Concesión ilegal - Malvinas: avanza un millonario proyecto petrolero británico-israelí que expuso la fractura entre el Gobierno y Tierra del Fuego…
La petrolera Navitas estimó la
producción de crudo extraído de la cuenca León Marino, al norte de la isla
Soledad, en casi 400 millones dólares, a pesar de operar con una licencia
ilegal conforme al derecho internacional. La inacción del Gobierno frente a
Malvinas y la postura del oficialismo fueguino.
© Escrito por Cecilia Degl'Innocenti el
martes 12/08/2025 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, República Argentina.
La falta de una estrategia nacional respecto a Malvinas trascendió a los gobiernos, indistintamente
de la línea discursiva. La postura argentina, dividida entre el Gobierno federal y la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
quedó nuevamente expuesta ante la inacción frente al avance de un proyecto multimillonario de
una firma británica-israelí que prepara el
terreno para extraer aproximadamente 1.700 millones de barriles de crudo de la
cuenca León Marino, al norte de la isla Soledad y a 220 kilómetros de
la costa argentina.
La explotación privada de los recursos de las aguas circundantes al
archipiélago del Atlántico Sur, a través de licencias otorgadas por el Reino
Unido, contradicen algo básico de las resoluciones de organismos
internacionales consideradas un "triunfo diplomático" de Argentina
frente a la potencia ocupante: no se puede explotar
económicamente un territorio en disputa por la soberanía.
Sin embargo, el proyecto petrolero del consorcio integrado por las
firmas RockHopper (35% de participación) y Navitas (65%), de capitales británicos e israelíes
respectivamente, avanza a paso firme. Incluso a
pesar del silencio oficial del Gobierno nacional y las quejas en off de algunos
funcionarios patagónicos por la falta de estrategia nacional frente al continua
explotación ilegal de los recursos de Malvinas. "Para
esta Cancillería Malvinas no existe", reconoció un
funcionario provincial a este medio.
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La política exterior de Milei jaqueó el apoyo
internacional al reclamo argentino por Malvinas
La
explotación de la cuenca León Marino en Malvinas.
En una audiencia pública realizada el 31 de julio en Puerto Argentino,
la petrolera británico-israelí Navitas presentó las proyecciones del proyecto
Sea Lion, que prevé extraer crudo de la cuenca León Marino —ubicada al norte de
la isla Soledad— y volcar hasta 4.000 millones de dólares en
impuestos y regalías a las arcas de la administración kelper durante la vida
útil del yacimiento, según informó el medio probritánico MercoPress.
La empresa estima alcanzar su pico de producción en 2032, con la
creación de unos 250 empleos directos e indirectos y la construcción de
infraestructura específica, como un hotel de 150 camas y viviendas para
trabajadores. Estos planes, que implican una consolidación económica del
enclave colonial en función de recursos en disputa, contradice de manera
directa la Resolución 31/49 de la ONU, que
insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales
mientras persista la disputa de soberanía. Bajo esta premisa, cualquier
explotación de recursos naturales en las aguas circundantes a las Islas
Malvinas sin acuerdo de ambas partes constituye una violación del derecho internacional.
A esto se suma que en el plano interno la Ley 26.659 prohíbe operar en la plataforma continental argentina con
licencias emitidas por el Reino Unido. Su aplicación, en tanto, fue
intermitente y dependiente de la voluntad política de turno. En el caso del
gobierno nacional, queda bajo la órbita de Cancillería, en función de la
secretaría de Malvinas, Política Oceánica y Atlántico sur, actualmente a cargo
de Paola Di Chiaro. PERFIL se comunicó con el
ministerio a cargo de Gerardo Werthein para saber si se prevé una queja por la explotación de los recursos de
Malvinas y al cierre de esta nota no recibió respuesta.
Pero el avance privado e ilegal de la explotación de los recursos de
Malvinas excede a los yacimientos de gas y petróleo. A este escenario se sumó
la preocupación por la pesca ilegal en aguas
adyacentes, a partir de la reciente detección de barcos pesqueros de
origen español, surcoreano y taiwanés —teléfono para China— y
la posterior denuncia de Ushuaia por operar con licencias británicas, según
conoció este medio. La situación, en tanto, encendió las alarmas en la
Provincia, que custodia las regalías que le corresponden a la provincia hasta la milla 12 (una normativa que aplica
al territorio provincial comprendido por las islas Malvinas, Georgias y
Sándwich del Sur) según la normativa local.
Polémica
por una concesión petrolera en Tierra del Fuego.
Pero el gobierno fueguino no quedó exento de la polémica respecto a
Malvinas, una cuestión particularmente sensible en el punto más austral del
territorio, regido por "otras lógicas" distintas a la mirada porteña
u otros puntos del país. Medios locales cuestionaron que la prórroga de la
concesión CMA-1 —ubicada en la Cuenca Marina Austral frente a Tierra del Fuego—
hasta 2041 y 2045, con inversiones por más de 530 millones de dólares y un
incremento del 3% en las regalías, benefició a Wintershall
Dea Argentina.
Por su discurso sobre Malvinas, en Ushuaia
declararon persona no grata a Javier Milei
La firma es controlada por Harbour Energy, compañía
que estuvo implicada en la explotación de la cuenca León Marino hasta que
vendió su participación a Navitas en
2021. En ese momento, el Gobierno nacional tenía la competencia de accionar
judicialmente para sancionar a la empresa, algo que finalmente no ocurrió.
Aunque tanto la firma como la Legislatura provincial insisten en que sus
operaciones actuales cumplen con la legislación argentina, las críticas se
enfocaron en la vinculación histórica de la
empresa con el proyecto offshore al norte de Malvinas.
"La producción de Harbour se concentra en dos áreas: la prolífica
concesión offshore Cuenca Marina Austral (CMA-1) en la provincia de Tierra del
Fuego, y las concesiones onshore Aguada Pichana Este y San Roque en la cuenca
neuquina. El negocio adquirido por Harbour lleva más de cuatro décadas operando
en Argentina y cuenta con una sociedad de operación a largo plazo a través de
TotalEnergies", reza el sitio web de la empresa.
Malvinas
y el alineamiento de Javier Milei en política exterior.
La Cuestión Malvinas, en tanto, sigue siendo una
piedra en el zapato para el gobierno de Javier Milei, en
función de algunos fallidos y otras
medidas: desde la mención a "los deseos" de los
isleños en su discurso del 2 de abril; pasando por las
votaciones en la ONU o el traslado de la embajada
argentina a Jerusalén, medidas que podrían perjudicar la posición
argentina en el Comité de Descolonización y
otras instancias multilaterales.
Pero tanto la falta de una estrategia cooordinada como la contradicción
recurrente entre las posturas del gobierno federal y el provincial, no son
exclusivas del gobierno libertario. El año pasado, Ushuaia también cuestionó en
su momento la autorización de la instalación de un radar de la empresa
estadounidense LeoLabs, aprobado por la gestión de Alberto Fernández sin una evaluación
previa de seguridad, que más tarde fue denunciada por tener una finalidad
"dual" (tanto civil como militar) y, por tanto, fue suspendida y
judicializada.
La controversia por el radar
de LeoLabs volvió
a cobrar fuerza en 2024, cuando la empresa anunció públicamente su cooperación
con el Ministerio de Defensa británico mediante un tuit. Y a comienzos de 2025,
cuando el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, contralmirante James Holsey, visitó Ushuaia y planteó la
necesidad de "normalizar" el funcionamiento del
radar, esto sumado a la competencia con China en la zona.
El pedido, respaldado por la Casa Rosada en el marco del acercamiento diplomático del gobierno de Javier
Milei a Washington, reavivó las tensiones con el Ejecutivo fueguino, que
reclama mayor control provincial sobre las decisiones estratégicas en el
Atlántico Sur. El contrapunto se produjo en paralelo a otro frente de fricción:
el intento del Gobierno nacional de desmantelar el régimen especial de
promoción industrial de Tierra del Fuego, una herramienta clave para las
arcas provinciales y para sostener el empleo en una economía
austral de alto costo logístico.
Así, desde las concesiones offshore hasta la pesca ilegal y el radar, la
disputa por Malvinas sigue marcando una fractura
persistente entre la política exterior que se decide en Buenos
Aires y las urgencias cotidianas de Ushuaia, donde la cuestión de soberanía no
es solo un gesto simbólico sino económico y político.
