La represión
en el banquillo…
Abusos.
Decenas de heridos, uno de ellos, de gravedad, fue el saldo del accionar
policial. Fotografía: Getty Images.
El Gobierno acusó a los manifestantes del miércoles pasado de
«rebelión», «sedición» y «asonada». Organismos de derechos humanos y víctimas
denunciaron la violencia policial en los estrados.
© Escrito
por Franco Mizrahi el sábado 15/03/2025 y
publicado por la Revista Acción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
República Argentina.
La marcha de los jubilados con apoyo de hinchadas de clubes de
fútbol que se realizó el 12 de marzo pasado y la brutal represión que desplegó
el Gobierno de Javier Milei para disuadirla derivó en una andanada de denuncias
penales en tribunales porteños y de Comodoro Py. La disputa se trasladó al
Poder Judicial, donde organismos de derechos humanos describieron lo sucedido
como la represión más brutal desde 2001 –hubo más de 650 heridos y un joven
fotógrafo lucha por su vida en terapia intensiva por un disparo policial–,
mientras que el Ministerio de Seguridad de la Nación habla de un intento de
golpe de Estado y acusó a organizaciones políticas y barrabravas de sedición.
La
causa central que se abrió a partir de la represión y los disturbios que se
produjeron en los alrededores del Congreso de la Nación, tramita en el juzgado
en lo Penal Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad de Buenos Aires. Es
el expediente que contó con 114 personas detenidas que fueron liberadas en la
madrugada del 13 de marzo por decisión de la jueza Karina Andrade por falta de
pruebas.
En
este caso intervino la Unidad de Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal
(MPF) de la Ciudad de Buenos Aires, que fue desde donde se convalidaron judicialmente
todas las detenciones. Para que la jueza Andrade pudiera hacer un primer
control de legalidad, la fiscalía debía suministrar la identidad de la persona
detenida, su lugar de arresto, un breve detalle del delito adjudicado y la
fuerza policial que previno. El MPF no informó nada de eso. ¿La razón? Los
agentes que llevaron adelante las detenciones de forma arbitraria, repletas de
ilegalidades tal como se desprende de diversos testimonios (fueron detenidos
hasta dos menores de 12 y 14 años que salían del colegio), no detallaron
absolutamente nada.
Derechos en
juego.
«Fue una decisión en el marco de priorización de derechos. Estas
detenciones no estaban siendo informadas en un control básico de detención. No
se cumplían los requisitos básicos de información al juez», afirmó la
magistrada en declaraciones a la radio Urbana Play.
Por
ese motivo y porque los arrestos se dieron en el marco de una protesta social,
la jueza porteña rechazó las detenciones por flagrancia y ordenó la inmediata
libertad de los apresados, que no obstante continúan con una imputación
provisoria de atentado y resistencia a la autoridad. La excarcelación se
definió tras un planteo de la Defensa Pública de la Ciudad de Buenos Aires.
Ahora, el Ministerio Público, si pretende sostener las imputaciones tendrá que
profundizar la investigación. Tiene hasta tres meses para hacerlo. Por eso la
causa lejos está de cerrarse.
El
Gobierno reaccionó a esta orden de Andrade, quien además desbarató la tesis del
oficialismo al afirmar en su resolución que «a partir de la información
suministrada por la fiscalía y las calificaciones legales imputadas, ninguna de
las personas detenidas lo fue bajo la imputación de delitos de portación de
armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos». A las pocas horas de
las liberaciones, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona,
afirmó públicamente que denunciarán a la jueza Andrade ante el Consejo de la
Magistratura de la Ciudad por el posible incumplimiento de sus funciones. La
decisión parece más una amenaza ya que a la Libertad Avanza no le resultará sencillo
avanzar contra la jueza en el órgano de selección y sanción de jueces. No
tendría los votos ni en la comisión de acusación ni en el plenario para ir en
contra de Andrade.
Cúneo
Libarona. El ministro amenazó a la jueza Andrade con denunciarla ante el
Consejo de la Magistratura. Fotografía: NA.
Acaso por eso, este viernes, el
Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una denuncia en los tribunales
federales de Retiro por «rebelión», «sedición» y «asonada». Es decir, considera
que lo sucedido el miércoles fue un intento de destitución de Milei. Con el
planteo, que lleva la firma del abogado del Ministerio Fernando Soto, se
pretende que los hechos del miércoles se investiguen en Comodoro Py, por eso se
mencionan delitos federales. Si la denuncia del Gobierno avanzase, el expediente
que tramita en la Ciudad debería mudarse de jurisdicción como pasó en su
momento con los hechos del 12 de junio, cuando se votó la Ley Bases. En la
presentación del Ejecutivo se afirmó que se reconocieron a barrabravas de
diversos clubes y se resaltó que «también convocó a la movilización el exjefe
de Montoneros Mario Firmenich». También se cuestionó a la jueza Andrade. Lo
curioso de esta presentación, que quedó radicada en el juzgado federal N° 11
que subroga Sebastián Casanello, es que al momento de las detenciones no hubo
referencia a estos delitos. Solo se enmarcaron en atentado y resistencia a la
autoridad, que son delitos menores y que se juzgan en tribunales locales.
Procesos en
marcha.
Este viernes ingresaron a los tribunales de Comodoro Py diversas
denuncias contra el Gobierno nacional por la represión de la marcha del 12 de
marzo pasado.
La Comisión Provincial por la
Memoria, que preside el premio Nobel Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien estuvo
supervisando el accionar policial durante la manifestación, afirmó que fue «la
más violenta represión a la protesta social desde 2001». La denuncia es por
abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, entre
otros delitos. En el escrito se describe el caso de Pablo Grillo, el fotógrafo
a quien le dispararon un cartucho de gas en la cabeza y tiene fractura de
cráneo, y se precisó que hubo 672 heridos, entre los que había niños. También
se destacó que hubo al menos 3 menores detenidos. Otro suceso que se destaca en
la misma denuncia es el de la jubilada Beatriz Blanco, de 81 años, quien
«recibió un golpe por parte de un efectivo de Policía Federal, mientras se
encontraba sobre la vereda, en la esquina de Callao y Rivadavia. Producto de
esta agresión debió ser trasladada de urgencia en ambulancia del SAME». Se trata de la agresión a la abuela
que se viralizó en redes sociales.
Justamente, este viernes Blanco denunció en Comodoro Py a Bullrich por la
agresión sufrida el 12 de marzo. Otras denuncias en la misma línea fueron
realizadas por abogados como Gregorio Dalbón y militantes políticos como
Horacio Pietragalla Corti. El Centro de Estudios Legales y Sociales hará
presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatorías
de Naciones Unidas por el operativo en general y en los tribunales nacionales
por el caso de Grillo y de Blanco. Esta última será en conjunto con los gremios
de SIPREBA (prensa) y ARGRA (reporteros gráficos).
La secuencia de presentaciones que
se realizaron este 14 de marzo deja en claro que la intención del Gobierno de
criminalizar la protesta se profundiza y que la disputa judicial por los hechos
del 12 de marzo recién comienza.
