Los que van a pagar el ajuste…
El
gran ajuste prometido por el entonces candidato Javier Milei, como supuesta
solución a los problemas económicos y sociales del país, ya está en marcha. Pero
las decisiones del ahora presidente de la nación evidencian claras diferencias
con las propuestas preelectorales, particularmente en lo referido a quiénes
iban a ser alcanzados por las medidas.
© Escrito por Carlos Heller el sábado 16 de diciembre de 2023 y
publicado por la Revista Acción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
República Argentina.
Milei dirigió sus ataques a la «casta» política y a la intervención del Estado en distintas áreas, pero lo principal del ajuste terminará recayendo sobre la ciudadanía. Lo advirtió el reciente comunicado de la Confederación General del Trabajo (CGT), al señalar que «el anunciado ajuste, no ajusta a la denominada “casta”, como se prometió en campaña», sino que «el ajuste de Milei, una vez más, recae sobre el pueblo».
El propio ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que los recortes que se proyectan en el área del Estado no pasarán del 0,5% del producto bruto interno (PIB), frente al 5,2% de reducción del déficit planteado como meta.
Aunque el nuevo Gobierno utiliza imágenes dramáticas para justificarse –el vocero presidencial Manuel Adorni definió las medidas como «urgentes e inevitables para evitar la catástrofe»– la realidad es que no es este el único camino para alcanzar el equilibrio en las cuentas públicas.
Alternativas.
Como hemos señalado muchas veces: nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, sino enemigos del ajuste para resolverlo. Estamos de acuerdo en atacar el déficit. La cuestión es cómo lo hacemos.
La opción debe pasar por no ahogar el crecimiento de la economía, por la lucha contra la evasión impositiva, por la generación de una mayor progresividad tributaria, para que aporten los que más tienen. En ese marco, es factible la búsqueda de una mayor eficiencia en el gasto público, enfocándose prioritariamente en quienes más lo necesitan.
Dicho de otro modo, una vía (la que está hoy en curso en el país) consiste en desmejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población.
Otro camino es a través de medidas como la implementada en Brasil en estos días. Por primera vez se cobrarán impuestos a las inversiones de los llamados fondos exclusivos de inversión, también conocidos como «súper ricos», y a las empresas offshore.
El presidente Luis Ignacio «Lula» Da Silva espera recaudar 6.000 millones de dólares hasta 2025, mientras el ministro de Economía de ese país, Fernando Haddad, remarcó que la medida evitará un ajuste en las cuentas públicas. Un criterio claramente opuesto a la visión que tiene el Gobierno argentino.
En esta línea, creemos necesario implementar en la Argentina una política integral que ataque en simultáneo a la evasión impositiva, el contrabando y las distintas maniobras que se realizan para eludir las políticas fiscales (como la subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones). Debe insistirse, además, sobre la progresividad tributaria, para que los que más tienen sean los que más aporten.
Jubilados.
En claro contraste, la orientación
prevista por la Casa Rosada contempla, entre otras disposiciones altamente
preocupantes, recortar en un 0,4% del PIB la partida presupuestaria destinada
al sistema previsional. Es decir, las jubilaciones y pensiones deberán
sobrellevar su cuota del ajuste.
También se estudia el cambio de la fórmula automática para actualizar haberes y el uso de decretos para «recomponer» ingresos, lo que deja abierto el riesgo de una importante licuación en los ingresos de la clase pasiva.
Se anticipó además la casi desaparición de las transferencias de la nación a las provincias, una drástica reducción de la obra pública y una fuerte disminución de los subsidios a la energía y el transporte.
Todo ello, mientras ya se verifica el pronóstico de estanflación. El tipo de cambio oficial fue elevado más del 110%. El valor de los combustibles acumula un alza del 67% en lo que va de diciembre. El precio de la carne se incrementó alrededor del 38% en el promedio de los distintos cortes, en el marco de la liberación de precios presuntamente «reprimidos».
Frente al impacto que recaerá principalmente sobre los sectores populares, un comunicado del bloque de diputados de Unión por la Patria, del que formo parte, advirtió que «había y hay otro camino: un cambio con producción, trabajo y cuidando a las y los argentinos».
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