Donde manda capitán... @dealgunamanera...

 Donde manda capitán... 

 

"Amado blues" Amado Boudou. Dibujo: Pablo Temes

 

Otra irrupción explícita y autoritaria de Cristina, que pone en entredicho el liderazgo del Presidente.

© Escrito por Nelson Castro el sábado 05/12/2020 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Las idas y vueltas del proyecto de ley de movilidad jubilatoria tienen la mezcla de acción y devenir casi bizarro de una película de Tarantino. Calendario mediante, la reconstrucción de esta historia muestra con crudeza que quien manda en este gobierno es Cristina Kirchner.

 

Miércoles 18 de noviembre: el anuncio. La titular de Anses, Fernanda Raverta; y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anunciaron un aumento por decreto del 5% en diciembre para jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales y asignaciones familiares. Raverta: “Queremos transmitirles a los jubilados una buena noticia: anunciamos el último aumento por decreto del presidente AF ya que enviamos al Congreso el proyecto de reforma de movilidad jubilatoria”.

 

¿Valía la pena un anuncio conjunto con bombos y platillos para un aumento que –de bolsillo– representaba menos de $ 900? El ombudsman de la tercera edad, Eugenio Semino, lapidó la medida: “Se trató de una actitud casi miserable. Son $ 30 por día que equivale al valor de una galletita Tita”. Recuérdese que el valor de un litro de leche de segunda marca oscila entre 43 y 48 pesos.  

 

Sábado 28 de noviembre: la sorpresa. Esa mañana los matutinos dieron cuenta de un hecho lamentable: el Gobierno descontaría a los adultos mayores el aumento del 5% estipulado para diciembre en el reajuste de marzo de 2021. Así, contrariando la expectativa y el espíritu con que fue anunciado, el incremento sería solo un anticipo o pago a cuenta de las recomposiciones de haberes a otorgar al año siguiente. La oposición en bloque salió a criticar la medida. A esa crítica se le agregó un “sentimiento de vergüenza” dentro del propio Frente de Todos.

 

Miércoles 2 de diciembre: donde manda capitán... De manera unilateral e inconsulta la ex presidenta en funciones determinó que el aumento a jubilados no sería a cuenta de lo que se otorgará en marzo y pidió  volver al esquema de movilidad vigente en su gobierno. Palabra de jefa. Lo que fue destacado por parte del oficialismo como “un acto de justicia y generosidad” tuvo, en realidad, la necesidad de capitalizar esa movida política y aquietar las aguas de cara al debate en el Congreso. Varios legisladores y referentes del FdT habían dejado sentado su disgusto por lo ocurrido.

 

Jueves 3 de diciembre: el papelón presidencial. En un intento vano por enmendar la mamarrachada, el Presidente dijo que los cambios fueron idea de él y no de CFK. “Con Claudio Moroni y Fernanda Raverta se nos ocurrió volver a la fórmula original de Cristina y hacer actualizaciones trimestrales”. Hubiese sido mejor no aclarar nada y evitar agregar deterioro a la ya devaluada palabra presidencial.

 

Un dato más: este mes los más de 4 millones de jubilados que cobran la mínima recibirán $ 19 mil, lo mismo que cobraron hace un año: $ 14 mil de la mínima de aquel entonces más un bono de $ 5 mil. Esto evidencia que nadie en la clase dirigente se preocupa por nuestros adultos mayores.

 

Desde el punto de vista de los ingresos de los jubilados, la movida de la ex presidenta en funciones tiene un efecto nimio. “Es todo humo”, como lo afirmó un especialista en el tema.  El efecto más importante es el político. Una voz albertista: “Cada vez que AF busca encarrilar un poco los números de la economía,  aparece Cristina y, de un plumazo, desbarajusta todo”.

 

La Justicia que molesta al kirchnerismo. Fue una buena semana para la República. La Justicia hizo valer su independencia y falló de acuerdo con la lógica de la evidencia. En un caso fue la Sala I de la Cámara de Casación que confirmó la validez de la Ley del Arrepentido, sentencia que puso a buen resguardo la causa de los Cuadernos de Centeno que la vicepresidenta busca voltear afanosamente. 

En el otro caso, fue la Corte Suprema de Justicia que, en fallo unánime, confirmó la condena al ex vicepresidente Amado Boudou por la causa de la adquisición de la empresa Ciccone Calcográfica. En ambos procesos, el peso de las evidencias es de tal magnitud que, si los fallos hubiesen sido distintos, habrían significado un escándalo.  

 

Hubo cacareo en el kirchnerismo por el fallo adverso a Boudou. Desde ese punto de vista, las críticas de Andrés Larroque y Axel Kicillof no sorprendieron. Lo que sí resultó sorpresiva fue la defensa que del ex vicepresidente hizo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que dijo que Boudou “merece que sus derechos no sean pisoteados” y sostuvo que la Corte Suprema de Justicia debe “hacerse cargo de un proceso plagado de irregularidades y arbitrariedades”. Curiosa la crítica de Cafiero, que no tiene la más mínima idea acerca de la causa. Se ve que no leyó el artículo sobre el caso que Alberto Fernández escribió para el diario La Nación, publicado el 30 de mayo de 2014, en el que decía: Todas las excusas dadas por él hasta aquí se han ido desvaneciendo con la misma velocidad con la que el agua se escapa entre los dedos. Boudou ya no tiene coartadas. 

Los argentinos saben cuánto ha mentido en su alocada carrera por escapar de los hechos que se le atribuyen”. Tan sobreactuado y poco inteligente fue lo de Cafiero que generó reacciones negativas dentro del mismo del kirchnerismo. La confirmación de la condena a Boudou generó, además, una disconformidad con el Presidente por parte de los secuaces de CFK que la mano del Poder Ejecutivo sobre la Justicia hubiera derribado todas en su contra.

 

Mientras tanto, la realidad. “Logramos que no haya argentinos con hambre”, afirmó sin sonrojarse Alberto Fernández en la conferencia de la Unión Industrial Argentina.  Lo dijo el mismo día en que se conoció el nuevo índice de pobreza elaborado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. El número –44%– y los datos sobre la niñez –6 de cada 10 menores son pobres– no son solo alarmantes sino también sobrecogedores. ¿En dónde quedó el Consejo Federal contra el Hambre?

 

Son números que condenan a la Argentina a un futuro de fracaso. La única manera de cambiar ese destino es generar acuerdos políticos sólidos y duraderos. Eso es lo que el Presidente prometió y evidentemente olvidó. 

Poder quebrado… @dealgunamanera...

Poder quebrado…

‘PROPALEITOR’ VANDENBROELE. Dibujo: PABLO TEMES

Se revela cómo el respaldo político fue clave en delitos. Pacto con límites.

Si no fuera porque se trata de la más cruda realidad, la dinámica de las causas judiciales que comprometen a lo más granado del kirchnerismo parece alcanzar ribetes cinematográficos. La decisión de Alejandro Vandenbroele de acogerse a los beneficios del régimen del arrepentido sorprendió a muchos en una causa sensible para el ex vicepresidente Amado Boudou. Y su decisión de adelantar su declaración del viernes al miércoles confirmó su clara determinación de ingresar en el programa de protección lo antes posible. Durante las más de nueve horas que pasó en la fiscalía de Jorge Di Lello para empezar a revelar lo que sabe, confirmó su participación en hechos que había negado durante cinco años. 

Como era de esperarse, pues, abordó en detalle las tres causas en las que está imputado: la asociación ilícita por la que terminaron presos Boudou y su socio y amigo José María Núñez Carmona, el negocio entre la empresa The Old Fund y la provincia de Formosa –supuestamente dirigido a un asesoramiento para refinanciar su deuda– y el resonante caso de la compra de la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica.

Cuando a las 14.40 del viernes Vandenbroele logró la homologación del acuerdo ante el juez federal Ariel Lijo, se sintió aliviado. Inmediatamente, Lijo impuso el secreto de sumario. Fuentes con acceso a la causa confirmaron que el ahora arrepentido aportó documentos y detalles de cada operatoria, y que la información que suministró en las tres causas es verosímil.

Lo que sigue ahora es el proceso de corroboración de la veracidad de lo declarado por el supuesto testaferro de Boudou. Por otra parte, se hizo hincapié en que de la cantidad de datos aportados se deberá determinar si hay elementos nuevos, ya que mucho de lo dicho por Vandenbroele ya constaba en la causa.

De por sí es importante que Vandenbroele haya confirmado lo que la investigación judicial ya había comprobado. ¿Qué llevó a este personaje a cambiar de opinión? Fuentes cercanas a la fiscalía aseguran que, más allá de otras razones, “la sensación de impunidad y la idea de que la hora no va a llegar se mantiene hasta que se producen las primeras detenciones. 

Ahí le cambia la cabeza al imputado, que hasta hace poco no creía posible que se quebrase el círculo de protección política. Boudou esposado y en pijama, Julio De Vido detenido y CFK mirando para otro lado son elementos de una realidad pesada para cualquiera que tenga que rendir cuentas a la Justicia”.

Entre las novedades de impacto político provenientes del ámbito judicial también hay que anotar la destitución de Eduardo Freiler, integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Freiler –un hombre que amasó una fortuna que de ninguna manera pudo justificar– fue un ícono de la corrupción en los ámbitos tribunalicios. 

Una condición que aniquiló cualquier posibilidad de independencia del magistrado que ató su suerte al kirchnerismo, al que defendió contra toda lógica y evidencia. Entre sus fallos objetables están el cierre del caso Skanska –hoy reabierto–, en el que se investigaba el pago de sobreprecios millonarios en la ampliación de los gasoductos Norte y Sur; el cierre de la investigación sobre la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por traición a la patria contra Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Timerman debido a la firma del acuerdo con Irán vinculado al atentado contra la AMIA; y el voto a favor del apartamiento del juez federal Claudio Bonadio de la causa Hotesur contra CFK y su familia. 

Fue esta necesidad de protección la que llevó al kirchnerismo duro a sostener en el cargo a un juez cuyas conductas eran indefendibles. Lo de Freiler conlleva un mensaje para otros jueces de Comodoro Py: la protección de corruptos no se tolera más. Y esto es consecuencia de un estado de situación de la sociedad que trasciende a la dirigencia política. 

¿Fue histórico el acuerdo con los gobernadores? Si se considera al acuerdo una muestra de la capacidad de diálogo de la dirigencia política en funciones de gobierno, tanto de oficialistas como de opositores, probablemente la respuesta debe ser sí. La mirada hacia el futuro es tal que, entre otros beneficiados, podrían estar los propios gobernadores y líderes peronistas con chances de llegar al poder y que pretendan un federalismo algo más ordenado y, por ende, real y eficaz. Sin embargo, desde el punto de vista técnico y de resultados concretos a corto plazo, hay varios puntos objetables.

Un reconocido economista que estuvo al tanto de las negociaciones lo definió como “un acuerdo relativo y apresurado”, al tiempo que reconoció que fue “un avance, ya que los gobernadores cedieron o prometieron no incrementar sus gastos más allá de los ingresos”. En verdad, ése fue el verdadero compromiso entre Nación y provincias. El resto tuvo mucho de sacar de un lado para poner en otro. Por ejemplo, lo que las provincias cedieron de Ingresos Brutos lo recuperarán por recomposición de cajas previsionales y varios etcéteras, donde la Nación sigue poniendo plata. Hubo cierto apuro por la foto. Ese era un deseo y un mandato del Presidente.

Puertas adentro del Gobierno, los cambios produjeron turbulencias. El sector bancario terminó enfurecido con el impuesto a la renta financiera. Creen que este impuesto afectará las colocaciones a plazo fijo y que el mínimo no imponible quedó muy cerca de los pequeños y medianos ahorristas. Hoy cualquier cero kilómetro de entrada de gama cuesta $ 300 mil. Técnicamente, los detractores de la medida sostienen que el impuesto no ayuda a un país donde la bancarización alcanza apenas al 15% del PBI.

Por su parte, el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, volvió a ser blanco de las críticas por sostener una tasa de 29,5% a 180 días con tal de balancear la lucha contra la inflación. Los propios gobernadores advirtieron “no nos pidan reactivación inmediata si esto va a seguir así”.

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, y el secretario de Comercio, Miguel Braun, fueron los primeros en volver a la carga contra el titular del Central. Es una disputa sorda que el Presidente deja seguir. Creer que solamente con las decisiones de política monetaria que adopte Sturzenegger se va a corregir la inflación es un error. Es lo que enseñan los libros de economía y la historia.

Producción periodística: Santiago Serra.

Daniel Refecas, Un juez incómodo… De Alguna Manera...

Un juez incómodo…

Rafecas ‘mitá y mitá’. Juez Rafecas. Dibujo: Pablo Temes

El rechazo a la imputación a la Presidenta animó al Gobierno y planteó dudas jurídicas.

El fallo del juez federal Daniel Rafecas fue absolutamente inesperado aun cuando no sorpresivo. Como se dijo en esta columna hace dos domingos, Rafecas se sentía incómodo con la causa. Por eso, no bien salió sorteado para hacerse cargo del caso, se excusó, pero la excusación fue rechazada por la Cámara. La incomodidad del juez fue totalmente entendible: había quedado muy complicado en relación con cualquier causa que roce al Gobierno tras su traspié en el caso que involucra a Amado Boudou en la compra de la empresa Ciccone Calcográfica.

Debe recordarse que allí, el magistrado apareció a través de mensajes vía WhatsApp dando consejos a un amigo que, casualmente, era asesor legal del procesado vicepresidente.

Lo primero que en los tribunales llamó la atención del fallo de Rafecas fue que en ese ámbito se han abierto muchas investigaciones basadas en denuncias anónimas –siempre que tuvieran elementos suficientes para ordenar la instrucción– y en el caso de la presentación de Pollicita –con una denuncia debidamente fundamentada en la que solicitaba una batería de medidas de prueba– terminó siendo desestimada por el juez sin hacer lugar a ninguno de los pedidos del fiscal.

Los que conocen los antecedentes del magistrado aseguran que nunca hizo algo así. Asimismo, no declaró la nulidad del requerimiento por indeterminación del hecho delictivo ni tampoco sobreseyó a la Presidenta. Eso implica que si la volvieran a denunciar, todo empezaría otra vez ya que la desestimación no causa estado, a diferencia del sobreseimiento que, de quedar firme, adquiere la categoría de cosa juzgada.

La cercanía de la decisión del juez con el acto de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso es otro dato que no dejó de llamar la atención y generar suspicacias entre varios de sus colegas.

El juez Rafecas sostiene que “no hay delito sino actos preparatorios”. En verdad, lo que el magistrado puede afirmar es que no se concretó el encubrimiento, pero no debería dejar de lado la posibilidad de que se hubiera intentado. Lo que no hubo es consumación del delito. Pero para concluir que no se intentó y que las conductas desplegadas y denunciadas no forman parte del inicio de los actos de ejecución, hubiera sido necesario, al menos, dar curso a la investigación para ver los resultados que arrojaban las medidas de prueba solicitadas por Pollicita.

En este sentido veamos lo que dice el Código Penal respecto de la tentativa de delito: el artículo 42 sostiene que “el que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad, sufrirá las penas determinadas en el artículo 44”, que a su vez expresa: “La pena que correspondería al agente si hubiere consumado el delito (de tentativa), se disminuirá de un tercio a la mitad.

Si la pena fuere de reclusión perpetua, la pena de la tentativa será de quince a veinte años. Si fuese de prisión perpetua, la tentativa será prisión de diez a quince años. Si el delito fuera imposible, la pena se disminuirá en la mitad y podrá reducirse al mínimo legal o eximirse de ella, según el grado de peligrosidad revelada por el delincuente.”

Precisamente, en la página 59 de su denuncia, el fiscal Alberto Nisman había hecho mención a esta circunstancia. Por ello sorprendió que no se diera curso a la investigación para aclarar la situación de los incriminados en la denuncia.

En varios ámbitos tribunalicios se analizó también la actitud del juez de haber salido a hacer declaraciones públicas con el nivel de detalle que lo hizo, lo cual sólo se explica en el marco de su poca voluntad de investigar el caso.

El juez sabe que estando pendiente la resolución de la Cámara no debería expedirse públicamente salvo que quiera asegurarse su plan de ser recusado justamente por haber hecho declaraciones públicas de tamaño calibre. En palabras sencillas, él no quiere realizar la investigación y está haciendo todo lo posible para excusarse o ser recusado.

En la base de la investigación del fallecido fiscal Nisman estaba el inexplicable memorándum firmado entre la Argentina e Irán. Para tener idea de su verdadero alcance era –es– necesario conocer cuáles fueron la interpretación y el alcance que de este acuerdo hizo el gobierno iraní.

Ello quedó claramente reflejado por dos hechos. El primero fue la declaración del vocero de la Cancillería iraní quien, el 12 de febrero de 2013, afirmó que el ministro de Defensa de su país, Ahmad Vahidi, de ninguna manera accedería a prestar declaración indagatoria ante el juez que está a cargo de la causa, Rodolfo Canicoba Corral. Esto dejó absolutamente descolocado al canciller Héctor Timerman, quien unos días antes había dicho exactamente lo opuesto.

El segundo revés para los argumentos por los que el Gobierno impulsó el memorándum lo señaló un editorial del diario progubernamental Tehran Times en el que se leía textualmente que “según la ley y la Constitución de Irán, sólo una corte iraní competente puede citar e interrogar a ciudadanos iraníes sobre la base de pruebas firmes. Por lo tanto este MDE (memorándum de entendimiento) no ha creado la obligación de que las personas asistan a la reunión, y tendrán derecho a decidir libremente si asisten o no… Como la reunión se realizará en territorio iraní, prevalecerá la ley de Irán y un juez iraní presidirá la reunión, pero como no ha sido el juez iraní quien ha acusado a las personas, éste no estará autorizado a interrogarlas”.

De la lectura de este texto surge claramente que Irán firmó el acuerdo con la idea de que a través de él se clausurara cualquier posibilidad de investigar a los acusados de haber tenido participación en el atentado terrorista contra la AMIA. ¿Pudo haber sido tan ingenuo el gobierno argentino de desconocer esto? ¿De quién fue esta idea equivocada y mala? Se sabe que dentro de la Cancillería argentina muchos funcionarios de carrera con real conocimiento de la situación política de Irán se mostraron sorprendidos por el acuerdo, del que fueron severamente críticos. A ninguno de ellos se los tuvo en cuenta.

Como también se señaló en esta columna, la denuncia y la actuación de Nisman generaban dudas y controversias. Era grave que su denuncia hubiera sido cierta; y era grave también que hubiera sido falsa. En uno de los reportajes que concedió en los días previos a su muerte, el fiscal aseveró que tenía todas las pruebas y que las escuchas eran sólo una parte de ellas. Esas evidencias se la llevó consigo a su eterno reposo. Todo ello, unido al presuroso fallo del juez Rafecas que en el Gobierno se celebró con gran euforia, no hace más que confirmar la dimensión de magnicidio institucional que alcanza la muerte de Alberto Nisman.

Producción periodística: Guido Baistrocchi y Santiago Serra.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 01/03/2015 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Histórico. Procesaron al vicepresidente Boudou... De Alguna Manera...

Histórico. Procesaron al vicepresidente Boudou por el caso Ciccone y le embargan $200 mil...

Además Lijo procesó a Nuñez Carmona, Vandenbroele, Resnick Brenner, Nicolás Ciccone y Reinwick. De qué está acusado.

El juez Ariel Lijo procesó esta noche al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, en el caso Ciccone, informó el Centro de Información Judicial (CIJ) de la Corte Suprema.

El vice de Cristina Fernández de Kirchner fue procesado este viernes en la noche por "cohecho pasivo y negociaciones incompatibles". Boudou no se encontraba en el país este fin de semana, por compromisos oficiales.

Además Lijo procesó a José María Nuñez Carmona, Alejandro Vandenbroele, Rafael Resnick Brenner, Nicolás Ciccone y Guillermo Reinwick. 

También dispuso que se embarguen 200 mil pesos de cada uno de los imputados, incluído Boudou, por los gastos de la causa.

Tanto el vicepresidente como Nuñez Carmona y Vandenbroele están acusados de "cohecho pasivo en concurso ideal", en tanto a Ciccone y a Reinwick les cabe el cargo de "cohecho activo".

En el caso de Resnick Brenner, el cargo es por "negociaciones incompatibles" solamente.

En los casos de Nuñez Carmona, Vanderbroele, Ciccone, Reinwick y Resnik Brenner, Lijo resolvió que "no podrán ausentarse del país sin la debida autorización del Tribunal".

En la resolución, el magistrado describió de este modo el hecho imputado:

"Amado Boudou, junto a José María Nuñez Carmona, habrían adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, mientras Boudou era Ministro de Economía, a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele, con el fin último de contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial. Boudou, aprovechando su condición de funcionario público, y Nuñez Carmona, habrían acordado con Nicolás y Héctor Ciccone, y Guillermo Reinwick la cesión del 70% de la empresa “Ciccone Calcográfica” a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración Pública. 

En este sentido, Amado Boudou habría tenido injerencia, de forma directa, presenciando las reuniones para la adquisición, y, junto a Resnick Brenner — Jefe de asesores de la AFIP— y César Guido Forcieri –Jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía- en el trámite de un plan de pagos ilegal en AFIP. Asimismo, habría intervenido, a través de personas interpuestas, en los actos necesarios para el levantamiento de la quiebra, con el objetivo de obtener el certificado fiscal para contratar con el Estado Nacional. 

Esa finalidad se habría visto satisfecha una vez que Boudou ya era vicepresidente en, al menos, una oportunidad con Casa de la Moneda".

© Publicado el Viernes 27/06/2014 por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Boudou no tiene perdón... De Alguna Manera...

Boudou no tiene perdón...

Trastienda de la cumbre de Cristina con el Episcopado. El vicepresidente, cada vez más comprometido. ¿Licencia?

El crítico documento de la Conferencia Episcopal molestó profundamente a la Presidenta. Sin disimulos, Cristina Fernández de Kirchner lo hizo saber el sábado pasado durante el acto de recordación del cuadragésimo aniversario del asesinato del padre Carlos Mujica. Allí demostró, además, haber confundido el significado real del mensaje de los obispos. La jefa de Estado habló de violencia política mientras que la jerarquía de la Iglesia lo hizo sobre la violencia en el contexto de la ola de inseguridad que asuela el país. No es la primera vez que la Presidenta confunde peras con manzanas.

El documento, que fue aprobado por unanimidad, generó un debate intenso entre los obispos y fue sujeto de más de una lectura y de varias correcciones. La discusión, en verdad, giró sobre si, al término de las deliberaciones de la asamblea, debía haber un documento o no. Como no se llegó a un acuerdo, se votó: votos más, votos menos, unos diez obispos lo hicieron por la negativa; el resto lo hizo por la afirmativa. 

Hubo una filtración que perturbó a los prelados. De ahí la carta que el rector de la Universidad Católica Argentina, monseñor Víctor Fernández, envió a Página/12, en la que daba indicios de saber quién había sido el responsable de la filtración y esgrimía una crítica hacia el medio que la publicó: Clarín. Ello fue una demostración de desconocimiento del ABC del periodismo. El caso Watergate, que puso al descubierto una red de espionaje político montado por el presidente Richard Nixon y que culminó con su renuncia, salió a la luz pública a partir de una filtración de un funcionario del gobierno que por muchos años fue conocido por el apodo de “Garganta Profunda”.

Cuando finalmente se difundió el documento, en el Gobierno el malhumor fue indisimulable. 

De ahí la dura respuesta emanada tanto de la Presidenta como de La Cámpora. Como es sabido, en este tipo de pronunciamiento los obispos no se abocan a la crítica específica de un gobierno. Lo que ocurre es que la responsabilidad primaria respecto de los problemas sociales, económicos y políticos de un país –que son los ítems sobre los que habitualmente se explaya el Episcopado–, recae siempre en el gobierno de turno, sea éste de la ideología que fuere. Esto es algo de Perogrullo. El documento tiene algunos párrafos textuales que reproducen pensamientos del Papa. Uno de ellos es el que señala que “la corrupción es un cáncer social”. Por eso fue desopilante escuchar a Fernández de Kirchner quien, a la manera de un exégeta, intentó rebatir a los obispos utilizando textos del Santo Padre.
 

Este fue el marco dentro del cual la Presidenta se reunió con los representantes del Episcopado. La concreción del encuentro no fue fácil, ya que la mayoría de los obispos había regresado a sus respectivas diócesis. De todos modos, varios prelados hicieron conocer su poco entusiasmo por participar de la convocatoria –otros directamente dijeron que no había que ir– que, según comentó a algunos allegados el miércoles por la noche el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor José María Arancedo, iba a tener lugar el viernes. 

Finalmente cuando se concretó en la tarde-noche del jueves, se hizo al más puro estilo kirchnerista: a los periodistas se les informó que la reunión iba a tener lugar en la Casa Rosada cuando, en realidad, Fernández de Kirchner recibió a la comitiva de la jerarquía eclesiástica en la residencia de Olivos.

El encuentro fue definido como cordial. ¿Podría haber sido de otra manera? Lo cierto es que la Presidenta sacó a relucir la relación directa que tiene con el papa Francisco, como si eso la colocara por encima de los obispos. Expresó que hubiera sido su deseo que se la hubiese anoticiado del documento antes de su difusión pública. Eso hizo acordar a Carlos Menem, quien durante su presidencia supo despachar a algún enviado a la reunión de la Conferencia Episcopal, con el objeto de bajarle el tono a sus pronunciamientos cuando éstos eran críticos de situaciones sobre las que la responsabilidad de aquel gobierno era indiscutible. Nada nuevo bajo el sol.

El fallo de la Cámara de Casación, por el que se confirma todo lo actuado hasta aquí por el juez federal Ariel Lijo en la causa de la venta de la ex Ciccone Calcográfica, fue un cachetazo para Amado Boudou. Todas las presiones ejercidas sobre los camaristas por parte de sus representantes resultaron ser infructuosas. Ese repertorio que incluyó últimamente un intento de intimidación sobre José Guillermo Capdevila, ex director general de asuntos jurídicos del Ministerio de Economía, uno de los testigos clave de esta trama de corrupción que está bajo investigación, ha demostrado ser infructuoso. Es que las pruebas reunidas hasta aquí en la causa tienen una contundencia irrefutable. 

Así las cosas, el camino ha quedado allanado para que Lijo cite al vicepresidente a una declaración indagatoria. De esta manera, se le plantea al Gobierno –en verdad, a la Presidenta– un dilema político: ¿qué hacer con Boudou, un personaje a quien, salvo Fernández de Kirchner y algunos pocos más, ya nadie del oficialismo quiere? En sus filas, son varios los que piensan que si el vicepresidente fuera imputado debería pedir licencia en el ejercicio de su cargo.

Los abogados de Boudou, con cercanía al Servicio de Inteligencia del Estado, ya han dicho que apelarán ante la Corte Suprema, lo que es una obviedad. Por lo que se habla en los pasillos del cuarto piso del Palacio de Tribunales, las chances del vicepresidente de obtener un fallo favorable son muy escasas. Así, pues, quienes lo defienden deberán mejorar sus argumentos y modificar su estrategia defensiva. Lo del apriete ya no va más.

Producción periodística: Guido Baistrocchi.

© Escrito por Nelson Castro el Domingo 18/05/2014 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.