sábado, 15 de marzo de 2025

La represión en el banquillo… @dealgunamanera...

La represión en el banquillo…

Abusos. Decenas de heridos, uno de ellos, de gravedad, fue el saldo del accionar policial. Fotografía: Getty Images.

El Gobierno acusó a los manifestantes del miércoles pasado de «rebelión», «sedición» y «asonada». Organismos de derechos humanos y víctimas denunciaron la violencia policial en los estrados.

© Escrito por Franco Mizrahi el sábado 15/03/2025 y publicado por la Revista Acción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.


La marcha de los jubilados con apoyo de hinchadas de clubes de fútbol que se realizó el 12 de marzo pasado y la brutal represión que desplegó el Gobierno de Javier Milei para disuadirla derivó en una andanada de denuncias penales en tribunales porteños y de Comodoro Py. La disputa se trasladó al Poder Judicial, donde organismos de derechos humanos describieron lo sucedido como la represión más brutal desde 2001 –hubo más de 650 heridos y un joven fotógrafo lucha por su vida en terapia intensiva por un disparo policial–, mientras que el Ministerio de Seguridad de la Nación habla de un intento de golpe de Estado y acusó a organizaciones políticas y barrabravas de sedición.


La causa central que se abrió a partir de la represión y los disturbios que se produjeron en los alrededores del Congreso de la Nación, tramita en el juzgado en lo Penal Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad de Buenos Aires. Es el expediente que contó con 114 personas detenidas que fueron liberadas en la madrugada del 13 de marzo por decisión de la jueza Karina Andrade por falta de pruebas.


En este caso intervino la Unidad de Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad de Buenos Aires, que fue desde donde se convalidaron judicialmente todas las detenciones. Para que la jueza Andrade pudiera hacer un primer control de legalidad, la fiscalía debía suministrar la identidad de la persona detenida, su lugar de arresto, un breve detalle del delito adjudicado y la fuerza policial que previno. El MPF no informó nada de eso. ¿La razón? Los agentes que llevaron adelante las detenciones de forma arbitraria, repletas de ilegalidades tal como se desprende de diversos testimonios (fueron detenidos hasta dos menores de 12 y 14 años que salían del colegio), no detallaron absolutamente nada.


Derechos en juego.

«Fue una decisión en el marco de priorización de derechos. Estas detenciones no estaban siendo informadas en un control básico de detención. No se cumplían los requisitos básicos de información al juez», afirmó la magistrada en declaraciones a la radio Urbana Play.


Por ese motivo y porque los arrestos se dieron en el marco de una protesta social, la jueza porteña rechazó las detenciones por flagrancia y ordenó la inmediata libertad de los apresados, que no obstante continúan con una imputación provisoria de atentado y resistencia a la autoridad. La excarcelación se definió tras un planteo de la Defensa Pública de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, el Ministerio Público, si pretende sostener las imputaciones tendrá que profundizar la investigación. Tiene hasta tres meses para hacerlo. Por eso la causa lejos está de cerrarse.


El Gobierno reaccionó a esta orden de Andrade, quien además desbarató la tesis del oficialismo al afirmar en su resolución que «a partir de la información suministrada por la fiscalía y las calificaciones legales imputadas, ninguna de las personas detenidas lo fue bajo la imputación de delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos». A las pocas horas de las liberaciones, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, afirmó públicamente que denunciarán a la jueza Andrade ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad por el posible incumplimiento de sus funciones. La decisión parece más una amenaza ya que a la Libertad Avanza no le resultará sencillo avanzar contra la jueza en el órgano de selección y sanción de jueces. No tendría los votos ni en la comisión de acusación ni en el plenario para ir en contra de Andrade.


Cúneo Libarona. El ministro amenazó a la jueza Andrade con denunciarla ante el Consejo de la Magistratura. Fotografía: NA. 

Acaso por eso, este viernes, el Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una denuncia en los tribunales federales de Retiro por «rebelión», «sedición» y «asonada». Es decir, considera que lo sucedido el miércoles fue un intento de destitución de Milei. Con el planteo, que lleva la firma del abogado del Ministerio Fernando Soto, se pretende que los hechos del miércoles se investiguen en Comodoro Py, por eso se mencionan delitos federales. Si la denuncia del Gobierno avanzase, el expediente que tramita en la Ciudad debería mudarse de jurisdicción como pasó en su momento con los hechos del 12 de junio, cuando se votó la Ley Bases. En la presentación del Ejecutivo se afirmó que se reconocieron a barrabravas de diversos clubes y se resaltó que «también convocó a la movilización el exjefe de Montoneros Mario Firmenich». También se cuestionó a la jueza Andrade. Lo curioso de esta presentación, que quedó radicada en el juzgado federal N° 11 que subroga Sebastián Casanello, es que al momento de las detenciones no hubo referencia a estos delitos. Solo se enmarcaron en atentado y resistencia a la autoridad, que son delitos menores y que se juzgan en tribunales locales.

Procesos en marcha.

Este viernes ingresaron a los tribunales de Comodoro Py diversas denuncias contra el Gobierno nacional por la represión de la marcha del 12 de marzo pasado.

La Comisión Provincial por la Memoria, que preside el premio Nobel Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien estuvo supervisando el accionar policial durante la manifestación, afirmó que fue «la más violenta represión a la protesta social desde 2001». La denuncia es por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, entre otros delitos. En el escrito se describe el caso de Pablo Grillo, el fotógrafo a quien le dispararon un cartucho de gas en la cabeza y tiene fractura de cráneo, y se precisó que hubo 672 heridos, entre los que había niños. También se destacó que hubo al menos 3 menores detenidos. Otro suceso que se destaca en la misma denuncia es el de la jubilada Beatriz Blanco, de 81 años, quien «recibió un golpe por parte de un efectivo de Policía Federal, mientras se encontraba sobre la vereda, en la esquina de Callao y Rivadavia. Producto de esta agresión debió ser trasladada de urgencia en ambulancia del SAME». Se trata de la agresión a la abuela que se viralizó en redes sociales.

Justamente, este viernes Blanco denunció en Comodoro Py a Bullrich por la agresión sufrida el 12 de marzo. Otras denuncias en la misma línea fueron realizadas por abogados como Gregorio Dalbón y militantes políticos como Horacio Pietragalla Corti. El Centro de Estudios Legales y Sociales hará presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatorías de Naciones Unidas por el operativo en general y en los tribunales nacionales por el caso de Grillo y de Blanco. Esta última será en conjunto con los gremios de SIPREBA (prensa) y ARGRA (reporteros gráficos).

La secuencia de presentaciones que se realizaron este 14 de marzo deja en claro que la intención del Gobierno de criminalizar la protesta se profundiza y que la disputa judicial por los hechos del 12 de marzo recién comienza.



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