. El valor de los combustibles acumula un alza del 67% en lo que va de diciembre. El precio de la carne se incrementó alrededor del 38% en el promedio de los distintos cortes, en el marco de la liberación de precios presuntamente «reprimidos».

Frente al impacto que recaerá principalmente sobre los sectores populares, un comunicado del bloque de diputados de Unión por la Patria, del que formo parte, advirtió que «había y hay otro camino: un cambio con producción, trabajo y cuidando a las y los argentinos».