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martes, 3 de marzo de 2015

Daniel Refecas, Un juez incómodo… De Alguna Manera...

Un juez incómodo…

Rafecas ‘mitá y mitá’. Juez Rafecas. Dibujo: Pablo Temes

El rechazo a la imputación a la Presidenta animó al Gobierno y planteó dudas jurídicas.

El fallo del juez federal Daniel Rafecas fue absolutamente inesperado aun cuando no sorpresivo. Como se dijo en esta columna hace dos domingos, Rafecas se sentía incómodo con la causa. Por eso, no bien salió sorteado para hacerse cargo del caso, se excusó, pero la excusación fue rechazada por la Cámara. La incomodidad del juez fue totalmente entendible: había quedado muy complicado en relación con cualquier causa que roce al Gobierno tras su traspié en el caso que involucra a Amado Boudou en la compra de la empresa Ciccone Calcográfica.

Debe recordarse que allí, el magistrado apareció a través de mensajes vía WhatsApp dando consejos a un amigo que, casualmente, era asesor legal del procesado vicepresidente.
Lo primero que en los tribunales llamó la atención del fallo de Rafecas fue que en ese ámbito se han abierto muchas investigaciones basadas en denuncias anónimas –siempre que tuvieran elementos suficientes para ordenar la instrucción– y en el caso de la presentación de Pollicita –con una denuncia debidamente fundamentada en la que solicitaba una batería de medidas de prueba– terminó siendo desestimada por el juez sin hacer lugar a ninguno de los pedidos del fiscal.

Los que conocen los antecedentes del magistrado aseguran que nunca hizo algo así. Asimismo, no declaró la nulidad del requerimiento por indeterminación del hecho delictivo ni tampoco sobreseyó a la Presidenta. Eso implica que si la volvieran a denunciar, todo empezaría otra vez ya que la desestimación no causa estado, a diferencia del sobreseimiento que, de quedar firme, adquiere la categoría de cosa juzgada.

La cercanía de la decisión del juez con el acto de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso es otro dato que no dejó de llamar la atención y generar suspicacias entre varios de sus colegas.
El juez Rafecas sostiene que “no hay delito sino actos preparatorios”. En verdad, lo que el magistrado puede afirmar es que no se concretó el encubrimiento, pero no debería dejar de lado la posibilidad de que se hubiera intentado. Lo que no hubo es consumación del delito. Pero para concluir que no se intentó y que las conductas desplegadas y denunciadas no forman parte del inicio de los actos de ejecución, hubiera sido necesario, al menos, dar curso a la investigación para ver los resultados que arrojaban las medidas de prueba solicitadas por Pollicita.

En este sentido veamos lo que dice el Código Penal respecto de la tentativa de delito: el artículo 42 sostiene que “el que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad, sufrirá las penas determinadas en el artículo 44”, que a su vez expresa: “La pena que correspondería al agente si hubiere consumado el delito (de tentativa), se disminuirá de un tercio a la mitad.

Si la pena fuere de reclusión perpetua, la pena de la tentativa será de quince a veinte años. Si fuese de prisión perpetua, la tentativa será prisión de diez a quince años. Si el delito fuera imposible, la pena se disminuirá en la mitad y podrá reducirse al mínimo legal o eximirse de ella, según el grado de peligrosidad revelada por el delincuente.”
Precisamente, en la página 59 de su denuncia, el fiscal Alberto Nisman había hecho mención a esta circunstancia. Por ello sorprendió que no se diera curso a la investigación para aclarar la situación de los incriminados en la denuncia.

En varios ámbitos tribunalicios se analizó también la actitud del juez de haber salido a hacer declaraciones públicas con el nivel de detalle que lo hizo, lo cual sólo se explica en el marco de su poca voluntad de investigar el caso.

El juez sabe que estando pendiente la resolución de la Cámara no debería expedirse públicamente salvo que quiera asegurarse su plan de ser recusado justamente por haber hecho declaraciones públicas de tamaño calibre. En palabras sencillas, él no quiere realizar la investigación y está haciendo todo lo posible para excusarse o ser recusado.

En la base de la investigación del fallecido fiscal Nisman estaba el inexplicable memorándum firmado entre la Argentina e Irán. Para tener idea de su verdadero alcance era –es– necesario conocer cuáles fueron la interpretación y el alcance que de este acuerdo hizo el gobierno iraní.
Ello quedó claramente reflejado por dos hechos. El primero fue la declaración del vocero de la Cancillería iraní quien, el 12 de febrero de 2013, afirmó que el ministro de Defensa de su país, Ahmad Vahidi, de ninguna manera accedería a prestar declaración indagatoria ante el juez que está a cargo de la causa, Rodolfo Canicoba Corral. Esto dejó absolutamente descolocado al canciller Héctor Timerman, quien unos días antes había dicho exactamente lo opuesto.

El segundo revés para los argumentos por los que el Gobierno impulsó el memorándum lo señaló un editorial del diario progubernamental Tehran Times en el que se leía textualmente que “según la ley y la Constitución de Irán, sólo una corte iraní competente puede citar e interrogar a ciudadanos iraníes sobre la base de pruebas firmes. Por lo tanto este MDE (memorándum de entendimiento) no ha creado la obligación de que las personas asistan a la reunión, y tendrán derecho a decidir libremente si asisten o no… Como la reunión se realizará en territorio iraní, prevalecerá la ley de Irán y un juez iraní presidirá la reunión, pero como no ha sido el juez iraní quien ha acusado a las personas, éste no estará autorizado a interrogarlas”.

De la lectura de este texto surge claramente que Irán firmó el acuerdo con la idea de que a través de él se clausurara cualquier posibilidad de investigar a los acusados de haber tenido participación en el atentado terrorista contra la AMIA. ¿Pudo haber sido tan ingenuo el gobierno argentino de desconocer esto? ¿De quién fue esta idea equivocada y mala? Se sabe que dentro de la Cancillería argentina muchos funcionarios de carrera con real conocimiento de la situación política de Irán se mostraron sorprendidos por el acuerdo, del que fueron severamente críticos. A ninguno de ellos se los tuvo en cuenta.

Como también se señaló en esta columna, la denuncia y la actuación de Nisman generaban dudas y controversias. Era grave que su denuncia hubiera sido cierta; y era grave también que hubiera sido falsa. En uno de los reportajes que concedió en los días previos a su muerte, el fiscal aseveró que tenía todas las pruebas y que las escuchas eran sólo una parte de ellas. Esas evidencias se la llevó consigo a su eterno reposo. Todo ello, unido al presuroso fallo del juez Rafecas que en el Gobierno se celebró con gran euforia, no hace más que confirmar la dimensión de magnicidio institucional que alcanza la muerte de Alberto Nisman.

Producción periodística: Guido Baistrocchi y Santiago Serra.
© Escrito por Nelson Castro el domingo 01/03/2015 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 


domingo, 18 de enero de 2015

Negociado con Irán... De Alguna Manera...

El Gobierno negocia un pacto secreto con Irán para "olvidar" los atentados...


La iniciativa sería a cambio de relanzar el intercambio comercial, que ya alcanza los U$S 1200 millones. Silencio en Cancillería.

El gobierno de la presidenta Cristina Kirchner estaría dispuesto a suspender de hecho la investigación de los dos ataques terroristas que sufrió este país en 1992 y 1994, en los que fueron destruidas las sedes de la embajada de Israel y de la AMIA en Buenos Aires, según revela un documento hasta hora secreto, recientemente entregado por el ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán, Alí Akbar Salehi, al presidente Majmud Ajmadineyad.

Para la diplomacia de Irán, las investigaciones argentinas habrían quedado cerradas. El canciller iraní le asegura en su informe al presidente Ajmadineyad que “la Argentina ya no está más interesada en resolver aquellos dos atentados, pero que en cambio prefiere mejorar sus relaciones económicas con Irán”.

El informe secreto, al que ha accedido Perfil porque ha comenzado a ser analizado en las cancillerías de varios países, fue redactado luego de la reunión que el canciller argentino, Héctor Timerman, mantuvo con su contraparte de Siria, Walid al-Mohalem, y con el propio presidente Bashar al-Assad el 23 y 24 de enero último en la ciudad siria de Alepo.

Sugestivamente, Timerman se apartó de la delegación argentina que encabezó Cristina Kirchner en Kuwait, Qatar y Turquía, para conversar con el dictador sirio en una ciudad convenientemente ubicada a 400 kilómetros de la capital, Damasco. El cable de la agencia oficial de noticias siria dijo en ese momento que Timerman y Al-Assad abordaron el proceso de paz en Medio Oriente “paralizado a causa de las políticas israelíes y el fracaso que ha demostrado la administración estadounidense en presionar a Israel para que cumpla con la legalidad internacional”.

Conversaciones ocultas. 

La verdadera naturaleza de este encuentro no habría sido informada por Timerman a la comunidad judía argentina. Al Assad visitó oficialmente Buenos Aires en julio de 2010 y fue recibido calurosamente por la Presidenta, que en ningún momento reconoció que Siria es un régimen dictatorial de partido único, cuyo líder ocupa el cargo hace diez años como sucesor sanguíneo de su padre, Hafez al-Assad, y que ahora enfrenta varias protestas que son sangrientamente reprimidas. En la visita de Timerman, firmó además un acuerdo de intercambio entre la agencia Télam y la agencia oficial siria SANA. Irán mantiene desde hace largos años una influencia política y militar dominante y muy ostensible sobre Siria.

Resulta evidente que en el encuentro en Alepo podría haber servido para que Timerman diese la luz verde argentina de reconciliación con Irán por medio de los sirios. Siria, incluso, les advirtió a los argentinos que el canciller iraní Salehi estaría en ese país en ese mismo momento, algo que la cancillería argentina no objetó. Funcionarios argentinos e iraníes poco conocidos han estado conversando de manera discreta, según pudo saber PERFIL, en septiembre de 2010 y febrero de 2011.

Renunciamiento.

Según las conclusiones de la inteligencia iraní, que hace suyas la cancillería de Teherán, el gobierno argentino habría renunciado a llevar ante la justicia al actual ministro de Defensa, Ahmad Vahidi, y otros funcionarios iraníes sospechados de complicidad en esos episodios terroristas.

La cancillería iraní considera que si estos temas son dejados de lado, ambos países pueden encarar una nueva etapa que permita superar dos décadas de frialdad total, lo que permitiría a Irán recuperar terreno en el desarrollo de unos vínculos que se han venido de todos modos fortaleciendo en los últimos años.

El informe secreto  se hizo luego de la reunión de Timerman con funcionarios sirios.

El informe secreto iraní, filtrado al exterior por medios opositores al régimen de Teherán, subraya el interés del régimen fundamentalista en la situación del ministro de defensa, Vahidi, un personaje clave en el esquema de poder, ya que era el comandante de la llamada Fuerza Quds de los Guardias Revolucionarios cuando la embajada israelí en la calle Arroyo de Buenos Aires fue demolida con un coche bomba en marzo de 1992. Siguió ostentando esa posición militar clave en julio de 1994, cuando el turno le tocó a la AMIA. 

Las propias investigaciones que se hicieron en la Argentina detectaron años después que Vahidi fue uno de los principales organizadores de estos ataques, de los que el gobierno iraní ha tratado de despegarlo hace ya años, pero sin éxito. En sus recomendaciones a Ajmadineyad, el canciller Salehi propone que lo autoricen a su contraparte argentina para solicitarle que revoque las órdenes de arresto que el Gobierno ha solicitado a Interpol contra Vahidi y otras figuras prominentes del régimen. 

El informe que ha trascendido sostiene que para la inteligencia iraní ya es un hecho que, incluso si una tercera parte demandara secretamente la extradición de Vahedi, la Argentina lo rechazaría. El ministro de Defensa incriminado ya puede viajar al exterior sin problemas, porque el asunto de los ataques contra la Argentina ha quedado muy olvidado a nivel mundial y a nadie le interesa mucho, ni siquiera a Interpol.

El blanqueo de Vahidi es un asunto delicado que sólo puede prosperar si la cuestión permanece en la oscuridad o se mantiene en silencio, dicen fuentes familiarizadas con estos sombríos espacios de marginalidad internacional.

En Teherán, lejos de toda ingenuidad, saben que el gobierno argentino jamás admitirá este retroceso en público y menos aún que ha cambiado de posición. Cuando Vahidi fue nombrado ministro en agosto de 2009, es cierto que el gobierno de Cristina Kirchner criticó abiertamente tal designación y por ende no sería astuto que ahora admita públicamente un giro de 180 grados. Pero en su propuesta a Ajmadineyad, el canciller iraní sostiene que su país tiene una oportunidad para explotar el hecho de que la opinión pública ya ni se acuerda de esos ataques de hace casi 20 años y que la coyuntura es ideal para relanzar un nuevo ciclo de amistad entre ambos gobiernos.

El gobierno iraní sostiene que aunque el comercio entre ambos países estuvo paralizado hasta hace pocos años, el último balance hecho en Teherán revelaría negocios anuales por un valor aproximado a los 1.200 millones de dólares. Se podría inferir que las expectativas de unos y otros sea la de multiplicar semejante intercambio comercial.

En su ahora filtrado documento secreto a Ajmadineyad, el canciller Salehi elogia la estrategia –originalmente concebida por el llamado “Líder Supremo”, Alí Jamemei, y luego adoptada por el gobierno iraní– de no ceder a las acusaciones argentinas. Dice Salehi que fue un acierto no cooperar con la Justicia argentina durante esas investigaciones, que siempre terminaron abortadas.

Un poco de historia.

Los seguidores del tema dicen recordar que luego de la sorprendente sentencia exculpatoria de la conexión local emitida por el Tribunal Oral Federal Número 3, el entonces canciller Rafael Bielsa habría admitido en privado la existencia de una política de acercamiento de la Casa Rosada con Irán. E, inclusive, habría dado a entender que había un intermediario trabajando secretamente para lograr el reconocimiento argentino al estado palestino, lo que finalmente anunció el actual canciller Timerman. 

El documento iraní elogia la estrategia de nunca haber cooperado con la Justicia argentina.

Todo parecería revelar una clara diferencia entre la postura pública de los Kirchner y su proclamado acercamiento a Israel y a la comunidad judía argentina, y las claras muestras de acercamiento a Irán, Siria y –en cierto modo– Libia, con cuyos regímenes el kirchnerismo tiende a sentirse más cercano.

En el acto del 17 de marzo, en recordación del 19º aniversario del atentado contra la embajada de Israel, los asistentes vieron a Timerman del brazo con Sergio Burstein, a quien invitó oficialmente a que participe de su próxima gira a Israel. Burstein no sólo no es formalmente dirigente de la comunidad judía, sino que sus vínculos con los Kirchner no son un misterio para nadie.

Pero ahora el delicado problema que confrontaría la Casa Rosada es que Timerman está en vísperas de un viaje a Israel y Cristina Kirchner siempre se ha preocupado por mostrar una imagen pública de simpatía y comprensión para con la comunidad judía argentina.

Cristina Fernández de Kirchner junto al entonces jefe de Gabinete Aníbal Fernández y el expresidente Néstor Kirchner en el aniversario por el atentado a la AMIA. 
Twitter: @CFKArgentina

© Escrito por Pepe Eliaschev el sábado 26/03/2011 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.