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martes, 20 de octubre de 2026

Desventuras en el País-Jardín-de-Infantes... @elprofesorcapomasi...

Desventuras en el País-Jardín-de-Infantes, por María Elena Walsh…

El 24 de marzo de 1976, una junta militar integrada por los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas derrocó al gobierno constitucional de Isabel Perón. Pronto el jefe del Ejército, Jorge Rafael Videla, fue designado presidente de la Junta y presentado por la prensa oficial como “un profesional moderado y militante católico”.

© Escrito por Felipe Pigna y Publicado por sito El Historiador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. 

El 24 de marzo de 1976, una junta militar integrada por los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas derrocó al gobierno constitucional de Isabel Perón. Pronto el jefe del Ejército, Jorge Rafael Videla, fue designado presidente de la Junta y presentado por la prensa oficial como “un profesional moderado y militante católico”.

Este nuevo golpe a la democracia, el sexto que tuvo lugar en menos de cincuenta años, fue la dictadura más sangrienta de la historia del país, con miles de muertos y desaparecidos, decenas de miles de exiliados, la derrota del Ejército argentino en Malvinas, la multiplicación por cinco de la deuda externa, el vaciamiento de empresas públicas y la destrucción de gran parte del aparato productivo del país.

Los crímenes cometidos por los militares son hoy denominados en el derecho internacional como “delitos de lesa humanidad”. Treinta mil desaparecidos, 400 niños robados y un país destruido fue el saldo más grave de la ocupación militar.

En el ámbito cultural, la censura -a la que el gobierno de facto llamó “servicio gratuito de lectura previa”- fue moneda corriente. Llegó a todos los órdenes, desde los medios masivos de comunicación hasta la vida cotidiana. Fueron cerradas las carreras universitarias de Psicología y Antropología y, en la provincia de Córdoba, llegó a prohibirse la enseñanza de la matemática moderna por considerársela subversiva. Las proscripciones iban desde la música de Mercedes Sosa hasta la lectura de Saint-Éxupery, autor de El Principito. También “desaparecieron” escritores, como Haroldo Conti y Roberto Santoro, el cineasta Raymundo Gleyzer y el historietista Héctor Oesterheld. Muchos otros se vieron obligados a exiliarse.

La escritora, música y poetisa María Elena Walsh se refería a esta situación en un artículo publicado en Clarín en agosto de 1979, en el que comparaba a la Argentina de la dictadura con un jardín de infantes. “Hace tiempo que somos como niños y no podemos decir lo que pensamos o imaginamos. (…) El ubicuo y diligente censor transforma uno de los más lúcidos centros culturales del mundo en un Jardín-de-Infantes fabricador de embelecos que sólo pueden abordar lo pueril, lo procaz, lo frívolo o lo histórico pasado por agua bendita. Ha convertido nuestro llamado ambiente cultural en un pestilente hervidero de sospechas, denuncias, intrigas, presunciones y anatemas”, resumía la autora de tantos clásicos infantiles, que se instaló con su música y su poesía en el corazón de varias generaciones de argentinos.

Fuente: “Desventuras en el País-Jardín-de-Infantes”, por María Elena Walsh, Diario Clarín, 16 de agosto de 1979; en  María Elena Walsh, Desventuras en el País Jardín-de-Infantes, Buenos Aires, Sudamericana, 1993, págs. 13-18.

Si alguien quisiera recitar el clásico «Como amado en el amante / uno en otro residía…» por los medios de difusión del País-Jardín, el celador de turno se lo prohibiría, espantado de la palabra amante, mucho más en tan ambiguo sentido.

Imposible alegar que esos versos los escribió el insospechable San Juan de la Cruz y se refieren a Personas de la Santísima Trinidad. Primero, porque el celador no suele tener cara (ni ceca). Segundo, porque el celador no repara en contextos ni significados. Tercero, porque veta palabras a la bartola, conceptos al tuntún y autores porque están en capilla.

Atenuante: como el celador suele ser flexible con el material importado, quizás dejara pasar «por esa única vez» los sublimes versos porque son de un poeta español.

Agravante: en ese caso los vetaría sólo por ser poesía, cosa muy tranquilizadora.

El celador, a quien en adelante llamaremos censor para abreviar, suele mantenerse en el anonimato, salvo un famoso calificador de cine jubilado que alcanzó envidiable grado de notoriedad y adhesión popular.

El censor no exhibe documentos ni obras como exhibimos todos a cada paso. Suele ignorarse su currículum y en qué necrópolis se doctoró. Sólo sabemos, por tradición oral, que fue capaz de incinerar La historia del cubismo o las Memorias de (Groucho) Marx. Que su cultura puede ser ancha y ajena como para recordar que Stendhal escribió dos novelas: El rojo y El negro, y que ambas son sospechosas es dato folklórico y nos resultaría temerario atribuírselo.

Tampoco sabemos, salvo excepciones, si trabaja a sueldo, por vocación, porque la vida lo engañó o por mandato de Satanás.

Lo que sí sabemos es que existe desde que tenemos uso de razón y ganas de usarla, y que de un modo u otro sobrevive a todos los gobiernos y renace siempre de sus cenizas, como el Gato Félix. Y que fueron ¡ay! efímeros los períodos en que se mantuvo entre paréntesis.

La mayoría de los autores somos moralistas. Queremos —debemos— denunciar para sanear, informar para corregir, saber para transmitir, analizar para optar. Y decirlo todo con nuestras palabras, que son las del diccionario. Y con nuestras ideas, que son por lo menos las del siglo XX y no las de Khomeini.

El productor-consumidor de cultura necesita saber qué pasa en el mundo, pero sólo accede a libros extranjeros preseleccionados, a un cine mutilado, a noticias veladas, a dramatizaciones mojigatas. Se suscribe entonces a revistas europeas (…) que significativamente el correo no distribuye.

Un autor tiene derecho a comunicarse por los medios de difusión, pero antes de ser convocado se lo busca en una lista como las que consultan las Aduanas, con delincuentes o «desaconsejables».  (…)

Hace tiempo que somos como niños y no podemos decir lo que pensamos o imaginamos. Cuando el censor desaparezca ¡porque alguna vez sucumbirá demolido por una autopista! estaremos decrépitos y sin saber ya qué decir. Habremos olvidado el cómo, el dónde y el cuándo y nos sentaremos en una plaza como la pareja de viejitos del dibujo de Quino que se preguntaban: «¿Nosotros qué éramos…?»

El ubicuo y diligente censor transforma uno de los más lúcidos centros culturales del mundo en un Jardín-de-Infantes fabricador de embelecos que sólo pueden abordar lo pueril, lo procaz, lo frívolo o lo histórico pasado por agua bendita. Ha convertido nuestro llamado ambiente cultural en un pestilente hervidero de sospechas, denuncias, intrigas, presunciones y anatemas. Es, en definitiva, un estafador de energías, un ladrón de nuestro derecho a la imaginación, que debería ser constitucional.

La autora firmante cree haber defendido siempre principios éticos y/o patrióticos en todos los medios en que incursionó. Creyó y cree en la protección de la infancia y por lo tanto en el robustecimiento del núcleo familiar. Pero la autora también y gracias a Dios no es ciega, aunque quieran vendarle los ojos a trompadas, y mira a su alrededor. Mira con amor la realidad de su país, por fea y sucia que parezca a veces, así como una madre ama a su crío con sus llantos, sus sonrisas y su caca (¿se podrá publicar esta palabra?). Y ve multitud de familias ilegalmente desarticuladas porque el divorcio no existe porque no se lo nombra, y viceversa. (…)

Si incursiona en la TV —da lo mismo que sea como espectador, autor o «invitado»— hablará del prêt-à-porter, la nostalgia, el cultivo de begonias. Contemplará a ejemplares enamorados que leen Anteojito en lugar de besarse. Asistirá a debates sobre temas urticantes como el tratamiento del pie de atleta, etcétera.

El público ha respondido a este escamoteo apagando los televisores. En este caso, el que calla —o apaga— no otorga. En otros casos tampoco: el que calla es porque está muerto, generalmente de miedo.

Cuando ya nos creíamos libres de brujos, nuestra cultura parece regida por un conjuro mágico; no nombrar para que no exista. A ese orden pertenece la más famosa frase de los últimos tiempos: «La inflación ha muerto» (por lo tanto no existe). Como uno la ve muerta quizás pero cada vez más rozagante, da ganas de sugerirle cariñosamente a su autor, el doctor Zimmermann, que se limite a ser bello y callar.

Sí, la firmante se preocupó por la infancia, pero jamás pensó que iba a vivir en un País-Jardín-de-Infantes. Menos imaginó que ese país podría llegar a parecerse peligrosamente a la España de Franco, si seguimos apañando a sus celadores. Esa triste España donde había que someter a censura previa las letras de canciones, como sucede hoy aquí y nadie denuncia; donde el doblaje de las películas convertía a los amantes en hermanos, legalizando grotescamente el incesto.

Que las autoridades hayan librado una dura guerra contra la subversión y procuren mantener la paz social son hechos unánimemente reconocidos. No sería justo erigirnos a nuestra vez en censores de una tarea que sabemos intrincada y de la que somos beneficiarios. Pero eso ya no justifica que a los honrados sobrevivientes del caos se nos encierre en una escuela de monjas preconciliares, amenazados de caer en penitencia en cualquier momento y sin saber bien por qué.

Nuestra historia —con sus cabezas en picas, sus eternos enconos y sus viejas o recientes guerras civiles— nos ha estigmatizado quizás con una propensión latente represiva-intervecinal que explota al menor estímulo y transforma la convivencia en un perpetuo intercambio de agravios y rencores. (…)

Quienes desempeñan la peliaguda misión de gobernarnos, así como desterraron —y agradecemos— aquellas metralletas que nos apuntaban por doquier en razón de bien atendibles medidas de seguridad, deberían aliviar ya la cuarentena que siguen aplicando sobre la madurez de un pueblo (¿se acuerdan del Mundial?) con el pretexto de que la libertad lo sumiría en el libertinaje, la insurrección armada o el marxismo frenético. (…)

Creo necesario aunque obvio advertir que en las democracias donde la libertad de expresión es absoluta la comunidad no es más viciosa ni la familia está más mutilada ni la juventud más corrompida que bajo los regímenes de exagerado paternalismo. Más bien todo lo contrario. Delito e irregularidad son desgraciadamente productos de nuestra época (y de otras) y se dan en casi todos los países excepto los comunistas. ¿Son ellos nuestro ideal? (…)

El abuso puede ser controlable mediante una coherente reglamentación, pero es preferible mil veces correr los riesgos que entraña la libertad, por lo mucho de positivo que engendra, que asustarnos a priori para ser pobres pero honrados, niños pero atrasados, que no es lo mismo que puros.

En cambio los tortuosos mecanismos que paralizan preventivamente la cultura sí contaminan y achatan a toda la familia social y no sólo le vedan el acceso a las grandes ideas sino que generan fracaso, reyertas e hipocresía… vicios poco recomendables para una familia.

En lugar de presentar certificados de buena conducta o temblar por si figuramos en alguna «lista» creo que deberíamos confesar gandhianamente: sí, somos veinticinco millones de sospechosos de querer pensar por nuestra cuenta, asumir la adultez y actualizarnos creativamente, por peligroso que les parezca a bienintencionados guardianes. (…)

Veinticinco millones, sí, porque los niños por fortuna no se salvan del pecado. Aunque se han prohibido libros infantiles, los pequeños monstruos siguen consumiendo historias con madrastras-harpías, brujas que comen niños, hombres que asesinan a siete esposas, padres que abandonan a sus hijos en el bosque, Alicias que viajan bajo tierra sin permiso de mamá. Entonces ellos, como nosotros, corren el riesgo de perder ese «sentido de familia» que se nos quiere inculcar escolarmente… y con interminables avisos de vinos.

Ésta no es una bravuconada, es el anhelo, la súplica de una ciudadana productora-consumidora de cultura. Es un ruego a quienes tienen el honor de gobernarnos (y a sus esposas, que quizás influyan en alguna decisión así como contribuyen al bienestar público con sus admirables tareas benéficas): déjennos crecer. Es la primera condición para preservar la paz, para no fundar otra vez un futuro de adolescentes dementes o estériles.

Como aquella pobre modista negra llamada Rosa Parks, encarcelada por haberse negado a cederle el asiento a un pasajero blanco en un autobús según la obligaba la ley, la autora declararía a quien la acusara de sediciosa: «No soy una revolucionaria, es que estaba muy cansada».

Pero Rosa Parks, en un país y una época (reciente) donde regían tales leyes en materia de «derechos humanos», era adulta y, ayudada por sus hermanos de raza, pudo apelar a otro ámbito de la justicia para derrotar a la larga la opresión y contribuir a desenmascarar al Ku Klux Klan.

Nosotros, pobres niños, a qué justicia apelaremos para desenmascarar a nuestros encapuchados y fascistas espontáneos, para desbaratar listas que vienen de arriba, de abajo y del medio, para derogar fantasmales reglamentos dictados quizás por ignorancia o exceso de celo de sacristanes más papistas que el Papa.

Sólo podemos expresar nuestra impotencia, nuestra santa furia, como los chicos: pataleando y llorando sin que nadie nos haga caso.

La autora «está muy cansada», no por los recortes que haya sufrido porque volverán a crecerle como el pelo y porque de ellos la compensa el infinito privilegio de integrar la honorable familia de sus compatriotas, sino por compartir el peso de la frustración generalizada. Porque es célula de todo un organismo social y no aislada partícula. (…)

Y porque no es una revolucionaria pero está muy cansada, no se exilia sino que se va a llorar sentada en el cordón de la vereda, con un único consuelo: el de los zonzos. Está rodeada de compañeritos de impecable delantal y conducta sobresaliente (salvo una que otra travesura). De coeficiente aceptable, pero persuadidos a conducirse como retardados y, pese a su corta edad, muñidos de anticonceptivos mentales.

Todos tenemos el lápiz roto y una descomunal goma de borrar ya incrustada en el cerebro. Pataleamos y lloramos hasta formar un inmenso río de mocos que va a dar a la mar de lágrimas y sangre que supimos conseguir en esta castigadora tierra.

Fuente: www.elhistoriador.com.ar




sábado, 22 de mayo de 2021

¿Cómo surgió el terrorismo de Estado? @dealgunamaneraok...

 ¿Cómo surgió el terrorismo de Estado? 

La dictadura de 1976 está signada, entre otras cosas, por el terrorismo de Estado. Ese dispositivo de represión clandestina fue el corolario de un largo proceso de intervención política de los militares y una serie de prerrogativas habilitadas por el gobierno de Isabel Martínez de Perón.

© Escrito por Esteban Pontoriero el martes 23/03/2021 y publicado por el La Vanguardia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de los Argentinos. 



Cuando esto ocurre [la suspensión total del orden jurídico vigente], es evidente que mientras el Estado subsiste, el derecho pasa a segundo término. Como quiera que el estado excepcional es siempre cosa distinta de la anarquía y del caos, en sentido jurídico siempre subsiste un orden, aunque este orden no sea jurídico. La existencia del Estado deja en este punto acreditada su superioridad sobre la validez de la norma jurídica. La “decisión” se libera de todas las trabas normativas y se torna absoluta, en sentido propio. Ante un caso excepcional, el Estado suspende el Derecho por virtud del derecho a la propia conservación.[1]

 

El 16 de febrero de 1975 en la plaza de armas del Regimiento Patricios de Mendoza se llevó a cabo el velatorio del capitán Héctor Cáceres, muerto unos días antes en el monte tucumano durante un enfrentamiento con miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). El hecho se produjo en un contexto particular: desde los inicios de ese mes el Ejército argentino se encontraba realizando una acción represiva y de exterminio en gran escala para eliminar el “foco rural” que esa organización político-militar había establecido en la provincia de Tucumán. En el funeral del oficial muerto, el general Leandro Anaya, Comandante en Jefe del Ejército, expresó: “El 29 de mayo próximo, al conmemorarse el aniversario de la fuerza [el día del Ejército], manifestaré: “el país ha definido claramente la forma de vida dentro de la cual desea desenvolverse. El gobierno, respaldado por los sectores más representativos del quehacer nacional, ha adoptado la firme determinación de hacer efectivo dicho mandato” […]. Dije en una oportunidad: “el Ejército está preparado para caer sobre la subversión, cuando el pueblo así lo reclame a través de sus legítimos representantes”. El pueblo lo ha reclamado. El Ejército cumplió”.[2]

 

La lectura de este párrafo nos conduce a formular algunas preguntas: ¿Cómo y por qué el arma terrestre llegó a ocuparse de la realización de tareas represivas? ¿Cuál fue el papel que cumplieron las autoridades políticas en ese proceso? ¿Por medio de qué marco legal se habilitó el uso del Ejército en el orden interno? ¿A quién o a quiénes habían definido como el enemigo los hombres de armas y el gobierno? ¿En qué tipo de conflicto interno creían estar involucrados los actores políticos y militares? 

Hacia fines de 1975 ya estaban disponibles dos factores centrales de la represión clandestina que ejecutarían las Fuerzas Armadas con el Ejército a la cabeza: un abordaje para la guerra interna y un marco legal que habilitaba un estado de excepción.


Hacia fines de 1975 ya estaban disponibles dos factores centrales de la represión clandestina que ejecutarían las Fuerzas Armadas con el Ejército a la cabeza: un abordaje para la guerra interna y un marco legal que habilitaba un estado de excepción. Se contaba con una teoría y una práctica para la contrainsurgencia desde los años finales de la década del cincuenta. A su vez, el gobierno peronista de María Estela Martínez de Perón (1974-1976) dictó un conjunto de decretos que edificaron una creciente excepcionalidad jurídica. Este proceso poseía importantes antecedentes en las dictaduras militares de la “Revolución Libertadora” (1955-1958) y de la “Revolución Argentina” (1966-1973) y en las presidencias constitucionales de Arturo Frondizi (1958-1962) y de Arturo Illia (1963-1966). Durante el mandato de Martínez de Perón se dictaron el estado de sitio en noviembre de 1974 y los decretos “de aniquilamiento de la subversión” al año siguiente.

 

En los primeros días de febrero de 1975, el Poder Ejecutivo convocó al Ejército para darle la mayor responsabilidad en materia represiva: lograr la derrota y el exterminio del “foco guerrillero” que el ERP había instalado en una zona rural de la provincia de Tucumán desde algunos meses atrás. Luego del ataque de la organización político-militar peronista Montoneros al Regimiento de Infantería de Monte 29 en la provincia de Formosa en octubre, aquella misión tomó un carácter nacional mediante el decreto 2772. Las autoridades políticas y militares consideraban que, en la coyuntura de 1975, la defensa y el resguardo de la República justificaban la suspensión de partes sustanciales del orden jurídico para garantizar su supervivencia ante una amenaza caracterizada por ambos actores como “subversiva”.


 

Escribir sobre el terrorismo de Estado es también escribir sobre la guerra. Los militares (al igual que la mayoría de la dirigencia política, diversos sectores de la sociedad civil y las organizaciones armadas) partían de la premisa de estar librando una contienda bélica. En base a ello diagramaban su doctrina, estrategia, hipótesis de conflicto, métodos de combate e intervención en el orden interno. Además, no se trataban de cualquier enfrentamiento armado sino de una “guerra contra la subversión”. Esto implicaba, por ejemplo, incorporar el crimen a la operatoria castrense.

 

¿Por qué el Ejército recurrió a prácticas represivas clandestinas que no figuraban o estaban prohibidas en los reglamentos elaborados por la propia institución desde la incorporación de las nociones contrainsurgentes? La respuesta a esa pregunta debería tomar en cuenta una serie de factores: la influencia ejercida por el pensamiento contrainsurgente y las prácticas criminales que éste avalaba; la amnistía generalizada de los presos políticos capturados y juzgados durante la “Revolución Argentina” ocurrida durante la presidencia de Héctor Cámpora (mayo a julio de 1973); la situación ventajosa que le daría a los militares desde el punto de vista operativo, asegurando la efectividad y la impunidad por las tareas ilegales que éstos realizaran y la probada eficacia del terror entendido como un arma de guerra contra los opositores políticos. Además, la masacre debía esconderse para el resto del mundo y especialmente frente a los eventuales reclamos que pudiera realizar la Iglesia Católica, como ya había ocurrido con las ejecuciones que tuvieron lugar en la dictadura del general Augusto Pinochet en Chile (1973-1990). 

Se había delineado una estrategia represiva y de aniquilamiento que se basaba en la conducción centralizada y la ejecución descentralizada: esto brindaba ciertos niveles de autonomía a las jerarquías inferiores. Estos principios fueron la culminación de un recorrido formativo y de elaboración doctrinaria iniciado en 1955.


El Ejército condensó una serie de principios para guiar su accionar contra los opositores políticos o aquellos individuos o colectivos percibidos como tales. Se había definido un enemigo, la “subversión”, caracterizado por estar oculto entre la población, su extremismo ideológico y de métodos, operar en varios frentes y buscar la toma del poder para transformar de raíz los supuestos fundamentos políticos, culturales, religiosos y económicos de la Argentina. Se había delineado una estrategia represiva y de aniquilamiento que se basaba en la conducción centralizada y la ejecución descentralizada: esto brindaba ciertos niveles de autonomía a las jerarquías inferiores. Estos principios fueron la culminación de un recorrido formativo y de elaboración doctrinaria iniciado en 1955.

 

Las máximas autoridades de la fuerza habían decidido el exterminio del enemigo. Desde el “Operativo Independencia”, el concepto de “aniquilamiento” se convirtió en el ordenador de las prácticas represivas. No obstante, los militares en soledad no hubiesen podido imponer sus ideas y encarar la “lucha antisubversiva” si no hubieran contado con el aval político que solamente les podían otorgar las máximas autoridades del gobierno. Los secuestros, las torturas, los centros clandestinos, los asesinatos masivos, las desapariciones, las variadas formas de destruir o esconder los cuerpos, se convirtieron en la marca registrada del terrorismo de Estado en nuestro país, junto con una serie de prácticas legales o legalizadas por la dictadura tales como la prisión política o el exilio.


En los prolegómenos del golpe de Estado de marzo de 1976, un conjunto de elementos diacrónicos confluyó con otros de tipo sincrónico. Una serie de procesos de largo plazo (desarrollos doctrinarios, jurídicos, de imaginarios, de estructuras organizativas y de prácticas) se imbricaron con otros de corta duración (un diagnóstico de coyuntura, usos, apropiaciones, prácticas represivas, una convocatoria presidencial a la “lucha antisubversiva” y un contexto de crisis política, económica e intra gubernamental) dando lugar al surgimiento de un determinado fenómeno histórico: la represión clandestina y su cara más brutal, el exterminio secreto.

 

La seguridad interna se hallaba completamente integrada a la esfera de la defensa nacional, más que en ninguna de las otras coyunturas previas. La lógica del estado de excepción, existente en diferentes momentos entre 1955 y 1976, creó una situación compleja respecto del marco constitucional. La incorporación de las FF.AA. a la esfera de la seguridad interna para ejecutar tareas represivas se realizó mediante una legislación de defensa atravesada por el imaginario de la “guerra contrainsurgente” que permitía suspender una parte de las garantías constitucionales y que avalaba la implementación de un conjunto de prácticas represivas sostenidas en ese marco legal de emergencia. Desde la lógica castrense no existía una ruptura entre el orden legal y la acción clandestina: la introducción de un estado de excepción les daba a los militares la primacía en la represión y exterminio de la “subversión”. Una serie de decretos confirmaba la percepción del Ejército de estar inmerso en una guerra que –es importante remarcarlo– implicaba la realización de acciones criminales.

Desde la lógica castrense no existía una ruptura entre el orden legal y la acción clandestina: la introducción de un estado de excepción les daba a los militares la primacía en la represión y exterminio de la “subversión”. 

Los pares dicotómicos estatalidad/paraestatalidad y acción pública/acción clandestina en un marco de excepción pierden su operatividad para el análisis histórico: deben abordarse considerando sus cruces y porosidades. Las medidas propias de un estado de excepción imponen una situación en la que la división polar “legal/ilegal” deja de funcionar como clave de comprensión de las acciones ejecutadas por el Estado. En el caso argentino, por ejemplo, muchas de las medidas represivas que implementaron los militares estaban fuera del orden jurídico. Sin embargo, la legislación de defensa que se sancionó en los sesenta y entre 1974 y 1975 permitió que aquellas prácticas ilegales se volvieran legales. Por lo tanto, como señala Marina Franco “el problema no es entonces la ‘legalidad o la ‘ilegalidad’ de las acciones, sino el carácter excepcional y ascendente de esas medidas ‘legales’ fundadas en el estado de necesidad que llevó a la suspensión progresiva del Estado de derecho en nombre de su preservación. Fue ese proceso, efectivamente, el que condujo a la militarización del Estado y alimentó, una vez más, la autonomización de las Fuerzas Armadas”.[3] 

Para finalizar, a partir de 1975 la acción represiva y de exterminio se movieron en una “tierra de nadie” creada por la combinación de la excepcionalidad jurídica con la contrainsurgencia. Este proceso tuvo como condición de posibilidad los desarrollos doctrinarios y gubernamentales previos. 

[1] Carl Schmitt. Teología política. Cuatro ensayos sobre la soberanía. Buenos Aires, Struhart & Cía., 2005, p. 30. 

[2] Clarín, 17 de febrero de 1975, p. 5. 

[3] Marina Franco. Un enemigo para la nación…, Op. Cit.,p. 181. 

Esteban Pontoriero. Doctor en Historia por el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Investigador Asistente en CONICET.



sábado, 9 de enero de 2021

Jubilaciones y pensiones… @dealgunamanera...

 Jubilaciones y pensiones. Cristina Kirchner cobrará cerca de 1,7 millones de pesos mensuales.


Semejante beneficio no solo demuestra la ausencia del más mínimo escrúpulo de parte de la beneficiada, sino que viola el marco jurídico vigente en la materia.

© Escrito por Daniel Sabsay (*) el viernes 08/01/2020 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

El mismo día que se sancionó la nueva fórmula previsional que no toma en cuenta la inflación para el cálculo de las jubilaciones y por lo tanto importa una seria merma de los haberes de los adultos mayores, una sentencia por lo menos insólita, le concedió a la vicepresidenta el cobro de dos jubilaciones no contributivas, de privilegio, sin pagar impuesto a las ganancias.

 

De resultas de lo cual, Cristina cobrará alrededor de 1,7 millones de pesos mensuales. Importe que resulta de la suma de las dos pensiones más el sueldo de Vicepresidenta. Pero parece que a la ex Presidenta no le alcanza, pues le ha pedido al juez el cobro de un 40% más por zona desfavorable ya que mantuvo su domicilio en El Calafate. Además el magistrado le concedió un retroactivo equivalente a cien millones de pesos.

 

Semejante beneficio no solo demuestra la ausencia del más mínimo escrúpulo de parte de la beneficiada, sino la violación de las más esenciales reglas éticas. Más allá de este tipo de razonamiento, el problema se centra en la violación del marco jurídico vigente en la materia.

 

CFK se sirve de una Argentina sin Ley

 

Del análisis de los antecedentes de la decisión surge que en 2015, cuando Cristina era presidenta le solicitó los beneficios a su cuñada Alicia Kirchner, a la sazón ministra de Desarrollo Social, quien se los concedió de inmediato con el asesoramiento de Carlos Zannini, que se desempeñaba como Secretario Legal y Técnico de la Presidencia. Luego se reformó la ley 24.018 y determinó que el ANSES fuese la autoridad de aplicación. Cabe recordar que bajo la presidencia de Macri se resolvió, por aplicación del art. 5 de la ley, que ella debía elegir entre una de las dos pensiones.

 

Entre otras irregularidades, el juez subrogante Ezequiel Pérez Nami sostuvo que Isabel Perón cobra dos pensiones. Sin embargo, esto no es así, la viuda de Perón cobra una y paga ganancias. El magistrado formalmente es secretario de juzgado, miembro de la lista celeste, la más afín al kirchnerismo. Lamentablemente los K han hecho de las subrogancias un vehículo para la permanencia de meros funcionarios judiciales afines.

 

Recordemos que por el contrario movió todas las piezas contra los traslados de jueces federales dentro de la misma jurisdicción, grado y competencia y logró que la Corte decidiera en el caso Bruglia que los traslados siempre son transitorios.

 

Curioso los subrogantes muchas veces ni siquiera son jueces, como es el caso del sentenciante en el caso que estamos analizando, sin embargo, cuando conviene se los perpetua. Una vez más el doble rasero en función de las circunstancias. También sucede que se los premie como ocurrió con Alejo Ramos Padilla. Pero sorprendentemente Pérez Nami no ganó ninguno de los concursos en los que se presentó.

 

La pensión doble de Cristina: un episodio más de la Argentina inentendible

 

Esta aberrante sentencia (creemos que es el adjetivo que le cabe) ya que no resiste el más mínimo examen a la luz de los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, debería ser apelada por la titular del ANSES o por el inefable Zannini, hoy Procurador del Tesoro de la Nación. Si no lo hicieran, nos preguntamos si es posible aceptar que quede firme, cuando se opone a los más elementales contenidos del Estado de Derecho. Si así ocurriese, se consagraría la desigualdad ante la ley, el abuso de poder, la malversación de caudales públicos, el incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros posibles delitos.

 

Debe abrirse el acceso a la Justicia, de modo que ante la omisión de los funcionarios, seamos los gobernados quienes defendamos el erario público y en definitiva nuestros derechos derivados de una decisión injusta y contraria a las normas. No tengo dudas de que de quedar firme este fallo, estaríamos frente a cosa juzgada írrita o fraudulenta, como califica a este tipo de decisiones jurisdiccionales Federico Morgenstern en su ya célebre libro.

 

La Corte Suprema ha dicho desde hace varias décadas a partir del  caso “Siri” (Fallos: 239:459, 1957) que consagró el amparo como vía judicial para la protección de los derechos que: “las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el sólo hecho de estar consagradas en la Constitución Nacional”.

 

Ahora, frente a tamaño atropello y ante la mirada complaciente del poder deberá aplicar nuevamente este criterio para proteger el Estado de Derecho.

 

(*) Daniel Sabsay. Profesor titular y Director de la Carrera de Posgrado en Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires.






martes, 1 de mayo de 2018

La devaluación del peso lleva 200 años… @dealgunamanera...

La devaluación del peso lleva 200 años…

Fotografía: Crónica del NOA

Para la mayoría de los economistas, la modificación del tipo de cambio del peso con respecto al dólar que se viene es “la devaluación más anunciada de la historia”. Quieren decir que el atraso monetario está tan marcado que para la ortodoxia económica no quedaría otro recurso que depreciar la moneda local.

© Escrito por Germán Negro el domingo 29/11/2015 y publicado por el Diario La Voz del Interior de la Ciudad de Córdoba, República Argentina.

No es para nada algo novedoso en la Argentina. Pero cuando hubo devaluación casi siempre perdió la gente que vive del salario. La más recordada, casi como un apocalipsis, fue la que lanzó el ministro peronista Celestino Rodrigo, en 1975, aunque la historia completa tiene unos 200 años. Como la patria misma.

La génesis podría situarse en 1827, en tiempos del patrón oro. El peso que circulaba en la Argentina se devaluó casi un 35 por ciento, según recopiló el chileno Sebastián Edwards en su libro Dejada atrás: América Latina y la falsa promesa del populismo. Unos dos años después, el deterioro fue del 68 por ciento y los ajustes siguieron su curso cada dos o tres años.

El rosario de devaluaciones siguió hasta la convertibilidad que rigió entre 1891 y 1914. En esa época, el país se instaló como uno de los mayores productores de granos del mundo y recibió millones de inmigrantes, principalmente italianos, que escapaban de la hambruna y de las guerras en Europa.

En Crisis y divisas y devaluación en la Argentina: una perspectiva histórica, de Esteban Bertuccio, Juan Manuel Telechea y Pablo Wahren, se divide a las últimas devaluaciones en dos períodos: el asociado con las crisis del comercio exterior, de 1955 a 1975, y el de las crisis financieras, desde 1976. Aluden, claro, a que las consecuencias fueron las mismas: pérdida de salario y desocupación, entre las principales.

En octubre de 1958, en medio de la gran expectativa puesta en el desarrollismo, el flamante presidente Arturo Frondizi dio lugar a una devaluación cercana al 70 por ciento y desató una inflación que llegó casi al 114 por ciento. El gobierno de facto que le siguió devaluó casi un 65 por ciento en 1962.

En importancia seguiría la más recordada, la que marcó a la generación previa a la dictadura de 1976 y que tuvo nombre propio: “el Rodrigazo”. En junio de 1975, Celestino Rodrigo, ministro de Economía de Isabel Perón, devaluó un 99 por ciento, congeló salarios y subió tarifas. En pocos meses, la depreciación de la moneda llegó casi al 900 por ciento y dejó cientos de miles de quebrantos y de excluidos.

Durante la dictadura llegaría otro golpe al peso en 1981 (225 por ciento), mientras que en el gobierno de Carlos Menem hubo un fuerte impacto en 1989. En la memoria también quedó la salida de la convertibilidad, entre diciembre de 2001 y marzo de 2002, cuando el dólar pasó de uno a tres pesos. No se quedará fuera de la historia el período de 12 años de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, cuando de los tres pesos por dólares se pasó a los 15 pesos del billete que se consigue hoy en la plaza irregular.