Un fiscal implacable… @dealgunamaneraok...

 Un fiscal implacable…

Javier Milei. Dibujo: Pablo Temes.

Así actúa la sociedad, atenta a que se cumpla todo lo prometido. La paciencia no da para mucho más.

© Escrito por Nelson Castro el sábado 09/03/2024 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. 

Nicolás Posse le estrechó la mano a cada uno de los gobernadores y vicegobernadores que asistieron a la reunión del último viernes convocada por el Gobierno. Para todos ellos fue la primera vez en que tuvieron la oportunidad de conocer y escuchar la voz del jefe de Gabinete, que se sentó en la cabecera de la larga mesa por la que se distribuyeron los asistentes. El ministro del Interior, Guillermo Francos, se sentó a la derecha de Posse. Y a la derecha de Francos se sentó Axel Kicillof. Uno y otro habían cruzado chicanas mutuas a lo largo de la semana. Durante las cuatro horas que duró la reunión en cuestión, todo eso pareció quedar olvidado. De todas formas, no viene mal señalar la incontinencia verbal del preferido de la ex vicepresidenta Cristina Kirchner.

Hace algunos días había acusado al Gobierno de montar encuentros marketineros y soltó una frase socarrona: “Si no llegamos, arranquen nomás”. Algo similar ocurrió a lo largo de su corta historia política como ministro y gobernador. Profirió largas peroratas en contra del capitalismo, el Fondo Monetario Internacional, la deuda externa y la privatización de las empresas del Estado, y terminó siendo un gran pagador, contrariamente a lo que suponía toda su puesta en escena. El caso emblemático fue la estatización de YPF: un error suyo y de su jefa política que le costó una suma multimillonaria a la Argentina.

La número dos del FMI quedó sorprendida y preocupada con lo que vio y escuchó

A la reunión con los gobernadores la precedieron dos encuentros igualmente importantes que tuvo a Francos en la Casa Rosada. El primero fue el jueves con Cristian Ritondo y Rodrigo De Loredo. Ritondo es el jefe del bloque del PRO y De Loredo, el de la UCR. El viernes por la mañana, el invitado fue Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal. Con todos ellos, Francos testeó las reales posibilidades de aprobación del proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. De los tres obtuvo respuestas similares: una delegación de poderes podría ser aceptada y aprobada con los votos de los sectores dialoguistas. En cambio, la restitución del impuesto a las ganancias y la nueva fórmula del cálculo de las jubilaciones, no.

El comienzo fue bueno. En la reunión con los gobernadores el clima fue cordial, aun cuando no faltaron momentos de intensidad en la discusión entre las partes. Uno de los mandatarios provinciales dijo una frase que resonó fuerte en ese ámbito austero en el que lo único que se sirvió fue agua: “Hay que salir de las redes sociales y buscar dialogar”. Hasta aquí, es una recomendación que el Presidente no ha aceptado. ¿Cambiará?

El Gobierno necesita que se apruebe la ley ómnibus cuanto antes. Si no lo logra, las cosas se le van a hacer muy cuesta arriba. Y para obtener los apoyos suficientes en el Congreso necesita negociar. Es algo que surge de la realidad y sobre lo que se le insiste al ministro de Economía, Luis Caputo, cuando participa de foros económicos internacionales o cuando se encuentra con Gita Gopinath, la subdirectora gerenta del Fondo Monetario Internacional, de estrecha cercanía y máxima confianza del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Una ley basada en el consenso es mucho más fuerte que una normativa arrancada entre gallos y medianoches.

Se abrió una puerta

Hubo alguna expectativa acerca de la posible presencia de Milei en la reunión de los gobernadores. Era la foto que los grupos empresariales hubieran deseado. Cuando hablan con potenciales inversores extranjeros que muestran interés por desarrollar negocios en nuestro país, el tema de la ausencia del diálogo surge de inmediato. Es un asunto que los inquieta. Nadie quiere invertir dinero en un país que siempre has estado lejos de ser normal. Otra preocupación, tanto de los hombres de negocios como del oficialismo, es obtener el visto bueno del GAFI.

El Grupo de Acción Financiera Internacional ya se encuentra en nuestro país capacitando al Estado para la evaluación de los estándares de calidad en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Un resultado negativo dejaría nuevamente al país en la lista gris del organismo, lo que impactaría de manera negativa a la hora de hacer negocios con el resto del mundo y, si fuera necesario, obtener financiamiento externo.

Sin embargo, los problemas domésticos vuelven a colocarse por encima de los intereses soberanos. Argentina necesita imperiosamente modificar la Ley de Prevención de Lavado de Activos. Es una exigencia del propio GAFI. Aunque parezca mentira, el proyecto de ley, que ya tiene media sanción de la Cámara baja y un dictamen de comisión favorable en el Senado, aún no ha podido ser tratado en la Cámara alta. ¿Los motivos? Peleas internas en la distribución y reparto de comisiones y la mano de algunos gobernadores para que sus senadores no voten el proyecto como forma de presionar al Ejecutivo en la pelea por la coparticipación, entre otras cuestiones insólitas. El plazo máximo para renovar la ley de Plaft es el 26 de marzo, sin esa ley el Gobierno deberá recurrir a un DNU para satisfacer las exigencias del organismo internacional. El problema es que gran parte del contenido de la ley –como por ejemplo la modificación de los tipos penales– no puede salir por decreto. El país vuelve a quedar preso de los dirigentes que no saben ordenar sus prioridades o, peor aún, lo saben y optan por no soltar sus privilegios.

Hablando de privilegios y de falta de visión de la realidad, ha resultado inentendible el aumento que fue otorgado a diputados y senadores a partir del acuerdo paritario firmado con los gremios de los empleados legislativos y que significó un aumento del 30% en sus dietas. Más “casta” no se consigue. Martín Menem en la Cámara baja y Victoria Villarruel en la alta no tuvieron el sentido común necesario para frenarlo y obligaron al Presidente a pedírselo públicamente. Javier Milei estaba furioso.

No se pueden cometer errores de tamaño semejante mientras el ajuste devora los bolsillos de trabajadores que no llegan a fin de mes. Por la naturaleza del ajuste que se ha autoimpuesto para ordenar el desastre fiscal –en buena hora– el Gobierno está obligado a no volver a cometer este tipo de errores no forzados. Hay demasiada sensibilidad en la sociedad toda, que actúa como un fiscal implacable, verificando que se cumpla con lo que le han prometido. La paciencia no da para mucho más.

   

Ni casta, ni autoritarismo… @dealgunamaneraok...

 Ni casta, ni autoritarismo…

Thumbs up, Javier Milei. Dibujo: Pablo Temes

Ya hemos sufrido mucho bajo líderes casi mesiánicos que abrieron una grieta profunda con su lógica amigo/enemigo.

© Escrito por Nelson Castro el sábado 10/02/2024 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

No hubo sorpresas. Era lo esperado. La ruidosa caída del proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. El levantamiento de la sesión tras la media sanción en general de la así llamada “ley ómnibus” –devenida en ley minibús– había sido una señal de alerta. Era evidente que el Gobierno no tenía los votos para avanzar con la aprobación en particular de su extenso articulado. Había necesidad de una negociación que no prosperó cuando el Presidente bajó la orden de mantener una posición intransigente con la coparticipación del impuesto PAIS. 

Hubo furia en la noche del miércoles en la suite que ocupaba Javier Milei en el histórico hotel King David de Jerusalén. Salía fuego de la boca del mandatario argentino. “Traidores”, “delincuentes”, “ladrones”, “hijos de puta”. Estos fueron los términos que se escucharon repetidamente en esas horas de desenfrenado enojo. 

El momento dispuesto por el Presidente para realizar su viaje a Israel estuvo mal elegido. Fue un error ausentarse del país en medio de una instancia tan crucial. Eso le dio a la situación política local una centralidad tal que lo obligó a referirse permanentemente a ello. Es una regla del sentido común de la lógica política que ningún presidente se expone a hacer una gira internacional al mismo tiempo en que se debaten cuestiones centrales de su gestión, y mucho menos cuando está expuesto a perder una votación en el Congreso de la dimensión de la que sufrió esta semana. Muestra del enojo presidencial fue la publicación en su cuenta de Instagram de una imagen con los fragmentos bíblicos que corresponden a los versículos 19, 20, 21 y 26 del Capítulo 32 del Éxodo, el segundo libro del Antiguo Testamento. Este pasaje describe el momento en que Moisés, tras bajar del Monte Sinaí luego de haber escrito los Diez Mandamientos dictados por Dios, se encuentra con el pueblo israelí danzando en adoración a un becerro de oro construido por su hermano Aarón. Furioso, Moisés rompe las tablas y decide castigar al pueblo.

De ómnibus a minibús

Es importante en este punto hacer una distinción fundamental entre lo que narra el capítulo bíblico mencionado por Milei y lo que pasó en la noche del miércoles en la Cámara de Diputados. Quienes allí protagonizaron esto que el Presidente  calificó de “traición” fueron los diputados, no el ciudadano de a pie. 

Como se ha dicho ya en esta columna, la ira es uno de los siete pecados capitales. La ira es el origen de muchos males en la historia de la humanidad. Ante estas manifestaciones de Milei, imposible no asociar la decisión de retirar los subsidios al transportes de manera brusca a una reacción de venganza, una “vendetta” que tiene como perjudicados a los ciudadanos. No es la casta política la que diariamente toma más de un colectivo para ir y venir hacia y desde sus trabajos, sino la del común y, fundamentalmente, los que menos tienen. 

Vale la pena volver sobre los días de furia que dejó la semana más complicada de los primeros meses de su mandato. En materia política, la oposición dialoguista, encarnada principalmente en el PRO, puso el grito en el cielo. “Nos arriesgamos tanto o más que los diputados oficialistas. Nosotros no somos gobierno y aun así nos comprometimos a votar –como lo hicimos– varios artículos complicados de la ley ómnibus. Pagamos el costo político y el Presidente la terminó retirando. Nos tragamos un lindo sapo”, se quejó un diputado aliado del Gobierno. A decir verdad, nadie es santo ni mucho menos inocente en este entramado de poder. Más allá de las quejas y los lamentos para la tribuna, en el PRO son perfectamente conscientes de que el Presidente terminará acordando con ellos para desarrollar músculo parlamentario. No le quedan muchas más opciones. 

El otro gran perdedor de la semana es el ministro del Interior, Guillermo Francos. En él recayó la responsabilidad del diálogo con diputados y gobernadores –junto con Martín Menem– para negociar apoyos y votos que resultarían claves. Nada de eso ocurrió, en gran medida por la intransigencia del propio Milei. Por otra parte, no son pocos los legisladores que señalaron que Francos no conoce cómo debería las cuestiones reglamentarias del recinto. Un senador dijo con ironía: “Francos ya estaba pasado de moda en los años 90, imaginate cómo lo vemos ahora”. 

Enojarse es de necios

Otras dos víctimas de la ira presidencial han quedado en el camino. El viernes por la tarde, el primer mandatario les solicitó la renuncia a los titulares de Anses y Minería, Osvaldo Giordano y Flavia Royón, respectivamente. Desde el miércoles, en el Gobierno daban por hecha la salida de los funcionarios que responden a los gobernadores: Giordano al peronismo cordobés y Royón al salteño Gustavo Sáenz. En la cuerda floja quedaron Franco Mogetta (Transporte), Daniel Tillard (Banco Nación) y Luis Giovine (Obras Públicas). Ante este comportamiento irascible, al menos dos preguntas se caen de maduras. ¿Acaso no importa la solvencia en sus puestos y las puertas que podrían haberle abierto al oficialismo? Y, en cualquier caso, ¿todos esos nombramientos fueron fruto de un toma y daca de una negociación a todas luces intrincada y de patas cortas?. 

En el caso de Osvaldo Giordano, no son pocos los empresarios que defendieron su probidad técnica y visión de futuro en un puesto clave. Giordano había comenzado un ambicioso plan para alcanzar la tan mentada desintermediación de la ayuda social. Un mecanismo para sacar del medio a los punteros políticos en el reparto de asignaciones. Con su salida, se abre un paréntesis que deja muchas buenas iniciativas en stand by. 

Más allá de los nombres propios, una luz amarilla se enciende en el corto plazo de la política doméstica. El Presidente debe comprender que la campaña terminó. Lo que pudo haber sido marketinero y hasta simpático ya no lo es. Gobernar exige acuerdos, flexibilidad y templanza. Los argentinos ya hemos sufrido bastante bajo la dirección de líderes casi mesiánicos que abrieron una grieta interminable sirviéndose de la lógica amigo/enemigo. 

Casta no, autoritarismo tampoco.

   

Atropello y obstinación... @dealgunamanera...

Atropello y obstinación...

Cupulando. Dibujo: Pablo Temes.

El oficialismo debe asimilar que no todo vale más allá de la legitimidad que le dieron las urnas.

© Escrito por Nelson Castro el sábado 06/01/2024 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

No ha pasado aún un mes desde que Javier Milei asumió la Presidencia. Habitualmente son los días que corresponden a la así llamada “Luna de Miel”, de la que suele gozar cualquier nuevo gobierno. Nada de esto aplica al presente de la Argentina. Dos son las razones para esta circunstancia: la primera, la profunda crisis económica por la que atraviesa el país; la segunda, las profundas medidas de shock emanadas del flamante gobierno.

La combinación de una y otra son caldo de cultivo, para una situación de conflictividad que sacude a la sociedad.

Desde el momento mismo en que las posibilidades de Milei de ganar las elecciones tuvieron visos de concreción, hubo una pregunta –una sola– que se instaló no sólo en los ámbitos de la política, sino también en la calle: ¿podrá plasmar en los hechos todos sus proyectos sin mayorías en el Congreso y sin ningún poder territorial?

Las respuestas comenzaron a aparecer esta semana cuando una Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dio curso al amparo presentado por la CGT primero, y la CTA después, para suspender la vigencia del DNU en el ámbito del Derecho Laboral. A esta altura ya hay más de cuarenta amparos presentados ante la Justicia, para frenarlo en su totalidad.

Y respecto del proyecto de ley enviado al Congreso   –denominado “Bases para el Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos”– nada permite suponer que los deseos del oficialismo de tenerlo aprobado a fines de enero, cuando termine el período de sesiones ordinarias se vean complacidos.

Las formas importan

Hay en los sectores duros del gobierno una disociación marcada entre los deseos y la realidad. Una política de shock, sin concesiones, sólo puede ser llevada adelante cuando un gobierno tiene la suma del poder público. Fue eso lo que pasó con Carlos Menem en los años 90. La mayoría amplia que tenía en ambas Cámaras del Congreso, entre los gobernadores y la influencia que tuvo en el Poder Judicial, posibilitaron que sus proyectos se concretaran. Esa suma del poder absoluto lo hizo posible. Recuérdese, como ejemplo, el famoso “Per Saltum” instrumentado por la Suprema Corte de Justicia de entonces, de mayoría menemista, que permitió destrabar la privatización de Aerolíneas Argentinas que había sido suspendida por el juez federal del fuero Contencioso Administrativo Oscar Garzón Funes, ante la presentación del exdiputado Moisés Fontenla, del Grupo de los Ocho.

Hoy la situación es otra: la Corte Suprema es claramente independiente del gobierno y, en caso de tomar la decisión de aplicar el recurso del “Per Saltum”, sería una sorpresa que su fallo lo favoreciera.

El panorama en el Poder Legislativo es bastante similar. El proyecto de “Ley de las Bases” ha ingresado ya en el Congreso, pero las comisiones que deben tratarlo no están aún conformadas, con lo cual, las chances de ser tratado y aprobado a fin de enero tiene, a esta hora, la categoría de la ilusión.

Nadie sabe a ciencia cierta cómo es que el Presidente apostó a esta especie de todo o nada con un proyecto que, por su complejidad, debe ser tratado y aprobado por numerosas comisiones antes de llegar al plenario. La lógica aconsejaba una fragmentación para que pudiera tener un trayecto más simple, que le hubiese hecho posible ir alcanzando sus objetivos paso a paso. Este es un razonamiento que comparten funcionarios importantes del gobierno que chocan contra la obstinación de un hombre que ha adquirido un sorpresivo poder: Federico Sturzenegger. Muchas de estas cosas, el expresidente del Banco Central durante la primera mitad de la presidencia de Mauricio Macri, las había trabajado para Patricia Bullrich. Sturzenegger se ha convertido en un halcón que da la sensación de estar viviendo un tiempo de revancha después de haber sido eyectado de sus funciones por Macri y reemplazado, casualmente, por el actual ministro de Economía, Luis Caputo. Tan envalentonado se lo ve que se enfrascó en una serie de declaraciones poco prudentes y desafiantes que motivaron que alguien dentro del gobierno le pidiera que redujera su exposición pública.

En el medio está la gente

Una muestra de la falta de contacto con la realidad del proyecto de ley es lo que pasó con la pesca. El proyecto, en su texto original, quitaba la obligatoriedad de que los buques descarguen sus productos en puertos argentinos, proponía la libre competencia entre empresas argentinas y extranjeras –lo cual generaría condiciones desiguales de operación– y quitaba la obligatoriedad de que el 75% del personal embarcado sea de nacionalidad argentina. Eso generó la reacción de todos los gobernadores de las provincias con costa sobre el litoral marítimo a los que se les sumó el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. Debió intervenir pues el ministro del Interior, Guillermo Francos, que se reunió el mediodía del jueves con Montenegro y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, para modificar esos puntos de controversia. Intentando disimular lo evidente, Francos señaló que “habrá temas que serán clarificados en la redacción del artículo de la ley” (sic).

Más allá de cualquier subsanación en los textos definitivos, el error de base radica en la lógica de creer que, con algo de voluntarismo y mucho de prepotencia, se alcanzarían los objetivos planteados. En resumen: falta experiencia política.

Entre los principales empresarios argentinos existe la “voluntad de colaborar”, pero persiste el temor por el tiempo que pueda demandar la tan ansiada “luz al final del túnel”. Vale la pena mencionar que en rubros como el alimenticio y el textil esos mismos empresarios están demostrando su falta de mesura y su codicia. También depende de ellos el sacrificio y la carga que pueda soportar la gente. Deben entender que la Argentina no tiene muchas más oportunidades de salir del pozo en el cual está estancada desde hace décadas.

En este contexto, la ingenuidad del gobierno llegó a tal punto, que volvió a sobrevolar la idea de convocar a una consulta popular para satisfacer sus necesidades. Los principales constitucionalistas coinciden en que el Presidente no puede convocar a consulta popular respecto del DNU, simplemente porque no se tratan allí temas de su competencia. El oficialismo debe asimilar que –más allá de la legitimidad que le dio el resultado electoral–, no puede valerse del atropello y la obstinación para conseguir resultados. Su suerte y la de todos los argentinos, dependerá en gran medida, del retorno al camino del diálogo y la construcción política.

   

Menos democracia no es más libertad… @dealgunamaneraok...

Menos democracia no es más libertad…

Megaproyecto. El ministro del Interior, Guillermo Francos, entrega al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la propuesta del Gobierno.

La supuesta búsqueda de «la libertad de los argentinos», como define el proyecto de Ley «Ómnibus» enviado por el presidente Javier Milei al Congreso, es presentada como justificación para promover un drástico giro, de carácter claramente regresivo. Lo que se busca, en realidad, es un cambio estructural profundo en el actual funcionamiento de la sociedad en diversos ámbitos, sin que la mayor parte de las medidas propuestas signifiquen mejoras en las condiciones de vida de los sectores populares. Todo lo contrario.     

© Escrito por Carlos Heller el domingo 31/12/2023 y publicado por la Revista Acción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

Tanto la iniciativa, como el decreto de necesidad y urgencia (DNU) presentado la semana anterior, alientan modificaciones de extrema gravedad, dado que suponen el recorte de las libertades públicas y apuntan a acabar con todo atisbo de un proyecto de desarrollo nacional, inclusivo y soberano.

Por más que se diga perseguir la «modernización del Estado», «la reducción de la burocracia» o «el reordenamiento de la economía y el fin de intervenciones en los mercados», lo cierto es que se despliega una batería que pone en serio riesgo el mismo funcionamiento de las instituciones democráticas.

Resulta difícil aceptar que existe una situación de emergencia tal que haga urgente retroceder hacia un tipo de capitalismo que supone borrar de un plumazo toda una serie de derechos esenciales, hasta arribar a una situación como la que regía en el mundo y en el país hace más de un siglo, previamente al paradigma de los Estados de bienestar.

Entre el conjunto de disposiciones impulsadas, que incluso van mucho más allá de la plataforma sostenida durante la campaña electoral, acaso lo más riesgoso es la idea de delegar amplias facultades legislativas en el Poder Ejecutivo. Lo cual, como se propone hasta el 31 de diciembre de 2025 con posibilidad de extensión por dos años, prefigura la virtual eliminación de uno de los poderes del Estado.

Así lo entendimos legisladores y gobernadores de Unión por la Patria, en una declaración de rechazo al DNU 70/2023 «porque claramente avasalla atribuciones del Congreso y vulnera la división de poderes y el funcionamiento de la República». A la vez, advertimos, la ley ómnibus «ratifica la pretensión del presidente de contar con poderes y facultades extraordinarias, que son absolutamente inconstitucionales».

Quienes tenemos presente los períodos dictatoriales de mediados y fines del siglo pasado sabemos que la ausencia del Poder Legislativo es tan grave como lo es asimismo la limitación al derecho de reunirse y a manifestarse. O el establecimiento de sanciones para los organizadores de protestas que obstaculicen el espacio público.

Podemos preguntarnos, además, qué libertad es la que se promueve mediante la supresión o el desfinanciamiento de áreas culturales como el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto del Teatro o el Instituto del Cine. Tampoco se entiende el presunto beneficio de enajenar áreas de patrimonio público, mediante la privatización de empresas emblemáticas del desarrollo nacional, como el Banco de la Nación, YPF, Aerolíneas Argentinas o las integrantes del Sistema de Medios Públicos.

El impacto social del DNU y del proyecto de ley es también contundente. Véase, por ejemplo, la propuesta de suspender la fórmula de ajuste de haberes de los jubilados, para sustituirla mediante aumentos por decreto, la extensión del periodo de prueba de los trabajadores y trabajadoras de 3 a 8 meses, el recorte de indemnizaciones, la ampliación de la jornada laboral hasta 12 horas sin pago de horas extras y la eliminación de las multas por trabajo no registrado.

Esas y muchas otras modificaciones generan gran inquietud en la población. Al punto que gran cantidad de organizaciones políticas, sindicales, sociales y culturales iniciaron un proceso de movilización en busca de proteger sus derechos amenazados.

Las manifestaciones espontáneas de los últimos días serán continuadas por el paro nacional convocado para el próximo 24 de enero por la CGT y las CTA, una instancia que preanuncia la puesta en marcha de tradicionales formas de resistencia contra un modelo antidemocrático en lo social, lo político y lo económico. 

Megaproyecto. El ministro del Interior, Guillermo Francos, entrega al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la propuesta del Gobierno.