Boudou no tiene perdón...
Trastienda de la cumbre de Cristina con el Episcopado. El vicepresidente, cada vez más comprometido. ¿Licencia?
El crítico documento de la
Conferencia Episcopal molestó profundamente a la Presidenta. Sin disimulos,
Cristina Fernández de Kirchner lo hizo saber el sábado pasado durante el acto
de recordación del cuadragésimo aniversario del asesinato del padre Carlos
Mujica. Allí demostró, además, haber confundido el significado real del mensaje
de los obispos. La jefa de Estado habló de violencia política mientras que la
jerarquía de la Iglesia lo hizo sobre la violencia en el contexto de la ola de
inseguridad que asuela el país. No es la primera vez que la Presidenta confunde
peras con manzanas.
El documento, que fue
aprobado por unanimidad, generó un debate intenso entre los obispos y fue
sujeto de más de una lectura y de varias correcciones. La discusión, en verdad,
giró sobre si, al término de las deliberaciones de la asamblea, debía haber un
documento o no. Como no se llegó a un acuerdo, se votó: votos más, votos menos,
unos diez obispos lo hicieron por la negativa; el resto lo hizo por la
afirmativa.
Hubo una filtración que perturbó a los prelados. De ahí la carta
que el rector de la Universidad Católica Argentina, monseñor Víctor Fernández,
envió a Página/12, en la que daba indicios de saber quién había sido el
responsable de la filtración y esgrimía una crítica hacia el medio que la
publicó: Clarín. Ello fue una demostración de desconocimiento del ABC del
periodismo. El caso Watergate, que puso al descubierto una red de espionaje
político montado por el presidente Richard Nixon y que culminó con su renuncia,
salió a la luz pública a partir de una filtración de un funcionario del
gobierno que por muchos años fue conocido por el apodo de “Garganta Profunda”.
Cuando finalmente se difundió
el documento, en el Gobierno el malhumor fue indisimulable.
De ahí la dura
respuesta emanada tanto de la Presidenta como de La Cámpora. Como es sabido, en
este tipo de pronunciamiento los obispos no se abocan a la crítica específica
de un gobierno. Lo que ocurre es que la responsabilidad primaria respecto de
los problemas sociales, económicos y políticos de un país –que son los ítems
sobre los que habitualmente se explaya el Episcopado–, recae siempre en el
gobierno de turno, sea éste de la ideología que fuere. Esto es algo de
Perogrullo. El documento tiene algunos párrafos textuales que reproducen
pensamientos del Papa. Uno de ellos es el que señala que “la corrupción es un
cáncer social”. Por eso fue desopilante escuchar a Fernández de Kirchner quien,
a la manera de un exégeta, intentó rebatir a los obispos utilizando textos del
Santo Padre.
Este fue el marco dentro del cual la Presidenta se reunió con los
representantes del Episcopado. La concreción del encuentro no fue fácil, ya que
la mayoría de los obispos había regresado a sus respectivas diócesis. De todos
modos, varios prelados hicieron conocer su poco entusiasmo por participar de la
convocatoria –otros directamente dijeron que no había que ir– que, según
comentó a algunos allegados el miércoles por la noche el presidente de la
Conferencia Episcopal, monseñor José María Arancedo, iba a tener lugar el
viernes.
Finalmente cuando se concretó en la tarde-noche del jueves, se hizo al
más puro estilo kirchnerista: a los periodistas se les informó que la reunión
iba a tener lugar en la Casa Rosada cuando, en realidad, Fernández de Kirchner
recibió a la comitiva de la jerarquía eclesiástica en la residencia de Olivos.
El encuentro fue definido
como cordial. ¿Podría haber sido de otra manera? Lo cierto es que la Presidenta
sacó a relucir la relación directa que tiene con el papa Francisco, como si eso
la colocara por encima de los obispos. Expresó que hubiera sido su deseo que se
la hubiese anoticiado del documento antes de su difusión pública. Eso hizo
acordar a Carlos Menem, quien durante su presidencia supo despachar a algún
enviado a la reunión de la Conferencia Episcopal, con el objeto de bajarle el
tono a sus pronunciamientos cuando éstos eran críticos de situaciones sobre las
que la responsabilidad de aquel gobierno era indiscutible. Nada nuevo bajo el
sol.
El fallo de la Cámara de
Casación, por el que se confirma todo lo actuado hasta aquí por el juez federal
Ariel Lijo en la causa de la venta de la ex Ciccone Calcográfica, fue un
cachetazo para Amado Boudou. Todas las presiones ejercidas sobre los camaristas
por parte de sus representantes resultaron ser infructuosas. Ese repertorio que
incluyó últimamente un intento de intimidación sobre José Guillermo Capdevila,
ex director general de asuntos jurídicos del Ministerio de Economía, uno de los
testigos clave de esta trama de corrupción que está bajo investigación, ha
demostrado ser infructuoso. Es que las pruebas reunidas hasta aquí en la causa tienen
una contundencia irrefutable.
Así las cosas, el camino ha quedado allanado para
que Lijo cite al vicepresidente a una declaración indagatoria. De esta manera,
se le plantea al Gobierno –en verdad, a la Presidenta– un dilema político: ¿qué
hacer con Boudou, un personaje a quien, salvo Fernández de Kirchner y algunos
pocos más, ya nadie del oficialismo quiere? En sus filas, son varios los que
piensan que si el vicepresidente fuera imputado debería pedir licencia en el
ejercicio de su cargo.
Los abogados de Boudou, con
cercanía al Servicio de Inteligencia del Estado, ya han dicho que apelarán ante
la Corte Suprema, lo que es una obviedad. Por lo que se habla en los pasillos
del cuarto piso del Palacio de Tribunales, las chances del vicepresidente de
obtener un fallo favorable son muy escasas. Así, pues, quienes lo defienden
deberán mejorar sus argumentos y modificar su estrategia defensiva. Lo del
apriete ya no va más.
Producción periodística:
Guido Baistrocchi.
©
Escrito por Nelson Castro el Domingo 18/05/2014 y publicado por el Diario
Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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