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sábado, 3 de abril de 2021

Los malditos de nuestra historia… @dealgunamaneraok...

Los malditos de nuestra historia… 


Cuando está retomando la carga y se le suma la mutación viral de la pandemia, sus malas noticias son un cerco de peligro de nuestra geografía. 

© Escrito por Carlos Leyba el viernes 02/04/2021 y publicado por Diario El Economista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de los Argentinos.

La pobreza marca un récord que concentra indigencia en el conurbano, el territorio de miserables disputas políticas y de las mayores consecuencias nacionales.

 

El Departamento de Estado de EE.UU. informa, en voz alta al mundo, los elevados niveles nacionales de corrupción en el poder (político, judicial, seguridad) y la consagración de la impunidad que no distingue colores políticos ni tramos de la historia o categorías criminales.

 

Lo sabemos. Lo sufrimos. Todo ese agobio, incluye como doctrina, la justificación de la abolición de la pena, presuntamente “progre”, que logró imponer Raúl Zaffaroni, el juez al que ascendió la Dictadura y cuyo estatuto juró. Estamos tapados de contradicciones.

 

Estamos lejos de “estar bien”.

 

Pandemia, pobreza y un sistema de Justicia doloroso forman un triángulo de las Bermudas del que nos debemos alejar. No es lo único. Pero es lo que nos coloca en frente la noticia de la realidad.

 

No estamos bien porque la cuestión sanitaria nos encuentra relativamente indefensos. No es consuelo que no estemos más indefensos que lo que lo están lugares prósperos del planeta.

 

No estamos bien porque la cuestión social nos tiene acorralados y  en un lugar complejo en términos planetarios: abundancia en producción de alimentos y una ingeniería social perversa que hace difícil lograr la alimentación saludable de más de la mitad de los más pequeños de nuestros niños.

 

No estamos bien y sin seguridad que, en esta vida, la Justicia llegará a los extremos que nos asolan.

 

No llegará al motochorro que mata por una cartera flaca del suburbio. Y tampoco a las altas esferas de las que hablamos todos los días y de otras de las que hablamos poco. Con precisión quirúrgica, José Claudio Escribano, en reportaje de Carlos Pagni, a raíz de un comentario sobre Mauricio Macri, más o menos dijo que Macri era hijo de la corrupción estructural. Esa de la que en esta columna hemos hablado hasta el hartazgo: la nueva oligarquía de los concesionarios, los nuevos ricos que se apoderan de recursos de la comunidad para montar fortunas escandalosas y exhibicionistas, al tiempo que la pobreza se acelera.

 

Dinero a base de secretos de alfombras, generado sin olor ni de sudor industrioso ni de bosta rural.

 

Nombre y apellido de escandalosas fortunas de los últimos 30 años cuando estalló la pobreza.

 

Las viejas fortunas de la tierra y de la industria, se hicieron en la prosperidad del país y no como estas surgidas de la nada en las décadas de la decadencia.

 

¿Cómo? Deberíamos tenerlo en cuenta.

 

No estamos bien. Pero, acaso, ¿vamos bien?

 

La respuesta, como diría Julio Argentino Cobos, “no es positiva”. Cobos no fue, vaya paradoja, el único vicepresidente que le torció el brazo al Presidente.

 

El voto de Cobos fue un veto que inclinó la balanza de la historia y evitó una catástrofe a la que ciega, respecto de la realidad social, nos dirigía Cristina Kirchner alentada (¡que notable!) por el hoy opositor Martín Lousteau. 

Una lección que alguien debería imitar en los días que corren. Vetar el desbarranco. 

En nuestra Argentina hay impunidad ante la propia historia. Una deriva del galimatías que genera la capacidad idiomática del castellano en el que “ser” es distinto del “estar”. 

Digresión: algunos políticos dicen “ser” de un espacio (ahora así se llama) y se permiten “estar” en el espacio contrario. Ir y venir.  Alberto, ¡cuánta confusión! Alguna política no se preocupa por la coherencia del “ser” sino por las mieles del “estar”. Eso también enferma a la sociedad. 

Volvamos. 

La peste es una desgraciada importada. Casi nadie pudo evitarla. 

A pesar de las muchas fallas que cometimos, no la hemos enfrentado tan mal. 

Una reflexión de Semana Santa podría obrar el milagro que todos los que algo tienen que decir acerca de esto, puedan dialogar acerca de los modos de “tratar” y morigerar los efectos de la pandemia. 

Conversaciones apacibles sobre la mucha opinión fundada sobre tratamientos sólidos posibles, hasta que la vacuna genere esa inmunidad de rebaño que sería el principio del retorno a la normalidad. 

¿Serán también posibles conversaciones apacibles acerca de la solución de los males que nosotros hemos generado? ¿Acerca de la marea de pobreza o la tragedia de la impunidad (toda la impunidad) que ha mutilado los brazos de la Justicia? 

Ninguno de estos dos males gravísimos son la consecuencia de una invasión externa. Son consecuencia inexorable de nuestras decisiones políticas. Entonces, ¿Qué deberíamos cambiar? 

Pero mientras que, para la búsqueda de la inmunidad de rebaño, hay un consenso dominante que apuesta a las vacunas con el proviso de no abandonar sine die los cuidados y el distanciamiento social; para esos otros males, que, aclaremos, no son los únicos que nos hacen “estar mal”, no existe ni remotamente por ahora la posibilidad de un consenso y ni siquiera la disposición al diálogo verdadero. ¿Nada nos conmueve ante la inmensidad de las consecuencias nefastas posibles? 

No visualizamos propuestas para transitar, con alguna certeza, una vía que nos lleve a buen puerto. Un puerto en el que todos podamos embarcarnos sin exclusiones.

La renuncia de Marcela Losardo fue la manifestación de la renuncia de Alberto Fernández a sostener una mirada distinta sobre la Justicia a la de Cristina Kirchner o el Instituto Patria. 

Cristina procura obtener cambios en el sistema o en las personas, que permitan la definición de su inocencia en todas las causas en la que la Justicia la persigue desde que ella ejercía la presidencia. En aquél entonces se iniciaron los procesos, se realizaron las denuncias y acumularon las pruebas. 

Las decisiones dependen de la virtud de los jueces. La virtud se alimenta de imparcialidad y capacidad de resistir a las presiones ajenas a las pruebas. 

Claro que si los jueces son mis abogados o mis correligionarios, la imparcialidad no está garantizada. Y si quienes deben juzgar esas decisiones judiciales, a su vez, tienen posición tomada, la resistencia será de corta duración. 

El Instituto Patria aspira a instalar una Justicia que procura el abolicionismo tanto para el motochorro como para, en la práctica, el mega chorro. 

El fundamento ideológico es que el capitalismo es insanablemente inmoral y debe ser “saqueado” por arriba y por abajo, para poder ser vencido. 

Néstor sostenía de manera transparente que era necesaria una nueva “burguesía rica y progresista”. Los métodos para lograrlo pasaban por apropiarse, sin costo, de recursos abundantes. Así surgieron los Eskenazi comprando YPF, con utilidades de YPF y los planes de la AFIP para garantizar el flujo de dinero gratuito para acumular capitales “liberadores”. Eso ocurrió gracias a Néstor. 

Siempre hay “otro lado de la luna”, aquel que creemos o queremos, no ver. 

Por ejemplo la inseguridad es la contra cara de la ausencia de Justicia. Toda la cuestión de la Justicia es parte del dilema de la “inseguridad” y es consecuencia de la “debilidad del Estado”. 

Esa “debilidad” que nos enferma, es consecuencia de la ausencia de un “consenso de Nación”. 

La ausencia de un nosotros común, es lo que construye a “los otros” como el enemigo necesario. 

Sin Nación, sin idea de trayectoria común, no hay Estado. Puede haber gobierno, una manda transitoria. 

Sin Estado, o Estado débil, el gobierno transcurre a la defensiva. El gobierno como combate es al que, en combate, se le procura su reemplazo. 

Toda la cuestión de la Justicia, el mensaje en alta voz del Departamento de Estado, no dice nada nuevo. 

Es la consecuencia de la debilidad del Estado que es la deriva de la ausencia de Nación. Nada más difícil de resolver. 

Porque en la lógica del problema, que ausenta la solución, está la aniquilación del adversario. La supresión de la alternativa. ¿En eso estamos? ¿Somos conscientes? 

Toda la temática de la inseguridad y de la justicia, es la contra cara de esa debilidad de la existencia del Estado y de la ausencia de Nación. 

Detrás de la pobreza que nos consume, la exclusión activa de una manera de vivir que reconocemos como propia, está el proceso siniestro de concentración de las últimas décadas, construido sin producción y sólo con apropiación, que no es lo mismo. 

La exclusión  de más de la mitad de los niños y casi la mitad de los argentinos, es hija de la debilidad del Estado y de la cooptación saqueadora de los gobiernos y sus políticas. 

¿Cómo procurar el bien común presente y de largo plazo, con un Estado existencialmente débil? 

La pobreza no ocurrió de golpe. El proceso se arrastra desde hace más de cuatro décadas. Partimos de 800.000 pobres, el 4% de la población. La acumulación sistemática la llevó a casi 20 millones. Y 42% de la población. 

No nos llegó de golpe.  Fue una enfermedad silenciada que se acumuló sin pausa, al mismo tiempo que se generaban fortunas súbitas del estancamiento mediante el saqueo del Estado, como señaló Escribano. 

Esa concentración responde a un pensamiento que procura demostrar que el modelo económico que había logrado incluir al 96% de los argentinos estaba equivocado. 

Aquel modelo había comenzado, con los conservadores, como respuesta a la inviabilidad de la especialización en las materias primas para financiar el crecimiento. Un modelo cuyo éxito quedó demostrado en 30 años de Estado de Bienestar con crecimiento económico, diversificación productiva e inclusión social. 

Primero, con las armas, lo atacaron los guerrilleros que querían instaurar el socialismo y, en la práctica, lo liquidó la Dictadura con el pretexto de terminar con la guerrilla. Se instaló el Estado de Malestar en el que la pobreza y el extravío de la Justicia son consecuencias. 

Sembraron la muerte, el estancamiento y la exclusión, al tiempo que se formaban condiciones para forjar fortunas súbitas en la decadencia colectiva. 

La pandemia agrava las cosas, pero si no empezamos a resolver la pobreza y la justicia, seremos parte de las generaciones que perdieron una Nación de progreso heredada de los mayores. Seremos los malditos de la historia.


 

miércoles, 17 de marzo de 2021

Muchas mentiras… @dealgunamaneraok...

Albertinismo a la intemperie… 


Sarlo, modelo bajo mesada. Dibujo: Pablo Temes.

La salida de la ministra Losardo, Formosa y los ecos del vacunatorio vip agitan las aguas de una gestión decadente.

 

© Escrito por Nelson Castro el sábado 13/03/2021 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de los Argentinos. 

 

“El ministerio no está acéfalo. Ella sigue firmando. Marcela tomó una decisión, y ya dejó planteadas las reformas que inició”, dijo a mitad de semana el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en una entrevista por A24 en la que agregó: “Ella deja las bases de ese trabajo. Ahora se exige otro perfil que la excede, pero ministra de Justicia tuvimos siempre”.

 

¿Cuáles son las exigencias que la exceden y que obligaron al Presidente a buscarle reemplazo? La respuesta es unidireccional: acelerar las reformas en la Justicia para satisfacer los deseos de Cristina Fernández de Kirchner en una etapa de confrontación con el Poder Judicial. Eso explica –en parte– la demora en la definición de ese perfil. O al menos, la paupérrima puesta en escena.

 

Hacia fines de la semana pasada el rumor de la salida de la ministra tomó fuerza y varios en el gabinete lo daban por hecho. El fin de semana el Gobierno dejó trascender que Marcela Losardo resistiría hasta que el Presidente le indicara lo contrario. A solo 24 horas de estos vaivenes, el lunes por la noche, Alberto Fernández anunció su salida mientras era entrevistado por Gustavo Silvestre en el canal C5N, revelando que su amiga le había planteado dejar el cargo y resaltando que estaba “agobiada”. Los que conocen la trama íntima de este culebrón afirman que la aún ministra lloró cuando se vio tan maltratada por su amigo de toda la vida.

 

Losardo, quien es una abogada de prestigio, ha perdido amistades por defender al Presidente.

 

“Está claro que hablaron antes entre ellos, pero la forma de comunicarlo dejó un sabor amargo. AF quiso contarlo como algo natural, pero como el rumor ya estaba instalado, no salió bien. Es cierto que hubo descontento interno por la sensación de que los moderados se van quedando a la deriva” –confesó un funcionario. En realidad, lo que hubo –y hay– es desazón entre los que se consideran “albertistas” que compraron esa idea que tenía AF de “volver para ser mejores”, creyeron que el Presidente impondría sus criterios por sobre los de Cristina Fernández de Kirchner y apostaron a la épica de la antigrieta como eje de la gestión.  

 

Con el correr del tiempo, las horas se convirtieron en días y la falta de definiciones lanzó a rodar la bola sobre una interminable ruleta de nombres. Dos diputados nacionales picaron en punta: Martín Soria (FDT) y Ramiro Gutiérrez (FR). El primero, hijo del ex gobernador Carlos Soria, tendría el visto bueno de parte del peronismo y de algunos gobernadores.

 

En cuanto a Gutiérrez, en el massismo no se tomaron en serio la propuesta: “No lo consultaron a Sergio, tiraron el nombre para quemarlo, además Ramiro hoy está mucho más a la derecha de lo que se pretende. Vamos a seguir en nuestra línea de trabajo actual que pasa por aliviar la carga impositiva que sufre la gente”. No lo dicen claramente pero a Sergio Massa no le gustó la jugada.

 

Para agitar aún más las aguas, el nombre del senador ultrakirchnerista Marcelo Fuentes salió a la luz el miércoles por la noche. Soldado de Cristina y talibán “del modelo” varias veces señalado en la Cámara alta por su lengua afilada, pero sin el conocimiento y la espalda para un cargo de tal magnitud. Apreciación al margen, todo puede ser en esta Argentina decadente. Tanto es así que en algunas mentes afiebradas del kirchnerismo no faltó tampoco quien postulara como eventual candidato a Aníbal Fernández, quien ya ocupó el cargo durante la primera presidencia de CFK.

 

También hubo lugar para las especulaciones de género. En las últimas horas trascendió que podría ser otra mujer quien suceda a Losardo. Su nombre es Marisa Herrera, abogada investigadora del Conicet que integró el Consejo Consultivo para la reforma del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.

 

La ruleta siguió girando y la suerte pareció haber pasado de largo por el jefe de asesores, Juan Manuel Olmos y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, quienes también tuvieron su minuto de fama. Vitobello, quien fue secretario de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción entre 2009 y 2015, es recordado por su estrepitoso silencio frente a los escandalosos hechos de corrupción denunciados contra el gobierno de CFK. Hay quienes apostaron por Wado de Pedro y hasta por Andrés Larroque, lobistas de otros tiempos en el ámbito judicial.

 

El secretario de Justicia, Juan Martín Mena, sería el candidato natural para reemplazar a Losardo. Pero el ex número 2 de la AFI genera desconfianza en casi todos los ámbitos por su cercanía indiscutible con la vicepresidenta. Fue sus ojos y el brazo ejecutor de sus deseos con Losardo en funciones. Quien asuma el cargo deberá lidiar, convivir y acordar con él en un ministerio sitiado por los leales a la jefa, como el propio secretario de Justicia y el inefable Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación –cuya lamentable actitud ante los abusos y atropellos sufridos por la ciudadanía formoseña por parte del gobierno de Gildo Insfran– deberían haber catapultado su renuncia al cargo. Es probable que no sea importante quién figura en los papeles, sino quién mueva los hilos y las relaciones del ministerio con el Palacio de Tribunales, el Consejo de la Magistratura y Comodoro Py.

 

El “Sarlogate”. La ratificación que Beatriz Sarlo hizo ante el fiscal Eduardo Taiano de la oferta que recibió de parte de Soledad Quereilhac, la esposa de Axel Kicillof para vacunarse en la provincia de Buenos Aires alterando el orden sacudió al gobernador, cuya respuesta fue la típica del kirchnerismo: negar la realidad. El comunicado de la cónyuge de Kicillof es curioso e insólito. En el primer renglón dice: “no tengo potestad para vacunar a nadie”. Pero luego en el cuarto punto afirma: “Ayudé a Axel a pensar posibles nombres para esa lista de cien referentes que debía estar integrada, además, por personas de variada orientación política”. Es decir, primero dice una cosa y después otra. Y tanta fue su “potestad” que, en vez de canalizar el llamado vía el Ministerio de Salud provincial lo hizo a través de Carlos Díaz, el editor de Sarlo.

 

El vacunagate no es un accidente; tampoco es una equivocación. Por el contrario es algo planificado. Uno de los eslóganes del kirchnerismo reza: “La patria es el otro”. El escándalo de las vacunas demuestra que eso es una mentira. Como decía Umberto Ecco: “Un mentiroso que niega, afirma”.

 

Producción periodística: Santiago Serra.





domingo, 7 de marzo de 2021

Tiempo de revanchas… @dealgunamaneraok...

 Tiempo de revanchas… 


Afinando, Alberto Fernández. Dibujo: Pablo Temes

El Presidente, profesor de Derecho, y la vice, una exitosa abogada, cargaron contra el Poder Judicial. 

© Escrito por Nelson Castro el sábado 06/03/2021 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de los Argentinos. 

Más nafta para avivar el fuego. El alegato de Cristina Kirchner en la causa dólar futuro transitó el camino por donde ella se siente más cómoda: una escenificación televisiva adecuadamente producida, el uso del despacho de la presidencia del Senado, una gestualidad ampulosa y un discurso de barricada de fuerte contenido político que le sirvió para invertir los roles y pasar de acusada a acusadora. 

Hizo acordar a los Aló Presidente con que fatigó la cadena de radio y televisión durante sus mandatos. Arremetió contra el Poder Judicial, lo vinculó a operaciones políticas para favorecer la elección de Mauricio Macri, volvió a hablar de lawfare y dejó en claro que usará todo su poder para ir tras ellos. 

Todo apenas 72 horas después de que el presidente Alberto Fernández pronunciara su discurso ante la Asamblea Legislativa con un tono muy similar. “Ella aprovechó la situación y profundizó a su manera algunos de los puntos enunciados por el Presidente. Después salieron los duros a exacerbar los ánimos y no se habló de otra cosa que de supuestos embates a la Justicia”, dicen en Balcarce 50. 

A esta altura de los hechos, ya no es creíble la idea de que el Presidente es una víctima de su vice. Es más, el discurso de Alberto Fernández también estuvo teñido de revanchas personales. “Tenía la necesidad de devolver alguno de los golpes que viene recibiendo de la oposición desde que se desató el escándalo del vacunatorio vip. Fue un mensaje hacia adentro y hacia afuera del Frente de Todos”, señalan en su entorno. 

El Presidente sintió la necesidad de hacer saber que la reforma judicial, que incluye la reforma del Ministerio Público Fiscal, es una idea suya. Pero cuando aparecieron CFK y sus secuaces –Oscar Parrilli siempre está a la cabeza– con sus exabruptos y disparates, esa pretensión se esfumó. Tanto que obligó a la ministra de Justicia, Marcela Losardo –a la que el kirchnerismo quiere echar desde siempre– a aclarar que una comisión bicameral para analizar el comportamiento de los jueces es absolutamente inconstitucional.   

El reto a Parrilli y el silencio de Massa. Mientras ardía la discusión por la constitución y la viabilidad o no de la bicameral para “supervisar” –controlar– la tarea de los jueces, el silencio de Sergio Massa fue una constante. El presidente de la Cámara de Diputados sabe perfectamente que, cuando termine la pirotecnia verbal, deberán recurrir a él para cualquier iniciativa dentro de su ámbito. Dejó que Oscar Parrilli se fuera de boca y esperó su momento. Ese momento llegará este lunes cuando se reúna con el Presidente. Parrilli no solo se metió en terreno de Massa al resaltar que “el Presidente pidió una comisión bicameral que investigue a la Justicia” sino que expresó sin eufemismos los deseos de su jefa. 

En Casa Rosada se sostenía que CFK estaba furiosa con Parrilli a quien retó y mandó callar. Habrá sido un enojo por haberle quitado protagonismo en su proyectado día de furia. Según se explica desde el oficialismo, la razón de ser de la bicameral es llamar a audiencias públicas para transparentar y generar mecanismos de celeridad en la Justicia. 

La idea es colocar allí para que ejerza la presidencia a alguna figura que tenga el consenso de la mayoría. El nombre en el que se piensa por estas horas es el de Graciela Camaño. 

Nada de esto está contemplado en la Constitución Nacional. El profesor de Derecho –¿Es aún profesor o ya no lo es?– Alberto Fernández debería saberlo; la “exitosa abogada” Cristina Fernández de Kirchner, también.   

Mientras tanto los problemas de la gente. En su discurso del lunes el primer mandatario intentó –una vez más– encapsular el escándalo del vacunagate haciendo alusión a su decisión de pedirle la renuncia a Ginés González García. Los hechos, sin embargo, lo desmienten. La realidad vuelve a chocar contra la frialdad del relato. La vacunación en la provincia de Buenos Aires sigue con rumbo incierto y de manera poco profesional. “A mi madre la vacunaron en la escuela situada en las calles 7 y 609 en las afueras de la ciudad de La Plata. 

El operativo era llevado adelante por chicos muy jovencitos de La Cámpora. Todos los vacunados deben permanecer en el lugar unos 30 minutos por precaución luego de ser inoculados. Pero si algo ocurría, no había personal capacitado ni una ambulancia para actuar en caso de emergencia” –se quejó una reconocida médica de la capital provincial–. 

La radiografía en el resto del país no es muy distinta. El último escándalo de vacunados vip sacudió a la política de Tucumán. Está claro que todos saben que no será el último. El subregistro en los asientos de las dosis aplicadas es un problema nacional que facilita el clientelismo y el uso político de un instrumento vital. Esto venía sucediendo desde mucho antes de la pandemia del Coronavirus. Si en los principales hospitales nacionales y provinciales –algunos de renombre internacional– los registros son deficientes se puede deducir fácilmente lo que sucede en los rincones más alejados del país. 

Formosa. Lo que está sucediendo allí es un hito. Llega un día en que el abuso de poder en todas sus formas, tal como lo viene implementando Gildo Insfrán a lo largo de sus más de 25 años al frente de la gobernación, agota la paciencia de la ciudadanía. 

Una anécdota ilustra a la perfección lo que representa en los hechos la barbarie de ese régimen. Quien esto escribe estuvo en Formosa por última vez en 2002. Al llegar al hotel y registrarme, el gerente se apersonó y lo que dijo fue impactante: “Discúlpeme, no puedo alojarlo porque, por orden del gobernador, cuando se aloja un periodista tenemos la obligación de comunicárselo a la jefatura de la policía de la provincia”. Esto –que le sucedió y aún sucede– a varios colegas es la norma. Es decir, la existencia de un Estado policial y persecutorio. Una persecución brutal y violatoria de los Derechos Humanos. 

El lamentable comunicado firmado por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla –en el que intenta desviar la responsabilidad de los hechos a los medios de comunicación y a la oposición junto a su desinterés por poner límite a tanta barbarie–, debería ser causa suficiente para que el Presidente le pidiera la renuncia.   

Formosa es la Venezuela de la Argentina. ¿Será la única? 

Producción periodística: Santiago Serra 








 

viernes, 28 de agosto de 2020

Impunidad y mordaza. Los 'gritos' del 17ª… @dealgunamanera...

Los 'gritos' del 17ª…

Los medios del miedo. Dibujo: Pablo Temes

Al Gobierno le dolió el banderazo y lo evaluó mal. Si sigue con su agenda, habrá más marchas.

© Escrito por Nelson Castro el sábado 22/08/2020 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se ve que al Gobierno el banderazo del 17A le dolió y mucho. Es lo que reflejaron las declaraciones de sus funcionarios el día después y los subsiguientes. La frase más infeliz de todas fue la del Presidente: “No nos van a doblegar los que gritan”, dijo. Quienes “gritaban” en la calle eran ciudadanos y ciudadanas que ejercían su derecho a manifestarse y a protestar.

Curiosa y contradictoria expresión la del jefe de Estado. Curiosa por provenir de alguien perteneciente al peronismo que irrumpió en la vida política de la Argentina “gritando” en la calle el 17 de octubre de 1945. Contradictoria porque el mismo Alberto Fernández participó en abril de 2013 de una marcha contra la reforma judicial impulsada por Cristina Fernández de Kirchner. Parece que, para AF, cuando ganan la calle sus acólitos es “el pueblo peticionando”, pero, cuando lo hacen sus opositores, “gritan”.

Al oficialismo le dolió que la oposición haya ganado la calle. Durante décadas el peronismo se sintió dueño de la calle y de la Plaza de Mayo. Eso ya pertenece al pasado. La calle –como la Plaza de Mayo– es de todos.

Si el Presidente no se hubiera dejado atrapar por la turbación, habría hecho una mejor evaluación de lo que pasó –y de lo que pasará– porque, de seguir el Gobierno con esta agenda, habrá más marchas.

Hubo una cuestión de magnitud a tener en cuenta: de no haber sido por la cuarentena, la concurrencia habría sido mucho más numerosa aún. El Presidente –y sus funcionarios– se quedaron con las imágenes de lo sucedido en la Capital Federal. Si hubiesen profundizado un poco más, habrían visto que hubo mucha gente manifestando en diversos lugares del país. Habrían apreciado, además, la heterogeneidad de los que manifestaban –entre los que había quienes votaron por el Frente de Todos– y habrían advertido que junto con el rechazo al proyecto de la reforma judicial hubo otros reclamos más terrenales: seguridad, trabajo y los efectos colaterales de la cuarentena.

“Esa gente jamás estará con nosotros”, se escuchó decir en los pasillos del poder. Es lo que se oía también durante el kirchnerato y durante el gobierno de Mauricio Macri en referencia a sus opositores. Parece que, al igual que a sus predecesores, a Alberto Fernández le cuesta entender que es el presidente de todos, lo hayan o no votado.    

Notable esta obnubilación que turba las mentes de nuestra clase dirigente.

El 17A también interpela a la oposición, a la que el descolgado tuit de Macri desde su lugar de vacaciones en Europa –llamar “trabajo” a su tarea en la FIFA es una obscenidad– complica. Esa oposición –que aún le adeuda a la sociedad una autocrítica profunda de su fracasada gestión– tiene dos obligaciones frente a los que aspira a representar: permanecer unida y aprender de sus errores. De la primera condición depende el mantenimiento del equilibrio de poder para frenar los intentos hegemónicos que alberga el kirchnerismo. De la segunda, la posibilidad de ser una alternativa real en las próximas elecciones.   

Impunidad y mordaza. Son dos condiciones que van siempre juntas.

El silencio es clave para que el delito se enseñoree en una comunidad. Por eso la libertad de expresión es un bien esencial en las sociedades democráticas. No por nada, en la Constitución de los Estados Unidos la enmienda que la protege es ni más ni menos que la primera.

Los intentos de limitar el trabajo de los periodistas tienen en la Argentina una larga historia. Y es penoso que parte de esa historia se relacione con gobiernos constitucionales. Ya en la presidencia de Carlos Menem hubo un intento –que afortunadamente no prosperó– de promulgar una ley mordaza.

Durante los 12 años del kirchnerato se llevó adelante el intento más duro y desembozado por acallar las voces críticas. Todo comenzó con el embate feroz contra Perfil y la censura contra Pepe Eliaschev –hechos de los que Alberto Fernández fue partícipe– y siguió con la Ley de Medios, a la que la hoy vicepresidenta y su difunto esposo le imprimieron la épica de una cruzada cuyo objetivo era no solo destruir a Clarín sino también al periodismo crítico.  

Asistimos ahora a otro intento de amordazar a la prensa que investiga e informa sobre los hechos de corrupción que comprometen a funcionarios. Ese es el objetivo de la modificación introducida furtivamente por el senador Oscar Parrilli –el súbdito de CFK– en ese bodoque que es el proyecto de reforma judicial. Para la comprensión del lego, ese agregado hace que cualquier información o investigación periodística que sea crítica de la marcha de una causa pueda ser entendida como una presión contra el juez o fiscal a cargo del caso. ¡Un verdadero disparate!

El procedimiento de Parrilli, que dejó muy mal parada a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, que no tenía idea de lo sucedido, no hace más que empequeñecer la figura del Presidente. Él también queda como un súbdito de CFK.

“Para reformar el Poder Judicial, tocando los medios de comunicación, hay que tener un respaldo muy grande. Una espalda que este gobierno no tiene. Vamos a un Vicentin dos. Son dos errores políticos. Estas cosas necesitan amplios consensos”, dijo un legislador bonaerense del Frente de Todos.

No fue la única voz que desde sectores afines al oficialismo salió a lapidar el proyecto. En un artículo publicado en La Nación, Alberto Binder –mentor de la ex procuradora filo K Alejandra Gils Carbó– afirmó que se trata de un proyecto “repleto de inconsistencias, y que entorpece el camino para las reformas de fondo que proclama”. Y Paula Litvachky, representante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y cuya participación en el debate también fue propuesta por el Frente de Todos, dijo: “Este proyecto está centrado en una lógica de creación de juzgados que implica una mirada contraria al avance del sistema acusatorio” establecido por el Código Procesal Federal.

A todo esto, ¿dónde está Gustavo Beliz, a quien se presentó como uno de los motores de esta reforma, a modo de reivindicación por el maltrato y la persecución a la que, luego de echarlo de su cargo de ministro de Justicia, Néstor Kirchner –con el silencio de su jefe de Gabinete, Alberto Fernández– lo sometió?





domingo, 3 de mayo de 2020

Operativo impunidad. Loteos en el Gobierno… @dealgunamanera...


Operativo impunidad. Loteos en el Gobierno…

“Conmigo esto no pasaba...” Mauricio Macri. Dibujo: Pablo Temes

En el juego de la oca que se vive en el seno del poder, la vicepresidenta sigue avanzando.

© Escrito por Nelson Castro el Sábado 02/05/2020 t publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de los Argentinos.

No es cierto que Alberto Fernández no haya estado involucrado en el escandaloso asunto de la liberación de los presos que indignó a la inmensa mayoría de la sociedad.

Este episodio, que tuvo su origen en la inexplicable prisión domiciliaria otorgada a Amado Boudou, continuó con la desembozada gestión del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, en pos de la obtención del mismo beneficio para Ricardo Jaime y Martín Báez.

Tras una versión errónea –que señalaba que el Presidente se había enojado con esta actitud de Pietragalla– se hizo público un apoyo abierto del jefe de Estado hacia su secretario.

En el medio apareció el titular de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, Cipriano García, diciendo que “hay que lograr la liberación de la mayor cantidad de presos posible”. Ya no quedaron pues dudas. Era un intento indiscutible de utilizar la pandemia para avanzar en un plan con un objetivo claro: la impunidad. Todo esto, agregado a la irresponsable decisión de otorgarles a los detenidos teléfonos celulares para que se comunicaran sin restricciones con quienes quisieran, tuvo como resultado el motín del penal de Villa Devoto.

En el documento que se firmó en la tarde del viernes 24 de abril se incluía la palabra “conmutación” de penas.    

El cacerolazo del jueves fue una cachetada para el Gobierno. El tardío mensaje de AF intentando despegarse del operativo impunidad que quisieron montar sectores de su gobierno no alcanzó a frenar la indignación de mucha gente que incluso lo votó.

El episodio, además, generó internas fuertes dentro del gabinete. No son un secreto las diferentes posturas que en este caso –como en otros– vienen manifestando la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el secretario de esa cartera, Juan Martín Mena.

Mena es un cuadro del kirchnerismo. Losardo, una abogada destacada que históricamente trabajó al lado de AF, quedó descolocada y disgustada con la maniobra de Pietragalla Corti invocando la figura del amicus curiae para pedir la virtual liberación de Jaime y de Báez.  “Fue una disputa caliente, pero estuvo manejada”, afirman desde el entorno de la ministra.  

Los derechos humanos de los presos deben ser respetados absoluta y puntillosamente. Eso no significa su liberación ni consagrar su impunidad. El presidente de la Asociación de Fiscales, Carlos Rívolo, fue muy claro al fijar su posición sobre el tema y la de la asociación: “Hay que respetar las normas de aislamiento e higiene. Para eso hay que utilizar dependencias de la Escuela de Policía, cuarteles de la Gendarmería y de las fuerzas de seguridad, para darles albergue durante el tiempo que dure la cuarentena”, dijo con total claridad.

Otra de las falacias fue decir que las excarcelaciones serían solo para los detenidos por delitos leves y no para narcotraficantes, asesinos, femicidas y violadores. Los hechos demuestran que esto no se ha cumplido. Hay más de un violador con domiciliaria a metros de donde viven sus víctimas, sin ningún tipo de control.  

Este conflicto también interpela al Poder Judicial. Casos como el del juez que le otorgó la domiciliaria a un individuo con graves trastornos psiquiátricos que vive en situación de calle y no tiene domicilio, o el del juez Víctor Violini –un militante kirchnerista devenido juez–, que abrió las puertas de las cárceles bonaerenses a unos 2.300 presos, o el de los jueces de Neuquén Liliana Deiub, Federico Sommer y Richard Trincheri, integrantes del Tribunal de Impugnación, que liberaron a una persona acusada de abusar de su propio nieto, son escandalosos.

Otras de las falacias por parte del poder político y de los sectores K ha sido la de querer asimilar la situación a lo ocurrido en España y en Italia, donde las domiciliarias fueron muy pocas y limitadas a personas con delitos leves. Nada que ver con lo que sucedió aquí.

Loteos del poder. Esta semana hubo dos. El más resonante fue en la Anses, con la cesación de Alejandro Vanoli y la designación en su reemplazo de Fernanda Raverta. Vanoli había quedado muy golpeado por su irresponsabilidad al mandar a cientos de miles de jubilados y pensionados a hacer largas colas en medio del frío para cobrar sus magros haberes. No fue el único tema. La mala implementación del Ingreso Familiar de Emergencia, más otros desmanejos, lo dejaron colgando de un piolín.

Las voces dentro del poder que no quieren a Vanoli –que no son pocas– subrayaron que para el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, fue un verdadero placer pedirle la renuncia. Igual, ya le dieron otro puesto. Parece que el Presidente volvió a olvidar su promesa de volver para ser mejores.

El ascenso de Raverta representa la apropiación de ese organismo por parte de La Cámpora. "La Anses ya es nuestra", expresan sin tapujos conspicuos referentes de la organización K. No es un dato menor. La Anses es caja  para proyectos políticos electorales y para hacer negocios. Y el kirchnerismo las domina todas. Las otras dos son el PAMI e YPF.  

Hablando de la empresa petrolera, ahí también hubo novedades de peso y de pesos: la designación del nuevo CEO. Se trata de Sergio Affronti. Sus antecedentes profesionales son muy buenos, pero el dato más significativo es su vinculación con Miguel Galuccio, es decir, con Cristina Kirchner.  

En el juego de la oca que se vive dentro del poder, la vicepresidenta sigue avanzando. Mal que le pese al Presidente, esa es la verdad. La situación no deja de ser paradojal porque, en el colectivo social, la valoración de AF sigue siendo muy positiva. Su figura se ha venido consolidando a partir de la cuarentena. Habrá que ver cómo lo afecta el bochornoso tema de la liberación de los presos.

La cuarentena fue un acierto sanitario y político que, más allá de la comunicación llena de contradicciones del anuncio de la fase 4, ha permitido al Presidente consolidarse en el poder. La relación fluida con los intendentes del conurbano bonaerense lo ha ayudado y le ha permitido dejar a un lado tanto a Axel Kicillof como a La Cámpora.

Todo esto no hace más que acentuar la evidencia de un gobierno bicéfalo en el que el kirchnerismo busca avanzar en su objetivo doble de lograr impunidad y manejar las cajas del Estado para consolidar su poder. Alberto Fernández debería presentar mucha atención a esto. Lo ayudaría recordar la frase de Montesquieu: “Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder”.